JOSÉ MARÍA BRUNET
26/01/2006
MADRID
La cúpula de la justicia española declaró ayer la guerra al Parlamento. Primero, aprobó un estudio contra el Estatut, a pesar de la intención manifestada por el presidente del Supremo, Francisco José Hernando, en el sentido de que no quería "interferir" en las negociaciones en curso entre las fuerzas políticas parlamentarias.
Pero luego, además, el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó una declaración en la que se niega a cumplir el mandato recibido del Congreso en el sentido de que debe ceñirse a sus competencias, y no rebasarlas con informes que, como el mencionado sobre el Estatut, no le han sido solicitados por nadie. El Consejo pide al Congreso que, si estima que el Poder Judicial está actuando más allá de sus competencias, lo que tiene que hacer es plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC), para que sea esta instancia la que dirima el problema entre poderes del Estado.
Estos dos acuerdos se tomaron con los 10 votos a favor de la mayoría conservadora del Consejo, es decir, por los vocales nombrados a propuesta del PP. El informe reclama que no se obligue a los jueces ejercientes en Catalunya a conocer el catalán, y ataca las funciones que va a tener el Consell de Justícia, como órgano descentralizado de gobierno de los jueces en esta comunidad.
La votación registró cuatro vocales en contra, y cinco se negaron a participar, por considerar que la cúpula judicial estaba interfiriendo con su informe en un proceso de discusión política y parlamentaria. Ésa es la tesis del propio Congreso.
Pero el magistrado de la mayoría Adolfo Prego defendió su propuesta de resolución con el argumento de que es el Parlamento el que quiere controlar al órgano de gobierno de los jueces. Prego dice que si se presenta un proyecto de ley como el Estatut, que a su juicio vulnera la Constitución y resulta lesivo para la carrera judicial, el Consejo puede realizar los estudios que crea oportunos con el fin de denunciarlo.
El problema es que la mayoría parlamentaria que da apoyo al Gobierno considera que el PP utiliza al Consejo como contrapoder, y que la cúpula judicial sirve a los intereses políticos de los populares. El portavoz de justicia del PSOE, Francisco Villarrubia, acusó al presidente del Supremo y del Consejo de ser "el ariete político del PP" en la justicia. La mayoría conservadora del Consejo argumenta, a su vez, que defiende a la carrera judicial como estima oportuno, y que no es culpa suya si sus tesis coinciden con las del PP.
Para los vocales nombrados a propuesta del resto de los partidos, el problema no es de coincidencia con el PP, sino de actuación al constante servicio de la oposición. Y creen que en el caso del informe contra el Estatut esta estrategia es evidente.
El estudio sobre el proyecto de Estatut considera que hay en el texto 17 motivos de inconstitucionalidad. La mayoría conservadora lo quiere denunciar aunque el proyecto ya ha sido cambiado en la negociación, porque las conversaciones siguen para variar las leyes que organizan el poder judicial, y creen que el PSOE y sus aliados aprovecharán para colocar ahí todo lo que no pueda incorporar el Estatut. El Consejo votó también anoche una moción contra el vocal nombrado a propuesta de CiU, Alfons López Tena, quien llamó "franquista" al presidente del Supremo por comparar el catalán y las sevillanas.
26/01/2006
MADRID
La cúpula de la justicia española declaró ayer la guerra al Parlamento. Primero, aprobó un estudio contra el Estatut, a pesar de la intención manifestada por el presidente del Supremo, Francisco José Hernando, en el sentido de que no quería "interferir" en las negociaciones en curso entre las fuerzas políticas parlamentarias.
Pero luego, además, el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó una declaración en la que se niega a cumplir el mandato recibido del Congreso en el sentido de que debe ceñirse a sus competencias, y no rebasarlas con informes que, como el mencionado sobre el Estatut, no le han sido solicitados por nadie. El Consejo pide al Congreso que, si estima que el Poder Judicial está actuando más allá de sus competencias, lo que tiene que hacer es plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC), para que sea esta instancia la que dirima el problema entre poderes del Estado.
Estos dos acuerdos se tomaron con los 10 votos a favor de la mayoría conservadora del Consejo, es decir, por los vocales nombrados a propuesta del PP. El informe reclama que no se obligue a los jueces ejercientes en Catalunya a conocer el catalán, y ataca las funciones que va a tener el Consell de Justícia, como órgano descentralizado de gobierno de los jueces en esta comunidad.
La votación registró cuatro vocales en contra, y cinco se negaron a participar, por considerar que la cúpula judicial estaba interfiriendo con su informe en un proceso de discusión política y parlamentaria. Ésa es la tesis del propio Congreso.
Pero el magistrado de la mayoría Adolfo Prego defendió su propuesta de resolución con el argumento de que es el Parlamento el que quiere controlar al órgano de gobierno de los jueces. Prego dice que si se presenta un proyecto de ley como el Estatut, que a su juicio vulnera la Constitución y resulta lesivo para la carrera judicial, el Consejo puede realizar los estudios que crea oportunos con el fin de denunciarlo.
El problema es que la mayoría parlamentaria que da apoyo al Gobierno considera que el PP utiliza al Consejo como contrapoder, y que la cúpula judicial sirve a los intereses políticos de los populares. El portavoz de justicia del PSOE, Francisco Villarrubia, acusó al presidente del Supremo y del Consejo de ser "el ariete político del PP" en la justicia. La mayoría conservadora del Consejo argumenta, a su vez, que defiende a la carrera judicial como estima oportuno, y que no es culpa suya si sus tesis coinciden con las del PP.
Para los vocales nombrados a propuesta del resto de los partidos, el problema no es de coincidencia con el PP, sino de actuación al constante servicio de la oposición. Y creen que en el caso del informe contra el Estatut esta estrategia es evidente.
El estudio sobre el proyecto de Estatut considera que hay en el texto 17 motivos de inconstitucionalidad. La mayoría conservadora lo quiere denunciar aunque el proyecto ya ha sido cambiado en la negociación, porque las conversaciones siguen para variar las leyes que organizan el poder judicial, y creen que el PSOE y sus aliados aprovecharán para colocar ahí todo lo que no pueda incorporar el Estatut. El Consejo votó también anoche una moción contra el vocal nombrado a propuesta de CiU, Alfons López Tena, quien llamó "franquista" al presidente del Supremo por comparar el catalán y las sevillanas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario