viernes, junio 30, 2006

Argumentario demoledor contra la euforia basada en el pésimo resultado del referéndum del Estatut (IV). Nos engañaron en el escrutinio


Bachiller
     
Si recordais, el domingo 25-J nos dijeron que la participación en el voto al Estatuto fue del 49 y pico %. Ahora, una vez contado el voto por correo, se ha sabido el recuento dfefinitivo y el porcentaje ha bajado al 48 y pico. ¿Cómo es posible? Porque nos mintieron.

Os cuento: el censo electoral es único, con un número determinado de personas. No es algo elástico, contingente. Cuando se aprueba el censo electoral, después de un largo proceso de exposición pública, queda fijado un número exacto de personas con nombre y apellidos. Una vez sabido esa cantidad de personas censadas, es muy fácil conocer el porcentaje de las personas que acuden a votar...

Como el domingo 25-J no se conocía el número de votos recibidos por correo del extranjero, los votos recibidos fueron menos que el porcentaje del 49% que se nos dijo, sino muy inferior, alrededor del 47%. Luego, una vez sumados los votos recibidos del extranjero, ese 47% subió hasta el 48%.

Pero nunca lo que se nos vendió (bajar del 49 al 48) sino al revés, subir del 47 al 48. Para maquillar la baja participación conocida a las 8 de la tarde hicieron una cosas muy burda: "disminuir" el censo electoral, quitando de él a los residentes en el extranjero.... Y esperar a recibir los votos por correo para "aumentar" el censo electoral que antes habían disminuido, y volver a hallar el porcentaje definitivo.

Es decir, para estos tíos el censo es algo que se estira y se encoje y no un documento fijo e invariable. En realidad la única variación permitida al censo es el de las personas que han alcanzado la mayoría de edad en el momento del voto (altas) Pero nunca la resta " temporal" de los residentes en el extranjero.

Sinceramente; estos progres de la izquierda son unos artistas en el arte del embuste y prestidigitación. No tienen vergüenza. Lo suyo es salir adelante como sea y construir la realidad a su medida.

De tal guisa que si preguntamos a la calle qué porcentaje hubo de participación nos dirá que el 49 y pico. Pues no, el 48 y pico. Si hubieran dicho la noticia correctamente el vulgo se habría quedado con el 47%.

El presidente de la claudicación


Ignacio Villa
     
El presidente se ha comprometido a reconocer lo que decidan los vascos sobre su futuro, dando luz verde a la autodeterminación y dinamitando así todos los puentes que lo unían al sentido común, la democracia y la Constitución Se esperaba con cierta ansiedad la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para anunciar el inicio de las negociaciones con los terroristas. No lo ha podido hacer peor, no tanto en la estrategia como en la exhibición impúdica de la mentira. Zapatero ha querido engañarnos de principio a fin de su anuncio, como si aquí no pasara nada.

Para empezar, tres incumplimientos sobre tres promesas. Desde el Gobierno habían repetido hasta la saciedad que, antes del inicio de las negociaciones, el presidente acudiría al Congreso para informar a la Cámara sobre esos contactos, que se citaría con anterioridad a la Comisión de Secretos Oficiales y, por último, que se convocaría el Pacto Antiterrorista. Pues bien, nada de eso se ha cumplido. Zapatero ha acudido al Congreso, sí, pero sólo ante los medios de comunicación. Es un gesto de desprecio hacia la soberanía nacional y una demostración clara de que este Gobierno miente por encima de cualquier cosa, sin importarle en absoluto sus efectos. Además, desde Moncloa han tenido la desfachatez de explicar que lo importante era que la comparecencia del presidente fuera en un Congreso entendido en "sentido amplio". Mientras Zapatero hablaba en el palacio de la Carrera de San Jerónimo, los diputados se enteraban desde sus despachos por el circuito cerrado de televisión. En definitiva, una auténtica burla al Parlamento. Y, claro está, el Gobierno ha ignorado la Comisión de Secretos Oficiales y ha desmontado el Pacto Antiterrorista.

Pero, en todo caso, lo más importante de la comparecencia de Rodríguez Zapatero es el anuncio público de la rendición del Gobierno ante las exigencias de los etarras. El presidente se ha comprometido a reconocer lo que decidan los vascos sobre su futuro, dando luz verde a la autodeterminación y dinamitando así todos los puentes que lo unían al sentido común, la democracia y la Constitución.

Tras decenas de años asesinando y matando con la exigencia de la autodeterminación del País Vasco, la banda terrorista ETA se ha encontrado con un presidente que se lo entrega todo como si tal cosa. En una aceptación pública de la rendición, en un acto de irresponsabilidad que sobrepasa cualquier límite, el presidente del Gobierno ha enterrado de un plumazo la defensa de la libertad que millones de españoles han abanderado durante años y ha insultado a las miles de victimas del terrorismo y a sus familias aceptando de forma cobarde las imposiciones de ETA.

Es cierto que todo el aparato mediático del PSOE se ha lanzado a lo loco para intentar amortiguar el impacto ante la opinión pública de la rendición del presidente. Pero da igual: Zapatero ya tiene un hueco en la historia más negra de España. Se ha convertido en el presidente de la rendición y de la cobardía, en el presidente de la claudicación.

miércoles, junio 21, 2006

Argumentario demoledor contra la euforia basada en el pésimo resultado del referéndum del Estatut (III)




Breve historia de una saga sabinista. Cuando la estupidez precede al crimen


Por Jon Juaristi (Papeles de Ermua Nº4)
     
En 1974, yo tenía veintitrés años y un título universitario casi inservible: una condena del TOP me impedía trabajar en la enseñanza pública y en buena parte de la privada. Por eso, acepté de buen grado un puesto de profesor en la ikastola de Sopelana. Hoy, Sopelana es una de las ciudades satélites en que se desparrama el Gran Bilbao. Entonces era poco más que una aldea, con un barrio residencial para veraneantes, junto a la playa, y algunos bloques de viviendas baratas, construidos en la década anterior y habitados por familias de inmigrantes. Los lugareños llamaban a estos bloques Andalusía, quizá porque sus inquilinos eran originarios de Galicia y Extremadura. La cepa autóctona debía de haber practicado durante milenios una rigurosa endogamia, a juzgar por la proliferación de Ansoleagas y Saitúas en la guía telefónica local. El arquitecto Lander Gallastegui Miñaur encabezaba el sector más activo de la junta que regía provisionalmente la ikastola, un centro asimismo provisional, pues no había obtenido aún el estatuto legal de cooperativa de enseñanza. Lander no pertenecía al cogollo de la sociedad sopelanense (o sopelatarra, como se diría en eusquera). De hecho, ni siquiera residía en el término municipal de Sopelana. Vivía con los suyos en una urbanización de chalecitos vernáculos, por él mismo diseñada, a las afueras de una pequeña población cercana, Berango. A nadie se le ocultaba, en el Bilbao de la época, que los proyectos urbanístico-arquitectónicos de Lander Gallastegui tenían un claro sesgo de regeneración abertzale. Hijo de Eli Gallastegui, Gudari, fundador y líder de Jagi-Jagi --un grupúsculo fundamentalista surgido de las Juventudes del PNV en el período republicano-, Lander rendía un homenaje interminable al ideario de su progenitor.

Según Gudari, el más ortodoxo de los seguidores de Sabino Arana, los vascos conscientes de serlo deberían segregarse del contacto con los españoles y fundirse con la reserva racialmente pura de las aldeas y caserías, a la que aquéllos debían aportar fermento ideológico y dirección política. Este nacionalbolchevismo de Eli Gallastegui fue siempre apreciado por ETA, que todavía hoy considera a Gudari como su más legítimo precursor. La urbanización de Lander respondía a un designio radicalmente aranista. Separarse de los españoles implicaba abandonar las ciudades maquetas. Tanto a Lander como a su mujer, Paule Sodupe, les oí invocar a menudo el modelo de los kibutzim israelíes. Era obvio que los microcaseríos mesocráticos de Berango poco tenían que ver con las granjas colectivas de los pioneros sionistas, aunque conozco algún asentamiento actual cerca de Hebrón que no desmerece de aquéllos, ni siquiera en la ideología de sus moradores. Desde luego, la urbanización abertzale mencionada no era una unidad productiva. Tampoco tenía ikastola propia. Lander decidió controlar la más próxima, y ésa resultó ser la de Sopelana. Fundada años atrás por un cura, Nikola Tellería (preso, a la sazón, en la cárcel concordataria de Zamora), llevaba varios años funcionando como parvulario, en condiciones de semiclandestinidad más o menos tolerada, según la coyuntura, en unos locales de la parroquia. Lander Gallastegui desembarcó en ella con grandes proyectos bajo el brazo. Aliado con un constructor local y con el director de la sucursal de una Caja de Ahorros, animó a los padres de los alumnos a suscribir créditos para la rehabilitación del edificio de una antigua quesería, a cosa de un kilómetro del pueblo. Allí estaba ya instalada la ikastola cuando yo llegué y allí debe de seguir todavía. Los padres de los alumnos eran, en su mayor parte, nacionalistas de clase media y, por lo que puedo recordar, militantes o simpatizantes del PNV. Participaban también en la asamblea del centro algunos representantes de la juventud parroquial, que en años posteriores terminarían en el PNV o en Herri Batasuna, supongo. Un pequeño grupo de padres se movía en la órbita del PCE, entre ellos, un abogado laboralista, Antonio Giménez Pericás. Mi amistad con éste disgustó desde el primer momento a Lander Gallastegui y sus leales. Pero el verdadero conflicto surgió, apenas empezado el curso escolar, porque las andereños (maestras), que venían exigiendo desde tiempo atrás su afiliación a la Seguridad Social, reiteraron sus protestas. Desde luego, hice mía una reclamación tan básica. Ante la respuesta negativa de la junta, y siempre asesorados por Giménez Pericás, llevamos nuestra demanda a la Magistratura de Trabajo. El contencioso se politizó de inmediato. Se nos acusó, como era de prever, de españolistas (mis compañeras de trabajo eran abertzales y creo que lo siguen siendo). Fuimos despedidos y, con nosotros, se expulsó de la ikastola a un buen número de familias que habían juzgado razonable nuestra petición. Por supuesto, se expulsó a los hijos de Giménez Pericás (Antonio, después de haber ejercido durante muchos años como magistrado en la Audiencia de San Sebastián, es hoy uno de los puntales del FORO ERMUA). No llegó a haber juicio: aceptamos el acuerdo económico que nos ofrecieron, porque, en los últimos meses del franquismo, no parecía correcto --después de todo, éramos antifranquistas-- ensañarnos con una institución emanada del pueblo, esa indecente entelequia. El equipo docente que nos sucedió fue despedido en masa a finales del curso siguiente. Pero a la tercera va la vencida: el equipo siguiente resultó ser del gusto de Lander Gallastegui. Una de las profesoras fue detenida, al poco tiempo, por pertenencia a ETA.

Visto desde el presente, el caso de la ikastola de Sopelana se me aparece como una metáfora en miniatura de la historia reciente del País Vasco, con sus limpiezas étnicas e ideológicas. De los seis alumnos que tuve durante aquel curso, uno terminó en ETA. En la cárcel, Joseba se acogió a la vía de reinserción. No creo que su vida en Sopelana, desde entonces, haya sido muy agradable, pero quién sabe. Los hijos de Lander Gallastegui y Paule Sodupe estaban aún en los cursos de preescolar. Eran unos críos encantadores. Sus profesoras solían enseñarme los dibujos de alguno de ellos, que representaban siempre la misma escena: aviones con ikurriñas en la cola y en las alas bombardeaban barcos de la marina española. Lander, un arquitecto de reconocido prestigio, realizaba la parte gráfica de la revista infantil Kili-kili, dirigida a alumnos de las ikastolas. Hace algunos meses, Kili-kili publicaba una carta transida de nostalgia: una carta de su antigua y fiel lectora Irantzu Gallastegui Sodupe, que había recibido un número de la revista en la prisión francesa donde se encontraba desde mediados de 1999. La revista animaba a sus lectores actuales a escribir a Irantzu y confortarla con palabras cariñosas en eusquera. Tras el juicio que decidió su extradición temporal a España, Lander, su padre, describía así la entrada de Irantzu en la sala: "Al ver a sus familiares y amigos, se le iluminó la cara con una inmensa sonrisa y abrió los brazos como queriendo abrazarles a todos". Hay mucho amor en estas dos líneas, no lo dudo: pocas familias tan unidas he conocido, pocos padres tan amantes de su prole como Lander Gallastegui y Paule Sodupe. Irantzu fue extraditada hace pocos días. Al llegar al aeropuerto de Madrid, con una sonrisa quizá no tan inmensa y conmovedora como la que dedicó a sus padres en el tribunal francés, declaró estar embarazada. El pasado dos de mayo, la policía detenía a Lexuri Gallastegui Sodupe, hermana de Irantzu y miembro liberado de un comando de ETA. Otro de los hermanos Gallastegui Sodupe, Orkatz, de diecinueve años, era detenido el mes pasado, acusado de participar en acciones de kale-borroka. Ha pasado mucho tiempo desde el curso aquel de Sopelana. Veo por televisión las imágenes del bebé palestino disfrazado de mártir de al-Aqsa, y pienso en la equivalencia que Freud establecía entre lo demasiado familiar y entrañable (heimlich) y lo siniestro (das Unheimlich). Se me olvidaba añadir que Irantzu Gallastegui secuestró al concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco --un muchacho de su edad, hijo de inmigrantes gallegos-- el 10 de julio de 1997.

Rezo, pensando en su hijo venidero, para que no fuera ella la que le quitó la vida dos días después. Ahora la estupidez sucede al crimen, escribió Cernuda. En mi país suele pasar lo contrario.

Por Jon Juaristi (Papeles de Ermua Nº4)

martes, junio 20, 2006

Argumentario demoledor contra la euforia basada en el pésimo resultado del referéndum del Estatut (II)


  El resultado del referéndum del Estatuto de autonomía de Cataluña representa un clamoroso fracaso de Zapatero en uno de los ejes esenciales de su agenda política.

  Sólo uno de cada tres catalanes ha votado a favor del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Más de la mitad de los catalanes han respondido con la indiferencia a un texto estatutario que sus impulsores justificaban por su amplia demanda social. El nuevo Estatuto fue aprobado inicialmente en el Parlamento de Cataluña por el 90% de los representantes políticos de los ciudadanos. Sólo el 36,5% de los representados votaron ayer a favor del texto estatutario.

  En 1979, el 60% de los ciudadanos participaron en el referéndum en el que se aprobó el vigente Estatuto de Cataluña. En aquella ocasión, la mayoría absoluta de los catalanes (53% del censo) aprobaron el texto estatutario que habían pactado el conjunto de las fuerzas políticas. Es una lástima el importantísimo retroceso que ha sufrido el respaldo ciudadano al Estatuto de Cataluña.

  El Estatuto de 1979 es el de todos los catalanes. Nadie podrá decir eso nunca del nuevo Estatuto que acaba de ser sometido a referéndum. Desde el primer momento, las fuerzas políticas que han impulsado la reforma del Estatuto hicieron todo lo posible por marginar a una parte importante de la sociedad catalana, la misma que no ha apoyado con su voto el Estatuto.

  La suma de votos de los partidos que defendían el SÍ al Estatuto –PSC, CiU e IC-en las últimas elecciones autonómicas catalanas representó más del 43% del censo electoral. Un porcentaje muy superior al 36,5% del censo que ha votado SÍ en el referéndum.

  La mayoría de los catalanes han dado la espalda a este Estatuto y a los que lo han impulsado. Los ciudadanos de Cataluña han enviado un clarísimo mensaje a Zapatero.

  Es el momento de retomar el consenso que ha presidido la reciente historia de España y de que Zapatero abandone definitivamente su proyecto de modificación a plazos de la Constitución a través de las reformas estatutarias.

  El Partido Popular cree en el consenso y en que las reformas institucionales se han de hacer contando con el conjunto de las fuerzas políticas. Así actuamos cuando estamos en el gobierno y también cuando estamos en la oposición. No todos pueden decir lo mismo. No todos somos iguales.

Las reformas de los Estatutos de Autonomía en las Comunidades Autónomas en las que gobiernan los socialistas se han llevado a cabo sin consenso y excluyendo a una parte importante de la sociedad (Cataluña y Andalucía) En cambio donde el Partido Popular tiene responsabilidades de gobierno, esas reformas estatutarias están contando con un altísimo apoyo político (Comunidad Valenciana y Baleares).

  Cuando se abandona el consenso, la convivencia se debilita. Lo hemos visto durante esta campaña electoral. Con los continuos ataques al Partido Popular. Con los miserables lemas electorales del Partido Socialista. Con las agresiones verbales y con el aplauso y la justificación del uso de la violencia contra los que pensamos diferente.

  Ya sabemos lo que ocurre cuando los políticos abandonan los argumentos para decantarse por el radicalismo verbal contra los que pensamos de forma diferente.
La abstención se dispara y los violentos se crecen.

  El Partido Popular presentará un recurso de inconstitucionalidad para garantizar la seguridad jurídica de los catalanes y del conjunto de los españoles. No es un
recurso contra la opinión de los ciudadanos de Cataluña sino contra el intento de unos cuantos políticos de poner en marcha una reforma encubierta de la Constitución.

  Durante los últimos meses, CiU y PSC han presentado ante la opinión pública interpretaciones absolutamente contradictorias sobre los mismos artículos del
Estatuto de Cataluña. Alguien debería aclarar si lo que dice Mas o lo que nos explica Maragall sobre determinados artículos del Estatuto es lo correcto o si, como
seguramente sucede, ninguno de los dos tiene toda la razón. Ese alguien, en nuestro ordenamiento jurídico, es el Tribunal Constitucional.

  ¿Por qué tenemos que dejar en manos de socialistas y convergentes la interpretación de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas, teniendo, como tenemos, el Tribunal Constitucional?



Argumentario demoledor contra la euforia basada en el pésimo resultado del referéndum del Estatut (I)


Ciutadans de Catalunya hace la siguiente valoración del resultado del referéndum del nuevo Estatuto de Cataluña:
     
1.- El nuevo Estatuto no ha sido ratificado por la mayoría de los catalanes. La abrumadora abstención ofrece una clara lectura: Cataluña no respalda este estatuto de corte identitario.

Hoy se reafirma la razón de ser de CIUTADANS DE CATALUNYA: el abismo existente entre la clase política catalana y la ciudadanía. El lema de nuestra campaña “Cambia de políticos, no de Estatuto” queda avalado con el resultado del referéndum; los ciudadanos de Cataluña han dado la espalda a este proyecto innecesario.

2.- Ni siquiera la utilización de dinero público en una campaña institucional dirigida a favor del sí, ni la contravención de las normas de la Junta Electoral, ni la manipulación de aquella parte de la sociedad civil subvencionada, ni siquiera los intentos ocasionales de amedrentamiento de las formaciones contrarias ha conseguido una participación que legitime este proyecto.

3.- En el referéndum del Estatuto vigente, más de la mitad de los catalanes avaló un Estatuto que nos unía; ahora sólo 3 de cada 10 catalanes respalda el Estatuto del nacionalismo.

4.- Después de dos años y medio de un gobierno ajeno a los intereses de las personas, y de una oposición inoperante, es imprescindible la convocatoria inmediata de elecciones que permita a los catalanes evaluar la acción del gobierno y el gran fracaso del proyecto de Estatuto.

5.- El Estatuto nace deslegitimado y la mejor solución ante esta situación es su inaplicación. Es hora de esforzarse en las políticas sociales, de conciliar a los catalanes con el resto de españoles, de mejorar la imagen de Cataluña y de sus instituciones.

Nos hallamos probablemente ante el principio del fin del mito de la Cataluña nacionalista y ante una nueva etapa: aparece, por fin, y se hace visible políticamente la Cataluña de los ciudadanos.

Ciutadans de Catalunya
En Barcelona, a 18 de junio de 2006



jueves, junio 15, 2006

18 DE JUNIO: VOTA Y VOTA NO. ARGUMENTARIO

1. ¿Quién pedía un nuevo Estatuto?
Un 90% de los políticos catalanes y sólo un 5% de los ciudadanos de Cataluña, según las encuestas.

2. ¿Es éste un buen proyecto de Estatuto?
No. Un Estatuto debe ser un marco mínimo de convivencia. Por el contrario, este proyecto es una norma intervencionista que pretende controlar la vida de los ciudadanos hasta el más mínimo extremo, desde el etiquetaje o embalaje de los productos hasta la historia de Cataluña, lo que se refleja en un documento de 223 artículos y 19 disposiciones adicionales y transitorias (la Constitución Española tiene 169 artículos y el Estatuto actual 57).

3. ¿Este proyecto de Estatuto, solucionaría los problemas de los ciudadanos?
No. Es un texto pensado por la clase política para incrementar su poder y su capacidad de control e influencia sobre la ciudadanía. Los problemas reales de los ciudadanos (vivienda, seguridad ciudadana, seguridad social, empleo, enseñanza…) no han sido abordados en ningún momento por los promotores del texto.

4. Si se aprobase el proyecto de Estatuto
¿Cuál sería mi himno nacional? Els segadors
¿Cuál sería mi fiesta nacional? La Diada, el once de Septiembre
¿Cuál sería mi bandera nacional? La Senyera

5 - ¿Tiene algún efecto para los ciudadanos el preámbulo del Estatuto, en que se define Cataluña como Nación?
Sí. A parte de su más que probable inconstitucionalidad, pretende convertir a Cataluña en una entidad jurídico-política nacional. Como ejemplo de las repercusiones que esto conlleva, la Corporación Catalana de Radio y Televisión, ha establecido unas normas de comportamiento internas para que en los medios de comunicación pagados con nuestros impuestos, los términos nación, nacional, parlamento, país, serán utilizados sólo para referirse a Cataluña, y lengua solo para el catalán., llegando incluso a la actitud discriminadora de establecer una preferencia de testimonios de habla catalana sobre testimonios de habla castellana .

6.- ¿Respeta el proyecto del Estatuto el bilingüismo realmente existente en la sociedad catalana?
No. Si entrara en vigor este Estatuto, el catalán sería definitivamente la lengua propia, vehicular y preferente en las administraciones públicas, en la educación y en los medios de comunicación públicos en Cataluña, y los catalanes castellanoparlantes, resultarían aún más discriminados, si cabe, (Artículo 6.1)

7.-¿Podrían mis hijos seguir un modelo educativo bilingüe catalán-castellano ?
A fecha de hoy, con la política establecida por los gobiernos de CiU y el Tripartito ya no es posible a la práctica que los padres ejerzan su derecho de escoger la lengua vehicular de sus hijos en la educación primaria, a pesar de que según la legislación vigente si podrían ejercerlo. Si entrase en vigor el nuevo Estatuto se agravaría esta situación, confirmándose legalmente, por vía estatutaria, que el catalán sería la lengua preferente, vehicular y propia en las escuelas, quedando el castellano totalmente marginado del sistema educativo casi al nivel de una lengua extranjera como el inglés.

8. ¿En que idioma me dirigirán sus comunicaciones las administraciones públicas catalanas?
Exclusivamente en catalán, por obligación según el artículo 50.5.
El que las quisiera en castellano tendría que solicitarlo expresamente, no siendo garantía dicha solicitud de éxito, conociendo la vulneración reiterada de la ley que hasta la fecha ha llevado a cabo la Generalitat en el ámbito lingüístico individualmente ante cada administración, como si se tratara de un favor.

9. ¿Afecta la política lingüística recogida en el nuevo Estatuto a los trabajadores?
La política lingüística que nazca de este Estatuto generará dos clases de trabajadores, siendo el elemento discriminador su idioma y, en consecuencia, su origen, al establecer el conocimiento del idioma catalán como una obligación. Por tanto, a la práctica, los ciudadanos de habla castellana tendrán menos derechos y no podrán optar a muchos puestos de trabajo.

10. ¿Podría un trabajador de otra región venir a trabajar a la administración pública de Cataluña? ¿Afectaría la política lingüística recogida en el Estatuto la movilidad geográfica de los trabajadores?
Sólo podría si acreditase un conocimiento adecuado y suficiente del catalán, ya que el Estatuto incluye el deber de todos los ciudadanos de saber catalán, y en particular de los funcionarios de las Administraciones Públicas que ejerzan su profesión en Cataluña. Este proyecto levantará, por tanto, una frontera lingüística entre Cataluña y el resto de España.

11.- ¿Se sancionará a las empresas privadas que no rotulen sus establecimientos en catalán?
Ya se está haciendo mediante las denuncias anónimas de cualquier ciudadano, que se pueden cursar en las Oficinas de Garantías Lingüísticas, creadas durante la época del Gobierno Maragall. Si se aprueba este proyecto de Estatuto se legitimará y perpetuará definitivamente esta política represiva y sancionadora.

12. ¿Era necesario un nuevo Estatuto para mejorar la financiación?
No. Con el Estatuto actual ya se había modificado y aumentado la financiación de Cataluña sucesivamente y se podría haber seguido haciendo mediante otros mecanismos menos traumáticos que un cambio de Estatuto, como por ejemplo modificando la ley orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

13. ¿Más financiación significa mejores servicios? ¿Mejorará mi vida diaria un aumento de la financiación?
No. En los últimos diez años se ha triplicado el presupuesto de la Generalitat, sin que los servicios hayan mejorado en esa proporción, ya que se ha desviado hacia otros fines. Las subvenciones de las selecciones deportivas catalanas, de diarios deficitarios por el mero hecho de que sean publicados en catalán, la de múltiples asociaciones pro-nacionalistas que incluso promueven desde hace años el boicot de los productos no etiquetados en catalán, o las campañas publicitarias inculcando el uso del catalán, han sido algunos de los destinos de nuestros impuestos.

14. ¿Habría más empleo y riqueza en Cataluña con el nuevo Estatuto?
No. Los gobiernos nacionalistas están más preocupados en “construir una nación” que en gestionar la economía. El fraccionamiento del mercado que han puesto en marcha y el fomento del distanciamiento entre Cataluña y el resto de España, ha afectado a las empresas catalanas y a la creación de empleo. La economía catalana ha perdido vigor, y crece menos que la de otras regiones de España.

15.- ¿Favorecería este Estatuto que nuevas empresas y profesionales se establecieran en Cataluña?
No. La política lingüística que avala el nuevo Estatuto, y las regulaciones que aíslan el mercado catalán, como las de etiquetaje o embalaje en catalán, hacen menos interesante a Cataluña como destino de inversiones, lo cual afecta al desarrollo económico y la generación de empleo.

16- ¿Tendríamos una mejora de los servicios público-sanitarios con este Estatuto?
No. El gobierno del Tripartito incrementó hace un año el precio de los carburantes con un impuesto supuestamente dedicado a la mejora de la sanidad pública catalana, haciendo que los catalanes perdiéramos poder adquisitivo y competitividad. El resultado de dicha política ha sido un fracaso, y reflejo de ello han sido las reiteradas huelgas del colectivo de médicos por la mala atención que deben prestar a los pacientes y las largas listas de espera que debemos soportar los ciudadanos.

17. ¿Si tengo algún problema con la administración de la Generalitat, podré acudir al Defensor del Pueblo?
No. El Síndic de Greuges, nombrado por los políticos catalanes, supervisará con carácter exclusivo la actividad de la administración de la Generalitat, la de los organismos públicos que dependan de ella, así como de las empresas privadas que gestionen servicios públicos. También supervisará la administración local de Cataluña (Art. 78.1). Ello implica que el Defensor del Pueblo, que hasta ahora era el de todos los ciudadanos españoles, ya no sea competente para fiscalizar y denunciar los abusos de derecho de la Generalitat o de sus órganos dependientes.

18- ¿Se podrá acudir al Tribunal Supremo español como última instancia judicial?

No. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña será la última instancia de todos los procesos iniciados en Cataluña, y de todos los recursos que se tramiten en su ámbito territorial. (Art. 95.2)

19 -¿Los medios de comunicación de Cataluña podrán denunciar los abusos de poder de la Generalitat o de otras entidades públicas?
El Estatuto del Tripartito eleva a la categoría de órgano estatutario al Comité Audiovisual de Cataluña (CAC), cuyos miembros están nombrados por los políticos catalanes, y que tiene como principal objetivo censurar los contenidos de los programas que considere que no se ajusten a la verdad, e incluso cerrar dichos medios de comunicación. Esto refuerza el papel censor de este órgano político al servicio del Parlamento de Cataluña.

20 - ¿Es este Estatuto “el mejor para Cataluña”, como se nos presenta?
Será el mejor Estatuto para la clase política nacionalista, pero no para los ciudadanos. Está pensado para perpetuar a los políticos nacionalistas en el poder, y asegurar la construcción nacional. Es intervencionista, discriminatorio, y rompe el consenso del pacto constitucional del año 1978. Se ha aprobado sólo con el 53 % de los votos del congreso, y el 49 % de los votos del Senado. El Estatuto vigente parte del consenso y fue aprobado por una amplia mayoría en las Cortes Generales y en la ciudadanía.


21- ¿Plantea el proyecto de Estatuto una estructura racional y eficiente de las instituciones? ¿Más competencias significan mejor gestión?
No. Este Estatuto, como parte de un proyecto de construcción nacional, imita las estructuras e instituciones de un estado nacional. Esto implica la creación de numerosos organismos duplicados e innecesarios, con un coste adicional para los ciudadanos.
Tener más competencias no garantiza mejor competencia de quien las ejerce, y en el caso de los políticos catalanes se ha demostrado que aún menos. Como ejemplo de ello tenemos la materia de seguridad ciudadana asumida por los Mossos de Escuadra, que como es evidente, no ha significado una mejora en el servicio a los ciudadanos, sino que a la vista de los resultados, más bien todo lo contrario.

22- ¿Supone un beneficio para los ciudadanos la carta de derechos y deberes que recoge el proyecto de nuevo Estatuto?
No, dicha carta tan solo pretende asimilar este texto a un proyecto de Constitución, y crear un Tribunal de Garantías Estatutarias como alternativa al Tribunal Constitucional.
Los ciudadanos españoles gozamos de uno de los mejores sistemas de protección de derechos fundamentales del mundo, siendo totalmente innecesario esta duplicidad de textos y órganos. Los ciudadanos no pedían una nueva carta de derechos y obligaciones porque los derechos y libertades recogidas en la Constitución son más que suficientes, siendo este otro claro ejemplo de que el texto ha sido confeccionado a interés de los políticos.

23- ¿Qué significaría la aprobación del proyecto de Estatuto para el futuro de Cataluña?
Si se aprobara, supondría una hipoteca política que limitaría la libertad de acción de los ciudadanos, al blindar un modelo nacionalista que no representa a todos los catalanes. Consolidaría una Cataluña homogénea y ficticia, que nada se parece a la Cataluña real, creando así una situación discriminatoria para buena parte de los ciudadanos de nuestra Comunidad Autónoma.

24- ¿Sería Cataluña más abierta y plural con el nuevo Estatuto?
No. El nuevo Estatuto discrimina a las personas en función de su lengua origen. Coloca los derechos de los territorios o las lenguas por encima de los derechos de las personas. Compromete la existencia de un espacio de convivencia de todos los españoles, y plantea la creación de un espacio jurídico catalán, donde la defensa de una identidad nacional podrá estar por encima de la defensa de los derechos del individuo.

25- ¿Que sucederá si los catalanes votamos NO a este proyecto?
Si el resultado del referéndum es un NO, al día siguiente de la cita electoral continuará vigente el Estatuto de todos, el del consenso de 1979, un texto que ha proporcionado a los ciudadanos de Cataluña los mejores años democráticos de su historia. Tenemos la oportunidad de mostrar nuestro rechazo a un cambio a peor, que la ciudadanía no ha solicitado en ningún momento.

Ciutadans de Catalunya

miércoles, junio 14, 2006

AES PIDE LA SUSPENSIÓN DEL REFERÉNDUM EN LOS TRIBUNALES

LA CONVOCATORIA ES ANTICONSTITUCIONAL. AES PIDE LA SUSPENSIÓN DEL REFERÉNDUM EN LOS TRIBUNALES
     
Alternativa Española denuncia la convocatoria del referéndum del Estatuto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y reclama la suspensión cautelar del proceso.

Alternativa Española ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña recurso contencioso administrativo contra el Decreto 170/2006 del Presidente de la Generalidad por ser la autorización del referéndum, según la Constitución, competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.32ª) y establecer como único órgano competente para la convocatoria del referéndum, en cualquiera de sus modalidades, al Rey.

Alternativa Española ampara este recurso, que de prosperar podría paralizar el referéndum, en el hecho de que la forma de la convocatoria vulnera lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica que regula las modalidades de referéndum. Alternativa Española tiene que recordar que el artículo 152.2 de la Constitución es taxativo y que sólo el Rey puede convocar a referéndum, que la autorización para la convocatoria de este tipo de consultas es competencia del Estado.

Alternativa Española quiere denunciar que la convocatoria del referéndum por parte del presidente de la Generalidad contraviene nuestro ordenamiento jurídico, que quienes han realizado la convocatoria son manifiestamente incompetentes para hacerlo, que el acto incurre en inconstitucionalidad y que, por todo ello, es en derecho nulo.

Alternativa Española quiere recordar quede no haber sido derogado el artículo 506 bis del Código Penal, por el que se tipificaba como delito la convocatoria de un referéndum por autoridades manifiestamente incompetentes, el Presidente de la Generalidad podría haber acabado ante los tribunales.

Alternativa Española considera que no se puede reducir esta contravención de nuestro ordenamiento jurídico a una mera cuestión de formas, porque éstas son básicas en la vida democrática, al ser garantía de la seguridad jurídica y, por tanto, del Estado de Derecho.

Por todo ello, atendiendo a la relevancia y a las repercusiones que el fallo en contra de la convocatoria podría tener al declararla nula una vez celebrado el referéndum, Alternativa Española ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la suspensión inmediata de la consulta.

Madrid, 12 de junio de 2006.
Francisco Torres García.
Portavoz de Alternativa Española.
http://www.alternativaespanola.com/

lunes, junio 12, 2006

Y Alonso, de copas


Por GEES     

Los militares españoles, desde hace unos meses bajo el mando de Jose Antonio Alonso tras la espantada de José Bono, ha sido uno de los colectivos más castigados por el terrorismo etarra. Centenares de ellos han caído en disparos por la espalda o coches-bomba. Sus familiares estarán hoy en la plaza de Colon para exigir respeto a su memoria.

Pero en la misma fecha el Partido Socialista de Madrid celebra una fiesta-mitin en el barrio madrileño de Aluche. El acto contará con la presencia de diversos grupos musicales, para celebrar la candidatura de Simancas a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que ya son ganas de celebrar. A la fiesta acudirán el propio Rafael Simancas, Trinidad Jiménez y el Ministro de Defensa, Alonso, representando al Gobierno.

El Ministro de Defensa está en su perfecto derecho de caminar, junto a su jefe, de la mano de Arnaldo Otegui; las urnas le pondrán a él y a su Gobierno en su sitio. Puede perfectamente quedarse hoy sábado en su casa y hacer oídos sordos a todos aquellos militares que dieron su vida por las libertades españolas a manos de los encapuchados etarras; allá su conciencia. Incluso puede dedicarse a otras actividades políticas, si considera que son más importantes que estar junto a sus hombres; allá su juicio y su raciocinio.

Pero lo que traspasa cualquier línea de la decencia moral es irse de verbena a Aluche, para entre copas y rock and roll celebrar la fiesta de turno con los militantes socialistas, mientras a poca distancia los militares –que son ahora sus militares- se manifiestan para pedir dignidad y justicia para sus muertos, que debieran ser también los del ministro Alonso.

Sólo en la España de Rodríguez Zapatero es posible que ocurran cosas como éstas. Las viudas y huérfanos de militares manifestándose en la calle para pedir que la ley se cumpla con quienes asesinaron a sus padres, maridos o hijos, muertos por vestir uniforme español. Y mientras tanto, el ministro de Defensa, jefe de todos ellos, tomándose copas entre concierto y concierto en una fiesta del partido.

La hoja de ruta de Zapatero


Por Ignacio Cosidó     
En Libertad Digital      

El Gobierno ha reaccionado con indignación a la acusación de que Rodríguez Zapatero y ETA comparten en este momento la misma estrategia. Es lógico que se hayan indignado, porque es duro aceptar que un gobierno democrático comparta objetivos y métodos con una banda terrorista. La realidad es inaceptable, pero no por ello es menos cierta. La triste verdad es que el Gobierno ha asumido de hecho la estrategia diseñada por Batasuna en Anoeta: el reconocimiento de la autodenominada Izquierda Abertzale como interlocutor político necesario, sin necesidad siquiera de que condene la violencia terrorista, y la constitución de dos mesas simultáneas e interconectadas de negociación: una del Gobierno con ETA para la “pacificación” y la otra de los partidos vascos con Batasuna para hablar de “normalización política. Pero el Gobierno está haciendo algo más que asumir el planteamiento de Batasuna. La hoja de ruta que Zapatero está siguiendo en este mal llamado “proceso de paz” se parece en realidad demasiado a la que el jefe político de ETA, Mikel Antza, redactó poco antes de ser detenido en Francia en un operación conjunta de la Guardia Civil y la policía francesa.

Según los documentos intervenidos tras la detención del cabecilla etarra, el proceso negociador arrancaba en junio de 2004. Ese año, con la intención de "abrir la intermediación", el dirigente etarra anotaba unos primeros contactos de los socialistas vascos con Batasuna. La documentación incautada señala que a mediados de 2004 se habría producido un contacto indirecto de ETA con el Gobierno. Según Antza esos contactos deberían posteriormente institucionalizarse.

Según el plan inicial de ETA, en 2005 debía declarar un "alto el fuego temporal" y, a cambio, el Gobierno realizaría una declaración de intenciones similar al que supuso el inicio del proceso de paz en Irlanda del Norte. Esa declaración se sustituyó en nuestro caso por la moción del Congreso de los Diputados del año pasado invitando a la banda a negociar. El único cambio trascendente hasta ahora ha sido que el “alto el fuego temporal” previo que ofrecía Antza, se ha transformado tras la declaración del Congreso en “una suspensión indefinida de las acciones armadas”.

Una vez oficializado el proceso negociador, lo que el presidente del Gobierno piensa hacer este mismo mes, ETA exigirá al Gobierno español "el acercamiento de presos" y la "legalización de Batasuna", así como suspender la presión judicial y policial sobre la banda terrorista. Es muy probable que el acercamiento de presos lo anuncie Zapatero junto a la declaración de inicio del dialogo formal con la banda. Por otro lado, el Gobierno ya ha legalizado de facto a Batasuna al reconocerla como interlocutora política. Por último, desde el PSOE constantemente se reclama a los jueces que se atengan a la nueva situación y la Fiscalía General del Estado está haciendo ya su papel en este sentido. Las detenciones de etarras en España desde el alto el fuego son prácticamente inexistentes.

Bajo la cobertura del "alto el fuego", ETA está exigiendo al Gobierno español el "reconocimiento del derecho de autodeterminación para Euskadi y Navarra". La hoja de ruta de Antza programaba que en este mismo año 2006 se alcance un acuerdo político en estos términos, con el apoyo de PNV y Ezker Batua. El Gobierno español concedería al año siguiente (2007) una amnistía a los presos con determinados delitos. En ese mismo año se firmaría un acuerdo similar al de Stormont, en alusión al pacto firmado en abril de 1998 entre los partidos del Ulster. En dicho pacto deberían intervenir los firmantes del primer y segundo acuerdo y, además, el PSE, el Partido Socialista de Navarra e incluso el Partido Socialista Francés.

Según el plan Antza, en el año 2008, ETA querría obtener una amnistía que alcance a todos sus presos en España (más de 570 en la actualidad). El calendario de Antza no prevé exigir igual medida de gracia para los más de 150 etarras presos en Francia. En las elecciones generales de 2008 “las fuerzas políticas vascas se presentarán bajo una única candidatura". Por su parte, las Fuerzas Armadas españolas, francesas y la propia ETA se pedirían perdón mutuamente "por los actos cometidos" durante los años de conflicto. "Perdones por las dos partes", según la terminología etarra.

Para el siguiente año, 2009, el documento de Antza sólo incluía un objetivo político: se constituiría un "órgano común" entre Euskadi y Navarra, con lo que quedarían ligadas ambas comunidades autónomas, sin más precisiones sobre las implicaciones jurídicas o políticas de este proyecto. En 2010 se planteaba "profundizar" en el proceso de negociación con los Estados español y francés y que el Foro de Debate Nacional continuase "acumulando fuerzas" en torno a las propuestas etarras. Un año después, 2011, el itinerario político del jefe de ETA preveía que se constituyese un "órgano común" entre la comunidad nacida de la fusión Euskadi-Navarra con el País Vasco francés. La hoja de ruta de Antza acababa en 2012, el año "de la reparación histórica" momento en el que se ejercería el derecho de autodeterminación en toda Euskal Herria (Euskadi, Navarra y País Vasco francés).

El Gobierno español está siguiendo hasta ahora la hoja de ruta diseñada por Antza antes de ser detenido. Hay algunas variaciones sobre el modelo inicial planteado por ETA. Por ejemplo, la banda ha tenido que adelantar del 2008 al 2006 el “alto el fuego indefinido” y la cuestión de los presos va algo más lento de lo deseado por su anterior jefe político. Pero es incuestionable que el proceso “largo, duro y difícil” que nos propone Zapatero tiene en realidad mucho que ver con la hoja de ruta diseñada por Antza hasta el 2012. Al menos hasta ahora se parece demasiado. Aunque se enfaden.

domingo, junio 11, 2006

Lindezas de la red ... No estamos solos




¿Alto el fuego de ETA? Informe de verificación de la violencia terrorista a 29 de Mayo de 2006


Estimados amigos:

Por su interés, os adjuntamos el siguiente informe de Mikel Buesa:

“¿Alto el fuego de ETA? Informe de verificación de la violencia terrorista a 29 de Mayo de 2006”

Un cordial saludo

prensa@foroermua.com

MOTIVOS DE ULD PARA PEDIR EL NO AL NUEVO ESTATUTO




Universitarios Liberal Demócratas, tras haber analizado la resultante redacción de la Propuesta de Nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña que va a ser sometida a referéndum el próximo 18 de junio, ante los importantes defectos jurídicos que este texto tiene, y las limitaciones para la libertad de los catalanes que introduce, pide oficialmente a todos sus afiliados y simpatizantes que voten, y a los universitarios catalanes en general, NO a esta reforma en su correspondiente referéndum. Para justificar este no, pasamos a hacer un resumido repaso del contenido del texto.

Hace referencia y fundamenta el Estatuto en los derechos históricos de Cataluña, algo que nos parece completamente trasnochado y propio del Antiguo Régimen. Como liberales, consideramos que toda fundamentación del derecho se encuentra en el principio democrático, donde la soberanía reside en el pueblo y no en supuestos derechos históricos. Consideramos que utiliza un lenguaje decimonónico y trasnochado, impropio de sociedades modernas. Trata a Cataluña como un sujeto propio de derechos, obviando en muchos casos, especialmente en el preámbulo, los derechos individuales, que siempre son expresión de derechos colectivos. ULD reivindica la Cataluña y la España de los ciudadanos, libres y sujetos de derechos, y no la Cataluña de este Estatut, donde los ciudadanos son piezas y engranajes de una supuesta nación catalana. Este Estatuto, además, atenta directamente contra la soberanía del pueblo español, al fraccionarla, ya que en su artículo 2.4 crea una supuesta soberanía popular catalana, de donde imanan los poderes de la Generalitat.

Pero desde un punto de vista jurídico no acaba aquí el esperpento jurídico: se atribuye competencias que no le pertenecen, creando un auténtico subsistema jurídico catalán, prácticamente independiente del español. Por ejemplo, en su artículo 40, el Estatuto de Autonomía equipara las uniones de hecho al matrimonio (institución que no sale mentada en todo el Estatuto), algo que contradice la Constitución, que en su artículo 147 otorga la competencia exclusiva al Estado para regular las formas del matrimonio. Con el nuevo Estatuto, se convierten las formalidades contenidas en la Ley de Uniones Estables de Pareja catalana en una nueva forma de matrimonio. En un sentido jurídico estricto, aquéllos que estén en posesión de la vecindad civil catalana adquieren como formas matrimoniales, además de las establecidas por el Código Civil, la de la convivencia marital continuada durante dos años y la del otorgamiento de escritura pública. Una nueva fractura del Ordenamiento jurídico.

Incurre el Estatuto en un exceso de legislación, con más de 200 artículos, al regular todos los aspectos que han pasado por la cabeza de los autores, regulando incluso la contaminación medioambiental, en su artículo 27; parece más la norma básica de un estado comunista que la de una autonomía democrática. Su capítulo II regula al detalle casi todas las competencias imaginables, imposibilitando y negando margen de maniobra a futuros gobiernos de otro signo político: se regulan cosas como las semillas transgénicas (art. 116.1.e), la gestión de la recolección de marisco (art 119.3.a), la distribución de libros y publicaciones periódicas (art. 127.1.a), el salvamento marítimo (132.3), la mediación deportiva (art. 134.1.b), la contrastación de metales (139.5), la regulación de las instalaciones de ocio juvenil (art. 142.1.b), la normalización lingüística del occitano (art. 143.2), los gases con efecto invernadero (art. 144.1.h), el asociacionismo femenino (art. 153.b), los centros de formación del personal de Seguridad Privada (art. 163.3), la protección social complementaria privada (art. 166.1.d), el transporte fúnebre por carretera (art. 169.1.d) o los derechos y deberes de los turistas (art. 171.d). Se trata de un Estatuto muy intervencionista que lo regula prácticamente todo, no dejando sitio a la libertad de los ciudadanos.

Ataca también el Estatuto directamente a la Unidad de la Doctrina Jurídica, al eliminar prácticamente en su artículo 95 todos los supuestos de Recurso de Casación, que quedará en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Con este modelo judicial, es perfectamente posible que existan interpretaciones doctrinales opuestas sobre la misma cuestión aplicadas simultáneamente en el ordenamiento jurídico. Crea un Consell Jurídic, que absorbe gran parte de competencias del Consejo General del Poder Judicial y que está fuertemente intervenido por la Administración Autonómica, algo que creemos que contradice los principios de imparcialidad, tutela judicial efectiva e independencia de la justicia, creando un Poder Judicial propio al servicio del poder ejecutivo autonómico.

El Estatuto, además, crea en su artículo 11 una subautonomía, al reconocer al supuesto pueblo aranés autogobierno conforme al nuevo Estatuto.

El Estatuto impone, además, en su artículo 35.1 el catalán como lengua vehicular en la Educación, marginado al castellano, que no reconoce como lengua propia de Cataluña en su artículo 6. El Estatuto garantiza la agudización de la imposición del catalán en la Sociedad catalana. Además, obliga a todos los profesionales del derecho (Notarios, Registradores, Jueces...) a conocer el catalán, lo que supone la creación de una barrera lingüística con el resto de España, injustificable en un mercado unitario como el español donde hay igualdad de derechos y oportunidades. En su artículo 6.2 el Estatuto establece la obligación de conocer el catalán para los ciudadanos catalanes, y además, faculta a la administración para llevar a cabo todas las medidas necesarias para garantizar esa medida, algo que nos parece completamente antidemocrático y que creemos que amenaza directamente la libertad de expresión: la administración pública catalana queda facultada para obligar a usar el catalán. No se reconoce el derecho a recibir la enseñanza en lengua materna. Obliga a todas las empresas y trabajadores en Cataluña a conocer el catalán. El artículo 50 impone incluso el catalán en la enseñanza para personas sordas.

Es un Estatuto donde, en su parte dogmática (que creemos que una norma de rango estatutario no debe contener) no se reconocen derechos básicos como son la Libertad de Cátedra o la Libertad de Enseñanza, algo que nos parece especialmente grave conociendo la trayectoria intervencionista de la Administración Pública catalana en temas tan sensibles como el de la lengua. Este estatuto hace posible la imposición del catalán en la Universidad como lengua única. Además, entra a regular puntos que creemos que deben ser competencia de los propios centros y no de la administración: como es el definir en su artículo 21.2 la educación sostenida con fondos públicos (que, evidentemente, incluye la concertada) como laica, o al imponer normas de admisión de los alumnos en los centros concertados, en su artículo 131.3 (en ese mismo artículo da competencias a la Generalitat para definir la organización de los centros concertados); estas dos disposiciones hacen gala de un preocupante intervencionismo escolar, que da un papel desmesurado a la Generalitat en el Sistema Educativo. En esta misma parte dogmática, fragmenta los derechos individuales por grupos de personas, creando derechos de los mayores, los menores o las mujeres, algo que creemos que atenta directamente contra la universalidad de los derechos fundamentales. El Estatuto de Autonomía vacía de competencias al Defensor del Pueblo e impide a los catalanes acudir a él.

Consideramos desde ULD que el texto de esta reforma atenta gravemente contra la Unidad del Ordenamiento Jurídico. No nos deja de sorprender como en una parte del mismo Ordenamiento Jurídico (Código Penal) se establezcan ciertas acciones como hechos típicos delictivos (como el Aborto o la Eutanasia) y en otra parte del mismo (Estatuto de Autonomía de Cataluña) se establezcan estos mismos hechos típicos como derechos del ciudadano. Supone esta situación que dos hechos que en una parte del Ordenamiento son delitos punibles en otra parte de éste son derechos. En una interpretación sistemática del ordenamiento resultaría que los catalanes tienen un derecho a delinquir reconocido en su Estatuto. No mentemos ya que no reconoce el derecho a la Objeción de Conciencia por parte de los facultativos que eventualmente tengan que aplicar esas técnicas.

Es un estatuto más político que jurídico, en el que se marginan otras concepciones políticas diferentes a las de sus redactores: se da cobertura estatutaria en su artículo 54 a un concepto de memoria histórica que elude a las víctimas por terrorismo o por las persecuciones religiosas y políticas de la Guerra Civil, dando sólo cobertura a las víctimas del franquismo; disposición esta que creemos que no tiene cabida en ningún texto jurídico que pretenda ser norma básica de un ordenamiento, pero que, creemos que si se incluye, al menos debe hacerse de manera que el máximo posible de la población la sienta como suya, algo que, evidentemente, no logra.

Desde un punto de vista económico, consideramos grave que no se reconozca en ningún punto del Estatuto el derecho a la propiedad privada, pese a reconocerse un amplio abanico de derechos, derecho que consideramos básico para evitar lo desmanes de una administración capaz de elaborar un texto tan intervencionista. El artículo 123 del Estatuto, además, vuelve a quebrar el ordenamiento constitucional, al invadir las competencias exclusivas del Estado en materia mercantil, al dar competencias a la Generalitat en materia de competencia desleal, derechos de los consumidores y alteraciones del mercado, algo que, además torpedea directamente el principio de unidad de mercado, que también se ve afectado por la restricción que supone a la libre circulación de trabajadores en el interior de España el otorgar a la Generalitat competencias en el art. 125 del Estatuto para fijar requisitos y condiciones para ejercer profesiones tituladas en Cataluña. El nuevo Estatuto, en su artículo 120, crea una regulación totalmente intervencionista de las Cajas de Ahorro, de las que regula prácticamente todo. Los artículos 121, 122, 123 y 124 rompen completamente con el principio de Unidad de Mercado, al regular prácticamente todos los aspectos del comercio minorista, las cooperativas y de las ferias y mercados. El artículo 133 rompe específicamente la Unidad del mercado energético y de minas, al dar competencias a la Generalitat en su regulación en Cataluña, que lo regula prácticamente todo, hasta su almacenamiento. Otorga en su artículo 138 competencias en materia de inmigración que también rompen con la unidad del mercado, al permitir a la Generalitat expender permisos de trabajo para inmigrantes (algo que rompe con la Unidad de la Seguridad Social, entre otras cosas, algo que hace directamente en el artículo 165). El artículo 145 rompe con la Unidad del Mercado de Valores, al dar competencias a la Generalitat en la regulación de gran parte de las operaciones bursátiles. El artículo 152.2 da competencia a la Generalitat para regular la actividad económica.

Crea, así mismo, un complejo y caro sistema institucional, en su artículo 2.3, creando un aparato administrativo local excesivamente complejo y cuyo mantenimiento supondrá un excesivo crecimiento del sector público y de la presión fiscal que éste ejercerá sobre los catalanes. Este Estatuto crea una Cataluña más cara, que necesitará de más impuestos para mantenerse. Además, establece el derecho en su artículo 24 a una renta mínima garantizada para todos los ciudadanos de Cataluña, algo que a nuestro juicio es económica inviable y puede suponer un grave perjuicio para la economía catalana. El Estatuto permite en su artículo 213 el endeudamiento de la Generalitat sin ponerle límite. El Estatuto no prevé un sistema de financiación eficiente que permita a los entes locales llevar a cabo su labor.

Especialmente grave nos parece, como universitarios, que en nuestra gran mayoría formaremos parte de ellos al acabar nuestra carrera, el intervencionismo presente en la regulación de los colegios profesionales, que da unas competencias excesivas en el art. 125 para regularlos a la Administración. Prácticamente convierte en apéndices de la administración a los Colegios Profesionales. Consideramos además que atenta directamente contra la autonomía universitaria, otorgando en su artículo 172 a la Generalitat y el Parlament prácticamente la totalidad de competencias en la regulación de la Universidad: la programación y la coordinación del sistema universitario catalán en el marco de la coordinación general, las decisiones de creación de universidades públicas y la autorización de las privadas, la aprobación de los estatutos de las universidades públicas y de las normas de organización y funcionamiento de las universidades privadas, la coordinación de los procedimientos de acceso a las universidades, el marco jurídico de los títulos propios de las universidades, la financiación propia de las universidades y, si procede, la gestión de los fondos estatales en materia de enseñanza universitaria, la regulación y la gestión del sistema propio de becas y ayudas a la formación universitaria y la regulación y la gestión de los fondos estatales en esta materia, el régimen retributivo del personal docente e investigador contratado de las universidades y el establecimiento de las retribuciones adicionales del personal docente funcionario, la regulación de los requisitos para la creación y el reconocimiento de universidades y centros universitarios y la adscripción de estos centros a las universidades, el régimen jurídico de la organización y el funcionamiento de las universidades públicas, incluyendo los órganos de gobierno y representación, la adscripción y la desadscripción de centros docentes públicos o privados para impartir títulos universitarios oficiales y la creación, la modificación y la supresión de centros universitarios en universidades públicas, así como el reconocimiento de estos centros en universidades privadas y la implantación y la supresión de enseñanzas, la regulación del régimen de acceso a las universidades, la regulación del régimen del profesorado docente e investigador contratado y funcionario y la evaluación y la garantía de la calidad y de la excelencia de la enseñanza universitaria, así como del personal docente e investigador.

Por todos estos motivos, que creo sobrados, desde Universitarios Liberal Demócratas lanzamos un llamamiento a los universitarios catalanes a votar NO en el referéndum sobre el Nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Ángel Escolano
Miembro del Claustro y Presidente de ULD en la Universidad de Barcelona

Leire Pajín y la embajada española en Lisboa patrocinan la obra "Me cago en Dios"


Juan Manuel Ramos
     

EL ESCUDO DE ESPAÑA, JUNTO A UN CRISTO QUE CAE POR EL VÁTER
Leire Pajín y la embajada española en Lisboa patrocinan la obra "Me cago en Dios" En febrero de este año, Zapatero firmó una carta con su homólogo turco para condenar la publicación de las viñetas de Mahoma. Cuatro meses después, se ha conocido que la embajada de España en Lisboa, con el apoyo de la secretaria de Cooperación Internacional, Leire Pajín, patrocina la representación de la obra "Me cago en Dios", como parte de un ciclo dedicado a su autor. En el cartel que promociona la obra se puede ver, junto al escudo de España, un retrete por el que caen un crucifijo, la Virgen, Buda o una bandera como la media luna.




¿Zapatero trata a todos por igual? Personalmente no lo creo ¿quien lo cree?. Alguien dijo que ZP "era fuerte con los debiles y debil con los fuertes"

A saber:

Se niega a reunirse con las victimas del terrorismo, pero se reune con Eta-Batasuna que ha matado a 1000 personas; se permite insultar y desprestigiar a los cristianos porque no ponemos bombas y sin embargo condena los insultos solo a los musulmanes. En fin, es ZP un presidente de todos los españoles que premia a los malos y castiga a los buenos.

¿Alguien le tendrá que decir que se ha equivocado, no?

Alguien le tendrá que decir que los malos los son violentos, si, si, los que ponen bombas, los que disparan en la nuca, esos, esos; que el Estado de Derecho ha de garantizar la buena convivencia de todos los pacificos, los que queremos vivir, casarnos, tener una familia ... que debe ser fuerte con los violentos para que dejen de matar, pues son ellos una amenaza para la Paz, no los pacíficos. ¿quien se lo dirá?. Si realmente no estamos todos locos, creo que no, y el poder reside en el pueblo, se lo diremos en las urnas, espero que para entonces no sea demasiado tarde.

Recibe un cordial y afectuoso saludo,

Juan Manuel Ramos
Presidente
Asociación Familia y Familia Numerosa
Castellón
Móvil + 34 625 388 628
http://www.fanucas.org


"Un país que mata a sus propios hijos no tiene futuro" Juan Pablo II

LIBELO CONTRA EL NOU ESTATUT - Ocho razones y una conclusión para Rebelarse.

El presente documento es un libelo o panfleto, entendido como escrito, normalmente de carácter político, que tiene como finalidad dar rienda suelta a una disertación o exposición pública de ideas. Si bien el concepto de libelo o panfleto tiene hoy ciertas connotaciones negativas o peyorativas, su empleo por mi parte busca una cierta provocación hacia las conciencias de mis coetáneos y conciudadanos, rememorando a los liberales de los siglos XVIII y XIX, quienes recurrieron con cierta asiduidad a dicha modalidad de escrito para hacer llegar a la ciudadanía sus pensamientos e ideas políticas, económicas y sociales, desde la clandestinidad y frente al poder absolutista dominante.

Zetapé, junto a Fernando VII


www.tuSenado.com
     
El PSOE es un partido antiguo, antiquísimo incluso, pero aún no existía cuando Fernando VII proclamó con toda la solemnidad aquello de "Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional". La constitución, como hasta la ministra Calvo sabe, era la de 1812 y tan encendido alegato se produjo seis años después de que el monarca hubiera derogado la "Pepa" por vez primera, y tres antes de que volviera a hacerlo por segunda y definitiva vez. Son ese tipo de cosas que tradicionalmente se han incluido sin vacilación dentro de la categoría de la traición, aunque ahora, en la era del talante y de lo políticamente correcto, uno ya no sabe bien cómo definirlas.

Pues bien, han tenido que pasar casi dos siglos para que en los pozos negros de nuestra Historia haya quedado registrada otra frase de la misma profundidad moral. Se la debemos, como no podía ser de otro modo, al insigne presidente Rodríguez: "El diálogo con ETA no incluirá ninguna cuestión política. Primero la paz y luego la política". En esta ocasión, la frase se pronunció varios años después de que el Partido Socialista ya anduviera en tratos con la ilegalizada Batasuna-ETA y pocos meses antes de que Rodríguez autorizase -como acaba de hacer- el inicio del "diálogo político" (sic) con la capucha política de la banda terrorista.

Y ahora no es un monarca traidor, sino Zapatero Presidente quien nos invita a marchar francamente, y él el primero, por la senda de la pacificación. Si antaño fueron los Cien Mil Hijos de San Luis, hoy quien escolta al líder en su camino hacia la paz es una comitiva de encapuchados que ya no son terroristas, sino integrantes de una organización de asesinos que no se arrepienten de nada, pero que están haciendo un gran esfuerzo por no volver a apretar el gatillo. Cuánta generosidad. Todos debemos estarles agradecidos y entender que no hay proceso histórico sin su precio ni sus daños colaterales: dignidad, justicia, memoria de las víctimas y Estado de derecho, son conceptos que tuvieron su momento de esplendor pero que ahora, en esta democracia buenista de nuevo cuño, pesan bastante menos. Todo sea por esa paz a la que Zapatero se encamina entre rosas blancas, mientras a los demás sólo nos cabe pacer mansamente sin hacer preguntas incómodas. Así, cuando todo esto acabe, puede que ya no seamos nada, pero qué más da: estaremos en paz.

Por fin, Zapatero parece haber encontrado su ansiado lugar en la Historia: al lado de Fernando VII. Tanto como los españoles le debemos a aquel pésimo rey, se lo deberemos también a este nefasto presidente.

El Estatuto de la discordia - Documentos de Ermua


Estimados amigos:
     
Os invitamos a consultar el libro titulado:
     
El Estatuto de la discordia
     
Análisis y comentarios para profanos en torno al texto más polémico de la democracia

por Fernando García-Capelo Villalva




Con esta nueva publicación inauguramos la colección "Documentos de Ermua". Por su actualidad y rigor, agradeceríamos que le dierais la máxima difusión.

El autor es abogado, miembro del Foro Ermua y coordinador de las Gestoras Cívicas de Ermua.

Un cordial saludo a todos.



prensa@foroermua.com

Boletín FAES nº71 - Debate sobre el estado de la Nación (6 de junio de 2006)



“Frente a la indiferencia, la insensibilidad o el olvido la voz justa de las víctimas tendrá de nuevo la resonancia que merece para ser escuchada”     
Jose María Aznar