ARCADI ESPADA
El Mundo 21.03.06
Señalaba Aurelio Arteta en el diario Basta ya esta evidencia: «Un ciudadano español que desconozca el catalán se halla en inferioridad a la hora del acceso al empleo público en Cataluña. Un ciudadano catalán corriente, puesto que maneja con parecida soltura el idioma español, podría competir en igualdad de condiciones para una plaza en cualquier otro lugar de España». El nuevo Estatuto de Cataluña no ha inventado esta discriminación, aunque la refuerza intensamente. Su más grave consecuencia, desde luego, va a afectar a los catalanes, que en poco tiempo van a ver reducida la calidad de su servicio público. Y lo que prueba la decisión estatutaria es la clamorosa ausencia de una política estatal que dirija la reforma del Estado.
La reforma del Estado tiene hoy tantas políticas como comunidades autónomas decidan emprender su reforma. La diseminación empezó afectando a las políticas de los dos partidos nacionales, incapaces de defender en Murcia lo que propugnaban en Aragón. Ahora el presidente Zapatero ha importado el sistema a su Gobierno. La lengua y el servicio público son un magnífico ejemplo. Antes de incluir en el texto estatutario que los «jueces, magistrados y fiscales» deben acreditar un conocimiento «adecuado y suficiente del catalán», el Gobierno de un Estado digno de tales nombres ha de plantearse cómo hará posible que ese requisito implícito se cumpla, sin quiebra de la igualdad entre españoles. Porque si a partir de una maniobra legislativa particular los españoles no catalanes, o no gallegos, o no vascos, ven reducidas, respecto a cada uno de esos españoles, sus posibilidades de trabajar en la función pública, alguna otra maniobra legislativa habrá que introducir para la corrección del desafuero. Por ejemplo: disponer, como sugieren los nacionalistas, que las otras lenguas españolas se enseñen en todas las escuelas públicas. Una maniobra, a la que se analiza, barata, cargada de razón y sentido y que por fin desplazaría el castellano a su función idónea, esto es, a lengua de las relaciones exteriores.
Es propio de su naturaleza que los nacionalistas no pongan en práctica ningún modo de pensamiento derivado. No les toca a ellos meditar sobre las consecuencias de que los funcionarios estén obligados a conocer el catalán. Ellos sirven, simplemente, a su Señor, y si entre su Señor ni se cuentan los ciudadanos de Cataluña, mucho menos va a contarse el resto de españoles. La pregunta es a quién sirve el Gobierno del Estado. Si sirve, según vayan viniendo, a las míticas entidades Catalunya, Euskadi o Galicia, o a los ciudadanos a los que representa. Cuaja la impresión de que el Petit republicanista se asemeja cada vez más al mayordomo de semana de las antiguas monarquías.
Coda: «La vida de los signos es frágil, sometida a la corrosión de las denotaciones y de las connotaciones, bajo el impulso de circunstancias que debilitan la potencia significativa original».U. Eco, La estructura ausente.
El Mundo 21.03.06
Señalaba Aurelio Arteta en el diario Basta ya esta evidencia: «Un ciudadano español que desconozca el catalán se halla en inferioridad a la hora del acceso al empleo público en Cataluña. Un ciudadano catalán corriente, puesto que maneja con parecida soltura el idioma español, podría competir en igualdad de condiciones para una plaza en cualquier otro lugar de España». El nuevo Estatuto de Cataluña no ha inventado esta discriminación, aunque la refuerza intensamente. Su más grave consecuencia, desde luego, va a afectar a los catalanes, que en poco tiempo van a ver reducida la calidad de su servicio público. Y lo que prueba la decisión estatutaria es la clamorosa ausencia de una política estatal que dirija la reforma del Estado.
La reforma del Estado tiene hoy tantas políticas como comunidades autónomas decidan emprender su reforma. La diseminación empezó afectando a las políticas de los dos partidos nacionales, incapaces de defender en Murcia lo que propugnaban en Aragón. Ahora el presidente Zapatero ha importado el sistema a su Gobierno. La lengua y el servicio público son un magnífico ejemplo. Antes de incluir en el texto estatutario que los «jueces, magistrados y fiscales» deben acreditar un conocimiento «adecuado y suficiente del catalán», el Gobierno de un Estado digno de tales nombres ha de plantearse cómo hará posible que ese requisito implícito se cumpla, sin quiebra de la igualdad entre españoles. Porque si a partir de una maniobra legislativa particular los españoles no catalanes, o no gallegos, o no vascos, ven reducidas, respecto a cada uno de esos españoles, sus posibilidades de trabajar en la función pública, alguna otra maniobra legislativa habrá que introducir para la corrección del desafuero. Por ejemplo: disponer, como sugieren los nacionalistas, que las otras lenguas españolas se enseñen en todas las escuelas públicas. Una maniobra, a la que se analiza, barata, cargada de razón y sentido y que por fin desplazaría el castellano a su función idónea, esto es, a lengua de las relaciones exteriores.
Es propio de su naturaleza que los nacionalistas no pongan en práctica ningún modo de pensamiento derivado. No les toca a ellos meditar sobre las consecuencias de que los funcionarios estén obligados a conocer el catalán. Ellos sirven, simplemente, a su Señor, y si entre su Señor ni se cuentan los ciudadanos de Cataluña, mucho menos va a contarse el resto de españoles. La pregunta es a quién sirve el Gobierno del Estado. Si sirve, según vayan viniendo, a las míticas entidades Catalunya, Euskadi o Galicia, o a los ciudadanos a los que representa. Cuaja la impresión de que el Petit republicanista se asemeja cada vez más al mayordomo de semana de las antiguas monarquías.
Coda: «La vida de los signos es frágil, sometida a la corrosión de las denotaciones y de las connotaciones, bajo el impulso de circunstancias que debilitan la potencia significativa original».U. Eco, La estructura ausente.
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