Arcadi Espada
EL MUNDO 22/04/2006
La Carta de Principios para la actuación de los medios de comunicación de la Corporación Catalana de Radio y Televisión es un paso más en la estrategia de relegar al castellano al uso privado. Nada justifica su obstinada y minuciosa expulsión del ámbito público. Las razones son sólo simbólicas: el castellano no pertenece al ámbito de decisión recién inaugurado.
Querido J:
Estos días se ha hecho pública la llamada Carta de Principios para la actuación de los medios de comunicación de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV). Puedes verla en http://www.ccrtv.cat/regulacio/Principis%20actuacio.pdf. Dado que vivimos en una sociedad mediática, se trata de la auténtica Constitución catalana. Y como tal, presenta (engordada, porque la televisión engorda todo lo que toca) los tres ismos habituales de la actuación política en Cataluña: el segregacionismo, el buenismo y el intervencionismo.
Antes de pasar al detalle quiero adelantarme a un par de preguntas que quizá te hagas. Quiero que evites la dilapidación. Sé que estás empeñado en esfuerzos importantes y que todo ahorro de energía te será útil. La primera respuesta es porque en Cataluña ya todo es posible. Se ha hablado poco de lo que, en términos morales, ha significado la redacción del nuevo Estatuto. Tú te preguntarás cómo esta Carta de Principios ha sido posible y la única respuesta es porque el Estatuto lo ha hecho posible. No hay entre los dos textos, claro está, ninguna vinculación orgánica. Pero el Estatuto ha abierto todas las compuertas. Si el preámbulo estatutario establece, aunque sea mediante extravagante pirueta, que Cataluña es una nación para los catalanes, lo lógico es que los nacionalistas reaccionen en cascada articulada. Lee lo que dice un párrafo del punto 3.2 de la Carta: «Los medios de la CCRTV [utilizarán] una terminología que remita prioritariamente al espacio catalán de comunicación. Así, los términos país, lengua, nación, nacional, Gobierno o Parlamento siempre harán referencia a Cataluña». La exigencia se inserta en la clave política de los últimos movimientos del nacionalismo: la organización de un ámbito de decisión catalana cada vez más amplio. Un independentismo fáctico, no proclamado, pero real. Este ámbito de decisión es doble. Por un lado, respecto al resto de España; pero también respecto a aquellos catalanes que no quieren ver debilitados sus vínculos políticos, económicos y sentimentales con España. La independencia silenciosa tiene una ventaja enorme para sus promotores: pone en sordina la previsible reacción de una parte de la sociedad catalana que tal vez reaccionara (tal vez, no estoy seguro) ante la proclamación y sus ofensivas pompas.
El párrafo sobre el catalanesco uso exclusivo de determinados términos provoca el peor reproche que puede hacerse al periodismo: la perversión de lo real. Real es que los catalanes tenemos dos lenguas, dos gobiernos, dos parlamentos y una nación, si se le da a la palabra nación el único sentido democrático que tiene. Pero qué duda cabe que, deliberadamente al margen de la realidad, el párrafo se adecúa a la intención de los nacionalistas y a la plasmación de su universo simbólico.
La segunda de las preguntas que te harás es por las reacciones que el texto ha provocado. Bien: sólo en este diario que te trae las cartas se ha escrito un editorial alarmado y convincente. El silencio de la prensa regional no es nuevo ni extraño. De hecho, la prensa regional es una de las responsables de la decadencia catalana. Pero conviene que precisemos. Entre las 3.000 personas, por ejemplo, que deben de trabajar en la radio y televisión públicas, no se ha oído un susurro.
De hecho, y según me cuentan, este documento es un trabajo colectivo. Diversos grupos de profesionales fueron llamados a su elaboración, y elaboraron. Este es el resultado. Quizá sea el punto de vista técnico el más lacerante. El hipócrita buenismo. Pareciera, por ejemplo, que el texto se apresura a prohibir y a censurar el uso informativo de cámaras y micrófonos ocultos. Ante estos métodos sólo cabe el sí o el no, y hay sólidas razones para uno u otro. En mi caso, es el sí, como sabes, porque yo nunca prohibiría a un periodista que mirara por el ojo de una cerradura.
La Constitución mediática catalana dice, sin embargo: no, pero. El pero que argumenta es «el interés público». Podría aceptarse si la Carta de Principios se hubiera tomado la molestia de definir lo que es el interés público. Aunque ya comprendo que, desde el punto de vista nacionalista, la definición del interés público es un acto excesivo de cinismo.
Todas las recomendaciones deontológicas son del mismo tipo: pura pose. Nada que ver con la exhibición de un riguroso conjunto de valores: sólo un gallináceo ejercicio de supervivencia. Pero al relativismo moral le corresponde el cognitivo, como no podía ser de otro modo. Hazme el favor de no perderte el apartado 3.9, dedicado a la ciencia y la salud. Y este párrafo imberbe donde ciencia y seudociencia actúan al mismo nivel epistemológico: «En caso de participación de personas que defiendan el esoterismo, el ocultismo o criterios acientíficos, esta participación ha de ser contrastada con otras que postulen un conocimiento científico de la realidad, o bien se ha de advertir de que su contenido no se fundamenta en criterios científicos». Las autoridades televisivas advierten de que los horóscopos son malos para la salud. Lástima que el necesario contraste no lo extiendan hasta el capítulo religioso (no deben de considerarlo acientífico), que se trata con una prolijidad sospechosa y apelando, tan formalitos y tan inanes, a la habitual necesidad de respeto por todas las creencias. Ese respeto alcanza a la sátira. No se prohíbe, faltaría más: sólo que debe ser sana.
En realidad todo debe ser sano o, al menos, parecerlo. La deriva intervencionista y el escaso apego a la libertad individual de este Gobierno se reflejan perfectamente en aspectos que sólo una mirada rápida podría considerar marginales.
La Constitución mediática prohíbe, por ejemplo, que los trabajadores de la Corporación den conferencias sin autorización de la dirección. ¡Hay que pedir permiso para dar una conferencia! Todo el apartado sobre los conflictos de intereses rezuma dirigismo. Y la voluntad implícita de que los trabajadores de la Corporación no puedan exhibir su visión del mundo, no ya en los medios públicos, sino en otro cualquiera; libros, artículos y blogs incluidos. Una legislación anacrónica, falseadora e hipócrita, que quiere alojar al periodista en la oscuridad pública. Corporación es una palabra vinculada al fascismo histórico. La Constitución mediática. Cataluña, claro, como corporación.
Acabo donde empecé. La Carta de Principios es segregacionista, lingüísticamente segregacionista. Porque establece la prioridad en crónicas o reportajes de los testimonios que hablen catalán. Porque recomienda la traducción simultánea en el caso de los invitados que hablen castellano. Porque exige (¡incluso!) la traducción al catalán de los sms o e-mails en lengua castellana que aparezcan en pantalla. Porque, en suma, es un paso más en la estrategia de relegar al castellano al uso privado. Sabes que nunca di demasiada importancia a las cuestiones de la lengua. Que acepté que en el dominio público (escuela, o radio y televisión) fuera el catalán la lengua vehicular, atendiendo a las irrelevantes diferencias técnicas entre castellano y catalán y a la necesidad de compensar la oferta y la demanda lingüística general. Pero la Carta de Principios cruza un límite. No hay ninguna razón real que justifique la obstinada y minuciosa expulsión del castellano del ámbito público. Las razones son sólo simbólicas: el castellano no pertenece al ámbito de decisión recién inaugurado. Las razones simbólicas son muy peligrosas, porque pueden contrarrestarse con otras del mismo tipo. Yo mismo. Yo también tengo principios. Acabo de tomar, por ejemplo, la decisión de no volver a hablar el catalán en una emisora pública de Cataluña. Una decisión peligrosa, porque ya sabrás cuánto de amputación y autoodio conlleva.
Sigue con salud.
A.
EL MUNDO 22/04/2006
La Carta de Principios para la actuación de los medios de comunicación de la Corporación Catalana de Radio y Televisión es un paso más en la estrategia de relegar al castellano al uso privado. Nada justifica su obstinada y minuciosa expulsión del ámbito público. Las razones son sólo simbólicas: el castellano no pertenece al ámbito de decisión recién inaugurado.
Querido J:
Estos días se ha hecho pública la llamada Carta de Principios para la actuación de los medios de comunicación de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV). Puedes verla en http://www.ccrtv.cat/regulacio/Principis%20actuacio.pdf. Dado que vivimos en una sociedad mediática, se trata de la auténtica Constitución catalana. Y como tal, presenta (engordada, porque la televisión engorda todo lo que toca) los tres ismos habituales de la actuación política en Cataluña: el segregacionismo, el buenismo y el intervencionismo.
Antes de pasar al detalle quiero adelantarme a un par de preguntas que quizá te hagas. Quiero que evites la dilapidación. Sé que estás empeñado en esfuerzos importantes y que todo ahorro de energía te será útil. La primera respuesta es porque en Cataluña ya todo es posible. Se ha hablado poco de lo que, en términos morales, ha significado la redacción del nuevo Estatuto. Tú te preguntarás cómo esta Carta de Principios ha sido posible y la única respuesta es porque el Estatuto lo ha hecho posible. No hay entre los dos textos, claro está, ninguna vinculación orgánica. Pero el Estatuto ha abierto todas las compuertas. Si el preámbulo estatutario establece, aunque sea mediante extravagante pirueta, que Cataluña es una nación para los catalanes, lo lógico es que los nacionalistas reaccionen en cascada articulada. Lee lo que dice un párrafo del punto 3.2 de la Carta: «Los medios de la CCRTV [utilizarán] una terminología que remita prioritariamente al espacio catalán de comunicación. Así, los términos país, lengua, nación, nacional, Gobierno o Parlamento siempre harán referencia a Cataluña». La exigencia se inserta en la clave política de los últimos movimientos del nacionalismo: la organización de un ámbito de decisión catalana cada vez más amplio. Un independentismo fáctico, no proclamado, pero real. Este ámbito de decisión es doble. Por un lado, respecto al resto de España; pero también respecto a aquellos catalanes que no quieren ver debilitados sus vínculos políticos, económicos y sentimentales con España. La independencia silenciosa tiene una ventaja enorme para sus promotores: pone en sordina la previsible reacción de una parte de la sociedad catalana que tal vez reaccionara (tal vez, no estoy seguro) ante la proclamación y sus ofensivas pompas.
El párrafo sobre el catalanesco uso exclusivo de determinados términos provoca el peor reproche que puede hacerse al periodismo: la perversión de lo real. Real es que los catalanes tenemos dos lenguas, dos gobiernos, dos parlamentos y una nación, si se le da a la palabra nación el único sentido democrático que tiene. Pero qué duda cabe que, deliberadamente al margen de la realidad, el párrafo se adecúa a la intención de los nacionalistas y a la plasmación de su universo simbólico.
La segunda de las preguntas que te harás es por las reacciones que el texto ha provocado. Bien: sólo en este diario que te trae las cartas se ha escrito un editorial alarmado y convincente. El silencio de la prensa regional no es nuevo ni extraño. De hecho, la prensa regional es una de las responsables de la decadencia catalana. Pero conviene que precisemos. Entre las 3.000 personas, por ejemplo, que deben de trabajar en la radio y televisión públicas, no se ha oído un susurro.
De hecho, y según me cuentan, este documento es un trabajo colectivo. Diversos grupos de profesionales fueron llamados a su elaboración, y elaboraron. Este es el resultado. Quizá sea el punto de vista técnico el más lacerante. El hipócrita buenismo. Pareciera, por ejemplo, que el texto se apresura a prohibir y a censurar el uso informativo de cámaras y micrófonos ocultos. Ante estos métodos sólo cabe el sí o el no, y hay sólidas razones para uno u otro. En mi caso, es el sí, como sabes, porque yo nunca prohibiría a un periodista que mirara por el ojo de una cerradura.
La Constitución mediática catalana dice, sin embargo: no, pero. El pero que argumenta es «el interés público». Podría aceptarse si la Carta de Principios se hubiera tomado la molestia de definir lo que es el interés público. Aunque ya comprendo que, desde el punto de vista nacionalista, la definición del interés público es un acto excesivo de cinismo.
Todas las recomendaciones deontológicas son del mismo tipo: pura pose. Nada que ver con la exhibición de un riguroso conjunto de valores: sólo un gallináceo ejercicio de supervivencia. Pero al relativismo moral le corresponde el cognitivo, como no podía ser de otro modo. Hazme el favor de no perderte el apartado 3.9, dedicado a la ciencia y la salud. Y este párrafo imberbe donde ciencia y seudociencia actúan al mismo nivel epistemológico: «En caso de participación de personas que defiendan el esoterismo, el ocultismo o criterios acientíficos, esta participación ha de ser contrastada con otras que postulen un conocimiento científico de la realidad, o bien se ha de advertir de que su contenido no se fundamenta en criterios científicos». Las autoridades televisivas advierten de que los horóscopos son malos para la salud. Lástima que el necesario contraste no lo extiendan hasta el capítulo religioso (no deben de considerarlo acientífico), que se trata con una prolijidad sospechosa y apelando, tan formalitos y tan inanes, a la habitual necesidad de respeto por todas las creencias. Ese respeto alcanza a la sátira. No se prohíbe, faltaría más: sólo que debe ser sana.
En realidad todo debe ser sano o, al menos, parecerlo. La deriva intervencionista y el escaso apego a la libertad individual de este Gobierno se reflejan perfectamente en aspectos que sólo una mirada rápida podría considerar marginales.
La Constitución mediática prohíbe, por ejemplo, que los trabajadores de la Corporación den conferencias sin autorización de la dirección. ¡Hay que pedir permiso para dar una conferencia! Todo el apartado sobre los conflictos de intereses rezuma dirigismo. Y la voluntad implícita de que los trabajadores de la Corporación no puedan exhibir su visión del mundo, no ya en los medios públicos, sino en otro cualquiera; libros, artículos y blogs incluidos. Una legislación anacrónica, falseadora e hipócrita, que quiere alojar al periodista en la oscuridad pública. Corporación es una palabra vinculada al fascismo histórico. La Constitución mediática. Cataluña, claro, como corporación.
Acabo donde empecé. La Carta de Principios es segregacionista, lingüísticamente segregacionista. Porque establece la prioridad en crónicas o reportajes de los testimonios que hablen catalán. Porque recomienda la traducción simultánea en el caso de los invitados que hablen castellano. Porque exige (¡incluso!) la traducción al catalán de los sms o e-mails en lengua castellana que aparezcan en pantalla. Porque, en suma, es un paso más en la estrategia de relegar al castellano al uso privado. Sabes que nunca di demasiada importancia a las cuestiones de la lengua. Que acepté que en el dominio público (escuela, o radio y televisión) fuera el catalán la lengua vehicular, atendiendo a las irrelevantes diferencias técnicas entre castellano y catalán y a la necesidad de compensar la oferta y la demanda lingüística general. Pero la Carta de Principios cruza un límite. No hay ninguna razón real que justifique la obstinada y minuciosa expulsión del castellano del ámbito público. Las razones son sólo simbólicas: el castellano no pertenece al ámbito de decisión recién inaugurado. Las razones simbólicas son muy peligrosas, porque pueden contrarrestarse con otras del mismo tipo. Yo mismo. Yo también tengo principios. Acabo de tomar, por ejemplo, la decisión de no volver a hablar el catalán en una emisora pública de Cataluña. Una decisión peligrosa, porque ya sabrás cuánto de amputación y autoodio conlleva.
Sigue con salud.
A.
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