Lo malo de las políticas de normalización lingüística es que empiezan apelando a un comprensible sentimiento de liberación ante una ilegítima persecución y terminan convirtiéndose en una imposición totalitarista que recurre a la delación para castigar al que disidente. Las denuncias anónimas contra empresas que no usan el catalán se han disparado en las «Oficines de Garanties Lingüístiques», instrumentos del tripartito para acabar con el uso del castellano en Cataluña y conseguir, mediante el control del idioma, la sumisión de los catalanes que no se atreven a desafiar la imposición por miedo a perder subvenciones, empleos y derechos.
Desde tiempos de Pujol era obligatorio rotular los comercios y atender en catalán. Pero ahora se están superando todos los límites de la racionalidad. El republicano Josep Huguet, que dirige el Departamento de Comercio, Consumo y Turismo de la Generalidad, ha llegado a decir que las denuncias llegadas por vulneración de la normativa lingüística demuestran «una creciente sensibilización de los ciudadanos». Está ufano porque, en 2003, las multas de la policía lingüística representaron 2.833 euros, en 2004 se elevaron a 52.800 y en 2005 han permitido recaudar 81.250 euros y otros 94.950 están en fase de resolución. ¿Se ha dado cuenta de que está empleando con quienes no pueden o no quieren hablar catalán los mismos procedimientos de ingeniería social que el Tercer Reich usó para perseguir a los judíos que hablaban «yidish» en lugar de alemán; los genocidas franceses que fulminaron el bretón; los ingleses del Imperio que cargaron contra el gaélico? ¿Y que lo hace en un territorio en el que el castellano es lengua oficia y mayoritaria?
Lo que están haciendo los dirigentes políticos catalanes es una auténtica limpieza lingüística, tan reprobable como la étnica. Lo suyo es una ceguera totalitaria contra el castellano, una lengua que hablan más de 500 millones de personas en una veintena de naciones.
Por LUIS IGNACIO PARADA
ABC 11-01-06
Desde tiempos de Pujol era obligatorio rotular los comercios y atender en catalán. Pero ahora se están superando todos los límites de la racionalidad. El republicano Josep Huguet, que dirige el Departamento de Comercio, Consumo y Turismo de la Generalidad, ha llegado a decir que las denuncias llegadas por vulneración de la normativa lingüística demuestran «una creciente sensibilización de los ciudadanos». Está ufano porque, en 2003, las multas de la policía lingüística representaron 2.833 euros, en 2004 se elevaron a 52.800 y en 2005 han permitido recaudar 81.250 euros y otros 94.950 están en fase de resolución. ¿Se ha dado cuenta de que está empleando con quienes no pueden o no quieren hablar catalán los mismos procedimientos de ingeniería social que el Tercer Reich usó para perseguir a los judíos que hablaban «yidish» en lugar de alemán; los genocidas franceses que fulminaron el bretón; los ingleses del Imperio que cargaron contra el gaélico? ¿Y que lo hace en un territorio en el que el castellano es lengua oficia y mayoritaria?
Lo que están haciendo los dirigentes políticos catalanes es una auténtica limpieza lingüística, tan reprobable como la étnica. Lo suyo es una ceguera totalitaria contra el castellano, una lengua que hablan más de 500 millones de personas en una veintena de naciones.
Por LUIS IGNACIO PARADA
ABC 11-01-06
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