CARMEN REMIREZ DE GANUZA
El Mundo
29-01-06
El Consejo de Estado rechaza el blindaje de competencias recogido en el proyecto de Estatuto de Cataluña, y que reproduce en lo sustancial el pacto alcanzado entre José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas. El máximo órgano consultivo del Estado, si bien no analiza el texto estatutario y dirige sus recomendaciones a la pretendida reforma constitucional, especifica en su informe como «parte de ese núcleo duro intangible» de las «facultades que en ningún caso pueden ser transferidas», la «competencia para dictar las bases o la legislación básica», del artículo 149.1 de la Constitución. Una competencia que «en buena lógica», según advierte, «no puede ser cedida a una comunidad autónoma».
El artículo 111 del proyecto, pactado entre el presidente del Gobierno y el presidente de CiU, coincide literalmente con el que antes, el 13 de enero, acordó el PSOE con todos los partidos que promueven el Estatuto, incluido ERC, en la maratoniana serie de reuniones que mantuvieron sus portavoces en el Congreso.
El texto, particularmente farragoso, asegura a la Generalitat la «potestad legislativa y reglamentaria» y la «función ejecutiva» en las «materias que el Estatuto atribuye a la Generalitat de forma compartida con el Estado». Y lo hace «en el marco de las bases que fija el Estado», entendidas éstas como meros «principios o mínimo común normativo, en normas de rango de ley». Además, el mismo artículo 111 del proyecto, tal como ha quedado pactado, confiere al propio Estatuto de Autonomía la facultad de participar en las excepciones de este principio. Así lo establece para los «supuestos que se determinen, de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto».
La contundencia del Consejo de Estado frente a un blindaje competencial como el que se deriva de este texto coincide, en todo caso, con la denuncia explicitada por el PP, que hace dos semanas anunció un recurso ante el Tribunal Constitucional contra este apartado del Estatuto si finalmente es aprobado en los términos pactados.Fuentes autorizadas del partido calificaron de «varapalo al Gobierno» esta parte del dictamen del órgano asesor del Estado.
Según la formación liderada por Mariano Rajoy, lo pactado supone que el Estatuto interfiere en la capacidad del Estado para dictar legislación básica, siendo la Constitución o, en su caso, el Tribunal Constitucional los únicos capacitados para hacerlo.
Las objeciones de los populares al blindaje consagrado por Zapatero y Mas en este artículo se dirigen también a la «merma de la capacidad del Estado para garantizar la igualdad de los ciudadanos, porque el objeto esencial de la legislación básica es dictar normas que aseguran la homogeneidad en el cumplimiento de derechos y deberes».
Es el caso, por ejemplo, de la función pública. El Estado, según el criterio del PP y del Consejo de Estado, no podría nunca renunciar a dictar las retribuciones básicas de los funcionarios.
Otra de las pegas a lo pactado semanas atrás por socialistas, convergentes y republicanos, y ahora rubricado por La Moncloa, es que el artículo 111 «reduce a meros principios inspiradores lo que son normas de exigible cumplimiento». Para los populares es indudable que las leyes de bases dictadas por el Estado no sólo son indelegables, tal como establece el Consejo de Estado, sino que obligan literalmente a las comunidades autónomas.
Esta potestad del Estado alcanza, además, y según subrayan en el PP, no sólo a las leyes de bases sino a los reglamentos, por más que el proyecto de Estatuto catalán confiera a la Generalitat la pretendida «potestad reglamentaria», tanto en las competencias compartidas (artículo 111), como también en las exclusivas de Cataluña, que en el artículo 110 hace del «derecho catalán» el «aplicable en su territorio con preferencia sobre cualquier otro».
El informe del Consejo de Estado desmiente también, según el PP, buena parte de lo pactado por socialistas y convergentes en su recomendación de blindar las competencias del Estado frente a las comunidades autónomas.
Dice el órgano asesor que entre las «facultades indelegables» del Estado, están «las que no pongan en peligro la capacidad del Gobierno de la Nación para diseñar y aplicar su propia política en aquellos ámbitos que la Constitución le ha reservado en exclusiva» y que se citan en el artículo 97 de la Carta Magna, referido a la «política exterior e interior».
Para los populares, esta recomendación tan explícita desautoriza toda una serie de artículos del proyecto estatutario -vigentes en el último texto pactado- que garantizan la «participación» de la Generalitat en la planificación de las políticas hidrológica, energética, migratoria o en la de las infraestructuras de titularidad estatal. Incluso, según su artículo 187.2.b, la Generalitat participa en la «programación de la política económica general».
Además, el articulado asegura la intervención de la Generalitat en los procesos de designación de miembros de instituciones estatales como el Banco de España, la CNMV, la CMT, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social, la Agencia Tributaria, la CNE, la Agencia de Protección de Datos y el Consejo de RTVE, entre otros.
En rueda de prensa, el secretario ejecutivo de Comunicación del partido, Gabriel Elorriaga, emplazó al presidente del Gobierno a asumir el informe del Consejo de Estado que, dijo, «debe ser atendido, valorado y discutido entre los dos grandes partidos nacionales, tal como aconseja el órgano asesor». Elorriaga reaccionó a la reducción que la vicepresidenta del Gobierno hizo de las recomendaciones del Consejo de Estado a meras «reflexiones» acusando a Zapatero de hacer un «desprecio constante a las instituciones, sean cuales sean». Calificó de «ilegítimo» el proceso emprendido a la luz del informe y, en referencia al referéndum promovido por el PP, pidió a Zapatero que «si no respeta a las instituciones, al menos, consulte a los ciudadanos».
El Mundo
29-01-06
El Consejo de Estado rechaza el blindaje de competencias recogido en el proyecto de Estatuto de Cataluña, y que reproduce en lo sustancial el pacto alcanzado entre José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas. El máximo órgano consultivo del Estado, si bien no analiza el texto estatutario y dirige sus recomendaciones a la pretendida reforma constitucional, especifica en su informe como «parte de ese núcleo duro intangible» de las «facultades que en ningún caso pueden ser transferidas», la «competencia para dictar las bases o la legislación básica», del artículo 149.1 de la Constitución. Una competencia que «en buena lógica», según advierte, «no puede ser cedida a una comunidad autónoma».
El artículo 111 del proyecto, pactado entre el presidente del Gobierno y el presidente de CiU, coincide literalmente con el que antes, el 13 de enero, acordó el PSOE con todos los partidos que promueven el Estatuto, incluido ERC, en la maratoniana serie de reuniones que mantuvieron sus portavoces en el Congreso.
El texto, particularmente farragoso, asegura a la Generalitat la «potestad legislativa y reglamentaria» y la «función ejecutiva» en las «materias que el Estatuto atribuye a la Generalitat de forma compartida con el Estado». Y lo hace «en el marco de las bases que fija el Estado», entendidas éstas como meros «principios o mínimo común normativo, en normas de rango de ley». Además, el mismo artículo 111 del proyecto, tal como ha quedado pactado, confiere al propio Estatuto de Autonomía la facultad de participar en las excepciones de este principio. Así lo establece para los «supuestos que se determinen, de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto».
La contundencia del Consejo de Estado frente a un blindaje competencial como el que se deriva de este texto coincide, en todo caso, con la denuncia explicitada por el PP, que hace dos semanas anunció un recurso ante el Tribunal Constitucional contra este apartado del Estatuto si finalmente es aprobado en los términos pactados.Fuentes autorizadas del partido calificaron de «varapalo al Gobierno» esta parte del dictamen del órgano asesor del Estado.
Según la formación liderada por Mariano Rajoy, lo pactado supone que el Estatuto interfiere en la capacidad del Estado para dictar legislación básica, siendo la Constitución o, en su caso, el Tribunal Constitucional los únicos capacitados para hacerlo.
Las objeciones de los populares al blindaje consagrado por Zapatero y Mas en este artículo se dirigen también a la «merma de la capacidad del Estado para garantizar la igualdad de los ciudadanos, porque el objeto esencial de la legislación básica es dictar normas que aseguran la homogeneidad en el cumplimiento de derechos y deberes».
Es el caso, por ejemplo, de la función pública. El Estado, según el criterio del PP y del Consejo de Estado, no podría nunca renunciar a dictar las retribuciones básicas de los funcionarios.
Otra de las pegas a lo pactado semanas atrás por socialistas, convergentes y republicanos, y ahora rubricado por La Moncloa, es que el artículo 111 «reduce a meros principios inspiradores lo que son normas de exigible cumplimiento». Para los populares es indudable que las leyes de bases dictadas por el Estado no sólo son indelegables, tal como establece el Consejo de Estado, sino que obligan literalmente a las comunidades autónomas.
Esta potestad del Estado alcanza, además, y según subrayan en el PP, no sólo a las leyes de bases sino a los reglamentos, por más que el proyecto de Estatuto catalán confiera a la Generalitat la pretendida «potestad reglamentaria», tanto en las competencias compartidas (artículo 111), como también en las exclusivas de Cataluña, que en el artículo 110 hace del «derecho catalán» el «aplicable en su territorio con preferencia sobre cualquier otro».
El informe del Consejo de Estado desmiente también, según el PP, buena parte de lo pactado por socialistas y convergentes en su recomendación de blindar las competencias del Estado frente a las comunidades autónomas.
Dice el órgano asesor que entre las «facultades indelegables» del Estado, están «las que no pongan en peligro la capacidad del Gobierno de la Nación para diseñar y aplicar su propia política en aquellos ámbitos que la Constitución le ha reservado en exclusiva» y que se citan en el artículo 97 de la Carta Magna, referido a la «política exterior e interior».
Para los populares, esta recomendación tan explícita desautoriza toda una serie de artículos del proyecto estatutario -vigentes en el último texto pactado- que garantizan la «participación» de la Generalitat en la planificación de las políticas hidrológica, energética, migratoria o en la de las infraestructuras de titularidad estatal. Incluso, según su artículo 187.2.b, la Generalitat participa en la «programación de la política económica general».
Además, el articulado asegura la intervención de la Generalitat en los procesos de designación de miembros de instituciones estatales como el Banco de España, la CNMV, la CMT, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social, la Agencia Tributaria, la CNE, la Agencia de Protección de Datos y el Consejo de RTVE, entre otros.
En rueda de prensa, el secretario ejecutivo de Comunicación del partido, Gabriel Elorriaga, emplazó al presidente del Gobierno a asumir el informe del Consejo de Estado que, dijo, «debe ser atendido, valorado y discutido entre los dos grandes partidos nacionales, tal como aconseja el órgano asesor». Elorriaga reaccionó a la reducción que la vicepresidenta del Gobierno hizo de las recomendaciones del Consejo de Estado a meras «reflexiones» acusando a Zapatero de hacer un «desprecio constante a las instituciones, sean cuales sean». Calificó de «ilegítimo» el proceso emprendido a la luz del informe y, en referencia al referéndum promovido por el PP, pidió a Zapatero que «si no respeta a las instituciones, al menos, consulte a los ciudadanos».
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