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Ya no serían los editores, sino los verdaderos propietarios de derechos, los autores de un artículo o reportaje, los que deberían otorgar el permiso para reproducir sus trabajos. El lobby de los grandes editores, Gedeprensa, monta en cólera y organiza una campaña contra las empresas de resúmenes de prensa –clipping-. Cebrián abronca a Rubalcaba quien, contrito, promete arreglarlo en el Senado. Monopolizar los resúmenes de una forma de obtener unos ingresos extra cuando la prensa de pago española vive la mayor crisis de toda su historia
El asunto del ‘clipping-press’ y el lobby de los grandes editores comienza a resultar de lo más divertido. La historia, bastante resumida, es la siguiente: el proyecto de Ley de propiedad intelectual (LPI), ahora en el Senado, ha sido el momento esperado tanto por las sociedades de gestión de derechos de autor (SGAE y compañía) como por el lobby de los grandes editores, es decir, Gedeprensa.
Los primeros, los SGAE, que viven y reinan en el Ministerio de Cultura, han convencido a la ministra Carmen Calvo de que proponga el canon sobre discos duros o sobre líneas ADSL (o sobre ambos, si se dejan…), pero se ha encontrado con la oposición frontal del titular de Industria, José Montilla. Todo ello ha supuesto la creación de la plataforma www.todoscontraelcanon.es contra el cobro indiscriminado de un impuesto que distingue entre quienes pagan al bajarse una película o una canción por Internet y quienes no lo hacen.
Los segundos, es decir, Gedeprensa, donde se integran Prisa, Vocento, Unedisa, Recoletos, Zeta, etc, habían conseguido que todas las empresas dedicada a realizar resúmenes de prensa –que es amucho más que copiar y pegar- tuvieran que pagar a los editores y, lo que es más importante, que tuvieran que pedir permiso a los mismos para ejercer su actividad. De hecho, hasta la Asociación de clipineros, AESIP había dado por perdía la partida y se disponía a ser degollada por Gedeprensa. El ínclito Leopoldo Rodés, número uno de Mediaplanning y de Acceso, ya se disponía a monopolizar el visado y cobro para realizar resúmenes de prensa, una actividad cada vez más necesaria por mor de la saturación informativa en la que vivimos… se produce la sorpresa.
Ocurrió el mismo día de la aprobación en el Congreso de los Diputados del Estatuto catalán. El látigo principal, es decir, el portavoz parlamentario del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba pendiente de la norma catalana, donde tanto se juega el Gobierno socialista, se encontró con que le habían metido un gol por la escuadra. En pocas palabras, sea porque a algún disuado socialista le dio vergüenza apoyar tan descaradamente al poder mediático, sea porque alguien en el Grupo parlamentario había reflexionado sobre la propiedad intelectual, y en especial sobre el sujeto de este derecho en la prensa, el caso es que se les cuela una recontraenmienda en la LPI, por la que se mantiene el pago para hacer clipping pero se suprime el régimen de autorización previo, excepto para aquellos “autores que lo exijan de forma expresa”. Sí, han entendido ustedes bien: autores, no editores.
Como El País, El Mundo, ABC, La Razón, La Vanguardia, etc., consideran que una ley es aprobada cuando se expone en sus páginas, tardaron más de una semana en darse cuenta del desafuero. Con los editores ocurre algo parecido a lo de los economistas: éstos se equivocan todos a la vez y en la misma dirección, los editores se percatan todos a la vez y en la misma dirección. Por eso, el pasado martes 4 los grandes rotativos abrían sus páginas con la desvergüenza de los políticos que con nocturnidad y alevosía, modificaban la ley para beneficiar la piratería intelectual.
El consejero delegado de PRISA, Juan Luis Cebrián, llamó a Alfredo Pérez Rubalcaba y le puso firme. ¿Cómo podía permitirse tamaña metedura de pata? Los derechos son del editor, no del autor. Naturalmente, Rubalcaba respondió que el asunto se subsanaría en el Senado. No hay el menor problema, dado que el Lobby de los grandes editores tiene atemorizado tanto al Gobierno como a la oposición.
Ahora bien, la enmienda, y todavía no está claro de quién es la responsabilidad de la misma, apunta directamente a la esencia de las cosas. En efecto, si hablamos de propiedad intelectual, la empresa editora de un periódico no tiene derechos ni tan siquiera sobe el 30% de los contenidos: fotografías, noticias de agencia, esquelas, artículos, etc., se escapan a dicho control. La propiedad intelectual es de sus autores, y los editores tienen derecho a publicarlos a cambio de una contraprestación dineraria, pero son los autores los propietarios de los derechos de autor.
Es más, los fotógrafos ya tienen, por convenio, resguardados sus derechos de autor –las imágenes son propiedad de los fotógrafos, no de los medios, en teoría un fotógrafo debería llevarse sus fotos cuando abandona una empresa-, pero los redactores literarios no. Por eso llama la atención que el pasado martes los plumíferos se pusieran al servicio de sus jefes, clamando contra el robo intelectual… cuando quienes les roban son sus propios editores.
Lo lógico es que el asunto se modifique nuevamente en el Senado, pero a nadie le gusta quedar con las vergüenzas al aire por un lamentable despiste de “sus” diputados. En cualquier caso, contemplar a un editor como Janli abroncar al poderoso Rubalcaba, representante del pueblo no deja de resultar un espectáculo de lo más regocijante.
La arremetida del ‘lobby’ Gedeprensa no hubiera sido tan eficaz, al menos hasta la confusión de Rubalcaba, si no fuera por el planteamiento judicial paralelo. Empezando por el final, digamos que la AESIP, la asociación que agrupa a los clippineros, ha decidido recusar al juez del caso José Maria del Riego Valledor, al que el grupo PRISA no deja de invitar a sus semanarios, y que muestra una especial relación con el bufete Uría y Menéndez –Gederpensa- y con la Universidad Carlos III, bastión del PSOE y del grupo Polanco.
La verdad es que lo de Gedeprensa no deja de ser un intento de los grandes editores para, en nombre de la propiedad intelectual, intentar unos ingresos extra, en un momento en el que la prensa de pago, por mor del empuje de los gratutios, atraviesa la peor crisis de su historia en España. El último informe de OJD reveló que en Madrid, cuna de la prensa gratuita, que en un espacio de tiempo de 1 año, la prensa de pago había perdido un 12% de sus lectores, y que los únicos sitios donde se mantenía era en aquellas pequeñas poblaciones sin prensa gratuita. Si a ello unimos la competencia en influencia, y en breve en dinero, de la prensa electrónica, está claro que se está cumpliendo la predicción del propio Cebrián: “Los periódicos son un artículo del siglo XX”. Pero, mientras tanto, intentan alargar su modo de vida.
Ya no serían los editores, sino los verdaderos propietarios de derechos, los autores de un artículo o reportaje, los que deberían otorgar el permiso para reproducir sus trabajos. El lobby de los grandes editores, Gedeprensa, monta en cólera y organiza una campaña contra las empresas de resúmenes de prensa –clipping-. Cebrián abronca a Rubalcaba quien, contrito, promete arreglarlo en el Senado. Monopolizar los resúmenes de una forma de obtener unos ingresos extra cuando la prensa de pago española vive la mayor crisis de toda su historia
El asunto del ‘clipping-press’ y el lobby de los grandes editores comienza a resultar de lo más divertido. La historia, bastante resumida, es la siguiente: el proyecto de Ley de propiedad intelectual (LPI), ahora en el Senado, ha sido el momento esperado tanto por las sociedades de gestión de derechos de autor (SGAE y compañía) como por el lobby de los grandes editores, es decir, Gedeprensa.
Los primeros, los SGAE, que viven y reinan en el Ministerio de Cultura, han convencido a la ministra Carmen Calvo de que proponga el canon sobre discos duros o sobre líneas ADSL (o sobre ambos, si se dejan…), pero se ha encontrado con la oposición frontal del titular de Industria, José Montilla. Todo ello ha supuesto la creación de la plataforma www.todoscontraelcanon.es contra el cobro indiscriminado de un impuesto que distingue entre quienes pagan al bajarse una película o una canción por Internet y quienes no lo hacen.
Los segundos, es decir, Gedeprensa, donde se integran Prisa, Vocento, Unedisa, Recoletos, Zeta, etc, habían conseguido que todas las empresas dedicada a realizar resúmenes de prensa –que es amucho más que copiar y pegar- tuvieran que pagar a los editores y, lo que es más importante, que tuvieran que pedir permiso a los mismos para ejercer su actividad. De hecho, hasta la Asociación de clipineros, AESIP había dado por perdía la partida y se disponía a ser degollada por Gedeprensa. El ínclito Leopoldo Rodés, número uno de Mediaplanning y de Acceso, ya se disponía a monopolizar el visado y cobro para realizar resúmenes de prensa, una actividad cada vez más necesaria por mor de la saturación informativa en la que vivimos… se produce la sorpresa.
Ocurrió el mismo día de la aprobación en el Congreso de los Diputados del Estatuto catalán. El látigo principal, es decir, el portavoz parlamentario del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba pendiente de la norma catalana, donde tanto se juega el Gobierno socialista, se encontró con que le habían metido un gol por la escuadra. En pocas palabras, sea porque a algún disuado socialista le dio vergüenza apoyar tan descaradamente al poder mediático, sea porque alguien en el Grupo parlamentario había reflexionado sobre la propiedad intelectual, y en especial sobre el sujeto de este derecho en la prensa, el caso es que se les cuela una recontraenmienda en la LPI, por la que se mantiene el pago para hacer clipping pero se suprime el régimen de autorización previo, excepto para aquellos “autores que lo exijan de forma expresa”. Sí, han entendido ustedes bien: autores, no editores.
Como El País, El Mundo, ABC, La Razón, La Vanguardia, etc., consideran que una ley es aprobada cuando se expone en sus páginas, tardaron más de una semana en darse cuenta del desafuero. Con los editores ocurre algo parecido a lo de los economistas: éstos se equivocan todos a la vez y en la misma dirección, los editores se percatan todos a la vez y en la misma dirección. Por eso, el pasado martes 4 los grandes rotativos abrían sus páginas con la desvergüenza de los políticos que con nocturnidad y alevosía, modificaban la ley para beneficiar la piratería intelectual.
El consejero delegado de PRISA, Juan Luis Cebrián, llamó a Alfredo Pérez Rubalcaba y le puso firme. ¿Cómo podía permitirse tamaña metedura de pata? Los derechos son del editor, no del autor. Naturalmente, Rubalcaba respondió que el asunto se subsanaría en el Senado. No hay el menor problema, dado que el Lobby de los grandes editores tiene atemorizado tanto al Gobierno como a la oposición.
Ahora bien, la enmienda, y todavía no está claro de quién es la responsabilidad de la misma, apunta directamente a la esencia de las cosas. En efecto, si hablamos de propiedad intelectual, la empresa editora de un periódico no tiene derechos ni tan siquiera sobe el 30% de los contenidos: fotografías, noticias de agencia, esquelas, artículos, etc., se escapan a dicho control. La propiedad intelectual es de sus autores, y los editores tienen derecho a publicarlos a cambio de una contraprestación dineraria, pero son los autores los propietarios de los derechos de autor.
Es más, los fotógrafos ya tienen, por convenio, resguardados sus derechos de autor –las imágenes son propiedad de los fotógrafos, no de los medios, en teoría un fotógrafo debería llevarse sus fotos cuando abandona una empresa-, pero los redactores literarios no. Por eso llama la atención que el pasado martes los plumíferos se pusieran al servicio de sus jefes, clamando contra el robo intelectual… cuando quienes les roban son sus propios editores.
Lo lógico es que el asunto se modifique nuevamente en el Senado, pero a nadie le gusta quedar con las vergüenzas al aire por un lamentable despiste de “sus” diputados. En cualquier caso, contemplar a un editor como Janli abroncar al poderoso Rubalcaba, representante del pueblo no deja de resultar un espectáculo de lo más regocijante.
La arremetida del ‘lobby’ Gedeprensa no hubiera sido tan eficaz, al menos hasta la confusión de Rubalcaba, si no fuera por el planteamiento judicial paralelo. Empezando por el final, digamos que la AESIP, la asociación que agrupa a los clippineros, ha decidido recusar al juez del caso José Maria del Riego Valledor, al que el grupo PRISA no deja de invitar a sus semanarios, y que muestra una especial relación con el bufete Uría y Menéndez –Gederpensa- y con la Universidad Carlos III, bastión del PSOE y del grupo Polanco.
La verdad es que lo de Gedeprensa no deja de ser un intento de los grandes editores para, en nombre de la propiedad intelectual, intentar unos ingresos extra, en un momento en el que la prensa de pago, por mor del empuje de los gratutios, atraviesa la peor crisis de su historia en España. El último informe de OJD reveló que en Madrid, cuna de la prensa gratuita, que en un espacio de tiempo de 1 año, la prensa de pago había perdido un 12% de sus lectores, y que los únicos sitios donde se mantenía era en aquellas pequeñas poblaciones sin prensa gratuita. Si a ello unimos la competencia en influencia, y en breve en dinero, de la prensa electrónica, está claro que se está cumpliendo la predicción del propio Cebrián: “Los periódicos son un artículo del siglo XX”. Pero, mientras tanto, intentan alargar su modo de vida.
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