editorial, EL MUNDO
27/01/2006
La divulgación por parte de EL MUNDO del informe sobre la reforma constitucional que el Consejo de Estado ha elaborado por encargo del Gobierno ha causado un gran impacto en medios políticos y judiciales. El secretario general del PP se encargó de recordar que buena parte de las recomendaciones incluidas en dicho informe coinciden con planteamientos manifestados en diversas ocasiones por Rajoy. Es el caso de fijar el techo de las competencias autonómicas, suprimir la disposición transitoria que permite a Navarra unirse al País Vasco, y restablecer el recurso previo de inconstitucionalidad.Angel Acebes también propuso detener el reloj de la reforma del Estatuto catalán y abordar antes la modificación de la Constitución en los términos sugeridos por el Consejo de Estado. Para ello volvió a tender la mano al PSOE, al que ofreció un «gran pacto» en la misma línea del que Rajoy planteó a Zapatero en enero de 2005, que hizo extensible ahora también a CiU como socio del Gobierno en el acuerdo sobre el nuevo Estatuto catalán.
La propuesta del PP -que Zaplana presentará en los próximos días a Rubalcaba- tiene gran calado y toda la lógica, mal que le pese al ministro de Justicia, que ha incurrido en el disparate de calificarla como un «disparate». De la misma manera que empezar a construir una casa por el tejado es una imprudencia y un error, sería absurdo y poco inteligente reformar el Estatuto catalán de acuerdo con unos criterios y parámetros que, tras la reforma de la Carta Magna, podrían quedar derogados por inconstitucionales.Así podría ocurrir, por ejemplo, con el blindaje de competencias o las cesiones en materia judicial contempladas en el proyecto de nuevo Estatuto catalán, que chocan con las recomendaciones del Consejo de Estado. La forma de evitar una situación que desembocaría inevitablemente en un enfrentamiento entre Cataluña y el Estado es llevar a cabo el proceso a la inversa: dibujar primero el tronco y perfilar luego las ramas.
Ahora bien, también existe la posibilidad de emprender ambas reformas en paralelo y de manera coordinada. Todo depende, por tanto, de la voluntad política de los nacionalistas y del Gobierno.El rechazo manifestado ayer por CiU a cualquier intento de blindar las competencias estatales no sorprende habida cuenta de que frenaría en seco su espiral de reivindicaciones. Pero al Gobierno cabe exigirle una mayor responsabilidad. Zapatero se comprometió en el debate de investidura a reformar la Constitución y para ello encargó un informe al Consejo de Estado, tras modificar la ley que regula su funcionamiento y atribuciones, cuyas recomendaciones está ahora moralmente obligado a seguir. Pero no es sólo una cuestión de coherencia. El presidente del Gobierno tiene la obligación de vincular ambas negociaciones porque la reforma constitucional, que antes era una opción política, se ha convertido, a la vista de las señales de alarma del Consejo de Estado, en una necesidad nacional. Si no lo hace, el Partido Popular estará plenamente legitimado para no sentarse a negociar ninguno de los puntos de dicha reforma. Y, lo que es más grave, quedará demostrado que Zapatero está dispuesto a dejar que los nacionalistas vacíen de contenido la Constitución a través de los Estatutos de Autonomía con tal de mantenerse en el poder.
27/01/2006
La divulgación por parte de EL MUNDO del informe sobre la reforma constitucional que el Consejo de Estado ha elaborado por encargo del Gobierno ha causado un gran impacto en medios políticos y judiciales. El secretario general del PP se encargó de recordar que buena parte de las recomendaciones incluidas en dicho informe coinciden con planteamientos manifestados en diversas ocasiones por Rajoy. Es el caso de fijar el techo de las competencias autonómicas, suprimir la disposición transitoria que permite a Navarra unirse al País Vasco, y restablecer el recurso previo de inconstitucionalidad.Angel Acebes también propuso detener el reloj de la reforma del Estatuto catalán y abordar antes la modificación de la Constitución en los términos sugeridos por el Consejo de Estado. Para ello volvió a tender la mano al PSOE, al que ofreció un «gran pacto» en la misma línea del que Rajoy planteó a Zapatero en enero de 2005, que hizo extensible ahora también a CiU como socio del Gobierno en el acuerdo sobre el nuevo Estatuto catalán.
La propuesta del PP -que Zaplana presentará en los próximos días a Rubalcaba- tiene gran calado y toda la lógica, mal que le pese al ministro de Justicia, que ha incurrido en el disparate de calificarla como un «disparate». De la misma manera que empezar a construir una casa por el tejado es una imprudencia y un error, sería absurdo y poco inteligente reformar el Estatuto catalán de acuerdo con unos criterios y parámetros que, tras la reforma de la Carta Magna, podrían quedar derogados por inconstitucionales.Así podría ocurrir, por ejemplo, con el blindaje de competencias o las cesiones en materia judicial contempladas en el proyecto de nuevo Estatuto catalán, que chocan con las recomendaciones del Consejo de Estado. La forma de evitar una situación que desembocaría inevitablemente en un enfrentamiento entre Cataluña y el Estado es llevar a cabo el proceso a la inversa: dibujar primero el tronco y perfilar luego las ramas.
Ahora bien, también existe la posibilidad de emprender ambas reformas en paralelo y de manera coordinada. Todo depende, por tanto, de la voluntad política de los nacionalistas y del Gobierno.El rechazo manifestado ayer por CiU a cualquier intento de blindar las competencias estatales no sorprende habida cuenta de que frenaría en seco su espiral de reivindicaciones. Pero al Gobierno cabe exigirle una mayor responsabilidad. Zapatero se comprometió en el debate de investidura a reformar la Constitución y para ello encargó un informe al Consejo de Estado, tras modificar la ley que regula su funcionamiento y atribuciones, cuyas recomendaciones está ahora moralmente obligado a seguir. Pero no es sólo una cuestión de coherencia. El presidente del Gobierno tiene la obligación de vincular ambas negociaciones porque la reforma constitucional, que antes era una opción política, se ha convertido, a la vista de las señales de alarma del Consejo de Estado, en una necesidad nacional. Si no lo hace, el Partido Popular estará plenamente legitimado para no sentarse a negociar ninguno de los puntos de dicha reforma. Y, lo que es más grave, quedará demostrado que Zapatero está dispuesto a dejar que los nacionalistas vacíen de contenido la Constitución a través de los Estatutos de Autonomía con tal de mantenerse en el poder.
No hay comentarios:
Publicar un comentario