El presidente del Gobierno afirmó ayer que el nuevo Estatuto de Cataluña no cambiará el actual marco lingüístico, pero Rubalcaba ha pactado otra cosa con los nacionalistas y anda diciendo que hablar catalán será un deber impropio: "como trabajar".
Si lo que afirma Zapatero es cierto, el PSOE debe dar marcha atrás en lo pactado por Rubalcaba con los nacionalistas, que, en esencia, consiste en respetar el texto aprobado por el Parlamento catalán el pasado 30 de septiembre en materia de lengua.
Ese pacto de Rubalcaba con CiU y ERC no respeta el mantenimiento del español y el catalán en un plano de igualdad, como establece el Estatuto de 1979, sino que impone una clara hegemonía del segundo sobre el primero.
Joan Tardá, diputado de ERC, afirmó ayer categóricamente que el acuerdo «va a misa» y que su partido no aceptará ni el más mínimo cambio en el asunto de la lengua.
Ese equilibrio lingüístico teóricamente proclamado, que la Generalitat nunca ha respetado, queda roto con la enmienda pactada por Rubalcaba de que los ciudadanos de Cataluña tendrán «el deber» de conocer el catalán. Esta obligación, sin precedentes en ningún otro Estatuto, es abiertamente inconstitucional y da amparo a las prácticas abusivas que ya existen.
Pero además el Estatuto refrendado por el tripartito extiende el catalán como lengua vehicular en la Universidad, establece que será el idioma de trabajo de la Generalitat y obliga a conocerlo a todos los funcionarios, incluidos los de Justicia y las Fuerzas Armadas. Defensa tuvo que salir ayer al paso de esta inaceptable exigencia que pretende afectar a la Administración del Estado.
Si Zapatero es coherente con sus palabras, el PSOE debería introducir -digan lo que digan ERC y el propio Rubalcaba- no sólo importantes enmiendas en este capítulo durante la tramitación en el Congreso sino que además debería adoptar una posición beligerante para que esas leyes vigentes a las que apeló el presidente se cumplan en su letra y en su espíritu.
Hay tres ejemplos escandalosos de incumplimiento.
1).- La política de normalización lingüística, que llega al extremo de vulnerar la intimidad de los enfermos. Ayer, la consejera de Salud reconoció que una parte de los 846 historiales clínicos se entregó con nombres y apellidos a la empresa privada que realizó el estudio, lo que supone la admisión de un delito tipificado en el Código Penal.
2).- La imposibilidad de elegir una educación en castellano. Tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña instan a las autoridades a garantizar a los padres ese derecho, que en la práctica no existe.
3).- La política de la Generalitat de convertir la enseñanza del castellano en las escuelas en algo irrelevante y marginal.
Primero, se disuade a los padres de que eduquen a sus hijos en castellano con todo tipo de obstáculos y luego se elimina el castellano del sistema educativo.
El diario El Mundo publica este jueves que las siete horas semanales de castellano programadas por un centro de Badalona se imparten en juegos, talleres y gimnasia mientras que la lengua, las matemáticas, el inglés y las ciencias naturales se estudian en catalán.
La asignatura del castellano se ha eliminado en este colegio de Badalona, donde la gran mayoría de la población se expresa en español.
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