El confidencial
15-01-06
La oposición de Ricardo Fornesa a las pretensiones del nuevo Estatuto de Cataluña en materia de cajas, cuyo control total se establece en su articulado, ha provocado el enfrentamiento entre el presidente de La Caixa y el tripartito, en general, y en PSC, en particular, y está en la base de los constantes rumores que en las últimas fechas hablan del intento nacionalista de “moverle la silla”.
En efecto, el artículo 120 del nuevo Estatuto establece como competencia exclusiva de la Generalitat la regulación de las cajas de ahorro con domicilio en Cataluña, lo que incluye, entre otras cosas, la determinación de los órganos rectores y la forma en que los distintos intereses sociales deben estar representados, un control que supondría el final de la relativa independencia –muy superior al de la mayoría de cajas del resto de España- que La Caixa ha venido gozando frente a la Generalitat.
Contra las pretensiones del nuevo Estatuto ha venido fajándose en silencio Fornesa durante los últimos tiempos, particularmente en conversaciones con el conseller de Economía, Antoni Castells, quien públicamente se ha comprometido en alguna ocasión a estudiar las reclamaciones de las entidades en este sentido. “Es verdad que algunas de las cosas que ha dicho sobre este asunto no han gustado aquí”, aseguró ayer a este diario un portavoz de la entidad, “pero lo ha hecho porque es su obligación y tanto en su condición de presidente de La Caixa como de la Federación de Cajas Catalanas, y porque le preocupa mucho cómo puedan quedar las entidades en el nuevo Estatut”.
Pero aunque públicamente hayan abundado los gestos de concordia, lo cierto es que la oposición de Fornesa al proyecto en lo que a cajas respecta ha ido creando un caldo de cultivo adverso a su presidencia en el tripartito, que ha tomado cuerpo con motivo de las tensiones provocadas por la OPA de Gas Natural sobre Endesa, y lo que desde el PSC se considera “pobre y tardía” respuesta de La Caixa al escándalo de los millones condonados al partido por la entidad.
El resultado es que el partido de los socialistas catalanes se opondría a un eventual intento de reelección de Ricardo Fornesa cuando expire su actual mandato, en marzo de 2007, posibilidad que se barajaba con fuerza en medios de la propia Caixa antes de que estallara el gran revuelo montado por esta OPA.
De acuerdo con la normativa catalana de cajas en vigor, Fornesa no podría presentarse para un nuevo mandato, puesto que, aunque está lejos de haber agotado los 20 años de vigencia máxima –como presidente y/o director general- para dirigir una entidad que dicha normativa fija (caso, en su día, de Vilarasau), los estatutos de la propia Caixa establecen los 75 años como edad límite, y Fornesa tendría 73 en la próxima primavera.
Antes del escándalo de la OPA se considera muy posible que la Generalitat accediera a alterar esas estipulaciones para permitir la renovación de Fornesa. La propia entidad aclara posible equívocos: “Fornesa no hará absolutamente nada para renovar como presidente de La Caixa, porque no es su estilo. El es un hombre ético, que jamás cometerá ninguna indignidad para seguir en el cargo”.
La propia Caixa desmiente que el presidente esté enfermo, como igualmente que firmara en su día la carta de apoyo al Estatut solicitada por Maragall y respaldada por numerosos empresarios de postín catalanes, carta que, en cambio, si firmó Isidro Fainé, director general y eventual primer candidato a suceder a Fornesa, con el permiso de Jordi Mercader, ex presidente del INI con Felipe González, actual vicepresidente de La Caixa y supuesto candidato del PSC a sustituir a Fornesa.
En el terreno de la negociación del nuevo Estatut, se da la circunstancia de que el pasado viernes el Gobierno Zapatero y los partidos catalanes promotores del proyecto, tras alcanzar acuerdos en competencias concretas y en campos como la banca y los seguros privados, chocaron en lo que afecta a las competencias sobre cajas de ahorro. Frente a la pretensión de control total sobre las entidades desde la Generalitat, el Gobierno sólo parece dispuesto a estudiar que sean competencias exclusivas algún aspecto relativo a la organización. Demasiado poco para las exigencias del llamado cuatripartito.
15-01-06
La oposición de Ricardo Fornesa a las pretensiones del nuevo Estatuto de Cataluña en materia de cajas, cuyo control total se establece en su articulado, ha provocado el enfrentamiento entre el presidente de La Caixa y el tripartito, en general, y en PSC, en particular, y está en la base de los constantes rumores que en las últimas fechas hablan del intento nacionalista de “moverle la silla”.
En efecto, el artículo 120 del nuevo Estatuto establece como competencia exclusiva de la Generalitat la regulación de las cajas de ahorro con domicilio en Cataluña, lo que incluye, entre otras cosas, la determinación de los órganos rectores y la forma en que los distintos intereses sociales deben estar representados, un control que supondría el final de la relativa independencia –muy superior al de la mayoría de cajas del resto de España- que La Caixa ha venido gozando frente a la Generalitat.
Contra las pretensiones del nuevo Estatuto ha venido fajándose en silencio Fornesa durante los últimos tiempos, particularmente en conversaciones con el conseller de Economía, Antoni Castells, quien públicamente se ha comprometido en alguna ocasión a estudiar las reclamaciones de las entidades en este sentido. “Es verdad que algunas de las cosas que ha dicho sobre este asunto no han gustado aquí”, aseguró ayer a este diario un portavoz de la entidad, “pero lo ha hecho porque es su obligación y tanto en su condición de presidente de La Caixa como de la Federación de Cajas Catalanas, y porque le preocupa mucho cómo puedan quedar las entidades en el nuevo Estatut”.
Pero aunque públicamente hayan abundado los gestos de concordia, lo cierto es que la oposición de Fornesa al proyecto en lo que a cajas respecta ha ido creando un caldo de cultivo adverso a su presidencia en el tripartito, que ha tomado cuerpo con motivo de las tensiones provocadas por la OPA de Gas Natural sobre Endesa, y lo que desde el PSC se considera “pobre y tardía” respuesta de La Caixa al escándalo de los millones condonados al partido por la entidad.
El resultado es que el partido de los socialistas catalanes se opondría a un eventual intento de reelección de Ricardo Fornesa cuando expire su actual mandato, en marzo de 2007, posibilidad que se barajaba con fuerza en medios de la propia Caixa antes de que estallara el gran revuelo montado por esta OPA.
De acuerdo con la normativa catalana de cajas en vigor, Fornesa no podría presentarse para un nuevo mandato, puesto que, aunque está lejos de haber agotado los 20 años de vigencia máxima –como presidente y/o director general- para dirigir una entidad que dicha normativa fija (caso, en su día, de Vilarasau), los estatutos de la propia Caixa establecen los 75 años como edad límite, y Fornesa tendría 73 en la próxima primavera.
Antes del escándalo de la OPA se considera muy posible que la Generalitat accediera a alterar esas estipulaciones para permitir la renovación de Fornesa. La propia entidad aclara posible equívocos: “Fornesa no hará absolutamente nada para renovar como presidente de La Caixa, porque no es su estilo. El es un hombre ético, que jamás cometerá ninguna indignidad para seguir en el cargo”.
La propia Caixa desmiente que el presidente esté enfermo, como igualmente que firmara en su día la carta de apoyo al Estatut solicitada por Maragall y respaldada por numerosos empresarios de postín catalanes, carta que, en cambio, si firmó Isidro Fainé, director general y eventual primer candidato a suceder a Fornesa, con el permiso de Jordi Mercader, ex presidente del INI con Felipe González, actual vicepresidente de La Caixa y supuesto candidato del PSC a sustituir a Fornesa.
En el terreno de la negociación del nuevo Estatut, se da la circunstancia de que el pasado viernes el Gobierno Zapatero y los partidos catalanes promotores del proyecto, tras alcanzar acuerdos en competencias concretas y en campos como la banca y los seguros privados, chocaron en lo que afecta a las competencias sobre cajas de ahorro. Frente a la pretensión de control total sobre las entidades desde la Generalitat, el Gobierno sólo parece dispuesto a estudiar que sean competencias exclusivas algún aspecto relativo a la organización. Demasiado poco para las exigencias del llamado cuatripartito.
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