El PSOE apoya una vez más a Batasuna-ETA y avala con 100.000 euros la libertad condicional del dirigente abertzale Díez Usabiaga
Bilbao. 21 de marzo, 2006. Se ha sabido que la pasada semana la Comisión Ejecutiva de la Caja de Ahorros de Álava (Caja Vital), que está presidida por el dirigente del PSE en esta provincia Gregorio Rojo -hermano del Presidente del Senado-, decidió conceder el aval por valor de 100.000 euros que el juez de la Audiencia Nacional Grande Marlaska ha impuesto al Secretario General del sindicato abertzale LAB, Rafael Díez Usabiaga. La decisión fue tomada con el voto favorable de los tres consejeros del PSE y el de CCOO, contando con la oposición de los tres consejeros del PP. Este aval impedirá que Usabiaga ingrese en prisión.
Dicho aval fue fijado por el juez a causa de la participación del sindicato independentista LAB y, concretamente, de su Secretario General en la convocatoria y desarrollo de huelga general en Euskadi y Navarra para el pasado día 9 de marzo, convocatoria que había sido anunciada previamente por la propia ETA. A pesar del total fracaso de este paro general, tuvieron lugar en dicha fecha mas de 100 actuaciones violentas (entre ellas la colocación de varias bombas por ETA).
Rafael Díez Usabiaga se encontraba ya procesado desde hace tiempo en la Audiencia Nacional acusado de pertenener a ETA, además de ser considerado actualmente uno de los interlocutores de la banda terrorista en las negociaciones con el Gobierno de Zapatero que, según diversos indicios, parecen estar ya en marcha de manera oculta.
Este vergonzoso comportamiento del Partido Socialista de Euskadi viene a sumarse a una ya larga serie de actuaciones del PSE, del propio PSOE y de las instituciones dirigidas por ellos en el sentido de intentar proporcionar impunidad judicial a los dirigentes de Batasuna. El Secretario General del PSE, Patxi López, declaró en noviembre que en su opinión los 56 imputados en el macrojuicio en la Audiencia Nacional contra el entramado de ETA (el sumario 18/98) eran inocentes, todos ellos. José Antonio Pastor, portavoz parlamentario del PSE en Vitoria, y el Alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, se expresaron a favor de que Batasuna pudiese celebrar su Congreso Nacional en Baracaldo el pasado mes de enero; Congreso ante el que el Fiscal General Cándido Conde-Pumpido no se sumó hasta el último momento a la petición para su suspensión, cuando ya un juez de la Audiencia Nacional había establecido su ilegalidad. Y así en muchas otras ocasiones. Recientemente, el día 18 de marzo, José Antonio Pastor manifestó que estaba causando “lógica inquietud entre la ciudadanía” vasca que la Justicia esté actuando contra dirigentes de la izquierda abertzale. Y ayer mismo el Presidente del PSE, Jesús Eguiguren, ha transmitido al líder de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, su interés en que sea el interlocutor político de la izquierda abertzale en el llamado proceso de paz en Euskadi.
Coherentemente con el cambio de estrategia del PSE que comentamos, el PSOE acaba de apartar a Rosa Díez de su función en la Comisión de Libertades Públicas del Parlamento Europeo, precisamente -aunque no lo expliciten- por su discrepancia pública con la nueva política de este partido respecto a ETA y a los presos terroristas. El Foro Ermua, que el pasado mes de diciembre concedió a Rosa Díez, junto a María San Gil, el V Premio a la Convivencia Cívica le reitera el total apoyo a su persona y a su honradez y valentía al mantener sus opiniones políticas personales aun a costa de arriesgar la marginación que está sufriendo a manos de sus propios compañeros de partido.
El intento de práctica paralización de la Justicia para los delitos y crímenes de los dirigentes del entramado político, financiero y mediático de ETA supone un precio que el Gobierno de Rodríguez Zapatero y el PSOE están pagando por adelantado en aras del engañoso y falso “proceso de paz”. Y todo ello antes de que ni ETA ni Batasuna hayan dado ni un solo paso efectivo hacia el abandono del terrorismo. La impunidad de estos terroristas les está envalentonando, al tiempo que desmoraliza a los ciudadanos de bien que, ellos si -como indican todas las encuestas-, no están dispuestos a que se pague ningún precio, ni político ni judicial, para que los asesinos abandonen para siempre las armas, se entreguen a la Justicia y anuncien su disolución como organización.
El FORO ERMUA declara, nuevamente, que es un proceso de libertad lo que se necesita en nuestra tierra, en el País Vasco; un proceso basado en la persecución cabal y perseverante de los terroristas -en los ámbitos judicial, policial y político- y en la consecuente aplicación de la Ley de Partidos Políticos, mediante la reedición del Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo, hasta la derrota definitiva de la organización criminal y de todo su entramado.
Para más información:
Mikel Buesa 650-97-42-04
Iñaki Ezkerra 657-70-07-92
Bilbao. 21 de marzo, 2006. Se ha sabido que la pasada semana la Comisión Ejecutiva de la Caja de Ahorros de Álava (Caja Vital), que está presidida por el dirigente del PSE en esta provincia Gregorio Rojo -hermano del Presidente del Senado-, decidió conceder el aval por valor de 100.000 euros que el juez de la Audiencia Nacional Grande Marlaska ha impuesto al Secretario General del sindicato abertzale LAB, Rafael Díez Usabiaga. La decisión fue tomada con el voto favorable de los tres consejeros del PSE y el de CCOO, contando con la oposición de los tres consejeros del PP. Este aval impedirá que Usabiaga ingrese en prisión.
Dicho aval fue fijado por el juez a causa de la participación del sindicato independentista LAB y, concretamente, de su Secretario General en la convocatoria y desarrollo de huelga general en Euskadi y Navarra para el pasado día 9 de marzo, convocatoria que había sido anunciada previamente por la propia ETA. A pesar del total fracaso de este paro general, tuvieron lugar en dicha fecha mas de 100 actuaciones violentas (entre ellas la colocación de varias bombas por ETA).
Rafael Díez Usabiaga se encontraba ya procesado desde hace tiempo en la Audiencia Nacional acusado de pertenener a ETA, además de ser considerado actualmente uno de los interlocutores de la banda terrorista en las negociaciones con el Gobierno de Zapatero que, según diversos indicios, parecen estar ya en marcha de manera oculta.
Este vergonzoso comportamiento del Partido Socialista de Euskadi viene a sumarse a una ya larga serie de actuaciones del PSE, del propio PSOE y de las instituciones dirigidas por ellos en el sentido de intentar proporcionar impunidad judicial a los dirigentes de Batasuna. El Secretario General del PSE, Patxi López, declaró en noviembre que en su opinión los 56 imputados en el macrojuicio en la Audiencia Nacional contra el entramado de ETA (el sumario 18/98) eran inocentes, todos ellos. José Antonio Pastor, portavoz parlamentario del PSE en Vitoria, y el Alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, se expresaron a favor de que Batasuna pudiese celebrar su Congreso Nacional en Baracaldo el pasado mes de enero; Congreso ante el que el Fiscal General Cándido Conde-Pumpido no se sumó hasta el último momento a la petición para su suspensión, cuando ya un juez de la Audiencia Nacional había establecido su ilegalidad. Y así en muchas otras ocasiones. Recientemente, el día 18 de marzo, José Antonio Pastor manifestó que estaba causando “lógica inquietud entre la ciudadanía” vasca que la Justicia esté actuando contra dirigentes de la izquierda abertzale. Y ayer mismo el Presidente del PSE, Jesús Eguiguren, ha transmitido al líder de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, su interés en que sea el interlocutor político de la izquierda abertzale en el llamado proceso de paz en Euskadi.
Coherentemente con el cambio de estrategia del PSE que comentamos, el PSOE acaba de apartar a Rosa Díez de su función en la Comisión de Libertades Públicas del Parlamento Europeo, precisamente -aunque no lo expliciten- por su discrepancia pública con la nueva política de este partido respecto a ETA y a los presos terroristas. El Foro Ermua, que el pasado mes de diciembre concedió a Rosa Díez, junto a María San Gil, el V Premio a la Convivencia Cívica le reitera el total apoyo a su persona y a su honradez y valentía al mantener sus opiniones políticas personales aun a costa de arriesgar la marginación que está sufriendo a manos de sus propios compañeros de partido.
El intento de práctica paralización de la Justicia para los delitos y crímenes de los dirigentes del entramado político, financiero y mediático de ETA supone un precio que el Gobierno de Rodríguez Zapatero y el PSOE están pagando por adelantado en aras del engañoso y falso “proceso de paz”. Y todo ello antes de que ni ETA ni Batasuna hayan dado ni un solo paso efectivo hacia el abandono del terrorismo. La impunidad de estos terroristas les está envalentonando, al tiempo que desmoraliza a los ciudadanos de bien que, ellos si -como indican todas las encuestas-, no están dispuestos a que se pague ningún precio, ni político ni judicial, para que los asesinos abandonen para siempre las armas, se entreguen a la Justicia y anuncien su disolución como organización.
El FORO ERMUA declara, nuevamente, que es un proceso de libertad lo que se necesita en nuestra tierra, en el País Vasco; un proceso basado en la persecución cabal y perseverante de los terroristas -en los ámbitos judicial, policial y político- y en la consecuente aplicación de la Ley de Partidos Políticos, mediante la reedición del Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo, hasta la derrota definitiva de la organización criminal y de todo su entramado.
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Mikel Buesa 650-97-42-04
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