Por Miguel Ángel Quintanilla Navarro
Las cosas no siempre son como parecen a primera vista. En alta mar, para saber en qué dirección se desplaza uno se debe atender al lecho marino, no a la lumbre del agua, no a su superficie. La apariencia puede sugerir una corriente superficial que no es sino el efecto del viento, o de una impresión errónea en la que es fácil quedar atrapado ante la ausencia de referencias.
Con motivo del referéndum sobre la Constitución europea, fueron muchos los que creyeron que el Gobierno socialista se iba a apuntar un gran tanto electoral por haber sabido cerrar la negociación que –según se decía- Aznar había bloqueado porque era un intransigente y un antieuropeísta. Y fueron también muchos los que estimaron que el PP no podía dejar que fuera el PSOE el que apareciera en solitario en esa foto. Sin embargo, había algunas opciones que quizás, visto el desarrollo de los acontecimientos, hubiera sido prudente considerar. Con un electorado declarando masivamente no saber de qué se le hablaba, cuyo europeísmo acrítico es uno de esos mitos asentados en nuestra cultura política, hubiera sido posible ponerse de su lado, apoyarlo, comprenderlo y respetarlo, pidiendo un aplazamiento del referéndum hasta que hubiera podido desarrollarse una campaña de información seria y plural; y en caso de negativa del Gobierno al aplazamiento –lo que lo hubiera situado como el malo de la película, porque lo hubiera sido-, haber pedido un voto negativo transitorio y destinado a forzar un segundo referéndum más adelante.
La consecuencia de la forma en que se hizo todo por el Gobierno y sin que se planteara una alternativa más atractiva para la opinión pública “real” –hay que recordar que si uno se toma muy en serio las encuestas del CIS sobre ubicación ideológica de los votantes y de los partidos españoles, se llega con frecuencia a la sorprendente conclusión de que los partidos que mejor encarnan la posición política media de los españoles son el PNV y ERC- es que inmediatamente después el europeísmo español (el aprecio que los españoles sienten por la UE) cayó estrepitosamente y hasta marcar el record europeo de euroescepticismo sobrevenido.
Pero, lo más importante, ¿alguien cree que todo eso consolidó la posición electoral del Gobierno? ¿Alguien duda de que la alternativa expuesta hubiera consolidado la del PP?
Hoy, ante el comunicado hecho público por ETA, el PP se encuentra de nuevo en una encrucijada semejante. Y no es imposible que acierte a situarse en una posición cercana a la opinión pública, que, desde luego, quiere que ETA sea derrotada y que eso quede claro. De nuevo, puede ser útil proponer un modo de encarar el problema que obligue al Gobierno y a la propia banda terrorista a revelar sus verdaderas intenciones con una propuesta sencilla: que la reforma del marco jurídico autonómico sólo pueda abordarse dentro de dos legislaturas completas. Si se procediera a abordar la reforma del Estatuto inmediatamente, se haría sin que la oposición hubiera podido hacer política en el País Vasco libremente nunca, y, por tanto, sin que exista igualdad de condiciones. Si, por el contrario, se verificara durante al menos dos legislaturas completas de cuatro años la ausencia de violencia, se estaría permitiendo a la oposición no nacionalista recuperar parte del tiempo perdido, parte de la desventaja a la que la han sometido ETA y el nacionalismo durante treinta años. Nunca será posible recuperar todo lo perdido; desde luego, no a las personas muertas, sus ideas y su ejemplo. Pero al menos debe reconocerse el efecto político del asesinato sistemático de los dirigentes y los militantes de la oposición, de su acoso implacable durante décadas. La situación no se “normaliza” en unos meses, como se pretende. La ausencia total de violencia es el medio, no el fin; dejar de arrancar flores amarillas y rojas no hace que el jardín las recupere instantáneamente. Eso permitirá que florezcan en la siguiente primavera como pronto. Si de contar flores se trata y de saber de qué color hay más, no se debe admitir otro procedimiento.
Si no se procediera así, estaríamos sólo ante una injusticia extraordinaria, y, sin duda, la opinión pública lo entenderá de ese modo, si se le explica: se procede a la alteración de las leyes vigentes después de que se ha arrasado a los disidentes. Habrá que permitir al menos que quien ha sido brutalmente golpeado vuelva en sí y se ponga en pie antes de iniciar la carrera.
La otra opción para igualar las cosas se descarta porque somos gente civilizada, y nosotros sí tenemos principios y una moral acendrada de la que en general carecen los nacionalistas, pese a su pose dignísima. Pero también conviene proceder del modo indicado por prudencia, para evitar que alguien con las ideas menos claras y los principios menos asentados tenga tentación alguna en la que caer.
Ésta es una de las propuestas que podrían acercar al PP a la opinión pública española; acreditaría la sinceridad de su deseo de que ETA se rinda, pero obligaría al Gobierno y a la propia banda terrorista a dejar claro ante la opinión pública que no hay precio político alguno, y que el cese del terrorismo no está condicionado a la alteración del marco jurídico vigente, sin negar que esto se pueda hacer dentro de unos diez años más o menos y atendiendo a una “ley de claridad” que fijara los procedimientos y limpiara el debate.
De otro modo se corre el peligro de atender a la lumbre del agua, no al lecho marino, y de perderse irremisiblemente en alta mar, de alejarse de la tierra firme. Lo que sería malo para el PP, pero sobre todo para la justicia, la igualdad y la libertad en esa parte de España que es el País Vasco porque así lo quisieron los vascos; principios y valores que todos los españoles prometimos defender cuando aprobamos el Estatuto que está en vigor. Es para asegurar la libre expresión de la voluntad política de todos los vascos para lo que se realiza esa propuesta, no para impedirla. Es, simplemente, para cumplir con la palabra dada.
Las cosas no siempre son como parecen a primera vista. En alta mar, para saber en qué dirección se desplaza uno se debe atender al lecho marino, no a la lumbre del agua, no a su superficie. La apariencia puede sugerir una corriente superficial que no es sino el efecto del viento, o de una impresión errónea en la que es fácil quedar atrapado ante la ausencia de referencias.
Con motivo del referéndum sobre la Constitución europea, fueron muchos los que creyeron que el Gobierno socialista se iba a apuntar un gran tanto electoral por haber sabido cerrar la negociación que –según se decía- Aznar había bloqueado porque era un intransigente y un antieuropeísta. Y fueron también muchos los que estimaron que el PP no podía dejar que fuera el PSOE el que apareciera en solitario en esa foto. Sin embargo, había algunas opciones que quizás, visto el desarrollo de los acontecimientos, hubiera sido prudente considerar. Con un electorado declarando masivamente no saber de qué se le hablaba, cuyo europeísmo acrítico es uno de esos mitos asentados en nuestra cultura política, hubiera sido posible ponerse de su lado, apoyarlo, comprenderlo y respetarlo, pidiendo un aplazamiento del referéndum hasta que hubiera podido desarrollarse una campaña de información seria y plural; y en caso de negativa del Gobierno al aplazamiento –lo que lo hubiera situado como el malo de la película, porque lo hubiera sido-, haber pedido un voto negativo transitorio y destinado a forzar un segundo referéndum más adelante.
La consecuencia de la forma en que se hizo todo por el Gobierno y sin que se planteara una alternativa más atractiva para la opinión pública “real” –hay que recordar que si uno se toma muy en serio las encuestas del CIS sobre ubicación ideológica de los votantes y de los partidos españoles, se llega con frecuencia a la sorprendente conclusión de que los partidos que mejor encarnan la posición política media de los españoles son el PNV y ERC- es que inmediatamente después el europeísmo español (el aprecio que los españoles sienten por la UE) cayó estrepitosamente y hasta marcar el record europeo de euroescepticismo sobrevenido.
Pero, lo más importante, ¿alguien cree que todo eso consolidó la posición electoral del Gobierno? ¿Alguien duda de que la alternativa expuesta hubiera consolidado la del PP?
Hoy, ante el comunicado hecho público por ETA, el PP se encuentra de nuevo en una encrucijada semejante. Y no es imposible que acierte a situarse en una posición cercana a la opinión pública, que, desde luego, quiere que ETA sea derrotada y que eso quede claro. De nuevo, puede ser útil proponer un modo de encarar el problema que obligue al Gobierno y a la propia banda terrorista a revelar sus verdaderas intenciones con una propuesta sencilla: que la reforma del marco jurídico autonómico sólo pueda abordarse dentro de dos legislaturas completas. Si se procediera a abordar la reforma del Estatuto inmediatamente, se haría sin que la oposición hubiera podido hacer política en el País Vasco libremente nunca, y, por tanto, sin que exista igualdad de condiciones. Si, por el contrario, se verificara durante al menos dos legislaturas completas de cuatro años la ausencia de violencia, se estaría permitiendo a la oposición no nacionalista recuperar parte del tiempo perdido, parte de la desventaja a la que la han sometido ETA y el nacionalismo durante treinta años. Nunca será posible recuperar todo lo perdido; desde luego, no a las personas muertas, sus ideas y su ejemplo. Pero al menos debe reconocerse el efecto político del asesinato sistemático de los dirigentes y los militantes de la oposición, de su acoso implacable durante décadas. La situación no se “normaliza” en unos meses, como se pretende. La ausencia total de violencia es el medio, no el fin; dejar de arrancar flores amarillas y rojas no hace que el jardín las recupere instantáneamente. Eso permitirá que florezcan en la siguiente primavera como pronto. Si de contar flores se trata y de saber de qué color hay más, no se debe admitir otro procedimiento.
Si no se procediera así, estaríamos sólo ante una injusticia extraordinaria, y, sin duda, la opinión pública lo entenderá de ese modo, si se le explica: se procede a la alteración de las leyes vigentes después de que se ha arrasado a los disidentes. Habrá que permitir al menos que quien ha sido brutalmente golpeado vuelva en sí y se ponga en pie antes de iniciar la carrera.
La otra opción para igualar las cosas se descarta porque somos gente civilizada, y nosotros sí tenemos principios y una moral acendrada de la que en general carecen los nacionalistas, pese a su pose dignísima. Pero también conviene proceder del modo indicado por prudencia, para evitar que alguien con las ideas menos claras y los principios menos asentados tenga tentación alguna en la que caer.
Ésta es una de las propuestas que podrían acercar al PP a la opinión pública española; acreditaría la sinceridad de su deseo de que ETA se rinda, pero obligaría al Gobierno y a la propia banda terrorista a dejar claro ante la opinión pública que no hay precio político alguno, y que el cese del terrorismo no está condicionado a la alteración del marco jurídico vigente, sin negar que esto se pueda hacer dentro de unos diez años más o menos y atendiendo a una “ley de claridad” que fijara los procedimientos y limpiara el debate.
De otro modo se corre el peligro de atender a la lumbre del agua, no al lecho marino, y de perderse irremisiblemente en alta mar, de alejarse de la tierra firme. Lo que sería malo para el PP, pero sobre todo para la justicia, la igualdad y la libertad en esa parte de España que es el País Vasco porque así lo quisieron los vascos; principios y valores que todos los españoles prometimos defender cuando aprobamos el Estatuto que está en vigor. Es para asegurar la libre expresión de la voluntad política de todos los vascos para lo que se realiza esa propuesta, no para impedirla. Es, simplemente, para cumplir con la palabra dada.
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