Lorenzo Contreras.
Estrella Digital 13-01-06
En la laboriosa pero inevitable marcha del Estatut hacia su instalación final en la vida política y social de Cataluña hay muchos valores españoles —y Cataluña, que se sepa, es parte de España— que van a quedar heridos, lastimados, menoscabados. Ésa es la verdad elemental y todo el mundo lo sabe, incluso quienes se empeñan en negarlo o en relativizar los efectos de la política en curso. Se alude en el debate de la sociedad a cuestiones como la nación, el sistema de financiación, etcétera. Pero se habla menos del habla, es decir, de la lengua, en cuyo terreno el castellano, entendido como el español, va de cabeza. Y va de cabeza por no decir lo contrario, que sería más apropiado. Esta deriva del español hacia su descalabro en Cataluña comienza con la imposición de la llamada inmersión lingüística en la enseñanza, que determina, según un informe de Acción Cultural Miguel de Cervantes, boletín mensual editado en barcelona, el mayor índice de fracaso escolar de toda España o, perdón, del Estado, como gustan decir quienes comienzan la destrucción de España por la negación de su concepto o su falta de utilización. “En un sistema que enseña sólo en catalán, los alumnos castellanohablantes tienen una dificultad lingüística añadida y se encuentran en inferioridad de condiciones”, argumenta ese informe, según el cual, además, “en las escuelas públicas de Cataluña el fracaso escolar entre los alumnos castellanohablantes es cercano al 50 por ciento, frente al 34 por ciento de Madrid o Andalucía”.
El boletín ofrece en su último número la novedad de insertar parte del texto de respuesta del Defensor del Pueblo a las denuncias que sobre política lingüística le han remitido. El Defensor, refiriéndose a la famosa “inmersión”, comunica que, tomando como base la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la materia, se ha apuntado la procedencia de incluir en el futuro texto legal “la garantía de una presencia adecuada y suficiente de la lengua castellana en los planes de estudio, de manera que quede plenamente garantizado su conocimiento y uso por parte de todos los alumnos al finalizar la educación obligatoria”. ¿De veras? De la intención oficial del Defensor no hay por qué dudar un considerable trecho, como suele decirse. Habría sido interesante conocer el sentir de otro defensor, este específico de los habitantes de Cataluña, el llamado “Sindic de Greuges”. ¿Se expresaría ese señor en los mismos o parecidos términos antes transcritos?
En plena discusión del Estatut, o sea, cuando avance el examen de su texto, se supone que el asunto de la “inmersión lingüística” de los escolares y, en general, del uso oficial del español llamado castellano, ocupará una buena parte de la atención parlamentaria, gubernamental y autonómica. Se supone, pero tal vez sea mucho suponer. Recientemente, en una tertulia del Ateneo Madrid XXI con Rosa Díez, la eurodiputada socialista abordó el tema del uso de la lengua y manifestó, entre otras consideraciones, la siguiente sobre la base del Estatut: “Cuando regula el poder judicial, jueces, abogados, pasantes... todos tienen que hablar catalán (...) Si aceptamos que hay que hablar catalán para poder ocupar un puesto de funcionario público, cuando todo el mundo se entiende perfectamente en español, (eso) es aceptar que 35 millones de españoles se conviertan en extranjeros en su propio país, en Cataluña. Esto no tiene cabida, no se puede discutir; pero es que lo han escrito además algunos que son de izquierdas”. Sí señora. Ahí queda eso. Está bien que se sepa.
Estrella Digital 13-01-06
En la laboriosa pero inevitable marcha del Estatut hacia su instalación final en la vida política y social de Cataluña hay muchos valores españoles —y Cataluña, que se sepa, es parte de España— que van a quedar heridos, lastimados, menoscabados. Ésa es la verdad elemental y todo el mundo lo sabe, incluso quienes se empeñan en negarlo o en relativizar los efectos de la política en curso. Se alude en el debate de la sociedad a cuestiones como la nación, el sistema de financiación, etcétera. Pero se habla menos del habla, es decir, de la lengua, en cuyo terreno el castellano, entendido como el español, va de cabeza. Y va de cabeza por no decir lo contrario, que sería más apropiado. Esta deriva del español hacia su descalabro en Cataluña comienza con la imposición de la llamada inmersión lingüística en la enseñanza, que determina, según un informe de Acción Cultural Miguel de Cervantes, boletín mensual editado en barcelona, el mayor índice de fracaso escolar de toda España o, perdón, del Estado, como gustan decir quienes comienzan la destrucción de España por la negación de su concepto o su falta de utilización. “En un sistema que enseña sólo en catalán, los alumnos castellanohablantes tienen una dificultad lingüística añadida y se encuentran en inferioridad de condiciones”, argumenta ese informe, según el cual, además, “en las escuelas públicas de Cataluña el fracaso escolar entre los alumnos castellanohablantes es cercano al 50 por ciento, frente al 34 por ciento de Madrid o Andalucía”.
El boletín ofrece en su último número la novedad de insertar parte del texto de respuesta del Defensor del Pueblo a las denuncias que sobre política lingüística le han remitido. El Defensor, refiriéndose a la famosa “inmersión”, comunica que, tomando como base la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la materia, se ha apuntado la procedencia de incluir en el futuro texto legal “la garantía de una presencia adecuada y suficiente de la lengua castellana en los planes de estudio, de manera que quede plenamente garantizado su conocimiento y uso por parte de todos los alumnos al finalizar la educación obligatoria”. ¿De veras? De la intención oficial del Defensor no hay por qué dudar un considerable trecho, como suele decirse. Habría sido interesante conocer el sentir de otro defensor, este específico de los habitantes de Cataluña, el llamado “Sindic de Greuges”. ¿Se expresaría ese señor en los mismos o parecidos términos antes transcritos?
En plena discusión del Estatut, o sea, cuando avance el examen de su texto, se supone que el asunto de la “inmersión lingüística” de los escolares y, en general, del uso oficial del español llamado castellano, ocupará una buena parte de la atención parlamentaria, gubernamental y autonómica. Se supone, pero tal vez sea mucho suponer. Recientemente, en una tertulia del Ateneo Madrid XXI con Rosa Díez, la eurodiputada socialista abordó el tema del uso de la lengua y manifestó, entre otras consideraciones, la siguiente sobre la base del Estatut: “Cuando regula el poder judicial, jueces, abogados, pasantes... todos tienen que hablar catalán (...) Si aceptamos que hay que hablar catalán para poder ocupar un puesto de funcionario público, cuando todo el mundo se entiende perfectamente en español, (eso) es aceptar que 35 millones de españoles se conviertan en extranjeros en su propio país, en Cataluña. Esto no tiene cabida, no se puede discutir; pero es que lo han escrito además algunos que son de izquierdas”. Sí señora. Ahí queda eso. Está bien que se sepa.
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