Por GEES
ETA ha declarado al fin la tregua que el presidente del Gobierno venía anunciando desde hace meses. Es sin duda una buena noticia para Rodríguez Zapatero, al que la banda terrorista estaba poniendo en ridículo con cada nuevo atentado. Que sea también una buena noticia para el conjunto de los españoles dependerá de que el proceso que ahora se abre no termine en realidad transformándose en una claudicación de nuestra democracia frente al terror.
ETA ni desaparece ni se rinde. Los terroristas anuncian un alto en su actividad criminal, pero la banda terrorista queda como garante de un proceso que debe llevar a lograr los objetivos por los que han estado asesinando los últimos cuarenta años. Es importante que la sociedad entienda que ETA permanece, que no manifiesta voluntad de desarmarse, que estará vigilante al desarrollo del proceso y que no dudará en volver a asesinar si no se cumplen sus expectativas.
La declaración de tregua tiene un doble objetivo para la banda terrorista. A corto plazo, habilitar a Batasuna para concurrir a las próximas elecciones municipales. Se trata de recuperar la presencia política y el poder institucional que los terroristas habían perdido tras la ilegalización de su brazo político. Esa presencia resulta crucial para la propia supervivencia de ETA.
A largo plazo se trata de obtener la autodeterminación y la anexión de Navarra y el País Vasco francés. La terminología del comunicado puede resultar farragosa y llena de dobleces: "impulsar un proceso democrático en Euskal Herria para construir un nuevo marco en el que sean reconocidos los derechos históricos que como Pueblo nos corresponde", pero no conviene engañarse sobre los objetivos finales de los terroristas. Ni la banda desaparece ni hay renuncia a sus objetivos políticos.
Hay además exigencias en el comunicado que resultan inaceptables para una democracia. ETA pide una tregua del Estado de Derecho, lo que los terroristas llaman dejar "a un lado la represión". Esta exigencia traerá múltiples complicaciones al Gobierno Zapatero. Es posible que en muy corto plazo comience el acercamiento de presos etarras al País Vasco. Es posible también que el presidente presente un paquete de modificaciones legislativas para aliviar penas a los terroristas. El Fiscal General del Estado se empleará a fondo para impedir la persecución de los terroristas. Pero a la vista de decisiones recientes será difícil que el Gobierno pueda obligar al Poder Judicial a atenuar su presión sobre la banda.
No acaban aquí las dificultades del Gobierno. Mariano Rajoy ha ofrecido apoyo al Gobierno, pero ha marcado con prontitud el terreno de juego: no precio político, plena vigencia del Estado de Derecho y reconocimiento a las victimas. Rodríguez Zapatero ha querido iniciar este proceso sin el concurso de la oposición y deberá asumir por tanto un marcaje muy estrecho del PP en cada paso que dé o concesión que otorgue a los terroristas. Las victimas ya han manifestado que su dignidad no es moneda de cambio para alanzar la paz.
Por otro lado, el Gobierno de Francia ni siquiera se da por aludido por el comunicado de ETA, a pesar de que la banda terrorista le menciona de forma expresa. Zapatero podrá contar por tanto con la pasividad del país vecino, pero en ningún caso con su complicidad.
El comunicado de ETA abre también algunos interrogantes en la propia banda. Por ejemplo, no está claro si el "alto el fuego" incluye el fin de las extorsiones al empresariado vasco. También habrá que ver si este anuncio incumbe a los actos de violencia callejera que se habían multiplicado en los últimos meses. Tras los últimos comunicados, cabe preguntarse incluso si existe una total unanimidad en la banda terrorista o hay sectores que no se sentirán vinculados por este anuncio. Sólo el tiempo permitirá conocer algunas de estas respuestas.
A pesar de todas las dificultades e interrogantes, Rodríguez Zapatero considera que con esta declaración de "alto el fuego permanente" podrá culminar lo que el denomina "proceso de paz". Es verdad que en estas circunstancias una mayoría de españoles le apoya en el inicio de una negociación con los terroristas. Lo que no está nada claro es que esa misma mayoría le consienta pagar el precio político que ETA le exige.
ETA ha declarado al fin la tregua que el presidente del Gobierno venía anunciando desde hace meses. Es sin duda una buena noticia para Rodríguez Zapatero, al que la banda terrorista estaba poniendo en ridículo con cada nuevo atentado. Que sea también una buena noticia para el conjunto de los españoles dependerá de que el proceso que ahora se abre no termine en realidad transformándose en una claudicación de nuestra democracia frente al terror.
ETA ni desaparece ni se rinde. Los terroristas anuncian un alto en su actividad criminal, pero la banda terrorista queda como garante de un proceso que debe llevar a lograr los objetivos por los que han estado asesinando los últimos cuarenta años. Es importante que la sociedad entienda que ETA permanece, que no manifiesta voluntad de desarmarse, que estará vigilante al desarrollo del proceso y que no dudará en volver a asesinar si no se cumplen sus expectativas.
La declaración de tregua tiene un doble objetivo para la banda terrorista. A corto plazo, habilitar a Batasuna para concurrir a las próximas elecciones municipales. Se trata de recuperar la presencia política y el poder institucional que los terroristas habían perdido tras la ilegalización de su brazo político. Esa presencia resulta crucial para la propia supervivencia de ETA.
A largo plazo se trata de obtener la autodeterminación y la anexión de Navarra y el País Vasco francés. La terminología del comunicado puede resultar farragosa y llena de dobleces: "impulsar un proceso democrático en Euskal Herria para construir un nuevo marco en el que sean reconocidos los derechos históricos que como Pueblo nos corresponde", pero no conviene engañarse sobre los objetivos finales de los terroristas. Ni la banda desaparece ni hay renuncia a sus objetivos políticos.
Hay además exigencias en el comunicado que resultan inaceptables para una democracia. ETA pide una tregua del Estado de Derecho, lo que los terroristas llaman dejar "a un lado la represión". Esta exigencia traerá múltiples complicaciones al Gobierno Zapatero. Es posible que en muy corto plazo comience el acercamiento de presos etarras al País Vasco. Es posible también que el presidente presente un paquete de modificaciones legislativas para aliviar penas a los terroristas. El Fiscal General del Estado se empleará a fondo para impedir la persecución de los terroristas. Pero a la vista de decisiones recientes será difícil que el Gobierno pueda obligar al Poder Judicial a atenuar su presión sobre la banda.
No acaban aquí las dificultades del Gobierno. Mariano Rajoy ha ofrecido apoyo al Gobierno, pero ha marcado con prontitud el terreno de juego: no precio político, plena vigencia del Estado de Derecho y reconocimiento a las victimas. Rodríguez Zapatero ha querido iniciar este proceso sin el concurso de la oposición y deberá asumir por tanto un marcaje muy estrecho del PP en cada paso que dé o concesión que otorgue a los terroristas. Las victimas ya han manifestado que su dignidad no es moneda de cambio para alanzar la paz.
Por otro lado, el Gobierno de Francia ni siquiera se da por aludido por el comunicado de ETA, a pesar de que la banda terrorista le menciona de forma expresa. Zapatero podrá contar por tanto con la pasividad del país vecino, pero en ningún caso con su complicidad.
El comunicado de ETA abre también algunos interrogantes en la propia banda. Por ejemplo, no está claro si el "alto el fuego" incluye el fin de las extorsiones al empresariado vasco. También habrá que ver si este anuncio incumbe a los actos de violencia callejera que se habían multiplicado en los últimos meses. Tras los últimos comunicados, cabe preguntarse incluso si existe una total unanimidad en la banda terrorista o hay sectores que no se sentirán vinculados por este anuncio. Sólo el tiempo permitirá conocer algunas de estas respuestas.
A pesar de todas las dificultades e interrogantes, Rodríguez Zapatero considera que con esta declaración de "alto el fuego permanente" podrá culminar lo que el denomina "proceso de paz". Es verdad que en estas circunstancias una mayoría de españoles le apoya en el inicio de una negociación con los terroristas. Lo que no está nada claro es que esa misma mayoría le consienta pagar el precio político que ETA le exige.
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