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Montilla responde que por encima de su cadáver. Considera que retrasaría la implantación de la banda ancha en España. Calvo pretende, de nuevo, imponer un impuesto similar al que hoy se paga por cada CD vendido. Las entidades gestoras de derechos de autor cobran de forma totalmente arbitraria. La quiebra de Blockbuster ha vuelto a poner sobre el tapete el canon o nuevo impuesto sobre ADSL y discos duros
¿Qué no hará la titular de Cultura, Carmen Calvo, por la creatividad y por la defensa de la Propiedad Intelectual? Al final, los grandes editores, agrupados en Gedeprensa, han conseguido –proyecto de Ley de Propiedad Intelectual-, no sólo que cualquier empresa de resúmenes de prensa tenga que pagarles, sino que además deja en manos de los socios de Gedeprensa decidir quién puede y quién no pude hacer ‘clipping’.
Pero ese era un partido de segunda división. Ahora entramos en las grandes ligas. Por eso, Cultura se empeña en que la nueva Ley de Propiedad Intelectual prepare el camino para establecer –no es necesario, ni sería inteligente, utilizar la propia ley- un canon sobre cada línea ADSL o sobre los discos duros.
Calvo lo intentó imponer el nuevo impuesto, justo cuando su colega de Gabinete, José Montilla, pretendía lanzar la “España.es”, la sociedad de la información, en un país que no se distingue, precisamente, por una gran penetración de la banda ancha. Según la Asociación de Internautas, al terminar el mes de febrero había en España 5,1 millones de accesos de banda ancha. De ellos, algo más de 1 millón eran por cable, mientras el resto, 4,1 millones, se repartía entre el ADSL de Telefónica, o que utilizaba las líneas del operador dominante (3,6 millones) y el medio millón correspondiente a otros operadores que no utilizaban la red de planta de Telefónica.
Una penetración escasa. Si comparamos con Europa (ver cuadro de banda ancha por habitante en la Unión) España se sitúa por debajo del a media. Por tanto, Montilla logró convencer a Zapatero de que lo importante era incorporar a España la sociedad de la información, consigue que España se internetice, dado que llevamos mucho atraso tanto en número s de usuario de la red como en publicidad y comercio electrónico en la misma. Venció Montilla, y el asunto quedó en nada.
Pero Calvo insiste, porque la titular de Cultura hace lo que le dice la Sociedad General de Autores (SGAE) y otros organismos similares, intermediarios del cobro del derecho de autor que han surgido como hongos hasta constituir uno de los negocios más estupendos que existen en nuestro país.
No sólo eso, si las entidades gestoras de derechos de autor –así se llaman a sí mismos estos intermediarios- imponen el canon lo que hará con los operadores de telecomunicaciones serían repercutir el impuesto al público. El sistema ha dado resultado en el canon sobre maquinas fotocopiadoras, y sobre fotocopia (CEDRO), el mejor negocio de todos en nuestro país. Asimismo, se ha aplicado en la venta de todo tipo de soportes, por ejemplo, los CD.
Y lo peor de tod la aplicación de los impuestos sobre propiedad intelectual se hace de forma arbitraria. Las entidades de derecho reciben el dinero que el Estado recauda para ellas y lo distribuyen sin atenerse a otras normas que las suyas propias. Es más, en entidades que cobran derechos de vídeo o de videoclip a las televisiones el asunto es aún más llamativ le cobran al canal de TV un porcentaje sobre su facturación total, independientemente de que tal canal haya utilizado, o no, distintas grabaciones de sus socios o de otros autores, cantantes, directores, etc.
En cualquier caso, la pugna entre Montilla y Calvo ha rebrotado tras el caso Blockbuster, la tienda de alquiler de películas y videojuegos que ha tenido que cerrar, no por la presión del top manta o venta callejera, sino por la descarga de películas a través de la red Internet, que tienen mucha más calidad que la venta callejera.
Por eso, Calvo está empeñada, así se lo aconsejan sus amigos de la SGAE, que preside Teddy Bautista, en que el canon no se imponga sobre líneas ADSL, sino también sobre discos duros.
Montilla responde que por encima de su cadáver. Considera que retrasaría la implantación de la banda ancha en España. Calvo pretende, de nuevo, imponer un impuesto similar al que hoy se paga por cada CD vendido. Las entidades gestoras de derechos de autor cobran de forma totalmente arbitraria. La quiebra de Blockbuster ha vuelto a poner sobre el tapete el canon o nuevo impuesto sobre ADSL y discos duros
¿Qué no hará la titular de Cultura, Carmen Calvo, por la creatividad y por la defensa de la Propiedad Intelectual? Al final, los grandes editores, agrupados en Gedeprensa, han conseguido –proyecto de Ley de Propiedad Intelectual-, no sólo que cualquier empresa de resúmenes de prensa tenga que pagarles, sino que además deja en manos de los socios de Gedeprensa decidir quién puede y quién no pude hacer ‘clipping’.
Pero ese era un partido de segunda división. Ahora entramos en las grandes ligas. Por eso, Cultura se empeña en que la nueva Ley de Propiedad Intelectual prepare el camino para establecer –no es necesario, ni sería inteligente, utilizar la propia ley- un canon sobre cada línea ADSL o sobre los discos duros.
Calvo lo intentó imponer el nuevo impuesto, justo cuando su colega de Gabinete, José Montilla, pretendía lanzar la “España.es”, la sociedad de la información, en un país que no se distingue, precisamente, por una gran penetración de la banda ancha. Según la Asociación de Internautas, al terminar el mes de febrero había en España 5,1 millones de accesos de banda ancha. De ellos, algo más de 1 millón eran por cable, mientras el resto, 4,1 millones, se repartía entre el ADSL de Telefónica, o que utilizaba las líneas del operador dominante (3,6 millones) y el medio millón correspondiente a otros operadores que no utilizaban la red de planta de Telefónica.
Una penetración escasa. Si comparamos con Europa (ver cuadro de banda ancha por habitante en la Unión) España se sitúa por debajo del a media. Por tanto, Montilla logró convencer a Zapatero de que lo importante era incorporar a España la sociedad de la información, consigue que España se internetice, dado que llevamos mucho atraso tanto en número s de usuario de la red como en publicidad y comercio electrónico en la misma. Venció Montilla, y el asunto quedó en nada.
Pero Calvo insiste, porque la titular de Cultura hace lo que le dice la Sociedad General de Autores (SGAE) y otros organismos similares, intermediarios del cobro del derecho de autor que han surgido como hongos hasta constituir uno de los negocios más estupendos que existen en nuestro país.
No sólo eso, si las entidades gestoras de derechos de autor –así se llaman a sí mismos estos intermediarios- imponen el canon lo que hará con los operadores de telecomunicaciones serían repercutir el impuesto al público. El sistema ha dado resultado en el canon sobre maquinas fotocopiadoras, y sobre fotocopia (CEDRO), el mejor negocio de todos en nuestro país. Asimismo, se ha aplicado en la venta de todo tipo de soportes, por ejemplo, los CD.
Y lo peor de tod la aplicación de los impuestos sobre propiedad intelectual se hace de forma arbitraria. Las entidades de derecho reciben el dinero que el Estado recauda para ellas y lo distribuyen sin atenerse a otras normas que las suyas propias. Es más, en entidades que cobran derechos de vídeo o de videoclip a las televisiones el asunto es aún más llamativ le cobran al canal de TV un porcentaje sobre su facturación total, independientemente de que tal canal haya utilizado, o no, distintas grabaciones de sus socios o de otros autores, cantantes, directores, etc.
En cualquier caso, la pugna entre Montilla y Calvo ha rebrotado tras el caso Blockbuster, la tienda de alquiler de películas y videojuegos que ha tenido que cerrar, no por la presión del top manta o venta callejera, sino por la descarga de películas a través de la red Internet, que tienen mucha más calidad que la venta callejera.
Por eso, Calvo está empeñada, así se lo aconsejan sus amigos de la SGAE, que preside Teddy Bautista, en que el canon no se imponga sobre líneas ADSL, sino también sobre discos duros.
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