sábado, enero 28, 2006

Con media España anonadada, Zapatero se declara encantado con el acuerdo perpetrado el sábado en Moncloa


Jesús Cacho
El confidencial
Lunes, 23 de enero de 2006

La del sábado 21 de enero de 2006 será una fecha que quedará para siempre grabada en la Historia de España. Como si quisiera acompañar las más pesimistas vibraciones de quienes se maliciaban que el presidente Zapatero se disponía a cruzar el Rubicón que marca el inicio de la disolución a plazo fijo de la nación española, del Estado-nación que ha sido España desde el siglo XV, el sábado fue un día triste y gris en Madrid, ausente el sol, dispuesto a ignorar la fechoría perpetrada en Moncloa en torno al nuevo Estatuto de Cataluña.

Ni en la hipótesis más optimista de que el acuerdo de marras viniera a saldar para siempre viejas querellas históricas entre españoles, podría ignorarse el hecho de que este pacto, ciertamente de trascendencia histórica, ha sido maquinado entre unos cuantos señores –a tenor de lo ocurrido el sábado, cabría decir que entre dos-, y de espaldas a 45 millones de ciudadanos cuyo derecho a estar informados es inobjetable. Acuerdo alcanzado con nocturnidad y alevosía, con las prisas del furtivo que tiene que valerse de la noche porque le apremia la luz del alba y necesita no dejar rastros.

Es una forma de operar que define la ideología de este príncipe de la democracia deliberativa que se cree “llamado a transformar radicalmente nuestra sociedad”, como dicen sus exegetas de El País, sin que nadie le haya otorgado mandato para ello. Imbuido del “todo es posible en política”, él sabe lo que el pueblo quiere y lo que al pueblo conviene, y por tanto, lo que hay que darle al pueblo sin reparar en medios, aunque sea por los tortuosos caminos de la nocturnidad. Asistimos a una reedición del viejo principio del despotismo de siempre, el del ordeno y mando, resumido en el “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. En este contexto, la Constitución, las leyes y el respeto a las normas democráticas más elementales, son simples inconvenientes sobre los que hay que pasar, porque el fin justifica los medios.

En la edición de ayer del diario El País, Rodríguez Zapatero le decía a un tal Rodríguez Aizpeolea, el periodista con el que, según parece, se confiesa casi todos los días, que se trata de “acuerdo histórico” y que se siente “muy satisfecho” del mismo. Veamos: el término “nación” figurará en el texto (aunque nuestra Constitución “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”), y puertas abiertas a una Agencia Tributaria propia. De modo que el presidente Rodríguez ha cumplido en lo esencial la promesa que realizara en aquel mitin del Palau Sant Jordi, de aceptar el Estatuto que llegara de Barcelona en caso de ganar las elecciones generales del 2004.

Como se dijo en esta misma columna el pasado miércoles ("Artur Mas en el mejor de los mundos”), el acuerdo salió adelante tras casi 7 horas de reunión secreta (en los brainstorming de ZP, las ideas las ponen los nacionalistas, mientras él se limita a darles cauce legal) entre un iluminado radical dispuesto a poner España patas arriba, y un nacionalista, futuro socio de Gobierno, a no tardar, del propio Zapatero, mucho más inteligente que el perverso neófito leonés. Con alguna llamada puntual a Durán Lleida, por aquello de aplacar el ataque de cuernos del democristiano. Patéticos Carod Rovira y Puigcercos, burlados a la hora de la verdad por el de CiU, que ayer mismo se presentó triunfante en Barcelona, cual César recién llegado de la Galia: he ahí el verdadero vencedor de esta batalla.

Conviene, en un obligado ejercicio de objetividad, decir que si por ventura este acuerdo viniera a sellar de una vez por todas la “cuestión catalana”, dando paso a un fructífero periodo de paz, prosperidad y solidaridad entre los españoles de distintas “nacionalidades y regiones”; si de verdad sirviera para integrar mejor Cataluña a España (como dice el presidente Rodríguez), y acabar con las constantes reclamaciones y desaires de los políticos catalanes al resto de España y a los españoles, entonces estaríamos de verdad ante un acuerdo histórico, y quienes desconfiamos radicalmente de ZP y sus políticas, yo el primero, no tendríamos mas remedio que rendirnos a la evidencia y exaltarle como un nuevo Alejandro Magno capaz de deshacer el más pertinaz nudo gordiano de nuestra Historia, y ello frente a la incomprensión de millones de españoles.

Pero no nos engañemos. Conocemos demasiado bien la ideología y la praxis que inspira el nacionalismo catalán, y sabemos que tanta alegre y graciosa concesión como acaba de realizar ZP es sólo un paso intermedio que conduce a la estación término de la independencia. Porque está en la naturaleza del nacionalismo y de unas elites dispuestas a romper una baraja de siglos por puro medro personal, al margen de los reales intereses de la mayoría de la población. El propio Mas despejó ayer cualquier duda asegurando que “el nuevo texto permitirá a Cataluña tratar de tú a tú al Gobierno español". Lo vamos a ver enseguida. El nuevo Estatut hace tales equilibrios en el alambre de la legalidad vigente que los conflictos de interpretación van a surgir de inmediato. Una educación claramente orientada a ignorar, si no odiar, todo lo español, se encargará de hacer el resto en apenas una década. La suerte está echada.

Y detrás de Cataluña vendrá el acuerdo con el nacionalismo vasco, ETA incluida, sobre la base de la misma receta: cesión ante las exigencias del nacionalismo radical vasco. Pero es de sentido común que no se puede gobernar en asuntos capitales como el que nos ocupa de espaldas, o francamente en contra, de la mitad de los españoles. Nadie puede pedir que esa mitad de los españoles acepte resignadamente y sin rechistar la violación flagrante de una Carta Magna que ha hecho posible el más largo periodo de paz y prosperidad conocido en mucho tiempo por estos pagos. Y esos españoles tienen, por lo menos, el mismo derecho a protestar por lo ocurrido el sábado en Moncloa que Zapatero y el PSOE a firmar la defunción de la Nación española.

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