Alejo Vidal-Quadras
Conozco a Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona y ex-vocal del Consejo Consultivo de la Generalitad de Cataluña, desde hace muchos años. Siempre me he honrado con su amistad y siento por él un gran respeto intelectual y personal. En no pocas ocasiones me ha demostrado su compromiso inequívoco con principios, valores e ideales que compartimos y en circunstancias difíciles o dolorosas de mi vida política no me han faltado su aliento y su afecto. Por tanto, sólo puedo decir cosas buenas de Francesc, como intelectual, como ciudadano y como ser humano. Por eso no entiendo ni el contenido ni la intención de su artículo titulado "Los verdaderos problemas" publicado en La Vanguardia el pasado día 26 de enero.
En este extraño texto, su autor sienta las tesis siguientes: 1) El resultado del acuerdo Zapatero-Mas sobre el nuevo Estatuto de Cataluña se ajusta a la Constitución y representa una muestra de sensatez 2) Las modificaciones introducidas tras ese pacto se corresponden con las enmiendas del PP y 3) La norma surgida de las nicotínicas conversaciones nocturnas entre el Presidente de CiU y el del Gobierno central no dejan nada de la propuesta aprobada por el Parlamento de Cataluña.
Tras reponerme de la perplejidad que me ha causado la lectura de semejantes aseveraciones, paso a comentarlas:
Lo que se sabe sobre el acuerdo de marras -porque lo que no se sabe hace temer consecuencias aún peores- presenta todavía numerosos y graves vicios de inconstitucionalidad. La obligatoriedad del conocimiento del catalán, el blindaje de competencias de la Generalidad, la bilateralidad, la tabla de derechos y deberes y la atribución de la condición de "nación" a Cataluña en el Preámbulo mediante un subterfugio, son todos ellos elementos que desbordan nuestro vigente ordenamiento y que traicionan su espíritu a la vez que fuerzan arbitrariamente su letra. Por tanto, la afirmación de que el PSOE ha conseguido hacer entrar en la vereda constitucional a los nacionalistas no sólo es aventurada, sino inexacta.
En cuanto a la pretendida semejanza entre lo pasteleado en La Moncloa y las enmiendas del PP, basta examinar los pormenorizados motivos de desacuerdo presentados en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Popular para advertir que la diferencia entre los arreglos zapateriles con el delfín de Pujol y la posición del PP es radical y abismal. La simple lectura de las enmiendas de supresión registradas por los populares lleva a la conclusión de que la similitud percibida por Carreras únicamente existe en su imaginación. El sistema de finanaciación diseñado en el acuerdo, sin ir más lejos, perjudica gravemente a las Comunidades de menor renta y obliga al Estado a una peligrosa subida de impuestos o a un no menos perjudicial déficit, y ha sido tajantemente rechazado por Mariano Rajoy.
Aunque se han producido, como no podía ser de otra manera, cambios que liman las aristas más hiriente del disparate soberanista y rabiosamente anticonstitucional elaborado en la Cámara autonómica, el nuevo Estatuto que socialistas y nacionalistas pretenden hacer tragar a todos los españoles sigue siendo un engendro que vacía al Estado de competencias, acaba con los principios de solidaridad e igualdad y coloca a los separatistas mucho más cerca de sus disolventes objetivos finales.
Entonces, ¿a qué viene ese empeño de Francesc de Carreras en hacernos creer que Zapatero ha conseguido dejar el Estatuto "limpio como una patena"?
Quiero suponer que el propósito de mi buen amigo Francesc ha sido demostrar la magnitud de la aberración que representaba el texto inicial y la irresponsabilidad de sus impulsores, que al final han visto algunas de sus pretensiones más delirantes frenadas en la negociación. Sin embargo, lo que se desprende de su desorientadora pieza del pasado 26 de enero es algo muy distinto y que supongo lejano de su verdadero pensamiento. Según se deduce de sus argumentos, la operación de encajar el nuevo Estatuto en nuestra Ley Fundamental ha sido un éxito y ahora lo correcto es asumirlo y pasar a ocuparnos de los auténticos problemas de la gente, la educación, la sanidad, las carreteras y la seguridad en las calles.
Si Francesc de Carreras cree que los potenciales votantes de la opción electoral en ciernes que él y otros queridos amigos míos han anunciado, se precipitarán a darles apoyo en las urnas después de que Ciutadans de Catalunya celebre un Estatuto totalitario, excluyente, insolidario y arcaico, ansiosos de ver como esta novedosa y original formación política se entrega con entusiasmo a resolver los problemas de las depuradoras, la delincuencia, el tráfico y las listas de espera hospitalarias, me temo que su profundo conocimiento del Derecho Público no está en consonancia con su visión estratégica del actual momento de la sociedad catalana.
Mi simpatía por Francesc de Carreras sigue incólume, mi admiración por su inteligencia no ha variado un ápice, mi reconocimiento de su altura moral permanece inalterado, ahora bien, mi valoración de sus posibilidades como animador e ideólogo de un nuevo partido destinado a sanear las aguas turbias del oasis catalán es menos optimista que hace una semana. El lado positivo de este episodio, en términos estrictamente frívolos, es que la vida, pese a todo, nos reserva siempre inesperadas sorpresas.
Conozco a Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona y ex-vocal del Consejo Consultivo de la Generalitad de Cataluña, desde hace muchos años. Siempre me he honrado con su amistad y siento por él un gran respeto intelectual y personal. En no pocas ocasiones me ha demostrado su compromiso inequívoco con principios, valores e ideales que compartimos y en circunstancias difíciles o dolorosas de mi vida política no me han faltado su aliento y su afecto. Por tanto, sólo puedo decir cosas buenas de Francesc, como intelectual, como ciudadano y como ser humano. Por eso no entiendo ni el contenido ni la intención de su artículo titulado "Los verdaderos problemas" publicado en La Vanguardia el pasado día 26 de enero.
En este extraño texto, su autor sienta las tesis siguientes: 1) El resultado del acuerdo Zapatero-Mas sobre el nuevo Estatuto de Cataluña se ajusta a la Constitución y representa una muestra de sensatez 2) Las modificaciones introducidas tras ese pacto se corresponden con las enmiendas del PP y 3) La norma surgida de las nicotínicas conversaciones nocturnas entre el Presidente de CiU y el del Gobierno central no dejan nada de la propuesta aprobada por el Parlamento de Cataluña.
Tras reponerme de la perplejidad que me ha causado la lectura de semejantes aseveraciones, paso a comentarlas:
Lo que se sabe sobre el acuerdo de marras -porque lo que no se sabe hace temer consecuencias aún peores- presenta todavía numerosos y graves vicios de inconstitucionalidad. La obligatoriedad del conocimiento del catalán, el blindaje de competencias de la Generalidad, la bilateralidad, la tabla de derechos y deberes y la atribución de la condición de "nación" a Cataluña en el Preámbulo mediante un subterfugio, son todos ellos elementos que desbordan nuestro vigente ordenamiento y que traicionan su espíritu a la vez que fuerzan arbitrariamente su letra. Por tanto, la afirmación de que el PSOE ha conseguido hacer entrar en la vereda constitucional a los nacionalistas no sólo es aventurada, sino inexacta.
En cuanto a la pretendida semejanza entre lo pasteleado en La Moncloa y las enmiendas del PP, basta examinar los pormenorizados motivos de desacuerdo presentados en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Popular para advertir que la diferencia entre los arreglos zapateriles con el delfín de Pujol y la posición del PP es radical y abismal. La simple lectura de las enmiendas de supresión registradas por los populares lleva a la conclusión de que la similitud percibida por Carreras únicamente existe en su imaginación. El sistema de finanaciación diseñado en el acuerdo, sin ir más lejos, perjudica gravemente a las Comunidades de menor renta y obliga al Estado a una peligrosa subida de impuestos o a un no menos perjudicial déficit, y ha sido tajantemente rechazado por Mariano Rajoy.
Aunque se han producido, como no podía ser de otra manera, cambios que liman las aristas más hiriente del disparate soberanista y rabiosamente anticonstitucional elaborado en la Cámara autonómica, el nuevo Estatuto que socialistas y nacionalistas pretenden hacer tragar a todos los españoles sigue siendo un engendro que vacía al Estado de competencias, acaba con los principios de solidaridad e igualdad y coloca a los separatistas mucho más cerca de sus disolventes objetivos finales.
Entonces, ¿a qué viene ese empeño de Francesc de Carreras en hacernos creer que Zapatero ha conseguido dejar el Estatuto "limpio como una patena"?
Quiero suponer que el propósito de mi buen amigo Francesc ha sido demostrar la magnitud de la aberración que representaba el texto inicial y la irresponsabilidad de sus impulsores, que al final han visto algunas de sus pretensiones más delirantes frenadas en la negociación. Sin embargo, lo que se desprende de su desorientadora pieza del pasado 26 de enero es algo muy distinto y que supongo lejano de su verdadero pensamiento. Según se deduce de sus argumentos, la operación de encajar el nuevo Estatuto en nuestra Ley Fundamental ha sido un éxito y ahora lo correcto es asumirlo y pasar a ocuparnos de los auténticos problemas de la gente, la educación, la sanidad, las carreteras y la seguridad en las calles.
Si Francesc de Carreras cree que los potenciales votantes de la opción electoral en ciernes que él y otros queridos amigos míos han anunciado, se precipitarán a darles apoyo en las urnas después de que Ciutadans de Catalunya celebre un Estatuto totalitario, excluyente, insolidario y arcaico, ansiosos de ver como esta novedosa y original formación política se entrega con entusiasmo a resolver los problemas de las depuradoras, la delincuencia, el tráfico y las listas de espera hospitalarias, me temo que su profundo conocimiento del Derecho Público no está en consonancia con su visión estratégica del actual momento de la sociedad catalana.
Mi simpatía por Francesc de Carreras sigue incólume, mi admiración por su inteligencia no ha variado un ápice, mi reconocimiento de su altura moral permanece inalterado, ahora bien, mi valoración de sus posibilidades como animador e ideólogo de un nuevo partido destinado a sanear las aguas turbias del oasis catalán es menos optimista que hace una semana. El lado positivo de este episodio, en términos estrictamente frívolos, es que la vida, pese a todo, nos reserva siempre inesperadas sorpresas.
Los verdaderos problemas
FRANCESC DE CARRERAS - 26/01/2006 LV
El acuerdo entre Zapatero y Mas ha comenzado a encauzar el disparatado recorrido de la reforma estatutaria que tanto ha entretenido a la clase política catalana durante los dos últimos años. No se conocen aún los términos completos del acuerdo, pero la sensación es que todo parece encaminarse por senderos de una mayor sensatez y que la reforma se ajustará a lo establecido en la Constitución. Cosas ambas, por cierto, imposibles de separar.
Era evidente que el proyecto catalán, caso de ser aprobado, iba a ser profundamente modificado en el Congreso: el PSOE no podía admitir un proyecto tan provocadoramente inconstitucional. Lo que estaba por ver era la forma y momento en que todo ello se resolvería. Sólo cabían dos posibilidades: que el Parlament de Catalunya retirara el proyecto o que los partidos catalanes rectificaran radicalmente (no me gusta usar por escrito expresiones alusivas a una cierta manera de quitarse los pantalones, aunque sería exacto decirlo de esta forma). Pues bien, esto segundo es lo que ha sucedido. O, cuando menos, así lo parece por los aspectos que se conocen del acuerdo.
En los últimos meses, los partidos catalanes que aprobaron el proyecto han repetido constantemente que, como mínimo, tres cuestiones eran innegociables: la definición de Catalunya como nación, los aspectos centrales del sistema de financiación y un sustancial aumento de las competencias. Sobre este tercer aspecto todavía no hay noticias que permitan hacer una valoración de conjunto. Pero sobre los dos primeros, no cabe ninguna duda de que el acuerdo supone un giro de 180 grados respecto a lo aprobado en el Parlament de Catalunya. Es más, lo acordado el pasado sábado por Zapatero y Mas coincide, sobre todo, con las enmiendas que efectuó en su momento el PP.
Efectivamente, en el caso de la definición de Catalunya, el texto acordado reproduce exactamente la enmienda del PP que proponía mantener el actual texto estatutario; en la financiación, el sistema se acerca mucho a las propuestas de Piqué (y, también, de Chaves). En el preámbulo, sobre el que tanto se especulaba, no se afirma para nada que Catalunya sea una nación, sino simplemente se da noticia del resultado de una votación en el Parlament. ¿Qué queda, pues, respecto a estos puntos, del proyecto aprobado en Catalunya? Nada.
Todo ello constituye una muestra más de la frivolidad con la que actúan quienes han elaborado y aprobado el proyecto. Con razón algunos dirán que para este viaje no hacían falta tantas alforjas. O, como dijo ayer el dirigente de ERC Puigcercós, "se esperaba alumbrar un elefante y hemos parido un ratón". Es cierto, se esperaba, lo esperaban. Pero ¿por qué lo esperaban?, ¿es que no conocen los límites que impone la realidad y los límites que impone el sistema constitucional a una reforma estatutaria? Sobre esta poca calidad de la actual clase política catalana hay que reflexionar. Y más allá de todo ello, también debemos reflexionar sobre una orientación general de la política catalana que se encuentra en la raíz de la presente crisis y que tuvo su origen hace muchos años, desde los mismos inicios de la autonomía.
En efecto, ya desde el primer gobierno Pujol se empieza a considerar al actual Estatut y a las instituciones políticas que entonces empezaban a funcionar como algo insuficiente y transitorio, un punto de partida que debía aceptarse porque suponía un paso hacia delante, pero que no debía hacer olvidar la meta final: la soberanía de Catalunya. Durante 23 años CiU fue difundiendo esta ideología victimista al objeto de generar insatisfacción. "Avui paciència, demà independència", era el lema empleado en las manifestaciones. La actual autonomía se consideraba como un mero instrumento, sólo aceptable porque debía conducir a una Catalunya "rica i plena", ideal y lejana, inspirada en doctrinas vigentes hace más de un siglo y contradictoria con la realidad del mundo actual. Los convencidos de estas ideas, como reflejan todas las encuestas desde hace veinticinco años, sólo alcanzan a una cuarta parte de la población de Catalunya. Sin embargo, esta ideología se ha impuesto como la políticamente correcta por el miedo social a ser marginado, dada la descalificación sistemática con la que se trata al discrepante.
Esta doctrina es la que ha dado lugar a que el Gobierno catalán se ocupe primordialmente de la llamada construcción nacional y de reforzar una supuesta identidad mítica, en lugar ocuparse, antes que nada, de las verdaderas necesidades sociales, es decir, por ejemplo, de la educación, las infraestructuras o la seguridad pública, como hace cualquier gobierno normal. La culminación de todo ello tenía que llegar. Con menos inteligencia que Pujol, el actual Gobierno tripartito, mero continuador de los gobiernos anteriores aunque con peor estilo, no quiso quedarse atrás y optó por dar un gran salto: no llegaba la independència, pero la paciència se había acabado. "Con el nuevo Estatut, estableceremos una nueva relación con España", clamaba Maragall, cual jefe de un Estado llamado Catalunya. Ya lo estamos viendo. De momento, hay acuerdo en aceptar las enmiendas del PP y las opiniones de Chaves. ¡Menos mal que están a punto de llegar los papeles de Salamanca, que tanto echábamos en falta!
La calidad de nuestra clase política, la falta de proyecto para un país del siglo XXI, dejar a un lado la Catalunya inexistente y solucionar las necesidades de la Catalunya real. Éstos son nuestros verdaderos problemas.
FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB
FRANCESC DE CARRERAS - 26/01/2006 LV
El acuerdo entre Zapatero y Mas ha comenzado a encauzar el disparatado recorrido de la reforma estatutaria que tanto ha entretenido a la clase política catalana durante los dos últimos años. No se conocen aún los términos completos del acuerdo, pero la sensación es que todo parece encaminarse por senderos de una mayor sensatez y que la reforma se ajustará a lo establecido en la Constitución. Cosas ambas, por cierto, imposibles de separar.
Era evidente que el proyecto catalán, caso de ser aprobado, iba a ser profundamente modificado en el Congreso: el PSOE no podía admitir un proyecto tan provocadoramente inconstitucional. Lo que estaba por ver era la forma y momento en que todo ello se resolvería. Sólo cabían dos posibilidades: que el Parlament de Catalunya retirara el proyecto o que los partidos catalanes rectificaran radicalmente (no me gusta usar por escrito expresiones alusivas a una cierta manera de quitarse los pantalones, aunque sería exacto decirlo de esta forma). Pues bien, esto segundo es lo que ha sucedido. O, cuando menos, así lo parece por los aspectos que se conocen del acuerdo.
En los últimos meses, los partidos catalanes que aprobaron el proyecto han repetido constantemente que, como mínimo, tres cuestiones eran innegociables: la definición de Catalunya como nación, los aspectos centrales del sistema de financiación y un sustancial aumento de las competencias. Sobre este tercer aspecto todavía no hay noticias que permitan hacer una valoración de conjunto. Pero sobre los dos primeros, no cabe ninguna duda de que el acuerdo supone un giro de 180 grados respecto a lo aprobado en el Parlament de Catalunya. Es más, lo acordado el pasado sábado por Zapatero y Mas coincide, sobre todo, con las enmiendas que efectuó en su momento el PP.
Efectivamente, en el caso de la definición de Catalunya, el texto acordado reproduce exactamente la enmienda del PP que proponía mantener el actual texto estatutario; en la financiación, el sistema se acerca mucho a las propuestas de Piqué (y, también, de Chaves). En el preámbulo, sobre el que tanto se especulaba, no se afirma para nada que Catalunya sea una nación, sino simplemente se da noticia del resultado de una votación en el Parlament. ¿Qué queda, pues, respecto a estos puntos, del proyecto aprobado en Catalunya? Nada.
Todo ello constituye una muestra más de la frivolidad con la que actúan quienes han elaborado y aprobado el proyecto. Con razón algunos dirán que para este viaje no hacían falta tantas alforjas. O, como dijo ayer el dirigente de ERC Puigcercós, "se esperaba alumbrar un elefante y hemos parido un ratón". Es cierto, se esperaba, lo esperaban. Pero ¿por qué lo esperaban?, ¿es que no conocen los límites que impone la realidad y los límites que impone el sistema constitucional a una reforma estatutaria? Sobre esta poca calidad de la actual clase política catalana hay que reflexionar. Y más allá de todo ello, también debemos reflexionar sobre una orientación general de la política catalana que se encuentra en la raíz de la presente crisis y que tuvo su origen hace muchos años, desde los mismos inicios de la autonomía.
En efecto, ya desde el primer gobierno Pujol se empieza a considerar al actual Estatut y a las instituciones políticas que entonces empezaban a funcionar como algo insuficiente y transitorio, un punto de partida que debía aceptarse porque suponía un paso hacia delante, pero que no debía hacer olvidar la meta final: la soberanía de Catalunya. Durante 23 años CiU fue difundiendo esta ideología victimista al objeto de generar insatisfacción. "Avui paciència, demà independència", era el lema empleado en las manifestaciones. La actual autonomía se consideraba como un mero instrumento, sólo aceptable porque debía conducir a una Catalunya "rica i plena", ideal y lejana, inspirada en doctrinas vigentes hace más de un siglo y contradictoria con la realidad del mundo actual. Los convencidos de estas ideas, como reflejan todas las encuestas desde hace veinticinco años, sólo alcanzan a una cuarta parte de la población de Catalunya. Sin embargo, esta ideología se ha impuesto como la políticamente correcta por el miedo social a ser marginado, dada la descalificación sistemática con la que se trata al discrepante.
Esta doctrina es la que ha dado lugar a que el Gobierno catalán se ocupe primordialmente de la llamada construcción nacional y de reforzar una supuesta identidad mítica, en lugar ocuparse, antes que nada, de las verdaderas necesidades sociales, es decir, por ejemplo, de la educación, las infraestructuras o la seguridad pública, como hace cualquier gobierno normal. La culminación de todo ello tenía que llegar. Con menos inteligencia que Pujol, el actual Gobierno tripartito, mero continuador de los gobiernos anteriores aunque con peor estilo, no quiso quedarse atrás y optó por dar un gran salto: no llegaba la independència, pero la paciència se había acabado. "Con el nuevo Estatut, estableceremos una nueva relación con España", clamaba Maragall, cual jefe de un Estado llamado Catalunya. Ya lo estamos viendo. De momento, hay acuerdo en aceptar las enmiendas del PP y las opiniones de Chaves. ¡Menos mal que están a punto de llegar los papeles de Salamanca, que tanto echábamos en falta!
La calidad de nuestra clase política, la falta de proyecto para un país del siglo XXI, dejar a un lado la Catalunya inexistente y solucionar las necesidades de la Catalunya real. Éstos son nuestros verdaderos problemas.
FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB
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