La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) expresó su preocupación por investigaciones abiertas contra varios medios de comunicación de Venezuela Opositora a Chávez protesta en una manifestación
Caracas, 28/feb/2006.- En enero, un tribunal local prohibió a medios publicar información vinculada al expediente del caso del fiscal asesinado Danilo Anderson, lo que ha sido calificado como una violación a la libertad de información y de prensa.
En una carta dirigida al ministro de Comunicación e Información, Yuri Pimentel, RSF alertó que un " determinado número de medios de comunicación " podrían enfrentar una posible doble sanción, debido a la solicitud del funcionario de pedir la aplicación de una ley que regula el sector.
" Vemos que en ello existe un auténtico peligro para la libertad de prensa y una anomalía jurídica, ya que nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo motivo, " expresó la organización.
Tras la prohibición de la corte al iniciar el caso contra seis canales de televisión y cuatro diarios nacionales por " obstrucción de la justicia, " el ministro solicitó medidas preventivas contra los medios, además la aplicación de una ley regulatoria de radio y televisión.
" ¿Por qué se quiere añadir una sanción ' preventiva ' a una sanción posible?, " cuestionó la organización, que pidió a Pimentel " que aporte todas las aclaraciones necesarias para el tratamiento de este caso. "
Las multas bajo esa ley podrían alcanzar al 2,0 por ciento de los ingresos brutos declarados por las televisoras. La legislación no regula a la prensa escrita.
Previamente, RSF había calificado la prohibición de divulgar información como " censura del Estado. "
El fiscal Anderson investigaba el breve derrocamiento del presidente Hugo Chávez en abril del 2002 y otros casos de gran relevancia.
Su muerte con una bomba a finales del 2004 ha ocupado por meses las primeras planas de los diarios del país.
Las cortes venezolanas condenaron a largas sentencias de prisión el año pasado a tres ex policías como autores materiales, pero continúa la investigación acerca de los autores intelectuales, con señalamientos oficiales contra periodistas críticos del gobierno y empresarios de medios.
Caracas, 28/feb/2006.- En enero, un tribunal local prohibió a medios publicar información vinculada al expediente del caso del fiscal asesinado Danilo Anderson, lo que ha sido calificado como una violación a la libertad de información y de prensa.
En una carta dirigida al ministro de Comunicación e Información, Yuri Pimentel, RSF alertó que un " determinado número de medios de comunicación " podrían enfrentar una posible doble sanción, debido a la solicitud del funcionario de pedir la aplicación de una ley que regula el sector.
" Vemos que en ello existe un auténtico peligro para la libertad de prensa y una anomalía jurídica, ya que nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo motivo, " expresó la organización.
Tras la prohibición de la corte al iniciar el caso contra seis canales de televisión y cuatro diarios nacionales por " obstrucción de la justicia, " el ministro solicitó medidas preventivas contra los medios, además la aplicación de una ley regulatoria de radio y televisión.
" ¿Por qué se quiere añadir una sanción ' preventiva ' a una sanción posible?, " cuestionó la organización, que pidió a Pimentel " que aporte todas las aclaraciones necesarias para el tratamiento de este caso. "
Las multas bajo esa ley podrían alcanzar al 2,0 por ciento de los ingresos brutos declarados por las televisoras. La legislación no regula a la prensa escrita.
Previamente, RSF había calificado la prohibición de divulgar información como " censura del Estado. "
El fiscal Anderson investigaba el breve derrocamiento del presidente Hugo Chávez en abril del 2002 y otros casos de gran relevancia.
Su muerte con una bomba a finales del 2004 ha ocupado por meses las primeras planas de los diarios del país.
Las cortes venezolanas condenaron a largas sentencias de prisión el año pasado a tres ex policías como autores materiales, pero continúa la investigación acerca de los autores intelectuales, con señalamientos oficiales contra periodistas críticos del gobierno y empresarios de medios.
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