Zapatero y Rajoy se reprochan mutuamente su gestión en la lucha contra la llegada de ilegales
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miércoles, mayo 31, 2006
martes, mayo 30, 2006
El Foro de Intereconomia - 30 de Mayo de 2006
Hoy entra en vigor la ley que permite crear ‘bebés medicamento’
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lunes, mayo 29, 2006
sábado, mayo 27, 2006
OBJECIÓN DE CONCIENCIA NACIONAL
http://www.convivenciacivica.org/
Francisco Caja
Discurso en la presentación de DENAES en Barcelona
25 mayo de 2006
Todo comenzó el día 2 de noviembre de 2005, el día en el que las Cortes Generales aprobaron la tramitación de la “Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña”, pasará a los anales como el día en el que le fue arrebatada al pueblo español su soberanía, que el Parlamento español se auto-otorgó el poder constituyente. Con independencia de cuál sea el resultado final del proceso, se ha abierto ya una brecha en el edificio constitucional que amenaza su ruina. La llamada “Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña” es algo más que un propuesta normativa inconstitucional, algo más que una propuesta de reforma de un Estatuto de Autonomía, que una reforma constitucional; es sencillamente un atentado contra la democracia, el intento de aprobar por un procedimiento fraudulento una Constitución interna de Cataluña; esto es, conseguir para Cataluña al margen de la Constitución española, mediante un pretendido “pacto con el Estado español”, el estatuto de nación soberana. O sea: Un texto jurídico constituyente resultante del ejercicio de un inexistente derecho de autodeterminación de una imaginaria nación soberana.
Que nadie tache estas afirmaciones de infundadas o exageradas: el ”Nou Estatut” es el intento de dinamitar el orden constitucional desde dentro, de transformar de raíz la Constitución Española de 1978 por otros procedimientos que los establecidos en la propia Constitución. Por esta razón es necesario calificarlo de radicalmente antidemocrático: porque hurta a los españoles (catalanes incluidos) su soberanía; o lo que es lo mismo el poder de decidir directamente, no mediante representantes (los partidos políticos, el Parlamento), las condiciones básicas de nuestra convivencia (el orden político). Como veremos, no sirven aquí de nada la “legitimidad” que invocan los nacionalistas y su socio Zapatero: ¿cómo se puede tachar de antidemocrática una propuesta que tiene el 90% de los votos del Parlamento catalán o aprobado en referéndum entre el llamado pueblo catalán? Lo es, a pesar de ese respaldo parlamentario a pesar de su aprobación en referéndum, y lo es de forma radical. Es más, cualquiera que sostenga el carácter democrático de la propuesta e invoque para fundamentarlo ese apoyo parlamentario o el apoyo popular, está mostrando o bien su cruda ignorancia de los principios más elementales de la democracia o bien su mala fe (o una combinación de ambas). Y lo es porque la Propuesta catalana, como la del Parlamento Vasco, es el resultado directo de una filosofía política preliberal y antidemocrática: a saber, la fuente del derecho no proviene de la voluntad de los ciudadanos, sino en última instancia de su nacimiento: para nacionalistas vascos y catalanes lo “derechos” se heredan: los derechos son históricos. O lo que es lo mismo, para los redactores de los planes Ibarretxe y Maragall los derechos son derechos privativos de los vascos o de los catalanes, esto es, privilegios, no derechos universales.
Limpio como una patena
Por otra parte, el soporte del 90% del Parlamento catalán al Estatuto o el posible respaldo del pueblo catalán, lejos de ser una garantía democrática, indica tan sólo la enormidad del disparate jurídico-constitucional que es el Nuevo Estatuto.. Porque nadie puede ignorar que pese a la unanimidad de una decisión parlamentaria, si ésta es antidemocrática, es antidemocrática. Pues, y para evitar esta paradoja, toda constitución establece determinadas cautelas, para evitar que se acuerde “democráticamente” acabar con la democracia. Y es que, naturalmente, ni siquiera el Parlamento español, puede adoptar, incluso de forma unánime, modificar la parte dogmática de la Constitución sin tener que disolverse, devolviendo al pueblo español, la sede exclusiva de la soberanía y del poder constituyente, su representación, para formalizar unas Cortes Constituyentes, y, finalmente someter a refrendo de todos los españoles (la garantía de democracia directa) esa modificación. Resumiendo, una Carta Magna no es una ley ordinaria, que una legislatura ordinaria carece del poder necesario de reforma de la constitución, que, en fin que el poder legislativo no es el constituyente.
Pero retornemos al meollo de nuestros corderos jurídicos. La inconstitucionalidad de la Propuesta de Reforma del Estatuto de Cataluña descansa en una filosofía política incompatible con los principios de una democracia liberal. Afirmar su compatibilidad con la Constitución, su perfecta constitucionalidad como enfáticamente afirman los nacionalistas y, después del tratamiento estético al que lo han sometido Zapatero y Mas, la Comisión constitucional del plusquamconstitucionalista Sr. Guerra, el conjunto de los archiconstitucionalistas socialistas, no sólo es una absoluta y radical mentira, sino que el empeño en esa mentira es el índice más revelador del fraude al que quiere someternos el matute nacionalista y sus cómplices.
El monolingüismo
Pongamos un ejemplo: no disponemos de más tiempo. La regulación de las lenguas oficiales y, de nuevo y más detalladamente, la cuestión de los derechos históricos. Vayamos a la primera de las cuestiones, la regulación de la libertad de lengua. La Propuesta de nuevo Estatuto vulnera de forma frontal e inequívoca la cooficialidad lingüística que el artículo 3 de la CE establece, al privar a una de las lenguas cooficiales, el castellano, la condición de “lengua de uso normal de comunicación en y entre los poderes públicos y en su relación con los sujetos privados”, otorgando en exclusiva al catalán la condición de lengua de uso normal y, además, preferente. Técnicamente, de una fórmula de “oficialidad territorial doble y conjunta o de bilingüismo integral”, pasamos a un “régimen de monolingüismo territorial o de territorialidad exclusiva del catalán complementado con un derecho personal de los castellanohablantes a utilizar su lengua en sus relaciones con la administración”. Para esta alteración del régimen de cooficialidad, la garantía de la libertad de lengua y sin el cual la discriminación por razón de lengua está asegurada, es fundamental atentar también con uno de los elementos del referido artículo 3 de la CE: la obligatoriedad exclusiva del conocimiento del castellano. Y así, en efecto, el Nuevo Estatuto, establece en su artículo 6.2 la obligación general del conocimiento del catalán para los ciudadanos de Cataluña. Lean ese artículo: “todas las personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas.” Pues bien, afirmar la constitucionalidad de ese precepto es una muestra indudable de la inequívoca voluntad de mentir que anima al legislador estatutario.
La pretensión de que el artículo 3 de la CE posibilite la imposición de un deber general del conocimiento del catalán, o que sea posible interpretar ese artículo en tal sentido, porque no lo prohíbe expresamente, topa con un obstáculo insuperable: la posibilidad de tal deber fue rechazada explícitamente por los Constituyentes. Es ésta una cuestión sabida y notoria. El 16 de mayo de 1978 la Comisión de Asuntos Constitucionales rechazó la enmienda nº 106 defendida por el entonces representante de la Minoría Catalana, el Sr. Trias Fargas, por 30 votos en contra y dos a favor, con dos abstenciones. Del mismo modo en la Sesión del Pleno del congreso la enmienda fue rechazada por 269 votos en contra, 22 a favor y 26 abstenciones. ¿Qué decía esta enmienda? Lo siguiente:
“Las demás lenguas de España serán también oficiales en los territorios autónomos de acuerdo con sus respectivos Estatutos. Todos los residentes en dichos territorios tienen el deber de conocer y el derecho a usar aquellas lenguas.”
Recuerdan Uds. las “Recomendaciones y sugerencias del Defensor del Pueblo” sobre la constitucionalidad de la Ley de Política Lingüística. Por cierto que en su preámbulo –de nuevo el preámbulo- ya estaba la obligatoriedad general del conocimiento del catalán para los ciudadanos de Cataluña-. Así decía el Defensor del Pueblo en aquella ocasión: “De acuerdo con lo expuesto considera que no serían constitucionalmente legítimo imponer un deber general de conocimiento de la lengua a todos los ciudadanos de Cataluña” y añadía: en caso de que la aplicación de la ley se desvía de dicha interpretación, este Defensor del Pueblo acudiría, a la vía de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para obtener la mejor garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Que no se preocupe el Defensor del Pueblo, tras la entrada en vigor del Estatuto dejará de ser Defensor del Pueblo de todos los españoles. Los catalanes, en esto como en tantas cosas, habremos dejado de ser españoles. Cataluña será Territorio comanche para el Defensor del Pueblo. Todo constitucional.
Ninguno de los “filtros” de constitucionalidad a los que ha sido sometida la Propuesta ha detectado esta sencilla cuestión. Ni el Consell Consultiu de la Generalitat, los cuatro ilustres catedráticos de Derecho constitucional (Francisco Balaguer Callejón, Javier García Roca, Manuel Medina Guerrero y Alejandro Sáiz Arnáiz) a los que el PSOE encargó dictámenes.¿Con qué autoridad moral van a enseñar Derecho Constitucional aquellos profesores que desde sus cátedras callan y otorgan o defienden ardorosamente la constitucionalidad del nuevo estatuto? Traicionan la Constitución con alevosía y premeditación, con la esperanza de que Cataluña sí paga traidores. Lo mismo hay que decir de los padres de la Constitución, con las excepciones sabidas. Lo mismo hay que decir de los que ha jurado defender la Constitución: el primero el Presidente de la Nación. Y no se han molestado siquiera en contrargumentar estas sencillas razones. Todo lo contrario el preclaro Presidente de la Nación lo ha dicho en Gerona hace unos días sin pestañear: por fin el castellano y el catalán estarán en paridad de condiciones. Reclamen ante la Real Academia de la lengua; en el nuevo régimen paridad .si se aplica a las lenguas ecastellana y catalana, equivale a uso normal y preferente de una sola de las lenguas en todos los niveles de la administración catalana: el catalán.
La Constitución no es una ley ordinaria
Llegamos, por fin, al meollo de la cuestión. Nos acusan a los constitucionalistas de “integrismo constitucional”; de sacralizar la Constitución; somos nosotros, al parecer, los adoradores de los textos. Esbocemos una sonrisa y recomencemos. La Constitución española en su Título X (artículos 166 a 169) establece un procedimiento preciso para la reforma constitucional. De forma resumida, cuando se propusiera una reforma total o una reforma parcial que afecte al título Preliminar (esto es, a los fundamentos de la Nación española, a la oficialidad de las lenguas españolas, a las Fuerzas Armadas y su misión constitucional, entre otras cosas) al Capítulo II, sección primera del título Primero (derechos y deberes fundamentales), o al Título II (la Corona), se requerirá para su aprobación una mayoría de los dos tercios de ambas Cámaras. la disolución inmediata de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones. Las cámaras elegidas deberán ratificar esa decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras y será sometido a referéndum para su ratificación. No es esto un “capricho” de los constituyentes. Esta rigidez en el procedimiento de reforma de la Constitución es algo esencial en un texto constitucional.
Más aun, una Constitución se define, no sólo por su contenido: los principios de separación de poderes y de protección de derechos personales, sino también por su forma: a saber, por proceder de un poder constituyente, un poder que es de naturaleza distinta y superior a los poderes ordinarios: legislativo, ejecutivo y judicial, y, en consecuencia, por requerir una especial solemnidad en los procedimientos de elaboración y sobre todo de reforma (Roberto Blanco, 2003). Toda constitución contiene una serie de cautelas que aseguran su naturaleza jurídica extraordinaria: una ley que proviene directamente de la voluntad popular. Y la primera de ellas es la especial rigidez de sus procedimientos de reforma. Es fácil adivinar el porqué.
No quisiera aburrirles con más tecnicismos jurídicos. Es fácil comprobar en el caso que nos ocupa las consecuencias de la falta de respeto al procedimiento de reforma previsto en la propia Constitución. Es notorio que, en todo caso, sólo el 0,4% de la ciudadanía catalana, según las encuestas, considera como un asunto de especial interés la reforma del Estatuto. Y sin embargo esta reforma ha sido el tema prioritario de los representantes políticos de la ciudadanía catalana, que la elaborado a lo largo de más de dos años y la ha aprobado por una mayoría del 90%. Pues bien, los efectos de un posible divorcio entre representantes y representados, esto es, la posibilidad de que los representantes políticos no representen de manera real la voluntad popular, es lo que se trata de evitar mediante la rigidez del sistema de reforma constitucional. Tan sencillo como esto: como las condiciones básicas de la convivencia entre todos los españoles deben ser estrictamente las que la voluntad popular determine, la ley que las fija, la Carta Magna, debe ser aprobada y reformada mediante un procedimiento que exige la devolución de la representación a los representantes (disolución de las Cortes), delegación expresa de la soberanía popular de su poder constituyente (nuevas elecciones) y, finalmente, tras su aprobación por una mayoría cualificada, refrendo por sufragio directo y universal entre todos los españoles de la reforma constitucional. Cualquier otra vía ha de ser tachada no sólo de inconstitucional sino de antidemocrática. Porque hurta al pueblo español su soberanía. Insistimos, para cambiar las bases de la convivencia de todos los españoles, por dos veces debe devolverse la representación al pueblo. No hacerlo es sustituir la democracia, en el mejor de los casos, por la partitocracia. La tentación iliberal es constante, la tendencia del poder a extralimitarse, esto es, el riesgo de divorcio entre representantes y representados, constante. El exigente procedimiento de reforma está orientado a asegurar la democracia, la preservar la naturaleza democrática del orden político (un hombre, un voto), exigiendo un procedimiento de democracia directa y no delegada para la modificación de las condiciones básicas del orden político.
De forma clara e inequívoca el “Nou Estatut” es contrario a lo dispuesto en título Preliminar de nuestra Constitución. Lo es también de forma palmaria por lo que se refiere a los derechos y libertades fundamentales. De una forma tan absoluta y sistemática que es imposible acomodarlo a la Constitución. Y aquí está el quid de la cuestión: mediante una mayoría simple, sin tener que disolver las Cortes, sin la consulta en referéndum del pueblo español -en el que reside la soberanía- la Constitución corre el peligro de ser desvirtuada de una forma definitiva en lo que podemos considerar el más brutal “autogolpe” de la historia de una democracia: el poder constituido suplantando al constituyente. Y son los propios representantes del pueblo los que atentan contra la Constitución que posibilita su condición de representantes. La brecha abierta en la Constitución ha de ser reparada inmediatamente con una oportuna reforma. Y los partidos políticos que pretendan seguir siendo democráticos tiene la obligación de plantearla de forma inmediata.
Quiero ser claro. Aquellos de los que se nos previene que utilizarán el no contra Cataluña no se les ocurre otra cosa que decirnos que votemos no... pensando en Cataluña. Son los que han pactado durante ocho años con el gobierno de Pujol: los que han consentido que la ignominia se instale en Cataluña, que no han movido un solo dedo cuando a los ciudadanos de Cataluña se nos imponía una ley , la de Política Lingüística, que derogaba el artículo 3 de la Constitución, el que nos garantizaba a la mayoría de catalanes que no seríamos discriminados por razón de lengua, el que nos garantizaba a todos los españoles, la libertad de lengua.
.Es necesario votar en contra del Estatuto, necesario pero no suficiente. El 19 de junio con toda probabilidad nos despertaremos metamorfoseados: perteneceremos a una nueva nación. Es el regalo que nos traerán los Republicanos Magos. Cataluña será, no ya católica como quería el obispo de Vic, sino kafkiana. Cataluña kafkiana y España colonizada, esto es, plural. Los nacionalistas han aplicado una fórmula mucho más rentable que la independencia. España no se rompe: no se mata a la gallina de los huevos de oro. España no se rompe: se convierte en protectorado de Cataluña. Según la conocida fórmula: lo mío, mío; lo tuyo, de los dos.
Pero no se hagan ilusiones que Uds, no recibirán ni un solo euro del gran negocio. Está escrito: el nuevo Estatuto: el desmantelamiento de la constitución española, más autogobierno para Cataluña, no significa otra cosa que el desmantelamiento de las garantías de libertad de los ciudadanos frente al gobierno. La Cataluña esa que unos diseñan y que otros, en una muestra impagable de estupidez política, piensan no es más que la patente de corso para el saqueo de la libertad y la hacienda de los ciudadanos de toda España. De ahora en adelante, el 3% no sólo de los ciudadanos de Cataluña, sino de toda España. La OPA constitucional.
Pero si Uds. al votar no piensan en Cataluña, sino en sus propios derechos y deberes como ciudadanos, en la igualdad, en la libertad, en la justicia, en la garantía de una vida digna, entonces Uds, están contra Cataluña. Y yo lo digo sin ambages: si los derechos y libertades individuales están por detrás de Cataluña; si debo sacrificar esos derechos y libertades y el valor supremo del ordenamiento jurídico debe ser Cataluña y no la igualdad, la libertad y la justicia como establece la constitución española, entonces, yo estoy contra Cataluña, contra la sustitución de la igualdad, la libertad y la justicia como valores supremos del ordenamiento jurídico por Cataluña, la Cataluña que han patrimonializado la mafia política de los Pujol, los Maragall, los Mas, los Montillas, etc.
¿Que son afirmaciones retóricas? Pasen y vean. Como no se apliquen, como no muestren de forma expresa su adhesión a los principios del movimiento, pueden empezar por delatar a su vecino en la Oficina de Garantías Lingüísticas más próxima porque no rotula su establecimiento en catalán, ya saben lo que les espera:
Permítanme que les lea un fragmento del texto que Jordi Pujol distribuía en enero de 1965 entre sus fieles
“EL EJÉRCITO DE OCUPACIÓN"
Es muy conveniente que las cosas se digan por su nombre. Que los conceptos sean claros. Que se vean las cosas tal como son, y no como el hábito y el camuflaje o el cansancio las hacen ver.
Concretamente, es del todo necesario que 150 o 200 mil hombres que viven en Cataluña sean considerados como lo que son en realidad: como ejército de ocupación.
En Cataluña existe un ejército de ocupación. En Cataluña hay ocupantes. Hay miles y miles de hombres que son ocupantes. Los unos lo son por mor de la función que tienen asignada. Otros por mentalidad.
[...] los hombres del ejército de ocupación se pueden presentar honorablemente como maestros, como obispos, como médicos, como escritores, como funcionarios como porteros o bedeles, como directores de banco o como ingenieros, como Redentoristas o Misioneros del Sagrado Corazón o monjas de un montón de órdenes y ocultar su condición de ocupantes, su mentalidad colonial. Pero nosotros nos tenemos que meternos entre ceja y ceja que además de todo esto, son ocupantes, son coloniales. Y no debemos ser tres o cuatro los que lo veamos: se ha de acuñar y hacer llegar a mucha gente la nueva expresión, la de ejército de ocupación. Se ha de crear un nuevo tipo, el del ocupante. Ha de llegar un momento en el que cuando un hombre de estos ponga de manifiesto a través de cualquier detalle insignificante la antipatía profunda y la malevolencia que siente hacia nosotros, los catalanes hemos de pensar maquinalmente: “Es un ocupante”. Tiene que llegar también el momento en el que estos hombres han de saber que Cataluña los tiene por lo que son.
Esto es importante. Es importante porque un ocupante nunca es un hombre honorable. El término “ocupante” siempre es despreciativo. Y nos será más fácil defendernos de una monja del Sagrado Corazón o de un redentorista, o bien de un alto empleado o de una alto funcionario, o de un maestro de escuela o de un locutor de radio si pensamos que son hombres para los que Cataluña es un país vencido que es preciso vigilar y no descuidarlo más de la cuenta. Es decir, si no olvidamos que todos estos hombres ejercen el oficio poco honorable de ocupantes.
A partir de este momento el ejército de ocupación habrá perdido la mitad de su peligrosidad.”
Esta es la ideología que nos amenaza desde el Nuevo Estatuto. Es necesario votar contra el Estatuto de la exclusión, que pone fin a nuestra condición de ciudadanos . Necesario pero no suficiente. La amenaza que supone el nuevo Estatuto de Cataluña para la ciudadanía exige que multipliquemos nuestros esfuerzos para que los derechos y libertades que ampara la Constitución Española de 1978 no se conviertan en papel mojado “de ahora en adelante”. Nuestra condición de ciudadanos nos exige que impidamos que la traición a la Constitución concebida por políticos que han olvidado su condición de representantes de los ciudadanos se consume. El nuevo Estatuto es un engaño de proporciones gigantescas con el que, en nombre de Cataluña, los que han detentado desde siempre el poder para sus propios intereses pretenden perpetuarse en ese poder y excluir a quienes se opongan a sus pretensiones. Es necesario denunciar ese engaño: el nuevo Estatuto no significa más poder para Cataluña sino más poder para los políticos en Cataluña, menos libertad para los ciudadanos de Cataluña.
Hay que pasar a la acción. Convivencia Cívica Catalana, Universitarios Liberal Demócratas, hemos presentado una Iniciativa Legislativa Popular en defensa de la enseñanza en lengua materna y el bilingüismo escolar. Y hemos iniciado una campaña internacional de denuncia de esa atrocidad que es la inmersión lingüística. Nadie va a sacarnos las castañas del fugo; debemos pasar a la acción. Os anuncio, conoceréis los detalles oportunamente, una inmediata acción contundente en la calle contra la política lingüística del gobierno catalán: os invitamos a participar en esas acciones, a integraros activamente en el movimiento cívico.
Hay respuestas al nacionalsocialismo que nos quieren imponer : yo a partir de ahora me declaro objetor de conciencia: objetor de conciencia nacional. No tengo otra nacionalidad que la española. Uds. saben que el Nuevo Estatuto (Título I) contiene una carta de derechos exclusivos de los catalanes. Diferentes a los del resto de españoles. Así que en Cataluña habrá dos tipos de ciudadanía, con derechos distintos: los nacionales catalanes y los nacionales españoles. O sea: una madrileña en Cataluña no gozará del derecho de los derechos de las mujeres catalanas, un anciano extremeño no gozará de los derechos de las personas mayores catalanas, un gallego en Cataluña no tendrá el derecho a vivir con dignidad el proceso de la muerte: imagínense al moribundo, para morir dignamente, o sea como un catalán, haciendo cola para presentar los impresos, el papeleo, para obtener la nacionalidad catalana. O sea, que en Cataluña no todos los españoles tendrán el mismo estatuto jurídico. Lo que como saben es perfectamente constitucional.
Gracias, no quiero tener más derechos que el resto de españoles. No quiero otros derechos que los que la constitución española, como ciudadano español me reconoce: no quiero tener el derecho de educar a mis hijos en catalán sino en su lengua materna, no quiero tener el derecho de delinquir impunemente, el de que el suicidio o contribuir a la muerte de un semejante sea un derecho, que lo que en el resto de España sea un delito sea en Cataluña un derecho, no quiero el derecho de expoliar al resto de los españoles para que el Sr. Maragall o el Sr. Mas gobiernen. Pero que no se preocupen, no pienso ser un ocupante: me acojo a lo que establece la Constitución española. No debiera haber problema: el Estatuto es perfectamente constitucional, si a los extranjeros se les permite renunciar al derecho civil catalán a voluntad (ar. 14.2 del Estatuto), si gozan de la condición política de catalanes los españoles y sus descendientes residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad administrativa en Cataluña si lo solicitan (art. 7.2 del Estatuto): desde el momento en que entre en vigor el Estatuto pertenezco a la minoría (mayoritaria) nacional española en Cataluña. Simplemente un ciudadano español en Cataluña. No quiero que me regalen una nueva nacionalidad. El Nuevo Estatuto afirma que tienen la condición de catalanes todos los que tiene vecindad administrativa en Cataluña y que Cataluña es una nación. Así que pertenezco, pertenecemos, a la nación catalana. Cuanta generosidad. el regalo de los Republicanos Magos. A mí que el Sr. Mas o el Sr, Maragall me traten como a un extremeño, un madrileño, un gallego, etc, como a un español. Que se enteren: no somos españolista, somos sencillamente, porque así lo reconoce la Constitución española, ciudadanos españoles y no nos van a obligar por decreto a ser súbditos de la nación catalana, no queremos ejercer nuestros derchos políticos según el Estatuto, sino según la constitución española. Escriban al president Maragall, Mas, Zapatero o Sabater: no volem ser súbdits de la nació catalana, som ciutadans espanyols. Somos objetores de conciencia nacional. No estamos dispuestos a renunciar a la libertad que la constitución española de 1978 nos garantiza.
Francisco Caja
Discurso en la presentación de DENAES en Barcelona
25 mayo de 2006
Todo comenzó el día 2 de noviembre de 2005, el día en el que las Cortes Generales aprobaron la tramitación de la “Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña”, pasará a los anales como el día en el que le fue arrebatada al pueblo español su soberanía, que el Parlamento español se auto-otorgó el poder constituyente. Con independencia de cuál sea el resultado final del proceso, se ha abierto ya una brecha en el edificio constitucional que amenaza su ruina. La llamada “Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña” es algo más que un propuesta normativa inconstitucional, algo más que una propuesta de reforma de un Estatuto de Autonomía, que una reforma constitucional; es sencillamente un atentado contra la democracia, el intento de aprobar por un procedimiento fraudulento una Constitución interna de Cataluña; esto es, conseguir para Cataluña al margen de la Constitución española, mediante un pretendido “pacto con el Estado español”, el estatuto de nación soberana. O sea: Un texto jurídico constituyente resultante del ejercicio de un inexistente derecho de autodeterminación de una imaginaria nación soberana.
Que nadie tache estas afirmaciones de infundadas o exageradas: el ”Nou Estatut” es el intento de dinamitar el orden constitucional desde dentro, de transformar de raíz la Constitución Española de 1978 por otros procedimientos que los establecidos en la propia Constitución. Por esta razón es necesario calificarlo de radicalmente antidemocrático: porque hurta a los españoles (catalanes incluidos) su soberanía; o lo que es lo mismo el poder de decidir directamente, no mediante representantes (los partidos políticos, el Parlamento), las condiciones básicas de nuestra convivencia (el orden político). Como veremos, no sirven aquí de nada la “legitimidad” que invocan los nacionalistas y su socio Zapatero: ¿cómo se puede tachar de antidemocrática una propuesta que tiene el 90% de los votos del Parlamento catalán o aprobado en referéndum entre el llamado pueblo catalán? Lo es, a pesar de ese respaldo parlamentario a pesar de su aprobación en referéndum, y lo es de forma radical. Es más, cualquiera que sostenga el carácter democrático de la propuesta e invoque para fundamentarlo ese apoyo parlamentario o el apoyo popular, está mostrando o bien su cruda ignorancia de los principios más elementales de la democracia o bien su mala fe (o una combinación de ambas). Y lo es porque la Propuesta catalana, como la del Parlamento Vasco, es el resultado directo de una filosofía política preliberal y antidemocrática: a saber, la fuente del derecho no proviene de la voluntad de los ciudadanos, sino en última instancia de su nacimiento: para nacionalistas vascos y catalanes lo “derechos” se heredan: los derechos son históricos. O lo que es lo mismo, para los redactores de los planes Ibarretxe y Maragall los derechos son derechos privativos de los vascos o de los catalanes, esto es, privilegios, no derechos universales.
Limpio como una patena
Por otra parte, el soporte del 90% del Parlamento catalán al Estatuto o el posible respaldo del pueblo catalán, lejos de ser una garantía democrática, indica tan sólo la enormidad del disparate jurídico-constitucional que es el Nuevo Estatuto.. Porque nadie puede ignorar que pese a la unanimidad de una decisión parlamentaria, si ésta es antidemocrática, es antidemocrática. Pues, y para evitar esta paradoja, toda constitución establece determinadas cautelas, para evitar que se acuerde “democráticamente” acabar con la democracia. Y es que, naturalmente, ni siquiera el Parlamento español, puede adoptar, incluso de forma unánime, modificar la parte dogmática de la Constitución sin tener que disolverse, devolviendo al pueblo español, la sede exclusiva de la soberanía y del poder constituyente, su representación, para formalizar unas Cortes Constituyentes, y, finalmente someter a refrendo de todos los españoles (la garantía de democracia directa) esa modificación. Resumiendo, una Carta Magna no es una ley ordinaria, que una legislatura ordinaria carece del poder necesario de reforma de la constitución, que, en fin que el poder legislativo no es el constituyente.
Pero retornemos al meollo de nuestros corderos jurídicos. La inconstitucionalidad de la Propuesta de Reforma del Estatuto de Cataluña descansa en una filosofía política incompatible con los principios de una democracia liberal. Afirmar su compatibilidad con la Constitución, su perfecta constitucionalidad como enfáticamente afirman los nacionalistas y, después del tratamiento estético al que lo han sometido Zapatero y Mas, la Comisión constitucional del plusquamconstitucionalista Sr. Guerra, el conjunto de los archiconstitucionalistas socialistas, no sólo es una absoluta y radical mentira, sino que el empeño en esa mentira es el índice más revelador del fraude al que quiere someternos el matute nacionalista y sus cómplices.
El monolingüismo
Pongamos un ejemplo: no disponemos de más tiempo. La regulación de las lenguas oficiales y, de nuevo y más detalladamente, la cuestión de los derechos históricos. Vayamos a la primera de las cuestiones, la regulación de la libertad de lengua. La Propuesta de nuevo Estatuto vulnera de forma frontal e inequívoca la cooficialidad lingüística que el artículo 3 de la CE establece, al privar a una de las lenguas cooficiales, el castellano, la condición de “lengua de uso normal de comunicación en y entre los poderes públicos y en su relación con los sujetos privados”, otorgando en exclusiva al catalán la condición de lengua de uso normal y, además, preferente. Técnicamente, de una fórmula de “oficialidad territorial doble y conjunta o de bilingüismo integral”, pasamos a un “régimen de monolingüismo territorial o de territorialidad exclusiva del catalán complementado con un derecho personal de los castellanohablantes a utilizar su lengua en sus relaciones con la administración”. Para esta alteración del régimen de cooficialidad, la garantía de la libertad de lengua y sin el cual la discriminación por razón de lengua está asegurada, es fundamental atentar también con uno de los elementos del referido artículo 3 de la CE: la obligatoriedad exclusiva del conocimiento del castellano. Y así, en efecto, el Nuevo Estatuto, establece en su artículo 6.2 la obligación general del conocimiento del catalán para los ciudadanos de Cataluña. Lean ese artículo: “todas las personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas.” Pues bien, afirmar la constitucionalidad de ese precepto es una muestra indudable de la inequívoca voluntad de mentir que anima al legislador estatutario.
La pretensión de que el artículo 3 de la CE posibilite la imposición de un deber general del conocimiento del catalán, o que sea posible interpretar ese artículo en tal sentido, porque no lo prohíbe expresamente, topa con un obstáculo insuperable: la posibilidad de tal deber fue rechazada explícitamente por los Constituyentes. Es ésta una cuestión sabida y notoria. El 16 de mayo de 1978 la Comisión de Asuntos Constitucionales rechazó la enmienda nº 106 defendida por el entonces representante de la Minoría Catalana, el Sr. Trias Fargas, por 30 votos en contra y dos a favor, con dos abstenciones. Del mismo modo en la Sesión del Pleno del congreso la enmienda fue rechazada por 269 votos en contra, 22 a favor y 26 abstenciones. ¿Qué decía esta enmienda? Lo siguiente:
“Las demás lenguas de España serán también oficiales en los territorios autónomos de acuerdo con sus respectivos Estatutos. Todos los residentes en dichos territorios tienen el deber de conocer y el derecho a usar aquellas lenguas.”
Recuerdan Uds. las “Recomendaciones y sugerencias del Defensor del Pueblo” sobre la constitucionalidad de la Ley de Política Lingüística. Por cierto que en su preámbulo –de nuevo el preámbulo- ya estaba la obligatoriedad general del conocimiento del catalán para los ciudadanos de Cataluña-. Así decía el Defensor del Pueblo en aquella ocasión: “De acuerdo con lo expuesto considera que no serían constitucionalmente legítimo imponer un deber general de conocimiento de la lengua a todos los ciudadanos de Cataluña” y añadía: en caso de que la aplicación de la ley se desvía de dicha interpretación, este Defensor del Pueblo acudiría, a la vía de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para obtener la mejor garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Que no se preocupe el Defensor del Pueblo, tras la entrada en vigor del Estatuto dejará de ser Defensor del Pueblo de todos los españoles. Los catalanes, en esto como en tantas cosas, habremos dejado de ser españoles. Cataluña será Territorio comanche para el Defensor del Pueblo. Todo constitucional.
Ninguno de los “filtros” de constitucionalidad a los que ha sido sometida la Propuesta ha detectado esta sencilla cuestión. Ni el Consell Consultiu de la Generalitat, los cuatro ilustres catedráticos de Derecho constitucional (Francisco Balaguer Callejón, Javier García Roca, Manuel Medina Guerrero y Alejandro Sáiz Arnáiz) a los que el PSOE encargó dictámenes.¿Con qué autoridad moral van a enseñar Derecho Constitucional aquellos profesores que desde sus cátedras callan y otorgan o defienden ardorosamente la constitucionalidad del nuevo estatuto? Traicionan la Constitución con alevosía y premeditación, con la esperanza de que Cataluña sí paga traidores. Lo mismo hay que decir de los padres de la Constitución, con las excepciones sabidas. Lo mismo hay que decir de los que ha jurado defender la Constitución: el primero el Presidente de la Nación. Y no se han molestado siquiera en contrargumentar estas sencillas razones. Todo lo contrario el preclaro Presidente de la Nación lo ha dicho en Gerona hace unos días sin pestañear: por fin el castellano y el catalán estarán en paridad de condiciones. Reclamen ante la Real Academia de la lengua; en el nuevo régimen paridad .si se aplica a las lenguas ecastellana y catalana, equivale a uso normal y preferente de una sola de las lenguas en todos los niveles de la administración catalana: el catalán.
La Constitución no es una ley ordinaria
Llegamos, por fin, al meollo de la cuestión. Nos acusan a los constitucionalistas de “integrismo constitucional”; de sacralizar la Constitución; somos nosotros, al parecer, los adoradores de los textos. Esbocemos una sonrisa y recomencemos. La Constitución española en su Título X (artículos 166 a 169) establece un procedimiento preciso para la reforma constitucional. De forma resumida, cuando se propusiera una reforma total o una reforma parcial que afecte al título Preliminar (esto es, a los fundamentos de la Nación española, a la oficialidad de las lenguas españolas, a las Fuerzas Armadas y su misión constitucional, entre otras cosas) al Capítulo II, sección primera del título Primero (derechos y deberes fundamentales), o al Título II (la Corona), se requerirá para su aprobación una mayoría de los dos tercios de ambas Cámaras. la disolución inmediata de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones. Las cámaras elegidas deberán ratificar esa decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras y será sometido a referéndum para su ratificación. No es esto un “capricho” de los constituyentes. Esta rigidez en el procedimiento de reforma de la Constitución es algo esencial en un texto constitucional.
Más aun, una Constitución se define, no sólo por su contenido: los principios de separación de poderes y de protección de derechos personales, sino también por su forma: a saber, por proceder de un poder constituyente, un poder que es de naturaleza distinta y superior a los poderes ordinarios: legislativo, ejecutivo y judicial, y, en consecuencia, por requerir una especial solemnidad en los procedimientos de elaboración y sobre todo de reforma (Roberto Blanco, 2003). Toda constitución contiene una serie de cautelas que aseguran su naturaleza jurídica extraordinaria: una ley que proviene directamente de la voluntad popular. Y la primera de ellas es la especial rigidez de sus procedimientos de reforma. Es fácil adivinar el porqué.
No quisiera aburrirles con más tecnicismos jurídicos. Es fácil comprobar en el caso que nos ocupa las consecuencias de la falta de respeto al procedimiento de reforma previsto en la propia Constitución. Es notorio que, en todo caso, sólo el 0,4% de la ciudadanía catalana, según las encuestas, considera como un asunto de especial interés la reforma del Estatuto. Y sin embargo esta reforma ha sido el tema prioritario de los representantes políticos de la ciudadanía catalana, que la elaborado a lo largo de más de dos años y la ha aprobado por una mayoría del 90%. Pues bien, los efectos de un posible divorcio entre representantes y representados, esto es, la posibilidad de que los representantes políticos no representen de manera real la voluntad popular, es lo que se trata de evitar mediante la rigidez del sistema de reforma constitucional. Tan sencillo como esto: como las condiciones básicas de la convivencia entre todos los españoles deben ser estrictamente las que la voluntad popular determine, la ley que las fija, la Carta Magna, debe ser aprobada y reformada mediante un procedimiento que exige la devolución de la representación a los representantes (disolución de las Cortes), delegación expresa de la soberanía popular de su poder constituyente (nuevas elecciones) y, finalmente, tras su aprobación por una mayoría cualificada, refrendo por sufragio directo y universal entre todos los españoles de la reforma constitucional. Cualquier otra vía ha de ser tachada no sólo de inconstitucional sino de antidemocrática. Porque hurta al pueblo español su soberanía. Insistimos, para cambiar las bases de la convivencia de todos los españoles, por dos veces debe devolverse la representación al pueblo. No hacerlo es sustituir la democracia, en el mejor de los casos, por la partitocracia. La tentación iliberal es constante, la tendencia del poder a extralimitarse, esto es, el riesgo de divorcio entre representantes y representados, constante. El exigente procedimiento de reforma está orientado a asegurar la democracia, la preservar la naturaleza democrática del orden político (un hombre, un voto), exigiendo un procedimiento de democracia directa y no delegada para la modificación de las condiciones básicas del orden político.
De forma clara e inequívoca el “Nou Estatut” es contrario a lo dispuesto en título Preliminar de nuestra Constitución. Lo es también de forma palmaria por lo que se refiere a los derechos y libertades fundamentales. De una forma tan absoluta y sistemática que es imposible acomodarlo a la Constitución. Y aquí está el quid de la cuestión: mediante una mayoría simple, sin tener que disolver las Cortes, sin la consulta en referéndum del pueblo español -en el que reside la soberanía- la Constitución corre el peligro de ser desvirtuada de una forma definitiva en lo que podemos considerar el más brutal “autogolpe” de la historia de una democracia: el poder constituido suplantando al constituyente. Y son los propios representantes del pueblo los que atentan contra la Constitución que posibilita su condición de representantes. La brecha abierta en la Constitución ha de ser reparada inmediatamente con una oportuna reforma. Y los partidos políticos que pretendan seguir siendo democráticos tiene la obligación de plantearla de forma inmediata.
Quiero ser claro. Aquellos de los que se nos previene que utilizarán el no contra Cataluña no se les ocurre otra cosa que decirnos que votemos no... pensando en Cataluña. Son los que han pactado durante ocho años con el gobierno de Pujol: los que han consentido que la ignominia se instale en Cataluña, que no han movido un solo dedo cuando a los ciudadanos de Cataluña se nos imponía una ley , la de Política Lingüística, que derogaba el artículo 3 de la Constitución, el que nos garantizaba a la mayoría de catalanes que no seríamos discriminados por razón de lengua, el que nos garantizaba a todos los españoles, la libertad de lengua.
.Es necesario votar en contra del Estatuto, necesario pero no suficiente. El 19 de junio con toda probabilidad nos despertaremos metamorfoseados: perteneceremos a una nueva nación. Es el regalo que nos traerán los Republicanos Magos. Cataluña será, no ya católica como quería el obispo de Vic, sino kafkiana. Cataluña kafkiana y España colonizada, esto es, plural. Los nacionalistas han aplicado una fórmula mucho más rentable que la independencia. España no se rompe: no se mata a la gallina de los huevos de oro. España no se rompe: se convierte en protectorado de Cataluña. Según la conocida fórmula: lo mío, mío; lo tuyo, de los dos.
Pero no se hagan ilusiones que Uds, no recibirán ni un solo euro del gran negocio. Está escrito: el nuevo Estatuto: el desmantelamiento de la constitución española, más autogobierno para Cataluña, no significa otra cosa que el desmantelamiento de las garantías de libertad de los ciudadanos frente al gobierno. La Cataluña esa que unos diseñan y que otros, en una muestra impagable de estupidez política, piensan no es más que la patente de corso para el saqueo de la libertad y la hacienda de los ciudadanos de toda España. De ahora en adelante, el 3% no sólo de los ciudadanos de Cataluña, sino de toda España. La OPA constitucional.
Pero si Uds. al votar no piensan en Cataluña, sino en sus propios derechos y deberes como ciudadanos, en la igualdad, en la libertad, en la justicia, en la garantía de una vida digna, entonces Uds, están contra Cataluña. Y yo lo digo sin ambages: si los derechos y libertades individuales están por detrás de Cataluña; si debo sacrificar esos derechos y libertades y el valor supremo del ordenamiento jurídico debe ser Cataluña y no la igualdad, la libertad y la justicia como establece la constitución española, entonces, yo estoy contra Cataluña, contra la sustitución de la igualdad, la libertad y la justicia como valores supremos del ordenamiento jurídico por Cataluña, la Cataluña que han patrimonializado la mafia política de los Pujol, los Maragall, los Mas, los Montillas, etc.
¿Que son afirmaciones retóricas? Pasen y vean. Como no se apliquen, como no muestren de forma expresa su adhesión a los principios del movimiento, pueden empezar por delatar a su vecino en la Oficina de Garantías Lingüísticas más próxima porque no rotula su establecimiento en catalán, ya saben lo que les espera:
Permítanme que les lea un fragmento del texto que Jordi Pujol distribuía en enero de 1965 entre sus fieles
“EL EJÉRCITO DE OCUPACIÓN"
Es muy conveniente que las cosas se digan por su nombre. Que los conceptos sean claros. Que se vean las cosas tal como son, y no como el hábito y el camuflaje o el cansancio las hacen ver.
Concretamente, es del todo necesario que 150 o 200 mil hombres que viven en Cataluña sean considerados como lo que son en realidad: como ejército de ocupación.
En Cataluña existe un ejército de ocupación. En Cataluña hay ocupantes. Hay miles y miles de hombres que son ocupantes. Los unos lo son por mor de la función que tienen asignada. Otros por mentalidad.
[...] los hombres del ejército de ocupación se pueden presentar honorablemente como maestros, como obispos, como médicos, como escritores, como funcionarios como porteros o bedeles, como directores de banco o como ingenieros, como Redentoristas o Misioneros del Sagrado Corazón o monjas de un montón de órdenes y ocultar su condición de ocupantes, su mentalidad colonial. Pero nosotros nos tenemos que meternos entre ceja y ceja que además de todo esto, son ocupantes, son coloniales. Y no debemos ser tres o cuatro los que lo veamos: se ha de acuñar y hacer llegar a mucha gente la nueva expresión, la de ejército de ocupación. Se ha de crear un nuevo tipo, el del ocupante. Ha de llegar un momento en el que cuando un hombre de estos ponga de manifiesto a través de cualquier detalle insignificante la antipatía profunda y la malevolencia que siente hacia nosotros, los catalanes hemos de pensar maquinalmente: “Es un ocupante”. Tiene que llegar también el momento en el que estos hombres han de saber que Cataluña los tiene por lo que son.
Esto es importante. Es importante porque un ocupante nunca es un hombre honorable. El término “ocupante” siempre es despreciativo. Y nos será más fácil defendernos de una monja del Sagrado Corazón o de un redentorista, o bien de un alto empleado o de una alto funcionario, o de un maestro de escuela o de un locutor de radio si pensamos que son hombres para los que Cataluña es un país vencido que es preciso vigilar y no descuidarlo más de la cuenta. Es decir, si no olvidamos que todos estos hombres ejercen el oficio poco honorable de ocupantes.
A partir de este momento el ejército de ocupación habrá perdido la mitad de su peligrosidad.”
Esta es la ideología que nos amenaza desde el Nuevo Estatuto. Es necesario votar contra el Estatuto de la exclusión, que pone fin a nuestra condición de ciudadanos . Necesario pero no suficiente. La amenaza que supone el nuevo Estatuto de Cataluña para la ciudadanía exige que multipliquemos nuestros esfuerzos para que los derechos y libertades que ampara la Constitución Española de 1978 no se conviertan en papel mojado “de ahora en adelante”. Nuestra condición de ciudadanos nos exige que impidamos que la traición a la Constitución concebida por políticos que han olvidado su condición de representantes de los ciudadanos se consume. El nuevo Estatuto es un engaño de proporciones gigantescas con el que, en nombre de Cataluña, los que han detentado desde siempre el poder para sus propios intereses pretenden perpetuarse en ese poder y excluir a quienes se opongan a sus pretensiones. Es necesario denunciar ese engaño: el nuevo Estatuto no significa más poder para Cataluña sino más poder para los políticos en Cataluña, menos libertad para los ciudadanos de Cataluña.
Hay que pasar a la acción. Convivencia Cívica Catalana, Universitarios Liberal Demócratas, hemos presentado una Iniciativa Legislativa Popular en defensa de la enseñanza en lengua materna y el bilingüismo escolar. Y hemos iniciado una campaña internacional de denuncia de esa atrocidad que es la inmersión lingüística. Nadie va a sacarnos las castañas del fugo; debemos pasar a la acción. Os anuncio, conoceréis los detalles oportunamente, una inmediata acción contundente en la calle contra la política lingüística del gobierno catalán: os invitamos a participar en esas acciones, a integraros activamente en el movimiento cívico.
Hay respuestas al nacionalsocialismo que nos quieren imponer : yo a partir de ahora me declaro objetor de conciencia: objetor de conciencia nacional. No tengo otra nacionalidad que la española. Uds. saben que el Nuevo Estatuto (Título I) contiene una carta de derechos exclusivos de los catalanes. Diferentes a los del resto de españoles. Así que en Cataluña habrá dos tipos de ciudadanía, con derechos distintos: los nacionales catalanes y los nacionales españoles. O sea: una madrileña en Cataluña no gozará del derecho de los derechos de las mujeres catalanas, un anciano extremeño no gozará de los derechos de las personas mayores catalanas, un gallego en Cataluña no tendrá el derecho a vivir con dignidad el proceso de la muerte: imagínense al moribundo, para morir dignamente, o sea como un catalán, haciendo cola para presentar los impresos, el papeleo, para obtener la nacionalidad catalana. O sea, que en Cataluña no todos los españoles tendrán el mismo estatuto jurídico. Lo que como saben es perfectamente constitucional.
Gracias, no quiero tener más derechos que el resto de españoles. No quiero otros derechos que los que la constitución española, como ciudadano español me reconoce: no quiero tener el derecho de educar a mis hijos en catalán sino en su lengua materna, no quiero tener el derecho de delinquir impunemente, el de que el suicidio o contribuir a la muerte de un semejante sea un derecho, que lo que en el resto de España sea un delito sea en Cataluña un derecho, no quiero el derecho de expoliar al resto de los españoles para que el Sr. Maragall o el Sr. Mas gobiernen. Pero que no se preocupen, no pienso ser un ocupante: me acojo a lo que establece la Constitución española. No debiera haber problema: el Estatuto es perfectamente constitucional, si a los extranjeros se les permite renunciar al derecho civil catalán a voluntad (ar. 14.2 del Estatuto), si gozan de la condición política de catalanes los españoles y sus descendientes residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad administrativa en Cataluña si lo solicitan (art. 7.2 del Estatuto): desde el momento en que entre en vigor el Estatuto pertenezco a la minoría (mayoritaria) nacional española en Cataluña. Simplemente un ciudadano español en Cataluña. No quiero que me regalen una nueva nacionalidad. El Nuevo Estatuto afirma que tienen la condición de catalanes todos los que tiene vecindad administrativa en Cataluña y que Cataluña es una nación. Así que pertenezco, pertenecemos, a la nación catalana. Cuanta generosidad. el regalo de los Republicanos Magos. A mí que el Sr. Mas o el Sr, Maragall me traten como a un extremeño, un madrileño, un gallego, etc, como a un español. Que se enteren: no somos españolista, somos sencillamente, porque así lo reconoce la Constitución española, ciudadanos españoles y no nos van a obligar por decreto a ser súbditos de la nación catalana, no queremos ejercer nuestros derchos políticos según el Estatuto, sino según la constitución española. Escriban al president Maragall, Mas, Zapatero o Sabater: no volem ser súbdits de la nació catalana, som ciutadans espanyols. Somos objetores de conciencia nacional. No estamos dispuestos a renunciar a la libertad que la constitución española de 1978 nos garantiza.
Los nacionalistas vascos deberían pedir la unión con Castilla y olvidarse de Navarra
Bartolome Cuerda
Los nacionalistas vascos piden unir la Comunidad del País Vasco con Navarra, pero si nos tomamos en serio sus argumentos con quien deberían pedir la unión es con Castilla y León.
Dicen que la lengua vascuence vino de Navarra. Pero el idioma castellano es una lengua vasca: nació en Álava y debe sus peculiaridades a haber adoptado la fonética y parte de la sintaxis del vascuence.
Dicen también que los vascones vinieron de Navarra. Pero los castellanos descienden de los vascos que repoblaron aquellas tierras tras liberarlas de la tiranía islámica.
Hablan de afinidades en costumbres. Como el frontón, que no falta en ningún pueblo ni aldea de Castilla al norte del río Tajo.
Recuerdan una fugaz unión con Navarra en tiempos de Sancho el Mayor. Pero los vascos han estado unidos a Castilla muchos siglos: Álava fue el origen de Castilla, Vizcaya se unió voluntariamente y Guipúzcoa lo hizo también muy pronto. ¡Ah, por cierto! La unión con Navarra bajo Sancho el Mayor no supuso la separación de Castilla, pues don Sancho también era rey de Castilla. De hecho, Sancho el Mayor se intitulaba Rex Hispaniarum, Rey de los españoles.
Además, mientras Navarra fue independiente, los vascos y los navarros anduvieron continuamente a la greña. Los vascos pelearon contra los navarros en numerosas guerras, desde los tiempos de Fernán González a los de Fernando el Católico.
La lógica es la lógica. Si se sienten pocos, los nacionalistas vascos deberían pedir unirse a Castilla y León.
Los nacionalistas vascos piden unir la Comunidad del País Vasco con Navarra, pero si nos tomamos en serio sus argumentos con quien deberían pedir la unión es con Castilla y León.
Dicen que la lengua vascuence vino de Navarra. Pero el idioma castellano es una lengua vasca: nació en Álava y debe sus peculiaridades a haber adoptado la fonética y parte de la sintaxis del vascuence.
Dicen también que los vascones vinieron de Navarra. Pero los castellanos descienden de los vascos que repoblaron aquellas tierras tras liberarlas de la tiranía islámica.
Hablan de afinidades en costumbres. Como el frontón, que no falta en ningún pueblo ni aldea de Castilla al norte del río Tajo.
Recuerdan una fugaz unión con Navarra en tiempos de Sancho el Mayor. Pero los vascos han estado unidos a Castilla muchos siglos: Álava fue el origen de Castilla, Vizcaya se unió voluntariamente y Guipúzcoa lo hizo también muy pronto. ¡Ah, por cierto! La unión con Navarra bajo Sancho el Mayor no supuso la separación de Castilla, pues don Sancho también era rey de Castilla. De hecho, Sancho el Mayor se intitulaba Rex Hispaniarum, Rey de los españoles.
Además, mientras Navarra fue independiente, los vascos y los navarros anduvieron continuamente a la greña. Los vascos pelearon contra los navarros en numerosas guerras, desde los tiempos de Fernán González a los de Fernando el Católico.
La lógica es la lógica. Si se sienten pocos, los nacionalistas vascos deberían pedir unirse a Castilla y León.
LA CATALUÑA INMUNE
Jorge Martí
Todavía no se ha aprobado la reforma del Estatuto – si se aprueba – pero los ciudadanos de Cataluña ya podemos considerarnos inmunes e inmunizados, lo que no deja de ser un hecho diferencial importante frente al resto de los españoles.
Primero fue Carod quien, en sus entrevistas con la cúpula de ETA, impartió sus lecciones de Geografía poniendo a los mal nacidos de las pistolas y las bombas ante un mapa, marcándoles los lindes de Cataluña (ahora no recuerdo si de la Cataluña real o de sus ilusorios Países Catalanes), para dejar muy claro que, fuera de dichos lindes podían hacer lo que les pareciera, que, “..ancha es Castilla..” y que, “..todo el monte es orégano..” pero que, dentro, “..no pasarse ni un pelo, salvo que el personaje con quien pasarse les resultara algo así como un díptero testicular demasiado atosigante para los intereses compartidos…”.
No voy a entrar a considerar, porqué me remueve el estómago, ni a Carod ni a sus amigos y correligionarios terroristas etarras pero, leñe, la historia se repite ahora con motivo de los asaltos a los chalets, el retorno de la Guardia Civil a Cataluña y las excelsas manifestaciones de Montserrat Tura, Consejera de Interior de la Generalitat, en el sentido de que, el fin último de las nuevas medidas preventivas, aparte de la autoprotección que debe costearse cada ciudadano, es “… desplazar a este tipo de delincuencia hacia otras zonas…” O sea y para entendernos, otra profesora de Geografía enseñando a los albano-cosobares, rumanos, búlgaros y resto de chusma (es posible que, incluso españoles de Cataluña o de cualquier otro punto), donde deben realizar sus asaltos, expoliaciones, secuestros expres y demás figuras delictivas y donde deben abstenerse de ello.
Que no Montse, que no; que como catalán y desde Cataluña, no quiero esos privilegios a costa de compatriotas de la Sierra de Madrid, de la zona de Levante o de cualquier otro punto de España.
Que no Montse, que no; que tus estudios de Medicina estaban orientados a salvar vidas ejerciendo como médico y no a perdonarlas ejerciendo de nadie sabe que.
Que no Montse, que no; que el Juramento Hipocrático de la clase médica, nada tiene que ver con la Promesa Hipócrita pronunciada cuando tomaste posesión de tu cargo.
Que no Montse, que no; que si el ejercicio de tus funciones como alcaldesa de un pequeño Municipio te venía ancho y podría llenar hojas sobre las quejas de los vecinos de Mollet del Valles, no es de extrañar que, un cargo de mayor enjundia, te provoque el dislate.
Que no Montse, que no…
Todavía no se ha aprobado la reforma del Estatuto – si se aprueba – pero los ciudadanos de Cataluña ya podemos considerarnos inmunes e inmunizados, lo que no deja de ser un hecho diferencial importante frente al resto de los españoles.
Primero fue Carod quien, en sus entrevistas con la cúpula de ETA, impartió sus lecciones de Geografía poniendo a los mal nacidos de las pistolas y las bombas ante un mapa, marcándoles los lindes de Cataluña (ahora no recuerdo si de la Cataluña real o de sus ilusorios Países Catalanes), para dejar muy claro que, fuera de dichos lindes podían hacer lo que les pareciera, que, “..ancha es Castilla..” y que, “..todo el monte es orégano..” pero que, dentro, “..no pasarse ni un pelo, salvo que el personaje con quien pasarse les resultara algo así como un díptero testicular demasiado atosigante para los intereses compartidos…”.
No voy a entrar a considerar, porqué me remueve el estómago, ni a Carod ni a sus amigos y correligionarios terroristas etarras pero, leñe, la historia se repite ahora con motivo de los asaltos a los chalets, el retorno de la Guardia Civil a Cataluña y las excelsas manifestaciones de Montserrat Tura, Consejera de Interior de la Generalitat, en el sentido de que, el fin último de las nuevas medidas preventivas, aparte de la autoprotección que debe costearse cada ciudadano, es “… desplazar a este tipo de delincuencia hacia otras zonas…” O sea y para entendernos, otra profesora de Geografía enseñando a los albano-cosobares, rumanos, búlgaros y resto de chusma (es posible que, incluso españoles de Cataluña o de cualquier otro punto), donde deben realizar sus asaltos, expoliaciones, secuestros expres y demás figuras delictivas y donde deben abstenerse de ello.
Que no Montse, que no; que como catalán y desde Cataluña, no quiero esos privilegios a costa de compatriotas de la Sierra de Madrid, de la zona de Levante o de cualquier otro punto de España.
Que no Montse, que no; que tus estudios de Medicina estaban orientados a salvar vidas ejerciendo como médico y no a perdonarlas ejerciendo de nadie sabe que.
Que no Montse, que no; que el Juramento Hipocrático de la clase médica, nada tiene que ver con la Promesa Hipócrita pronunciada cuando tomaste posesión de tu cargo.
Que no Montse, que no; que si el ejercicio de tus funciones como alcaldesa de un pequeño Municipio te venía ancho y podría llenar hojas sobre las quejas de los vecinos de Mollet del Valles, no es de extrañar que, un cargo de mayor enjundia, te provoque el dislate.
Que no Montse, que no…
viernes, mayo 26, 2006
El Foro de Intereconomia - 26 de Mayo de 2006
Dos de cada tres catalanes no respaldarán el nuevo Estatuto
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Mira quién baila
http://www.tusenado.com/
Nueva pedrada del estadista Zapatero para añadir a su ya voluminoso lapidario político: "La cintura es la esencia de la democracia". ¿Qué tal, eh? La frase, desde luego, debe de tener su miga porque Rodríguez considera que vale como contra-argumento universal, por ejemplo para contrarrestar el aluvión de razones desplegadas por Rajoy a cuenta de la reciente aportación andaluza a la monumental chapuza autonómica del neo-socialismo confederalista. Frase enjundiosa, frase campanuda y que, lo mismo que las misteriosas sentencias de los oráculos, está llamada a suscitar todo tipo de interpretaciones.
Porque, puestos a escoger, Zetapé podía haber escogido cualquier otra parte de la anatomía: por ejemplo, el rostro, y entonces hubiéramos pensado que se estaba refiriendo a nuestro querido Rubalcaba. O los pies, y enseguida nos hubiera venido a la mente la imagen de Fernández de la Vega entregada al hechizo de las danzas africanas. O, por qué no, las manos, y en tal caso la evocación habría correspondido a Montilla, el ministro que mejor sabe ponerlas al modo egipcio para obtener condonaciones de las deudas millonarias de su partido. Claro que también hubiera podido ir un poco más arriba, hasta las muñecas, y ahí hubiera acudido el diligente Alonso con sus esposas para detenciones ilegales "marca Ferraz".
Pero no, Zetapé dijo "cintura", y si lo dijo seguro que fue por algún motivo de peso, porque no es el leonés de Valladolid hombre dado a las improvisaciones y ocurrencias, qué va. ¿Por qué, entonces, la cintura? Tras mucho cavilar, creemos haber dado con la solución del enigma: la clave está en el "twist". Porque para Zapatero las esencias democráticas radican, ni más ni menos, que en el arte de la danza, en bailar girando vertiginosamente alrededor de la verdad, pero sin que ésta nunca te toque.
Ríanse de los esforzados concursantes de "Mira quién baila". Zapatero se basta y se sobra él solito para darles a todos sopas con honda con sus acrobáticas piruetas por los hemiciclos de San Jerónimo y Marina Española. Sin ir más lejos, esta semana pudimos disfrutar en el Senado de un nuevo espectáculo de cintura zapateril, a propósito de la crisis migratoria sufrida por Canarias en los últimos días. En este caso, la triste evidencia que nuestro gran presidente debía esquivar era la de la afluencia masiva de miles de subsaharianos sobre las costas del Archipiélago, y su consiguiente hacinamiento en unos centros temporales cuya capacidad de acogida se ha visto netamente desbordada. ¿Alguien dijo problema? Nada que no pueda solucionarse con una buena sesión de "twist" a lo Zetapé: no hay oleadas masivas de inmigrantes, sino "desplazamiento de flujos", y en los centros de internamiento sobran tantas plazas, que se las van a dar a Trujillo para que las incorpore a la oferta de su fantástica Sociedad Pública de Alquiler, esa que es capaz de arrendar 1.200 pisos en siete meses y con sólo 3.000 funcionarios...
Resulta difícil saber quién gobierna (de verdad) hoy, en España. Sin embargo, cada vez que contemplamos a Zapatero, al menos podemos decir: "Mira quién baila".
Nueva pedrada del estadista Zapatero para añadir a su ya voluminoso lapidario político: "La cintura es la esencia de la democracia". ¿Qué tal, eh? La frase, desde luego, debe de tener su miga porque Rodríguez considera que vale como contra-argumento universal, por ejemplo para contrarrestar el aluvión de razones desplegadas por Rajoy a cuenta de la reciente aportación andaluza a la monumental chapuza autonómica del neo-socialismo confederalista. Frase enjundiosa, frase campanuda y que, lo mismo que las misteriosas sentencias de los oráculos, está llamada a suscitar todo tipo de interpretaciones.
Porque, puestos a escoger, Zetapé podía haber escogido cualquier otra parte de la anatomía: por ejemplo, el rostro, y entonces hubiéramos pensado que se estaba refiriendo a nuestro querido Rubalcaba. O los pies, y enseguida nos hubiera venido a la mente la imagen de Fernández de la Vega entregada al hechizo de las danzas africanas. O, por qué no, las manos, y en tal caso la evocación habría correspondido a Montilla, el ministro que mejor sabe ponerlas al modo egipcio para obtener condonaciones de las deudas millonarias de su partido. Claro que también hubiera podido ir un poco más arriba, hasta las muñecas, y ahí hubiera acudido el diligente Alonso con sus esposas para detenciones ilegales "marca Ferraz".
Pero no, Zetapé dijo "cintura", y si lo dijo seguro que fue por algún motivo de peso, porque no es el leonés de Valladolid hombre dado a las improvisaciones y ocurrencias, qué va. ¿Por qué, entonces, la cintura? Tras mucho cavilar, creemos haber dado con la solución del enigma: la clave está en el "twist". Porque para Zapatero las esencias democráticas radican, ni más ni menos, que en el arte de la danza, en bailar girando vertiginosamente alrededor de la verdad, pero sin que ésta nunca te toque.
Ríanse de los esforzados concursantes de "Mira quién baila". Zapatero se basta y se sobra él solito para darles a todos sopas con honda con sus acrobáticas piruetas por los hemiciclos de San Jerónimo y Marina Española. Sin ir más lejos, esta semana pudimos disfrutar en el Senado de un nuevo espectáculo de cintura zapateril, a propósito de la crisis migratoria sufrida por Canarias en los últimos días. En este caso, la triste evidencia que nuestro gran presidente debía esquivar era la de la afluencia masiva de miles de subsaharianos sobre las costas del Archipiélago, y su consiguiente hacinamiento en unos centros temporales cuya capacidad de acogida se ha visto netamente desbordada. ¿Alguien dijo problema? Nada que no pueda solucionarse con una buena sesión de "twist" a lo Zetapé: no hay oleadas masivas de inmigrantes, sino "desplazamiento de flujos", y en los centros de internamiento sobran tantas plazas, que se las van a dar a Trujillo para que las incorpore a la oferta de su fantástica Sociedad Pública de Alquiler, esa que es capaz de arrendar 1.200 pisos en siete meses y con sólo 3.000 funcionarios...
Resulta difícil saber quién gobierna (de verdad) hoy, en España. Sin embargo, cada vez que contemplamos a Zapatero, al menos podemos decir: "Mira quién baila".
jueves, mayo 25, 2006
El Foro de Intereconomia - 25 de Mayo de 2006
La Junta de Arnaldo Otegi presenta su ‘comisión para negociar’
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miércoles, mayo 24, 2006
El Foro de Intereconomia - 24 de Mayo de 2006
Alcaraz relaciona ‘el proceso de rendición ante ETA’ con el 11-M
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martes, mayo 23, 2006
El Foro de Intereconomia - 23 de Mayo de 2006
Batasuna designa sus representantes para la ‘mesa de partidos’
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Negociar con ETA: El error Zapatero
Por MIKEL BUESA. Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid
prensa@foroermua.com
Por si el discurso no hubiese sido suficiente, vinieron después los hechos. Apenas transcurrida una semana desde la advertencia de que el «alto el fuego» era reversible en función del progreso de ETA en cuanto a sus pretensiones políticas, el terrorismo callejero volvió a hacer acto de presencia para recordarle al presidente del Gobierno que «lo que toca ahora son los hechos». Y éste no ha necesitado sesudos informes de verificación de una realidad inexistente —la de un terrorismo desaparecido— para dar la respuesta esperada: dentro de pocas semanas, en el mes de junio, empezará su diálogo con la banda terrorista con objeto de impulsar un «proceso de paz» cuyo contenido y límites nos son completamente desconocidos, lo que no obsta para que —considerando los pronunciamientos políticos previos de los dirigentes socialistas— podamos presumir que pueden llegar muy lejos, tanto en el terreno de la definición institucional del País Vasco, como en el de la articulación de su gobernabilidad a través de un acuerdo entre socialistas y terroristas revestidos todos ellos con el ropaje de respetables demócratas.
Se ha confirmado así el error Zapatero. Un error que emerge de la traición a los principios que, desde hace muchos años, habían inspirado el combate contra el terrorismo, y a la memoria de los que dejaron su vida en ello. Un error que desoye la voz inspirada de la mayoría de los españoles cuando, escépticos ante los anuncios de ETA, exigen que ésta sea derrotada y que no se le concedan ni privilegios políticos ni perdones injustificados. Un error que, fruto de la aritmética del trapicheo del poder, acepta la hipótesis ingenua de que el «alto el fuego» no tiene otra significación que la del abandono de la violencia por parte de una ETA cuyos dirigentes habrían llegado al convencimiento de que con ella no van a ninguna parte y sólo buscan una salida honrosa que les justifique. Un error que, en definitiva, ha acabado reconociendo en ETA un interlocutor político potencialmente legitimable cuyas pretensiones, en alguna medida no precisada, será necesario atender.
Pero no era ésta la única interpretación posible. Así, desde mi punto de vista considero más plausible la hipótesis de que el «alto el fuego» constituye una retirada temporal cuyo objetivo es restablecer la capacidad combativa de ETA para darle la posibilidad de prolongar su conflicto. Ello, por tres razones. La primera, porque los repliegues estratégicos forman parte del sustrato doctrinal de la conducción de la «lucha armada» por parte de ETA, de acuerdo con un principio general de conservación de su capacidad de acción.
La segunda, porque todas las manifestaciones de esta organización y de su brazo político, en los dos últimos meses, apuntan en esa dirección y no dejan ver ni un atisbo de abandono del terrorismo.
Y la tercera, porque, aún cuando hayan disminuido en intensidad, los actos de violencia no han cesado ni en el ámbito de la intimidación callejera, ni en el de la extorsión a los empresarios, ni en el de las actividades logísticas sobre las que se asienta la capacidad para cometer atentados.
Negociar con ETA en estas circunstancias, lejos de dar lugar a un proceso de efectivo abandono del terrorismo, puede acabar revitalizándolo, a la vez que debilita al Estado. A este respecto, nos encontramos ante un juego de suma cero en el que cualquier ganancia que pueda anotarse la banda terrorista, lo será a costa de una pérdida en las instituciones democráticas. El Estado de Derecho no admite la transgresión violenta de sus valores y normas; y cualquier «excepción» a su cumplimiento acabará debilitándolo. Por ello, con respecto al terrorismo tiene que haber vencedores y vencidos; y por ello también, la única aspiración democrática con respecto a ETA es derrotarla. La cuestión no es, entonces, cómo aprovechar el cese temporal de la violencia para llegar a una solución de compromiso, sino más bien cómo convertir esa situación de hecho en la capitulación de ETA.
Si nos atenemos a la experiencia de los últimos años, creo que la respuesta más acertada a esa cuestión exige una profunda rectificación de la política socialista con respecto a la lucha antiterrorista. Ello requiere revitalizar del pacto que, en su momento, el PSOE suscribió con el PP con el objetivo marcado en la derrota del terrorismo, lo que, a su vez, implicaría la difícil tarea de restaurar las relaciones de confianza entre ambos partidos para poder concertar entre ellos las medidas que hayan de tomarse. Restablecer este «acuerdo por las libertades» supone también recobrar las deterioradas relaciones entre el Gobierno y los agentes sociales que han contribuido a desacreditar las pretensiones de ETA y a consolidar el rechazo social al terrorismo, como son las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo y a las organizaciones cívicas. En un marco así, se pueden definir con rigor las condiciones requeridas para la verificación del «alto el fuego» que, en su momento, anunció el Gobierno, de manera que pueda acreditarse que ETA ha abandonado todo tipo de violencia y todo tipo de operaciones logísticas orientadas a su fortalecimiento. Además, debe exigirse a esta organización una declaración formal de abandono incondicional del terrorismo, antes de emprender cualquier tipo de conversación conducente a cerrar definitivamente su ciclo de violencia.
En tanto llega ese momento, la política gubernamental debería dar por cerrada toda permisividad con respecto a la actuación política de ETA a través de Batasuna. Ello implica un esfuerzo en el empleo de los medios policiales y judiciales para hacer efectiva la ilegalización de este partido y, por lo tanto, para impedir que, como ha señalado con total precisión Arnaldo Otegi, «se reitere en el delito». Además, la situación de Batasuna y la eventual posibilidad de su concurrencia a los procesos electorales, de ninguna manera puede ser el primer elemento a abordar por el Gobierno. Más específicamente, a la vista de la experiencia pasada, en la que Batasuna, gracias a su participación institucional, se convirtió en un pilar central de la financiación de las actividades terroristas y de la proyección política de ETA, sería un error avanzar en su legalización antes de que, de forma definitiva, ésta se haya disuelto.
Si a la postre se inician conversaciones con ETA, el Gobierno deberá ajustarse a unos márgenes muy estrechos en la negociación. Ésta, para ser aceptable, en ningún caso podrá extenderse sobre un eventual cambio del marco institucional delimitado por la Constitución y, por tanto, de la organización política del País Vasco. Y, a su vez, habrá de tener muy presentes las aspiraciones de justicia de las víctimas del terrorismo, por lo que no cabe la aplicación de medidas de gracia a los etarras que cuenten con responsabilidades penales. Sólo en estas condiciones, el final del terrorismo acabará fortaleciendo a la sociedad española. Pero si Zapatero persiste en su error, entonces es posible que el proceso se salde con un deterioro de la democracia cuyas consecuencias son, hoy por hoy, imprevisibles.
prensa@foroermua.com
Por si el discurso no hubiese sido suficiente, vinieron después los hechos. Apenas transcurrida una semana desde la advertencia de que el «alto el fuego» era reversible en función del progreso de ETA en cuanto a sus pretensiones políticas, el terrorismo callejero volvió a hacer acto de presencia para recordarle al presidente del Gobierno que «lo que toca ahora son los hechos». Y éste no ha necesitado sesudos informes de verificación de una realidad inexistente —la de un terrorismo desaparecido— para dar la respuesta esperada: dentro de pocas semanas, en el mes de junio, empezará su diálogo con la banda terrorista con objeto de impulsar un «proceso de paz» cuyo contenido y límites nos son completamente desconocidos, lo que no obsta para que —considerando los pronunciamientos políticos previos de los dirigentes socialistas— podamos presumir que pueden llegar muy lejos, tanto en el terreno de la definición institucional del País Vasco, como en el de la articulación de su gobernabilidad a través de un acuerdo entre socialistas y terroristas revestidos todos ellos con el ropaje de respetables demócratas.
Se ha confirmado así el error Zapatero. Un error que emerge de la traición a los principios que, desde hace muchos años, habían inspirado el combate contra el terrorismo, y a la memoria de los que dejaron su vida en ello. Un error que desoye la voz inspirada de la mayoría de los españoles cuando, escépticos ante los anuncios de ETA, exigen que ésta sea derrotada y que no se le concedan ni privilegios políticos ni perdones injustificados. Un error que, fruto de la aritmética del trapicheo del poder, acepta la hipótesis ingenua de que el «alto el fuego» no tiene otra significación que la del abandono de la violencia por parte de una ETA cuyos dirigentes habrían llegado al convencimiento de que con ella no van a ninguna parte y sólo buscan una salida honrosa que les justifique. Un error que, en definitiva, ha acabado reconociendo en ETA un interlocutor político potencialmente legitimable cuyas pretensiones, en alguna medida no precisada, será necesario atender.
Pero no era ésta la única interpretación posible. Así, desde mi punto de vista considero más plausible la hipótesis de que el «alto el fuego» constituye una retirada temporal cuyo objetivo es restablecer la capacidad combativa de ETA para darle la posibilidad de prolongar su conflicto. Ello, por tres razones. La primera, porque los repliegues estratégicos forman parte del sustrato doctrinal de la conducción de la «lucha armada» por parte de ETA, de acuerdo con un principio general de conservación de su capacidad de acción.
La segunda, porque todas las manifestaciones de esta organización y de su brazo político, en los dos últimos meses, apuntan en esa dirección y no dejan ver ni un atisbo de abandono del terrorismo.
Y la tercera, porque, aún cuando hayan disminuido en intensidad, los actos de violencia no han cesado ni en el ámbito de la intimidación callejera, ni en el de la extorsión a los empresarios, ni en el de las actividades logísticas sobre las que se asienta la capacidad para cometer atentados.
Negociar con ETA en estas circunstancias, lejos de dar lugar a un proceso de efectivo abandono del terrorismo, puede acabar revitalizándolo, a la vez que debilita al Estado. A este respecto, nos encontramos ante un juego de suma cero en el que cualquier ganancia que pueda anotarse la banda terrorista, lo será a costa de una pérdida en las instituciones democráticas. El Estado de Derecho no admite la transgresión violenta de sus valores y normas; y cualquier «excepción» a su cumplimiento acabará debilitándolo. Por ello, con respecto al terrorismo tiene que haber vencedores y vencidos; y por ello también, la única aspiración democrática con respecto a ETA es derrotarla. La cuestión no es, entonces, cómo aprovechar el cese temporal de la violencia para llegar a una solución de compromiso, sino más bien cómo convertir esa situación de hecho en la capitulación de ETA.
Si nos atenemos a la experiencia de los últimos años, creo que la respuesta más acertada a esa cuestión exige una profunda rectificación de la política socialista con respecto a la lucha antiterrorista. Ello requiere revitalizar del pacto que, en su momento, el PSOE suscribió con el PP con el objetivo marcado en la derrota del terrorismo, lo que, a su vez, implicaría la difícil tarea de restaurar las relaciones de confianza entre ambos partidos para poder concertar entre ellos las medidas que hayan de tomarse. Restablecer este «acuerdo por las libertades» supone también recobrar las deterioradas relaciones entre el Gobierno y los agentes sociales que han contribuido a desacreditar las pretensiones de ETA y a consolidar el rechazo social al terrorismo, como son las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo y a las organizaciones cívicas. En un marco así, se pueden definir con rigor las condiciones requeridas para la verificación del «alto el fuego» que, en su momento, anunció el Gobierno, de manera que pueda acreditarse que ETA ha abandonado todo tipo de violencia y todo tipo de operaciones logísticas orientadas a su fortalecimiento. Además, debe exigirse a esta organización una declaración formal de abandono incondicional del terrorismo, antes de emprender cualquier tipo de conversación conducente a cerrar definitivamente su ciclo de violencia.
En tanto llega ese momento, la política gubernamental debería dar por cerrada toda permisividad con respecto a la actuación política de ETA a través de Batasuna. Ello implica un esfuerzo en el empleo de los medios policiales y judiciales para hacer efectiva la ilegalización de este partido y, por lo tanto, para impedir que, como ha señalado con total precisión Arnaldo Otegi, «se reitere en el delito». Además, la situación de Batasuna y la eventual posibilidad de su concurrencia a los procesos electorales, de ninguna manera puede ser el primer elemento a abordar por el Gobierno. Más específicamente, a la vista de la experiencia pasada, en la que Batasuna, gracias a su participación institucional, se convirtió en un pilar central de la financiación de las actividades terroristas y de la proyección política de ETA, sería un error avanzar en su legalización antes de que, de forma definitiva, ésta se haya disuelto.
Si a la postre se inician conversaciones con ETA, el Gobierno deberá ajustarse a unos márgenes muy estrechos en la negociación. Ésta, para ser aceptable, en ningún caso podrá extenderse sobre un eventual cambio del marco institucional delimitado por la Constitución y, por tanto, de la organización política del País Vasco. Y, a su vez, habrá de tener muy presentes las aspiraciones de justicia de las víctimas del terrorismo, por lo que no cabe la aplicación de medidas de gracia a los etarras que cuenten con responsabilidades penales. Sólo en estas condiciones, el final del terrorismo acabará fortaleciendo a la sociedad española. Pero si Zapatero persiste en su error, entonces es posible que el proceso se salde con un deterioro de la democracia cuyas consecuencias son, hoy por hoy, imprevisibles.
lunes, mayo 22, 2006
El Foro de Intereconomia - 22 de Mayo de 2006
Zapatero anuncia la negociación con la banda terrorista ETA para junio
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¿CATALAN O MONTENEGRINO?
Jorge Martí
(Barcelona)
Oyendo a Carod ayer y leyendo a Ibarreche hoy, podría decir que:
No sé si soy catalán o montenegrino; no sé si el estado que me oprime y coarta mi libertad es España o Serbia.
Afortunadamente, hechos demasiado reales y punzantes, me dan inmediata respuesta porqué:
Si sé que a una Asociación Universitaria con representación claustral – ULD, Universitarios Liberal Demócratas – las hordas “nazionalistas” de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, les han destrozado sus despachos, sus ordenadores, sus archivos y todo su material.
Si sé que estos chavales – chavales con todo lo de cariño y respeto que pueda tener el vocablo y tan solo por la diferencia generacional – han elaborado una nota de prensa de la que, salvo error por mi parte, ningún medio escrito o audiovisual catalán se ha hecho eco.
Si sé que ni, las Autoridades Universitarias ni las Instituciones Catalanas, han tenido la menor delicadeza en reprobar tan salvaje atentado.
Y, finalmente, si sé que la ULD, junto con Convivencia Cívica Catalana, está comprometida en una Iniciativa Legislativa Popular en defensa de la lengua materna en la enseñanza; infame sacrilegio contra la sacrosanta política de inmersión lingüística del gobierno catalán que, sin duda, les ha hecho merecedores de tal ataque.
Así pues, olvidándome de Carod, de Ibarreche y gurús similares, tengo muy claro que soy catalán pero no por ello menos español; que me importa un soberano pimiento lo que votarán los montenegrinos pero tengo muy claro que yo votaré no en el referéndum y que, quien verdaderamente me oprime y conculca mi libertad, es esa endogamia “nazional”.catalanista que nos invade.
No sé si mi no al referéndum será pedagógico y políticamente correcto pero, entre otras cosas, ya va siendo hora de que alguien se ponga las pilas……
(Barcelona)
Oyendo a Carod ayer y leyendo a Ibarreche hoy, podría decir que:
No sé si soy catalán o montenegrino; no sé si el estado que me oprime y coarta mi libertad es España o Serbia.
Afortunadamente, hechos demasiado reales y punzantes, me dan inmediata respuesta porqué:
Si sé que a una Asociación Universitaria con representación claustral – ULD, Universitarios Liberal Demócratas – las hordas “nazionalistas” de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, les han destrozado sus despachos, sus ordenadores, sus archivos y todo su material.
Si sé que estos chavales – chavales con todo lo de cariño y respeto que pueda tener el vocablo y tan solo por la diferencia generacional – han elaborado una nota de prensa de la que, salvo error por mi parte, ningún medio escrito o audiovisual catalán se ha hecho eco.
Si sé que ni, las Autoridades Universitarias ni las Instituciones Catalanas, han tenido la menor delicadeza en reprobar tan salvaje atentado.
Y, finalmente, si sé que la ULD, junto con Convivencia Cívica Catalana, está comprometida en una Iniciativa Legislativa Popular en defensa de la lengua materna en la enseñanza; infame sacrilegio contra la sacrosanta política de inmersión lingüística del gobierno catalán que, sin duda, les ha hecho merecedores de tal ataque.
Así pues, olvidándome de Carod, de Ibarreche y gurús similares, tengo muy claro que soy catalán pero no por ello menos español; que me importa un soberano pimiento lo que votarán los montenegrinos pero tengo muy claro que yo votaré no en el referéndum y que, quien verdaderamente me oprime y conculca mi libertad, es esa endogamia “nazional”.catalanista que nos invade.
No sé si mi no al referéndum será pedagógico y políticamente correcto pero, entre otras cosas, ya va siendo hora de que alguien se ponga las pilas……
La batalla de la libertad
Por Ignacio Cosidó
La batalla ideológica más trascendente que se vive hoy en España no es ya la tradicional confrontación entre izquierda y derecha, sino que se produce entre liberales y nacionalistas. Se trata de una dura pugna entre quiénes situamos la libertad como el valor más trascendente de nuestro proyecto político y quiénes consideran la recreación de una nación mítica como única idea de su discurso. Es una lucha entre quiénes situamos los derechos individuales por encima de cualquier derecho colectivo y quienes sitúan los territorios o los derechos históricos por encima de las personas. La novedad triste en este momento histórico es que la izquierda española, derrotada ideológicamente por el liberalismo en todos los frentes, ha claudicado de la causa de la libertad y de la propia idea de España para unirse a la ofensiva nacionalista, como única vía para alcanzar el poder y destruir al PP.
La España constitucional representa hoy para una mayoría de ciudadanos un sinónimo de libertad. España es la realidad política que garantiza nuestra libertad y nuestros derechos individuales frente a la triple amenaza que atenaza actualmente nuestra democracia: el totalitarismo islamista que tratan de imponer en todo el mundo el terrorismo yihadí; la dictadura nacionalista que intentan instaurar internamente los secesionistas en algunos territorios; y, como mal menor, el autoritarismo burocrático al que algunos aspiran desde Bruselas.
Sólo un Estado democrático fuerte, en una alianza fuerte con el resto de naciones democráticas que compartan los mismos valores fundamentales, las mismas amenazas y la misma determinación para derrotar a los enemigos de la sociedad abierta, puede ser capaz de defender la libertad frente a la amenaza totalitaria que hoy supone el islamismo radical para todo el mundo occidental.
Necesitamos un Estado que defienda con determinación y eficacia nuestras sociedades frente a los ataques criminales de los terroristas. Es más, necesitamos un Estado fuerte capaz de llevar la democracia a aquellos pueblos oprimidos donde germina la ideología del odio y la violencia que sustenta a los terroristas. ¿Qué otra entidad política puede garantizar hoy nuestra seguridad? ¿Unas Naciones Unidas paralizadas por las divergencias de las grandes potencias y que carece de cualquier capacidad coercitiva? ¿Una Unión Europea incapaz de generar una verdadera política de seguridad común y aún menos una defensa común? La respuesta es que solo una alianza de estados fuertes puede ser hoy capaz de defender nuestra libertad. Y España, a la que los terroristas han situado por desgracia en el frente central de su ofensiva, debe ser sin duda uno de sus más firmes aliados.
En el interior de España tenemos también que hacer frente a la amenaza de la dictadura nacionalista. Una dictadura que ETA ha tratado de imponer durante cuarenta años a través del uso del terror y que ahora exige instaurar como condición para dejar de matar. Nada sería más letal para el futuro de nuestra democracia que claudicar ante las exigencias de los terroristas, que permitir que la violencia derrote la voluntad libre de los ciudadanos, que sacrificáramos la libertad en aras de alcanzar la paz.
En Cataluña, una clase política irresponsable cuyo único objetivo es disputarse el poder absoluto trata ahora de imponer una especie de “dictablanda” ante la asombrosa pasividad de su sociedad civil. El proyecto de nuevo Estatuto catalán es una amenaza para la democracia porque con su nacionalismo obligatorio, su exclusión lingüística y un intervencionismo exacerbado, sacrifican la libertad individual en el altar de la construcción nacional.
Nuevamente sólo desde la idea de una nación de ciudadanos libres se podrá derrotar una ofensiva nacionalista cuya primera y trascendental batalla política se libra actualmente en el País Vasco y en Cataluña. Es urgente generar una gran mayoría entre todos aquellos ciudadanos que se identifican con España desde cualquier posición ideológica y de todos aquellos que creen en la libertad desde cualquier posición política para derrotar conjuntamente a la coalición del nacionalismo excluyente y la izquierda radical que hoy lidera Rodriguez Zapatero y que se propone desmembrar nuestra Nación para claudicar después ante los enemigos de la libertad, sin saber muy bien el orden.
La batalla ideológica más trascendente que se vive hoy en España no es ya la tradicional confrontación entre izquierda y derecha, sino que se produce entre liberales y nacionalistas. Se trata de una dura pugna entre quiénes situamos la libertad como el valor más trascendente de nuestro proyecto político y quiénes consideran la recreación de una nación mítica como única idea de su discurso. Es una lucha entre quiénes situamos los derechos individuales por encima de cualquier derecho colectivo y quienes sitúan los territorios o los derechos históricos por encima de las personas. La novedad triste en este momento histórico es que la izquierda española, derrotada ideológicamente por el liberalismo en todos los frentes, ha claudicado de la causa de la libertad y de la propia idea de España para unirse a la ofensiva nacionalista, como única vía para alcanzar el poder y destruir al PP.
La España constitucional representa hoy para una mayoría de ciudadanos un sinónimo de libertad. España es la realidad política que garantiza nuestra libertad y nuestros derechos individuales frente a la triple amenaza que atenaza actualmente nuestra democracia: el totalitarismo islamista que tratan de imponer en todo el mundo el terrorismo yihadí; la dictadura nacionalista que intentan instaurar internamente los secesionistas en algunos territorios; y, como mal menor, el autoritarismo burocrático al que algunos aspiran desde Bruselas.
Sólo un Estado democrático fuerte, en una alianza fuerte con el resto de naciones democráticas que compartan los mismos valores fundamentales, las mismas amenazas y la misma determinación para derrotar a los enemigos de la sociedad abierta, puede ser capaz de defender la libertad frente a la amenaza totalitaria que hoy supone el islamismo radical para todo el mundo occidental.
Necesitamos un Estado que defienda con determinación y eficacia nuestras sociedades frente a los ataques criminales de los terroristas. Es más, necesitamos un Estado fuerte capaz de llevar la democracia a aquellos pueblos oprimidos donde germina la ideología del odio y la violencia que sustenta a los terroristas. ¿Qué otra entidad política puede garantizar hoy nuestra seguridad? ¿Unas Naciones Unidas paralizadas por las divergencias de las grandes potencias y que carece de cualquier capacidad coercitiva? ¿Una Unión Europea incapaz de generar una verdadera política de seguridad común y aún menos una defensa común? La respuesta es que solo una alianza de estados fuertes puede ser hoy capaz de defender nuestra libertad. Y España, a la que los terroristas han situado por desgracia en el frente central de su ofensiva, debe ser sin duda uno de sus más firmes aliados.
En el interior de España tenemos también que hacer frente a la amenaza de la dictadura nacionalista. Una dictadura que ETA ha tratado de imponer durante cuarenta años a través del uso del terror y que ahora exige instaurar como condición para dejar de matar. Nada sería más letal para el futuro de nuestra democracia que claudicar ante las exigencias de los terroristas, que permitir que la violencia derrote la voluntad libre de los ciudadanos, que sacrificáramos la libertad en aras de alcanzar la paz.
En Cataluña, una clase política irresponsable cuyo único objetivo es disputarse el poder absoluto trata ahora de imponer una especie de “dictablanda” ante la asombrosa pasividad de su sociedad civil. El proyecto de nuevo Estatuto catalán es una amenaza para la democracia porque con su nacionalismo obligatorio, su exclusión lingüística y un intervencionismo exacerbado, sacrifican la libertad individual en el altar de la construcción nacional.
Nuevamente sólo desde la idea de una nación de ciudadanos libres se podrá derrotar una ofensiva nacionalista cuya primera y trascendental batalla política se libra actualmente en el País Vasco y en Cataluña. Es urgente generar una gran mayoría entre todos aquellos ciudadanos que se identifican con España desde cualquier posición ideológica y de todos aquellos que creen en la libertad desde cualquier posición política para derrotar conjuntamente a la coalición del nacionalismo excluyente y la izquierda radical que hoy lidera Rodriguez Zapatero y que se propone desmembrar nuestra Nación para claudicar después ante los enemigos de la libertad, sin saber muy bien el orden.
Se judicializa la política española: Zaplana irá “hasta el final” en su denuncia
http://www.hispanidad.com
Zaplana señalaba en la COPE que cree que “la labor en un sistema democrático en la oposición es criticar al Gobierno y censurarle” y ha anunciado que va a seguir haciendo “una oposición valiente y sincera, y en el tema judicial voy a seguir adelante con todas mis fuerzas, yo creo que la reacción fue inmediata”.
Sobre el caso que se ha montado contra él, esas presuntas comisiones que dicen que ha cobrado, Zaplana explicaba que “la cosa estaba bien orquestada, el lunes era fiesta en Madrid, y lo que buscaban es que no se acuda a los tribunales y sembrar que algo queda. Pero esas grabaciones, según el texto de la propia denuncia, son del mes de febrero, ¿por qué esperar tanto a denunciar? Estoy seguro que eso se hizo con autorización de Ferraz y de Moncloa. Creo que lo menos que puede hacer el PSOE es explicarlo, exijo una explicación y una explicación contundente”. Además, ha negado la tardanza de su líder en defenderle y ha destacado que Rajoy le defendió “en la primera ocasión que tuvo”.
“Yo lo aguanto con gran entereza porque cuando uno está absolutamente convencido de que no ha hecho nada malo, en este caso tengo la conciencia muy tranquila. Estamos en un proceso sectario, que surge de un pacto sectario, que tiene como objetivo dejar al PP fuera de la escena política, creo que es un gravísimo error del PSOE, que cualquier fin no justifica los medios y esto hay que combatirlo con la denuncia clara”, ha explicado Zaplana. Y se ha mostrado también optimista sobre las posibilidades de su partido: “el CIS dice que estamos a una diferencia muy exigua del PSOE y con un horizonte electoral muy abierto”.
Zaplana señalaba en la COPE que cree que “la labor en un sistema democrático en la oposición es criticar al Gobierno y censurarle” y ha anunciado que va a seguir haciendo “una oposición valiente y sincera, y en el tema judicial voy a seguir adelante con todas mis fuerzas, yo creo que la reacción fue inmediata”.
Sobre el caso que se ha montado contra él, esas presuntas comisiones que dicen que ha cobrado, Zaplana explicaba que “la cosa estaba bien orquestada, el lunes era fiesta en Madrid, y lo que buscaban es que no se acuda a los tribunales y sembrar que algo queda. Pero esas grabaciones, según el texto de la propia denuncia, son del mes de febrero, ¿por qué esperar tanto a denunciar? Estoy seguro que eso se hizo con autorización de Ferraz y de Moncloa. Creo que lo menos que puede hacer el PSOE es explicarlo, exijo una explicación y una explicación contundente”. Además, ha negado la tardanza de su líder en defenderle y ha destacado que Rajoy le defendió “en la primera ocasión que tuvo”.
“Yo lo aguanto con gran entereza porque cuando uno está absolutamente convencido de que no ha hecho nada malo, en este caso tengo la conciencia muy tranquila. Estamos en un proceso sectario, que surge de un pacto sectario, que tiene como objetivo dejar al PP fuera de la escena política, creo que es un gravísimo error del PSOE, que cualquier fin no justifica los medios y esto hay que combatirlo con la denuncia clara”, ha explicado Zaplana. Y se ha mostrado también optimista sobre las posibilidades de su partido: “el CIS dice que estamos a una diferencia muy exigua del PSOE y con un horizonte electoral muy abierto”.
sábado, mayo 20, 2006
AZNAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE AEI Y FAES (discurso íntegro)
Queridos amigos,
Estoy verdaderamente contento de estar hoy aquí, sentado junto a Chris deMuth, quien, dicho sea de paso, nos visita por segunda vez en menos de un año, en un acto conjunto entre el American Enterprise Institute y FAES. Y estoy contento porque lo que estamos haciendo ahora, aquí, es la parte pública de una reflexión que expertos de ambas instituciones vienen desarrollando a puerta cerrada durante el día de ayer y todo el día de hoy. Este es el primer encuentro anual entre el AEI y FAES, producto de un acuerdo al que llegamos ya hace tiempo y que ahora hemos podido materializarlo. Muchas gracias desde aquí a todos quienes han hecho posible este primer encuentro.
Pero estoy más contento si cabe por ser el interlocutor de FAES en esta ocasión el AEI, un instituto de pensamiento no sólo influyente –y mucho- en los Estados Unidos sino con una repercusión en el pensamiento liberal-conservador de todo el mundo.
Permítanme que les diga algo más. Estoy contento por lo siguiente: es probable que ustedes hayan oído hablar de Ayaan Hirsi Ali, la diputada holandesa amenazada de muerte por islamista fanáticos por haber escrito el guión de Sumisión, una película que aborda la opresión de las mujeres bajo el Islam. Es posible que recuerden mejor el nombre del director del film, Theo Van Gogh, asesinado a finales de 2004 a manos de un terrorista islámico.
Pues bien, Ayaan Hirsi Ali acaba de ser conminada a abandonar su hogar porque un juez holandés ha entendido más conveniente garantizar la seguridad de sus vecinos, temerosos de convivir con una víctima del terror. El miedo a sufrir daños colaterales en un atentado contra Hirsi Ali acaba con ésta en el exilio. Es una triste historia que deja a Europa en muy mal lugar. Afortunadamente para Hirsi Ali, ha habido una institución, americana para más señas, que se ha prestado a acogerla. Esa institución, me complace decirlo, no es ni más ni menos que el AEI. Aprovecho la ocasión para agradecer a su presidente, Chris DeMuth la lección que eso debe enseñarnos a muchos en este lado del Atlántico. Norteamérica ha venido a Europa dos veces en el último siglo para salvarnos de nuestros propios demonios. De verdad confío en que nos ayude una vez más a superar los retos a los que todos, nos guste o no, nos enfrentamos.
Queridos amigos,
Yo soy un atlantista convencido. No es ningún secreto a estas alturas. Y lo soy porque soy español y a la vez un firme partidario y creyente en una Europa fuerte. Mi propia Historia, la Historia de mi nación, al igual que la de Europa, no puede explicarse si no se tiene presente la dimensión atlántica. Lo atlántico, las Américas, han dejado una huella indeleble en lo que somos.
Pero soy atlantista no sólo por razones históricas. Compartimos los mismos principios de libertad y democracia, de respeto al libre mercado y a la dignidad de las personas. Después de muchas décadas de aislamiento y marginalidad, España y Estados Unidos estaban en la misma onda.
Mientras fui presidente del Gobierno trabajé duro para que España y Norteamérica se convirtieran en unos aliados especiales. Trabajé por ello con un presidente demócrata, como Bill Clinton, y con uno republicano, como George W. Bush.
Y déjenme que lo diga con claridad, en esos años de gobierno siempre sentí la amistad, la cercanía y el apoyo de Norteamérica. No puedo hablar por otras personas y mucho menos por el gobierno –o desgobierno- actual. Pero mi experiencia personal es que nuestros amigos americanos siempre respondieron a nuestras llamadas con generosidad y coraje. En situaciones buenas y en las más delicadas.
Eso explica en parte mi empeño en que ambos países se beneficiaran mutuamente de nuestra relación bilateral y de lo que juntos podíamos hacer en el mundo.
Soy atlantista porque creo que España, y en verdad toda Europa, y con ambas nuestras libertades, nuestra prosperidad y nuestras democracias, están mejor protegidas, cuando las relaciones con los Estados Unidos de América son sinceras y de futuro, no cuando sólo se busca la fricción y el enfrentamiento;
Soy atlantista porque España y los Estados Unidos comparten un enemigo común, el terrorismo, y un objetivo común, prevalecer sobre el terror. Y el terrorismo puede ser derrotado de manera más rápida si se trabaja juntos. Nuestra relación especial fue una mala noticia para los terroristas, los de aquí y los de todas partes, pero fue una excelente noticia para todos quienes aspiran a vivir en libertad, aquí, en el País Vasco o en Nueva York.
Soy atlantista porque a pesar de que la Historia de nuestras dos naciones es diferente, compartimos muchos intereses. En Iberoamérica, nuestra preocupación compartida es la libertad, el fortalecimiento institucional y el imperio de la Ley. Y en mis ocho años de gobierno, tomamos muchas iniciativas juntos para enraizar la democracia en el continente.
Soy atlantista porque creo que nuestra alianza sirve para crear oportunidades económicas y empleo que beneficie a nuestras empresas y a nuestros trabajadores igualmente.
Soy atlantista porque estoy firmemente convencido de que cuando Europa y Estados Unidos van de la mano, el resultado es un mundo mejor. Lo contrario, cuando ambas orillas del Atlántico marchan por caminos separados, la Historia nos enseña que las cosas no van particularmente bien.
Soy atlantista porque creo en el futuro basado en la expansión de la libertad, la democracia y el respeto a la dignidad del ser humano.
Soy atlantista porque quiero lo mejor para España y porque ahí está lo que convenía y conviene verdaderamente a nuestros intereses nacionales.
Por todo eso, como digo, trabajé porque la relación entre España y América fuera algo especial. Desde mi posición actual debo decir que me parece que los resultados merecieron la pena. En abril de 2004 las relaciones bilaterales eran excelentes y prometedoras. España influía en el mundo, y las empresas y los emprendedores españoles tenían oportunidades extraordinarias en los Estados Unidos y en otros países, empezando por los países europeos. Y todo ello, a pesar de que la relación atlántica en general sufría fuertes tensiones en Europa. El gobierno actual tendrá que explicar en algún momento por qué ha alimentado esas tensiones en lugar de rebajarlas y por qué ha puesto los prejuicios y las consignas por delante de los intereses nacionales.
Yo siempre llevé la contraria a quienes pretendían aumentar la distancia entre ambos lados del Atlántico y no puedo entender a quienes, con la responsabilidad de dirigir una nación europea y occidental, como es la nuestra, se empeñan en ahondar las diferencias.
Queridos amigos,
La agenda atlántica es muy compleja y se enfrenta a numerosos problemas. Desde la estabilización de Irak, a la proliferación nuclear, pasando por la defensa frente al populismo y el indigenismo que asola a Iberoamérica. Por no mencionar el terrorismo islamista o la pobreza. Pero la búsqueda de una solución a cada uno de esos problemas puede aliviarse si se persigue con un espíritu constructivo o puede volverse imposible si todo se entiende en términos de rivalidad.
Nadie cuenta con una solución mágica para los problemas del mundo; pero algunos tienen la capacidad de volver las cosas mucho peor, incluyendo la relación entre Estados Unidos y Europa, entre Estados Unidos y España. A veces el poder del gobierno estriba en el poder de sus malas ideas.
Yo estoy con quienes intentan fortalecer el vínculo atlántico y creo que se equivocan –y mucho- quienes día tras día hacen lo posible por socavarlo;
Yo estoy con aquellos que aspiran a una Europa fuerte, a una Europa Atlántica. Y creo que los que buscan una Europa contrapeso a los Estados Unidos, se equivocan;
Yo estoy con quienes creen que los valores occidentales tienen validez universal y que cualquiera puede disfrutarlos. Y me parece que quienes no tienen valores y muestran actitudes derrotistas, están equivocados;
Yo estoy con quienes luchan activamente para derrotar al terrorismo, ayudando a sus aliados, mostrando solidaridad cuando es necesario. Y creo que quienes buscan el apaciguamiento, el acomodo o la retirada de esta lucha, se equivocan y peligrosamente.
Queridos amigos,
Una de las cosas más extraordinarias durante mis ocho años al frente del gobierno fue sentir la irrupción de una nueva ambición nacional en España, así como un nuevo sentimiento acerca del papel que nuestro país podía jugar en la arena internacional. Tras años de consumirnos mirando hacia dentro, ser capaz de estar y contar entre las democracias más importantes del planeta, era una enorme oportunidad histórica.
En estos años España llegó a su cita con la Historia. A la hora correcta, en el lugar correcto y con los debidos amigos, asumiendo sus responsabilidades. Orgullosa como nación libre de extraños complejos.
Ahora la situación es distinta. Peor, en mi opinión. En Europa hemos perdido poder, dinero e influencia. En los Estados Unidos se nos ve como un país voluntariamente aislado. En Iberoamérica se nos ha colocado del lado del populismo antiliberal. En estos días, en los que se expropia no a las empresas, sino a sus accionistas –a las familias que han puesto sus ahorros en esas compañías- es cuando se notan más las consecuencias de una mala política exterior, y se nota más que España se ha quedado sin aliados dispuestos a ayudarle, ni en Europa ni en América.
Cuando los dirigentes de un país dedican sus energías a debilitar internamente la nación no se puede cosechar sino disgregación dentro y fracasos fuera.
Con todo, yo soy optimista. España es una nación fuerte y de una vitalidad sorprendente. A mi me gustaría ver a mi país caminando en la buena dirección. Y aunque yo ya no estoy en la política activa, sí lo estoy plenamente en el campo de las ideas. Y desde esta posición haré cuanto esté en mi mano para que España vuelva a ser un país respetado y con prestigio, y se beneficie de una relación especial con los Estados Unidos y todas aquellas democracias que están en la lucha para derrotar al terror y difundir la libertad y la democracia.
Muchas gracias
Estoy verdaderamente contento de estar hoy aquí, sentado junto a Chris deMuth, quien, dicho sea de paso, nos visita por segunda vez en menos de un año, en un acto conjunto entre el American Enterprise Institute y FAES. Y estoy contento porque lo que estamos haciendo ahora, aquí, es la parte pública de una reflexión que expertos de ambas instituciones vienen desarrollando a puerta cerrada durante el día de ayer y todo el día de hoy. Este es el primer encuentro anual entre el AEI y FAES, producto de un acuerdo al que llegamos ya hace tiempo y que ahora hemos podido materializarlo. Muchas gracias desde aquí a todos quienes han hecho posible este primer encuentro.
Pero estoy más contento si cabe por ser el interlocutor de FAES en esta ocasión el AEI, un instituto de pensamiento no sólo influyente –y mucho- en los Estados Unidos sino con una repercusión en el pensamiento liberal-conservador de todo el mundo.
Permítanme que les diga algo más. Estoy contento por lo siguiente: es probable que ustedes hayan oído hablar de Ayaan Hirsi Ali, la diputada holandesa amenazada de muerte por islamista fanáticos por haber escrito el guión de Sumisión, una película que aborda la opresión de las mujeres bajo el Islam. Es posible que recuerden mejor el nombre del director del film, Theo Van Gogh, asesinado a finales de 2004 a manos de un terrorista islámico.
Pues bien, Ayaan Hirsi Ali acaba de ser conminada a abandonar su hogar porque un juez holandés ha entendido más conveniente garantizar la seguridad de sus vecinos, temerosos de convivir con una víctima del terror. El miedo a sufrir daños colaterales en un atentado contra Hirsi Ali acaba con ésta en el exilio. Es una triste historia que deja a Europa en muy mal lugar. Afortunadamente para Hirsi Ali, ha habido una institución, americana para más señas, que se ha prestado a acogerla. Esa institución, me complace decirlo, no es ni más ni menos que el AEI. Aprovecho la ocasión para agradecer a su presidente, Chris DeMuth la lección que eso debe enseñarnos a muchos en este lado del Atlántico. Norteamérica ha venido a Europa dos veces en el último siglo para salvarnos de nuestros propios demonios. De verdad confío en que nos ayude una vez más a superar los retos a los que todos, nos guste o no, nos enfrentamos.
Queridos amigos,
Yo soy un atlantista convencido. No es ningún secreto a estas alturas. Y lo soy porque soy español y a la vez un firme partidario y creyente en una Europa fuerte. Mi propia Historia, la Historia de mi nación, al igual que la de Europa, no puede explicarse si no se tiene presente la dimensión atlántica. Lo atlántico, las Américas, han dejado una huella indeleble en lo que somos.
Pero soy atlantista no sólo por razones históricas. Compartimos los mismos principios de libertad y democracia, de respeto al libre mercado y a la dignidad de las personas. Después de muchas décadas de aislamiento y marginalidad, España y Estados Unidos estaban en la misma onda.
Mientras fui presidente del Gobierno trabajé duro para que España y Norteamérica se convirtieran en unos aliados especiales. Trabajé por ello con un presidente demócrata, como Bill Clinton, y con uno republicano, como George W. Bush.
Y déjenme que lo diga con claridad, en esos años de gobierno siempre sentí la amistad, la cercanía y el apoyo de Norteamérica. No puedo hablar por otras personas y mucho menos por el gobierno –o desgobierno- actual. Pero mi experiencia personal es que nuestros amigos americanos siempre respondieron a nuestras llamadas con generosidad y coraje. En situaciones buenas y en las más delicadas.
Eso explica en parte mi empeño en que ambos países se beneficiaran mutuamente de nuestra relación bilateral y de lo que juntos podíamos hacer en el mundo.
Soy atlantista porque creo que España, y en verdad toda Europa, y con ambas nuestras libertades, nuestra prosperidad y nuestras democracias, están mejor protegidas, cuando las relaciones con los Estados Unidos de América son sinceras y de futuro, no cuando sólo se busca la fricción y el enfrentamiento;
Soy atlantista porque España y los Estados Unidos comparten un enemigo común, el terrorismo, y un objetivo común, prevalecer sobre el terror. Y el terrorismo puede ser derrotado de manera más rápida si se trabaja juntos. Nuestra relación especial fue una mala noticia para los terroristas, los de aquí y los de todas partes, pero fue una excelente noticia para todos quienes aspiran a vivir en libertad, aquí, en el País Vasco o en Nueva York.
Soy atlantista porque a pesar de que la Historia de nuestras dos naciones es diferente, compartimos muchos intereses. En Iberoamérica, nuestra preocupación compartida es la libertad, el fortalecimiento institucional y el imperio de la Ley. Y en mis ocho años de gobierno, tomamos muchas iniciativas juntos para enraizar la democracia en el continente.
Soy atlantista porque creo que nuestra alianza sirve para crear oportunidades económicas y empleo que beneficie a nuestras empresas y a nuestros trabajadores igualmente.
Soy atlantista porque estoy firmemente convencido de que cuando Europa y Estados Unidos van de la mano, el resultado es un mundo mejor. Lo contrario, cuando ambas orillas del Atlántico marchan por caminos separados, la Historia nos enseña que las cosas no van particularmente bien.
Soy atlantista porque creo en el futuro basado en la expansión de la libertad, la democracia y el respeto a la dignidad del ser humano.
Soy atlantista porque quiero lo mejor para España y porque ahí está lo que convenía y conviene verdaderamente a nuestros intereses nacionales.
Por todo eso, como digo, trabajé porque la relación entre España y América fuera algo especial. Desde mi posición actual debo decir que me parece que los resultados merecieron la pena. En abril de 2004 las relaciones bilaterales eran excelentes y prometedoras. España influía en el mundo, y las empresas y los emprendedores españoles tenían oportunidades extraordinarias en los Estados Unidos y en otros países, empezando por los países europeos. Y todo ello, a pesar de que la relación atlántica en general sufría fuertes tensiones en Europa. El gobierno actual tendrá que explicar en algún momento por qué ha alimentado esas tensiones en lugar de rebajarlas y por qué ha puesto los prejuicios y las consignas por delante de los intereses nacionales.
Yo siempre llevé la contraria a quienes pretendían aumentar la distancia entre ambos lados del Atlántico y no puedo entender a quienes, con la responsabilidad de dirigir una nación europea y occidental, como es la nuestra, se empeñan en ahondar las diferencias.
Queridos amigos,
La agenda atlántica es muy compleja y se enfrenta a numerosos problemas. Desde la estabilización de Irak, a la proliferación nuclear, pasando por la defensa frente al populismo y el indigenismo que asola a Iberoamérica. Por no mencionar el terrorismo islamista o la pobreza. Pero la búsqueda de una solución a cada uno de esos problemas puede aliviarse si se persigue con un espíritu constructivo o puede volverse imposible si todo se entiende en términos de rivalidad.
Nadie cuenta con una solución mágica para los problemas del mundo; pero algunos tienen la capacidad de volver las cosas mucho peor, incluyendo la relación entre Estados Unidos y Europa, entre Estados Unidos y España. A veces el poder del gobierno estriba en el poder de sus malas ideas.
Yo estoy con quienes intentan fortalecer el vínculo atlántico y creo que se equivocan –y mucho- quienes día tras día hacen lo posible por socavarlo;
Yo estoy con aquellos que aspiran a una Europa fuerte, a una Europa Atlántica. Y creo que los que buscan una Europa contrapeso a los Estados Unidos, se equivocan;
Yo estoy con quienes creen que los valores occidentales tienen validez universal y que cualquiera puede disfrutarlos. Y me parece que quienes no tienen valores y muestran actitudes derrotistas, están equivocados;
Yo estoy con quienes luchan activamente para derrotar al terrorismo, ayudando a sus aliados, mostrando solidaridad cuando es necesario. Y creo que quienes buscan el apaciguamiento, el acomodo o la retirada de esta lucha, se equivocan y peligrosamente.
Queridos amigos,
Una de las cosas más extraordinarias durante mis ocho años al frente del gobierno fue sentir la irrupción de una nueva ambición nacional en España, así como un nuevo sentimiento acerca del papel que nuestro país podía jugar en la arena internacional. Tras años de consumirnos mirando hacia dentro, ser capaz de estar y contar entre las democracias más importantes del planeta, era una enorme oportunidad histórica.
En estos años España llegó a su cita con la Historia. A la hora correcta, en el lugar correcto y con los debidos amigos, asumiendo sus responsabilidades. Orgullosa como nación libre de extraños complejos.
Ahora la situación es distinta. Peor, en mi opinión. En Europa hemos perdido poder, dinero e influencia. En los Estados Unidos se nos ve como un país voluntariamente aislado. En Iberoamérica se nos ha colocado del lado del populismo antiliberal. En estos días, en los que se expropia no a las empresas, sino a sus accionistas –a las familias que han puesto sus ahorros en esas compañías- es cuando se notan más las consecuencias de una mala política exterior, y se nota más que España se ha quedado sin aliados dispuestos a ayudarle, ni en Europa ni en América.
Cuando los dirigentes de un país dedican sus energías a debilitar internamente la nación no se puede cosechar sino disgregación dentro y fracasos fuera.
Con todo, yo soy optimista. España es una nación fuerte y de una vitalidad sorprendente. A mi me gustaría ver a mi país caminando en la buena dirección. Y aunque yo ya no estoy en la política activa, sí lo estoy plenamente en el campo de las ideas. Y desde esta posición haré cuanto esté en mi mano para que España vuelva a ser un país respetado y con prestigio, y se beneficie de una relación especial con los Estados Unidos y todas aquellas democracias que están en la lucha para derrotar al terror y difundir la libertad y la democracia.
Muchas gracias
Sobre la posición de Unió Democrática de Cataluña respecto al Título I del Proyecto del “Estatut”
Comentario de Pablo Nuevo:
En mi opinión, la nota de los obispos catalanes sobre el Estatuto es,cuando menos, desconcertante.
No entiendo muy bien que digan que "valoran positivamente todo aquello que el progreso del autogobierno puede aportar a Cataluña: redireccionamiento [redreçament] del país, apoyo a la lengua y a la cultura propias,fortalecimiento de las instituciones catalanas y mejora de su financiación."
Aun asumiendo las tesis nacionalistas que consideran aplicables a Cataluña las referencias a los derechos de las naciones de Juan Pablo II (en lo que por cierto no coincido: son referencias del magisterio a naciones colonizadas, y no a realidades que llevan siglos conviviendo en la misma comunidad política, como es el caso de Cataluña en España), la articulación concreta de esos derechos -en el marco del bien común- pertenece al ámbito de lo prudencial. Por tanto, aun en el supuesto de que el nuevo Estatuto realmente implicara un avance en el autogobierno, no corresponde a los obispos entrar en esta valoración.
Ese primer párrafo es injusto con los católicos no nacionalistas, y me parece muy desafortunado.
Lo que parecen no haber reflexionado los obispos es que por decirlo finamente se puede dudar seriamente de que el Estatuto aprobado por el Parlament y las Cortes favorezca la cultura catalana o el autogobierno (por ejemplo: el título dedicado al Poder Judicial no se limita a garantizar que los catalanes pueden pedir justicia en catalán, lo cual me parece perfecto, sino que somete los jueces a la Generalidad; repite lo que hizo el PSOE a escala española en 1985, politizando la Justicia).
Por otro lado, el texto aprobado por el Congreso es completamente intervencionista. ¿Dónde está la libertad de iniciativa, de la que habla la Centesimus Annus? Creo que limitar el juicio negativo al Estatuto a su Título I me parece equivocado (y no estoy entrando en cuestiones identitarias o competenciales; sólo modelo de sociedad, pues el intervencionismo no está sólo en el Título I).
Si para los obispos este avance en el autogobierno hace posible que un católico "en conciencia" pueda votar sí al Estatuto (a pesar del Título I), sinceramente no entiendo qué es para ellos la conciencia. Un católico puede apoyar una ley anticristiana (se supone que lo del Título I: familia, vida, etc. no es opinable) que permite "avanzar" en lo opinable.
El núm. 4 de la Nota Doctrinal sobre la participación de los católicos en la política (elaborada por la Congregación para la doctrina de la fe en 2002, firmada y aprobada por el Papa Juan Pablo II) señala lo siguiente: "Hay que añadir que la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral. Ya que las verdades de fe constituyen una unidad inseparable, no es lógico el aislamiento de uno solo de sus contenidos en detrimento de la totalidad de la doctrina católica. El compromiso político a favor de un aspecto aislado de la doctrina social de la Iglesia no basta para satisfacer la responsabilidad de la búsqueda del bien común en su totalidad".
Si el Estatuto (ley particular: es una única ley en que no se pueden distinguir aspectos; con propuestas contrarias a la fe y la moral: como mínimo el Título I) no entra en la categoría de lo que una conciencia bien formada no puede apoyar con su voto, sinceramente no sé qué ley es inaceptable para un católico.
La misma ley que despenaliza el aborto exige que se haga en una clínica y con garantías sanitarias para la madre. De hecho, la argumentación pro-abortista ha sido, tradicionalmente, esta: "siempre va a haber aborto; por tanto, en lugar de abortos clandestinos (con riesgo para la vida de la madre), hagamos posible un aborto seguro, practicado por médicos, para casos excepcionales, rodeado de todas las garantías". ¿Significa que dado que la ley tiene aspectos "positivos" (garantiza la atención médica a la madre) se puede votar en conciencia la ley del aborto? No hay que ser un experto en moral o doctrina social de la Iglesia para ver que la nota de los obispos es desacertada.
Además, la misma estructura de la nota es anti-pedagógica. Primero, se señala un aspecto "positivo" del Estatuto. Después, se señala lo negativo (la preocupación que suscita el Título I). Y, finalmente, se concluye apelando a la conciencia. Parece que estén diciendo: si os gusta más lo positivo, adelante, que no pasa nada. Cuando los medios presentan la nota diciendo que da "libertad de voto", los obispos no rectifican (¡cómo van a hacerlo, si el de Tarragona dijo que se podía votar a favor).
¿Dónde queda la formación de la conciencia de los fieles?
Yo entiendo que las preferencias políticas de un católico le animen a ver con buenos ojos el Estatuto y su supuesto avance en el autogobierno (creo que avanza el control de la Generalitat, no el autogobierno de los catalanes de carne y hueso), pero no creo que esas preferencias puedan pasar por encima del modelo antropológico que impregna el Estatuto.
El juicio debe hacerse sobre lo concreto, y el Estatuto es un único texto legal. No se trata de una discusión acerca de los derechos de las naciones y los Estados, sino de juzgar moralmente el texto que se convertirá en la norma institucional básica de Cataluña.
Recientemente, el Papa ha beatificado al cardenal von Galen, obispo de Münster (Alemania), que había liderado la resistencia católica contra los nazis. Después de la guerra el cardenal von Galen repasó su actuación diciendo: “Dios me puso en una situación que me obligaba a llamar negro a lo negro, y blanco a lo blanco, como se dice en la ordenación episcopal.Sabía que podía hablar en nombre de miles de personas que, como yo, estaban convencidas de que solamente apoyándose en el fundamento del cristianismo nuestro pueblo alemán puede estar verdaderamente unido y alcanzar un futuro bendito”.
Lástima que nuestros obispos no hayan llamado blanco a lo blanco, negro a lo negro.
Un saludo,
En mi opinión, la nota de los obispos catalanes sobre el Estatuto es,cuando menos, desconcertante.
No entiendo muy bien que digan que "valoran positivamente todo aquello que el progreso del autogobierno puede aportar a Cataluña: redireccionamiento [redreçament] del país, apoyo a la lengua y a la cultura propias,fortalecimiento de las instituciones catalanas y mejora de su financiación."
Aun asumiendo las tesis nacionalistas que consideran aplicables a Cataluña las referencias a los derechos de las naciones de Juan Pablo II (en lo que por cierto no coincido: son referencias del magisterio a naciones colonizadas, y no a realidades que llevan siglos conviviendo en la misma comunidad política, como es el caso de Cataluña en España), la articulación concreta de esos derechos -en el marco del bien común- pertenece al ámbito de lo prudencial. Por tanto, aun en el supuesto de que el nuevo Estatuto realmente implicara un avance en el autogobierno, no corresponde a los obispos entrar en esta valoración.
Ese primer párrafo es injusto con los católicos no nacionalistas, y me parece muy desafortunado.
Lo que parecen no haber reflexionado los obispos es que por decirlo finamente se puede dudar seriamente de que el Estatuto aprobado por el Parlament y las Cortes favorezca la cultura catalana o el autogobierno (por ejemplo: el título dedicado al Poder Judicial no se limita a garantizar que los catalanes pueden pedir justicia en catalán, lo cual me parece perfecto, sino que somete los jueces a la Generalidad; repite lo que hizo el PSOE a escala española en 1985, politizando la Justicia).
Por otro lado, el texto aprobado por el Congreso es completamente intervencionista. ¿Dónde está la libertad de iniciativa, de la que habla la Centesimus Annus? Creo que limitar el juicio negativo al Estatuto a su Título I me parece equivocado (y no estoy entrando en cuestiones identitarias o competenciales; sólo modelo de sociedad, pues el intervencionismo no está sólo en el Título I).
Si para los obispos este avance en el autogobierno hace posible que un católico "en conciencia" pueda votar sí al Estatuto (a pesar del Título I), sinceramente no entiendo qué es para ellos la conciencia. Un católico puede apoyar una ley anticristiana (se supone que lo del Título I: familia, vida, etc. no es opinable) que permite "avanzar" en lo opinable.
El núm. 4 de la Nota Doctrinal sobre la participación de los católicos en la política (elaborada por la Congregación para la doctrina de la fe en 2002, firmada y aprobada por el Papa Juan Pablo II) señala lo siguiente: "Hay que añadir que la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral. Ya que las verdades de fe constituyen una unidad inseparable, no es lógico el aislamiento de uno solo de sus contenidos en detrimento de la totalidad de la doctrina católica. El compromiso político a favor de un aspecto aislado de la doctrina social de la Iglesia no basta para satisfacer la responsabilidad de la búsqueda del bien común en su totalidad".
Si el Estatuto (ley particular: es una única ley en que no se pueden distinguir aspectos; con propuestas contrarias a la fe y la moral: como mínimo el Título I) no entra en la categoría de lo que una conciencia bien formada no puede apoyar con su voto, sinceramente no sé qué ley es inaceptable para un católico.
La misma ley que despenaliza el aborto exige que se haga en una clínica y con garantías sanitarias para la madre. De hecho, la argumentación pro-abortista ha sido, tradicionalmente, esta: "siempre va a haber aborto; por tanto, en lugar de abortos clandestinos (con riesgo para la vida de la madre), hagamos posible un aborto seguro, practicado por médicos, para casos excepcionales, rodeado de todas las garantías". ¿Significa que dado que la ley tiene aspectos "positivos" (garantiza la atención médica a la madre) se puede votar en conciencia la ley del aborto? No hay que ser un experto en moral o doctrina social de la Iglesia para ver que la nota de los obispos es desacertada.
Además, la misma estructura de la nota es anti-pedagógica. Primero, se señala un aspecto "positivo" del Estatuto. Después, se señala lo negativo (la preocupación que suscita el Título I). Y, finalmente, se concluye apelando a la conciencia. Parece que estén diciendo: si os gusta más lo positivo, adelante, que no pasa nada. Cuando los medios presentan la nota diciendo que da "libertad de voto", los obispos no rectifican (¡cómo van a hacerlo, si el de Tarragona dijo que se podía votar a favor).
¿Dónde queda la formación de la conciencia de los fieles?
Yo entiendo que las preferencias políticas de un católico le animen a ver con buenos ojos el Estatuto y su supuesto avance en el autogobierno (creo que avanza el control de la Generalitat, no el autogobierno de los catalanes de carne y hueso), pero no creo que esas preferencias puedan pasar por encima del modelo antropológico que impregna el Estatuto.
El juicio debe hacerse sobre lo concreto, y el Estatuto es un único texto legal. No se trata de una discusión acerca de los derechos de las naciones y los Estados, sino de juzgar moralmente el texto que se convertirá en la norma institucional básica de Cataluña.
Recientemente, el Papa ha beatificado al cardenal von Galen, obispo de Münster (Alemania), que había liderado la resistencia católica contra los nazis. Después de la guerra el cardenal von Galen repasó su actuación diciendo: “Dios me puso en una situación que me obligaba a llamar negro a lo negro, y blanco a lo blanco, como se dice en la ordenación episcopal.Sabía que podía hablar en nombre de miles de personas que, como yo, estaban convencidas de que solamente apoyándose en el fundamento del cristianismo nuestro pueblo alemán puede estar verdaderamente unido y alcanzar un futuro bendito”.
Lástima que nuestros obispos no hayan llamado blanco a lo blanco, negro a lo negro.
Un saludo,
viernes, mayo 19, 2006
El Foro de Intereconomia - 19 de Mayo de 2006
El PP de Cataluña rompe relaciones con el PSC y adoptará medidas legales
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jueves, mayo 18, 2006
El Foro de Intereconomia - 18 de Mayo de 2006
Suspendida la condena a Otegi por injuriar a Su Majestad el Rey
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La gran estafa legal de Zapatero y su amigo Contreras
http://www.hispanidad.com/
Con la excusa del Mundial, y a costa del Ente público, La Sexta se paga su antenización
En vísperas de Alemania 2006, el Gobierno Zapatero obligará a TVE a retransmitir los partidos del Mundial previo pago al asesor de imagen de Zapatero. Polanco ya ha advertido que sólo trasmitirá en abierto aquellos partidos que le interesen y donde le interesen. Recordemos que La Sexta y Sogecable, sólo han pagado 104 millones de euros por los derechos del Mundial. Las cifras de antenización ofrecidas por Montilla en el Parlamento, así como las de la propia Sexta, son falsas: se refiere a señalizaciones, no a recepción en domicilio.
El pasado miércoles el Partido Popular exigía al titular de telecomunicaciones, el incombustible ministro José Montilla, que asegurara que los españoles iban a poder seguir el Mundial de Fútbol Alemania 2006, sin pagar, es decir, en abierto. Montilla se lanzó a defender a La Sexta, canal que posee los derechos de retrasmisión, y que dirige el asesor personal de Zapatero, José Miguel Contreras, así como los socialistas Jaume Roures (Mediapro) y a al que se incorporará el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Barroso, íntimo de Contreras. En resumen, el único nuevo canal ideológico admitido por el zapaterismo, y donde nunca se escuchará una crítica al Presidente del Gobierno.
Según Montilla, el 1 de junio, días antes del comienzo del Mundial, La Sexta llegará al 70% de la población española, tras una fortísima inversión en antenización. El ministro, además, prometió que “todos” los españoles podrían seguir los partidos del Mundial, sin especificar cómo.
Es muy sencillo, y todo está previsto. No tendrán que ser televisiones autonómicas –salvo que se presenten voluntarias- ni será la Cuatro de Jesús Polanco, que ya ha dejado claro que emitirá todo por Digital +, es decir, en pago por visión, al tiempo que emitirá por la Cuatro aquello que le convenga, pero sin comprometerse a retrasmitir los partidos allá donde no llegue La Sexta tal y como en un principio se había acordado.
Entonces, ¿a que viene la seguridad de Montilla? Pues muy sencillo, a que detrás dispone de ese saco de pérdidas que es la televisión pública. En efecto, el Gobierno se sacará de la manga que, por interés general, RTVE accederá gustosamente a retrasmitir los partidos de fútbol del Mundial en aquellas zonas donde no llegue La Sexta o llegue de forma defectuosa. Así, La Sexta habrá conseguido un doble propósito : meter presión a Abertis, responsable de la red troncal de señalización, y a los antenistas (recuerden la campaña, sobre la estrella del Mundial el antenista de La Sexta), así como a su propia red. Luego, cuando se vea que no es posible llegar al 100 por 100, a todos, entonces le revenderán derechos a RTVE que, como es de todos y tira con pólvora del rey, le pagará a La Sexta su rapidísima antenización.
Si esto lo hubiera hecho cualquiera de las cadenas locales (Localia, Popular TV o Vocento TV), que tienen el mismo problema de antenización, ahora mismo estarían entre las grandes. Y, además, se lo pagaremos todos los españoles. A fin de cuentas, si el Ente tiene una deuda de más de 7.000 millones de euros, un poquito más no se va a notar.
Por otra parte, y para añadir más presión, se está mintiendo con las cifras. Por ejemplo, dicen Contreras y Montilla que se ha antenizado ya un 55% de la población y se llegará al 70% el 1 de junio. Lo cual, es mentira. De hecho, el único compromiso de Abertis, propietaria de la red de retrasmisión de señales de TV en España, es alcanzar el 80% de cobertura a finales de año. Ojo, hablamos de cobertura de señal, es decir, de la red troncal, que es lo que Abertis pone en marcha. Peor luego hay que llegar hasta el domicilio, con el famoso antenista. En definitiva, muchos millones de españoles ven hoy La Sexta en analógico –sin adaptador, que es otra posibilidad- pero con muy baja calidad. Por tanto, las cifras exhibidas son falsas.
Sin embargo, Contreras ha conseguido lo más importante: antenizar aceleradamente y, encima, que se lo paguen todos los españoles a través de RTVE.
Prisa, por su parte, que compró conjuntamente con La Sexta los derechos de retrasmisión (a Telefónica, por 104 millones de euros), le sacará buen rendimiento al Mundial, especialmente en la modalidad de pago. Por último, todos los españoles, a través de RTVE, y en nombre del poderoso interés general, pagaremos la infraestructura de un canal de TV cuyo propietario ideológico es el Gobierno Zapatero, y que le será más fiel que e propio grupo Prisa-Sogecable. Es la gran estafa –perfectamente legal, eso sí- de Rodríguez Zapatero y el tándem de los migueles, es decir, José Miguel Contreras y Miguel Barroso, hoy, por el momento, al frente de la Casa de América. Es el otro PRISA.
Eso sí, Jesús Polanco está enfadado. En La Sexta, la progresía internacional filosocialista está representada por Televisa, el principal accionista. El PSOE por Contreras, su consejero delegado, pero el socialismo catalán, tiene en Jaume Roures, de Mediapro, a su principal valedor. La gente de Mediapro se crió con Polanco pero ahora vuela libre. Por ejemplo, la pasada semana advirtieron a la prensa que están dispuestos a competir por los derechos de retransmisión de la Liga de Fútbol, a partir de 2008. De inmediato, Sogecable se hundió en bolsa. Cuidado, Roures, estás despertando las iras de Polanco. Con el dinero de don Jesús, no se juega. Con las ideas puede, pero con el dinero, jamás.
Y lo más gracioso de todo es que el propietario de los derechos de retrasmisión de Alemania 2006, no es ni La Cuatro ni La Sexta, sino Telefónica. Las presiones políticas del Gobierno Zapatero, obligaron a Telefonía a vender a un consorcio formado por La Sexta y la Cuatro, apoyados cada uno por distintos miembros del Gobierno. Y Telefónica se lo vendió barato. Eso sí, acordaron que La Sexta aparecería como ganadora del concurso, aunque en el fondo los derechos se los repartían Polanco y Contreras.
Por decirlo de otra forma: Telefónica pierde porque vende barato, La Sexta gana porque anteniza aceleradamente y se lo pagamos entre todos, Polanco gana, porque utilizará el Mundial para lanzar la Cuatro y afianza su monopolio de TV digital de pago. El Gobierno Zapatero gana porque consigue afianzar a las dos televisiones más próximas a sus postulados, jamás críticas con el zapaterismo. Los únicos que perdemos somos todos los españoles pero, eso sí, en nombre del interés general. No se olviden: en España todo pasa por el fútbol o por la tele. Si coinciden ambos fenómenos a la vez…
Con la excusa del Mundial, y a costa del Ente público, La Sexta se paga su antenización
En vísperas de Alemania 2006, el Gobierno Zapatero obligará a TVE a retransmitir los partidos del Mundial previo pago al asesor de imagen de Zapatero. Polanco ya ha advertido que sólo trasmitirá en abierto aquellos partidos que le interesen y donde le interesen. Recordemos que La Sexta y Sogecable, sólo han pagado 104 millones de euros por los derechos del Mundial. Las cifras de antenización ofrecidas por Montilla en el Parlamento, así como las de la propia Sexta, son falsas: se refiere a señalizaciones, no a recepción en domicilio.
El pasado miércoles el Partido Popular exigía al titular de telecomunicaciones, el incombustible ministro José Montilla, que asegurara que los españoles iban a poder seguir el Mundial de Fútbol Alemania 2006, sin pagar, es decir, en abierto. Montilla se lanzó a defender a La Sexta, canal que posee los derechos de retrasmisión, y que dirige el asesor personal de Zapatero, José Miguel Contreras, así como los socialistas Jaume Roures (Mediapro) y a al que se incorporará el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Barroso, íntimo de Contreras. En resumen, el único nuevo canal ideológico admitido por el zapaterismo, y donde nunca se escuchará una crítica al Presidente del Gobierno.
Según Montilla, el 1 de junio, días antes del comienzo del Mundial, La Sexta llegará al 70% de la población española, tras una fortísima inversión en antenización. El ministro, además, prometió que “todos” los españoles podrían seguir los partidos del Mundial, sin especificar cómo.
Es muy sencillo, y todo está previsto. No tendrán que ser televisiones autonómicas –salvo que se presenten voluntarias- ni será la Cuatro de Jesús Polanco, que ya ha dejado claro que emitirá todo por Digital +, es decir, en pago por visión, al tiempo que emitirá por la Cuatro aquello que le convenga, pero sin comprometerse a retrasmitir los partidos allá donde no llegue La Sexta tal y como en un principio se había acordado.
Entonces, ¿a que viene la seguridad de Montilla? Pues muy sencillo, a que detrás dispone de ese saco de pérdidas que es la televisión pública. En efecto, el Gobierno se sacará de la manga que, por interés general, RTVE accederá gustosamente a retrasmitir los partidos de fútbol del Mundial en aquellas zonas donde no llegue La Sexta o llegue de forma defectuosa. Así, La Sexta habrá conseguido un doble propósito : meter presión a Abertis, responsable de la red troncal de señalización, y a los antenistas (recuerden la campaña, sobre la estrella del Mundial el antenista de La Sexta), así como a su propia red. Luego, cuando se vea que no es posible llegar al 100 por 100, a todos, entonces le revenderán derechos a RTVE que, como es de todos y tira con pólvora del rey, le pagará a La Sexta su rapidísima antenización.
Si esto lo hubiera hecho cualquiera de las cadenas locales (Localia, Popular TV o Vocento TV), que tienen el mismo problema de antenización, ahora mismo estarían entre las grandes. Y, además, se lo pagaremos todos los españoles. A fin de cuentas, si el Ente tiene una deuda de más de 7.000 millones de euros, un poquito más no se va a notar.
Por otra parte, y para añadir más presión, se está mintiendo con las cifras. Por ejemplo, dicen Contreras y Montilla que se ha antenizado ya un 55% de la población y se llegará al 70% el 1 de junio. Lo cual, es mentira. De hecho, el único compromiso de Abertis, propietaria de la red de retrasmisión de señales de TV en España, es alcanzar el 80% de cobertura a finales de año. Ojo, hablamos de cobertura de señal, es decir, de la red troncal, que es lo que Abertis pone en marcha. Peor luego hay que llegar hasta el domicilio, con el famoso antenista. En definitiva, muchos millones de españoles ven hoy La Sexta en analógico –sin adaptador, que es otra posibilidad- pero con muy baja calidad. Por tanto, las cifras exhibidas son falsas.
Sin embargo, Contreras ha conseguido lo más importante: antenizar aceleradamente y, encima, que se lo paguen todos los españoles a través de RTVE.
Prisa, por su parte, que compró conjuntamente con La Sexta los derechos de retrasmisión (a Telefónica, por 104 millones de euros), le sacará buen rendimiento al Mundial, especialmente en la modalidad de pago. Por último, todos los españoles, a través de RTVE, y en nombre del poderoso interés general, pagaremos la infraestructura de un canal de TV cuyo propietario ideológico es el Gobierno Zapatero, y que le será más fiel que e propio grupo Prisa-Sogecable. Es la gran estafa –perfectamente legal, eso sí- de Rodríguez Zapatero y el tándem de los migueles, es decir, José Miguel Contreras y Miguel Barroso, hoy, por el momento, al frente de la Casa de América. Es el otro PRISA.
Eso sí, Jesús Polanco está enfadado. En La Sexta, la progresía internacional filosocialista está representada por Televisa, el principal accionista. El PSOE por Contreras, su consejero delegado, pero el socialismo catalán, tiene en Jaume Roures, de Mediapro, a su principal valedor. La gente de Mediapro se crió con Polanco pero ahora vuela libre. Por ejemplo, la pasada semana advirtieron a la prensa que están dispuestos a competir por los derechos de retransmisión de la Liga de Fútbol, a partir de 2008. De inmediato, Sogecable se hundió en bolsa. Cuidado, Roures, estás despertando las iras de Polanco. Con el dinero de don Jesús, no se juega. Con las ideas puede, pero con el dinero, jamás.
Y lo más gracioso de todo es que el propietario de los derechos de retrasmisión de Alemania 2006, no es ni La Cuatro ni La Sexta, sino Telefónica. Las presiones políticas del Gobierno Zapatero, obligaron a Telefonía a vender a un consorcio formado por La Sexta y la Cuatro, apoyados cada uno por distintos miembros del Gobierno. Y Telefónica se lo vendió barato. Eso sí, acordaron que La Sexta aparecería como ganadora del concurso, aunque en el fondo los derechos se los repartían Polanco y Contreras.
Por decirlo de otra forma: Telefónica pierde porque vende barato, La Sexta gana porque anteniza aceleradamente y se lo pagamos entre todos, Polanco gana, porque utilizará el Mundial para lanzar la Cuatro y afianza su monopolio de TV digital de pago. El Gobierno Zapatero gana porque consigue afianzar a las dos televisiones más próximas a sus postulados, jamás críticas con el zapaterismo. Los únicos que perdemos somos todos los españoles pero, eso sí, en nombre del interés general. No se olviden: en España todo pasa por el fútbol o por la tele. Si coinciden ambos fenómenos a la vez…
Con cuatro millones de firmas y diez millones de votos es difícil estar solo
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El pasado martes, Mariano Rajoy defendió en el Congreso la proposición no de Ley en la que el PP pedía la celebración de un referéndum sobre los cambios en el modelo de Estado. No se trataba de una propuesta más, porque además de ser el tema central de la Legislatura, la iniciativa llegó al Congreso avalada por más de cuatro millones de firmas.
Cuatro millones de españoles que pedían, con su rúbrica, que se tuviese en cuenta su opinión. En democracia, las reglas del juego las marcan los ciudadanos. Ese era precisamente el mensaje de la campaña de recogida de firmas: no se puede cambiar la base de nuestro sistema político, el modelo territorial, sin escuchar a los ciudadanos.
La iniciativa fue rechazada, entre graves descalificaciones, por el resto de grupos de la Cámara, que prefirieron mantener sus calendarios de reformas a escuchar la voz de la calle. La conclusión a la que llegaron quienes no querían que prosperase la proposición fue nuevamente que el PP se había quedado solo.
La soledad, para ellos, la marca la falta de apoyo de algún grupo político cuya representación no excede el territorio de una Comunidad Autónoma. Ignoran, con ello, un apoyo de cuatro millones de ciudadanos que libre y pacíficamente se han acercado a expresar su opinión a las mesas de firmas y sedes del PP. Omiten también que el PP, que cuando gobernó lo hizo para todos, representa, ahora en la oposición, a diez millones de personas que le votaron en el peor momento posible. Es, por tanto, mucho lo que ignoran y demasiado lo que omiten. Muchos a los que ignoran y demasiados a los que omiten.
Con Rubalcaba vuelve la fantasía
http://www.tusenado.com/
Que sí, que lo hemos visto con nuestros propios ojos: diez años después, Rubalcaba, como un aparecido que saliera del túnel del tiempo, cabalga de nuevo. Antes nos deleitaba con sus imaginativas historietas sobre el GAL, Filesa o el expolio de los fondos reservados. Ahora lo hace con los cuentos de las agresiones fantasmas a ministros: que sí, que el juez dirá lo que quiera, pero que a Bono le pegaron porque lo ha visto él mismo con sus ojos de lince. Si ya nos lo dijo don Alfredo: "España no se merece un Gobierno que mienta". Pero le falto añadir: "... y que yo no forme parte de él".
Por eso, ahora que empiezan a pintar bastos, le ha fichado Zetapé. Porque es cosa sabida: cuando el asunto se afea, sale Alfredo con la tea. Así que a partir de ahora podemos esperar cualquier cosa: cayucos que desembarcan en las costas canarias con ondeantes banderas del PP, fotomontajes con diputados populares quitándoles sus videoconsolas a los niños, militantes del PSOE autolesionándose ante la sede de la calle Génova, etc. Con don Alfredo, el único límite es la imaginación. Y a él le sobra.
Como también parece sobrarles imaginación y "seny" a los del PSC. No sabemos si también será cosa de Rubalcaba, pero sólo de un talento privilegiado de su nivel podía salir un lema para el referéndum sobre el Estatuto tan bueno como ese de "El PP usará tu 'no' contra Cataluña". Eso es lo que se llama apelar a la madurez intelectual del ciudadano. Aunque se han quedado cortos: podían haber aguzado aún más su sutil ingenio con un "Tarzán, votar sí; cazador malo, votar no" o un más breve pero contundente "PP, caca". Dicen los del PP de Cataluña que algo así justifica que se rompan relaciones con el PSC. Sin embargo, no nos parece justo: no está bien malquistarse con quien parece tan empeñado en regalarte votos,
Sin duda, el del PSC es un lema para recordar, no sólo en este plebiscito, sino en las próximas citas electorales. Conviene que todos lo tengamos en cuenta y, a la hora de acudir a las urnas, nos digamos: ¡Cuidado! El Partido Socialista puede utilizar mi voto contra mi inteligencia.
Que sí, que lo hemos visto con nuestros propios ojos: diez años después, Rubalcaba, como un aparecido que saliera del túnel del tiempo, cabalga de nuevo. Antes nos deleitaba con sus imaginativas historietas sobre el GAL, Filesa o el expolio de los fondos reservados. Ahora lo hace con los cuentos de las agresiones fantasmas a ministros: que sí, que el juez dirá lo que quiera, pero que a Bono le pegaron porque lo ha visto él mismo con sus ojos de lince. Si ya nos lo dijo don Alfredo: "España no se merece un Gobierno que mienta". Pero le falto añadir: "... y que yo no forme parte de él".
Por eso, ahora que empiezan a pintar bastos, le ha fichado Zetapé. Porque es cosa sabida: cuando el asunto se afea, sale Alfredo con la tea. Así que a partir de ahora podemos esperar cualquier cosa: cayucos que desembarcan en las costas canarias con ondeantes banderas del PP, fotomontajes con diputados populares quitándoles sus videoconsolas a los niños, militantes del PSOE autolesionándose ante la sede de la calle Génova, etc. Con don Alfredo, el único límite es la imaginación. Y a él le sobra.
Como también parece sobrarles imaginación y "seny" a los del PSC. No sabemos si también será cosa de Rubalcaba, pero sólo de un talento privilegiado de su nivel podía salir un lema para el referéndum sobre el Estatuto tan bueno como ese de "El PP usará tu 'no' contra Cataluña". Eso es lo que se llama apelar a la madurez intelectual del ciudadano. Aunque se han quedado cortos: podían haber aguzado aún más su sutil ingenio con un "Tarzán, votar sí; cazador malo, votar no" o un más breve pero contundente "PP, caca". Dicen los del PP de Cataluña que algo así justifica que se rompan relaciones con el PSC. Sin embargo, no nos parece justo: no está bien malquistarse con quien parece tan empeñado en regalarte votos,
Sin duda, el del PSC es un lema para recordar, no sólo en este plebiscito, sino en las próximas citas electorales. Conviene que todos lo tengamos en cuenta y, a la hora de acudir a las urnas, nos digamos: ¡Cuidado! El Partido Socialista puede utilizar mi voto contra mi inteligencia.
miércoles, mayo 17, 2006
El Foro de Intereconomia - 17 de Mayo de 2006
El Congreso da la espalda al Referéndum nacional apoyado por 4 millones de firmas
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PELOTAS Y BANDERAS
Jorge Martí
Barcelona
Tenía una cierta curiosidad morbosa para ver el inicio de la final y me he sentado ante el televisor el tiempo justo para ver las indumentarias del F.C. Barcelona y constatar si en algún pliegue de su camiseta se apreciaba, por pequeña que fuera, una bandera española del mismo modo que, hace dos semanas, era perfectamente visible en las elásticas del Sevilla, dejando muy a las claras que disputaban la final de la UEFA por méritos a la clasificación obtenida en la liga española.
Indudablemente, he pecado de una candidez infantil pues, el único símbolo perceptible, era la cuatribarrada en la parte alta de la espalda, lo cual me ha provocado una tremenda duda existencial que me ha obligado a cerrar la conexión para reflexionar y hacer un esfuerzo de memoria.
Duda existencial y esfuerzo de memoria porqué tenía entendido que, a la final de la Champions, acudían los campeones de Liga de cada nación y como, ahora, el término nación es cuestionado, cuestionable y divisible, no recordaba si ese campeonato de Liga había sido en competición con cuatro equipos de Andalucía, tres de Madrid, tres de Vascongadas, dos de Galicia, dos de Valencia, uno de Aragón, uno de Cantabria, uno de Navarra, uno de Baleares y otro de Cataluña aparte del finalista o, por el contrario, había alcanzado la clasificación después de competir con tres del Barcelonés, tres del Tarraconés, dos de Gerona, dos del Segriá, uno del Pallars Llussá, uno de la Selva (nada que ver con Tarzán ni con el proyecto gran simio), uno del Baix Llobregat, uno del Anoia, otro de la Cataluña Nord del que es socio de honor Carod-Rovira por sus viajes a Perpiñán, otro de Osona, mas alguno mas que se me puede olvidar.
Y, para que negarlo, aparte de la duda existencial me ha provocado, como español nacido en Cataluña, el sentimiento de rabia lógico por el hecho de tener unos conciudadanos y unos dirigentes, los políticos y los deportivos, movidos por un fundamentalismo tan fanático, absolutista y totalitario que no sabe uno si atribuirlo a ceguera o a cortedad mental, para no entrar en aspectos mas punibles, especialmente cuando la euforia se desata
Cierro estas líneas sin conocer el resultado pero una cosa es cierta y es que mi barcelonismo de otrora - exjugador de balonmano en equipos inferiores, exsocio y excompromisario - se ha esfumado con el incremento exponencial del aldeanismo y la banalidad, al extremo que me inclino por el equipo de la “pérfida Albion”.
Barcelona
Tenía una cierta curiosidad morbosa para ver el inicio de la final y me he sentado ante el televisor el tiempo justo para ver las indumentarias del F.C. Barcelona y constatar si en algún pliegue de su camiseta se apreciaba, por pequeña que fuera, una bandera española del mismo modo que, hace dos semanas, era perfectamente visible en las elásticas del Sevilla, dejando muy a las claras que disputaban la final de la UEFA por méritos a la clasificación obtenida en la liga española.
Indudablemente, he pecado de una candidez infantil pues, el único símbolo perceptible, era la cuatribarrada en la parte alta de la espalda, lo cual me ha provocado una tremenda duda existencial que me ha obligado a cerrar la conexión para reflexionar y hacer un esfuerzo de memoria.
Duda existencial y esfuerzo de memoria porqué tenía entendido que, a la final de la Champions, acudían los campeones de Liga de cada nación y como, ahora, el término nación es cuestionado, cuestionable y divisible, no recordaba si ese campeonato de Liga había sido en competición con cuatro equipos de Andalucía, tres de Madrid, tres de Vascongadas, dos de Galicia, dos de Valencia, uno de Aragón, uno de Cantabria, uno de Navarra, uno de Baleares y otro de Cataluña aparte del finalista o, por el contrario, había alcanzado la clasificación después de competir con tres del Barcelonés, tres del Tarraconés, dos de Gerona, dos del Segriá, uno del Pallars Llussá, uno de la Selva (nada que ver con Tarzán ni con el proyecto gran simio), uno del Baix Llobregat, uno del Anoia, otro de la Cataluña Nord del que es socio de honor Carod-Rovira por sus viajes a Perpiñán, otro de Osona, mas alguno mas que se me puede olvidar.
Y, para que negarlo, aparte de la duda existencial me ha provocado, como español nacido en Cataluña, el sentimiento de rabia lógico por el hecho de tener unos conciudadanos y unos dirigentes, los políticos y los deportivos, movidos por un fundamentalismo tan fanático, absolutista y totalitario que no sabe uno si atribuirlo a ceguera o a cortedad mental, para no entrar en aspectos mas punibles, especialmente cuando la euforia se desata
Cierro estas líneas sin conocer el resultado pero una cosa es cierta y es que mi barcelonismo de otrora - exjugador de balonmano en equipos inferiores, exsocio y excompromisario - se ha esfumado con el incremento exponencial del aldeanismo y la banalidad, al extremo que me inclino por el equipo de la “pérfida Albion”.
Duelo Zapatero-Montilla por la Presidencia de la Generalitat y por la gran alianza PSOE-CIU
http://www.hispanidad.com/
El pacto Zapatero-Mas es muy simple: el partido que obtenga más escaños, que no más votos, en el Parlament, ocupará el Palacio de Sant Jordi. El problema es que tanto Artur Mas como el ministro de Industria no se conforman con ser “conseller en cap”: sólo aceptan la Presidencia de Cataluña. Montilla abandonará el gabinete Zapatero para las elecciones de octubre, y en principio sería sustituido por otro catalán: David Vegara. Durán Lleida anhela que Mas consiga la Presidencia y él pueda convertirse en ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España. A todo esto, sólo hay una persona que no sabe que Pasqual Maragall está muerto políticamente: Pasqual Maragall
Ocurrió durante la mañana del miércoles 17, desayuno informativo organizado por Europa Press con Pasqual Maragall, presidente de la Generalitat de Cataluña, organizador del próximo referéndum sobre el Estatut , de la convocatoria anticipada de elecciones (finales de septiembre, primeros de octubre) y de la doble remodelación del Gobierno autónomo en un periodo de quince días. Días de mucho, vísperas de nada. Así, alguien, ingenuo o sarcástico, no lo sabemos, le preguntó al todavía presidente de la Generalitat: “¿Deja usted abierta la vuelta de ERC a un Gobierno de la catalán después de las elecciones autonómicas?”. A lo que el presidente catalán respondió con el socorrido “Hoy no toca”.
Algo muy cierto. De hecho, no le tocará a él. Veamos: Pasqual Maragall no va a repetir, en ningún caso, como candidato de los socialistas catalanes (PSC) a la Generalitat. El candidato, como ya insinuara Miquel Iceta, será el actual ministro de Industria del Gobierno Zapatero, secretario general del PSC y eternamente enfrentado a Maragall, José Montilla.
El calendario está clar Tras el referéndum de junio sobre el Estatut –sólo para catalanes- vendrá las elecciones anticipadas en Cataluña, a finales de septiembre o primeros de octubre. Allí se enfrentarán Montilla por el PSC y Artur Mas, por los nacionalismos moderados de CiU. Ahora bien, todo con un guión escrito, con el guión del pacto Zapatero-Mas. El pacto consiste en lo siguiente: el PSOE abandona a ERC y cambia de aliado, lo cambia por CiU que, al igual que los hombres de Carod, le apoyarán, tanto en Cataluña como en Madrid. Para ello, el PSC elegiría como candidato a Montilla, y jubilaría a Maragall. Éste asegura a sus íntimos que todavía tiene bazas que jugar y que cuenta con el apoyo de Zapatero para repetir como candidato. En breve plazo sabrá cuánto valen las promesas de Zapatero.
No sólo eso. CiU entraría en el Gobierno español, con dos o tres carteras y, desde luego, una de ellas seria la de Asuntos Exteriores, que recaería en Josep Antoni Durán i Lleida.
En Cataluña, PSOE y CiU gobernarían en coalición y sería presidente el que obtuviera más escaños (hasta ahora siempre ha sido CiU, mientras el PSC le ganaba en número de votos) en el Parlament. El otro se quedaría como Conseller en Cap.
Con ligerísimas variaciones, se está cumpliendo el guión anunciado por Hispanidad (edición del 18 de octubre) nada menos que hace 8 meses. Un Zapatero empeñado en aislar al PP y en prescindir de los montaraces independentistas de Carod, que tantos votos le estaban quitando en el resto de España, y una Mas que tenía al nacionalismo moderado de CiU en estado catatónico y que necesitaba resucitar y volver a controlar la Generalitat.
Pero aquí comienza el problema. Ni Montilla ni Mas aceptan ser segundos: sólo se conforman con la Presidencia. Si Mas no la consigue, presumiblemente no permitirá a Durán Lleida –como no se lo permitió Jordi Pujol con Aznar- entrar en el Gobierno de España. Si Mas se hace con la Presidencia de la Generalitat, Montilla pediría su reingreso en Madrid como ministro de no se sabe qué, dado que David Vegara, actual secretario de Estado de Economía, ya habría ocupado su puesto.
Este es el duelo : Mientras Montilla asegura que será presidente o no será, Zapatero ya le ha prometido ese cargo, elecciones por medio, a Artur Mas. El duelo se presume precioso.
Eso sí, Zapatero le ha prometido la Presidencia de la Generalitat a Artur Mas pero también le ha prometido a Montilla que, si pierde, siempre tendrá abiertas las puertas del Gobierno madrileño. Es una cuestión peliaguda, dado que no es tan fácil remodelar el Gobierno. Ahora bien, estamos hablando de una posible vuelta de Montilla a Madrid en febrero de 2007, así en la recta final para las próximas elecciones generales. Y, con tal de contar con CiU como aliado permanente, pacto de sangre que aislará definitivamente al Partido Popular, Zapatero está dispuesto a darle a Mas lo que le pida.
Con todo ello, se vivirá una curiosa situación: cuando se celebren las elecciones catalanas, el líder del PSOE, el Presidente Zapatero, estará deseando que los suyos, el PSC, obtenga un buen resultado… pero aún deseará más que gane CiU.
El pacto Zapatero-Mas es muy simple: el partido que obtenga más escaños, que no más votos, en el Parlament, ocupará el Palacio de Sant Jordi. El problema es que tanto Artur Mas como el ministro de Industria no se conforman con ser “conseller en cap”: sólo aceptan la Presidencia de Cataluña. Montilla abandonará el gabinete Zapatero para las elecciones de octubre, y en principio sería sustituido por otro catalán: David Vegara. Durán Lleida anhela que Mas consiga la Presidencia y él pueda convertirse en ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España. A todo esto, sólo hay una persona que no sabe que Pasqual Maragall está muerto políticamente: Pasqual Maragall
Ocurrió durante la mañana del miércoles 17, desayuno informativo organizado por Europa Press con Pasqual Maragall, presidente de la Generalitat de Cataluña, organizador del próximo referéndum sobre el Estatut , de la convocatoria anticipada de elecciones (finales de septiembre, primeros de octubre) y de la doble remodelación del Gobierno autónomo en un periodo de quince días. Días de mucho, vísperas de nada. Así, alguien, ingenuo o sarcástico, no lo sabemos, le preguntó al todavía presidente de la Generalitat: “¿Deja usted abierta la vuelta de ERC a un Gobierno de la catalán después de las elecciones autonómicas?”. A lo que el presidente catalán respondió con el socorrido “Hoy no toca”.
Algo muy cierto. De hecho, no le tocará a él. Veamos: Pasqual Maragall no va a repetir, en ningún caso, como candidato de los socialistas catalanes (PSC) a la Generalitat. El candidato, como ya insinuara Miquel Iceta, será el actual ministro de Industria del Gobierno Zapatero, secretario general del PSC y eternamente enfrentado a Maragall, José Montilla.
El calendario está clar Tras el referéndum de junio sobre el Estatut –sólo para catalanes- vendrá las elecciones anticipadas en Cataluña, a finales de septiembre o primeros de octubre. Allí se enfrentarán Montilla por el PSC y Artur Mas, por los nacionalismos moderados de CiU. Ahora bien, todo con un guión escrito, con el guión del pacto Zapatero-Mas. El pacto consiste en lo siguiente: el PSOE abandona a ERC y cambia de aliado, lo cambia por CiU que, al igual que los hombres de Carod, le apoyarán, tanto en Cataluña como en Madrid. Para ello, el PSC elegiría como candidato a Montilla, y jubilaría a Maragall. Éste asegura a sus íntimos que todavía tiene bazas que jugar y que cuenta con el apoyo de Zapatero para repetir como candidato. En breve plazo sabrá cuánto valen las promesas de Zapatero.
No sólo eso. CiU entraría en el Gobierno español, con dos o tres carteras y, desde luego, una de ellas seria la de Asuntos Exteriores, que recaería en Josep Antoni Durán i Lleida.
En Cataluña, PSOE y CiU gobernarían en coalición y sería presidente el que obtuviera más escaños (hasta ahora siempre ha sido CiU, mientras el PSC le ganaba en número de votos) en el Parlament. El otro se quedaría como Conseller en Cap.
Con ligerísimas variaciones, se está cumpliendo el guión anunciado por Hispanidad (edición del 18 de octubre) nada menos que hace 8 meses. Un Zapatero empeñado en aislar al PP y en prescindir de los montaraces independentistas de Carod, que tantos votos le estaban quitando en el resto de España, y una Mas que tenía al nacionalismo moderado de CiU en estado catatónico y que necesitaba resucitar y volver a controlar la Generalitat.
Pero aquí comienza el problema. Ni Montilla ni Mas aceptan ser segundos: sólo se conforman con la Presidencia. Si Mas no la consigue, presumiblemente no permitirá a Durán Lleida –como no se lo permitió Jordi Pujol con Aznar- entrar en el Gobierno de España. Si Mas se hace con la Presidencia de la Generalitat, Montilla pediría su reingreso en Madrid como ministro de no se sabe qué, dado que David Vegara, actual secretario de Estado de Economía, ya habría ocupado su puesto.
Este es el duelo : Mientras Montilla asegura que será presidente o no será, Zapatero ya le ha prometido ese cargo, elecciones por medio, a Artur Mas. El duelo se presume precioso.
Eso sí, Zapatero le ha prometido la Presidencia de la Generalitat a Artur Mas pero también le ha prometido a Montilla que, si pierde, siempre tendrá abiertas las puertas del Gobierno madrileño. Es una cuestión peliaguda, dado que no es tan fácil remodelar el Gobierno. Ahora bien, estamos hablando de una posible vuelta de Montilla a Madrid en febrero de 2007, así en la recta final para las próximas elecciones generales. Y, con tal de contar con CiU como aliado permanente, pacto de sangre que aislará definitivamente al Partido Popular, Zapatero está dispuesto a darle a Mas lo que le pida.
Con todo ello, se vivirá una curiosa situación: cuando se celebren las elecciones catalanas, el líder del PSOE, el Presidente Zapatero, estará deseando que los suyos, el PSC, obtenga un buen resultado… pero aún deseará más que gane CiU.
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