E. Fuentes/M. Pardeiro
La razón
310106
En apenas tres meses se han recibido 420 denuncias por problemas en la escolarización y en los rótulos de establecimientos
Madrid/Barcelona- La política de inmersión lingüística emprendida por el tripartito catalán ha hecho saltar las alarmas entre todos aquellos que aspiran a utilizar el castellano con normalidad en Cataluña. A la percepción generalizada de que el Gobierno presidido por Pasqual Maragall, lejos de conformarse con la normal utilización de ambas lenguas, aplica todos los medios a su alcance para multiplicar las «zancadillas» a los castellanohablantes, se unen ahora las frías cifras estadísticas, que reflejan un imparable crecimiento de las protestas de ciudadanos ahogados por esta «inmersión».
Según los datos que maneja el Defensor del Pueblo, en los últimos tres meses se han recibido alrededor de 420 quejas relacionadas con la «discriminación» del castellano en Cataluña. Un número que adquiere toda su relevancia si se tiene en cuenta que, hace un año, en ese mismo periodo apenas llegaron una decena de reclamaciones al organismo que preside Enrique Múgica. Las protestas de los ciudadanos catalanes se dividen en dos grandes bloques: el educativo, encabezado por padres que no pueden escolarizar a sus hijos en castellano, y el de consumo, monopolizado por las Oficinas de Garantías Lingüísticas que utiliza la Generalitat para «perseguir» a los establecimientos que no usan el catalán en sus rótulos.
Respecto al primer apartado, la batalla para conseguir que los niños puedan optar a recibir sus clases en castellano viene de lejos, pero al calor de las concesiones logradas por los partidos catalanes en el nuevo Estatut el problema se ha recrudecido, provocando alrededor de medio centenar de quejas en apenas unas semanas. En concreto, los padres se han dirigido al Defensor del Pueblo para explicar que los impresos de preinscripción de los centros docentes públicos y concertados de Cataluña no tienen ningún espacio en el que los progenitores puedan consignar cuál es la lengua materna de sus hijos para escolarizarlos en ella en su primera enseñanza. Además, estos formularios tampoco informan del derecho de los alumnos a recibir esta primera enseñanza en su lengua habitual, según establece la Ley de Política Lingüística de 1998. Oídas las quejas, Múgica solicitó un informe a la Generalitat, que el pasado 7 de diciembre confirmó y asumió por escrito la ausencia de esta información, aludiendo a su derecho a decidir sobre la mejor manera para dar cumplimiento a esa ley. Vamos, que respeta la norma pero no la cumple por falta de peticiones... que los padres no tienen manera de realizar.
Así las cosas, el pasado 23 de enero el Defensor del Pueblo dirigió una carta a la Consejería de Educación de Cataluña recomendando una vez más a su titular, Marta Cid, que respete el derecho a la educación en castellano en Cataluña y modifique por fin los formularios de preinscripción. Aún no ha obtenido respuesta.
Aparte de la enseñanza, el grueso de las quejas provocadas por la política de la Generalitat en este campo se refieren a la actividad de las Oficinas de Garantías Lingüísticas que el Gobierno de Maragall ha abierto en Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona y Tortosa. Su objetivo oficial es proteger el derecho a vivir «plenamente» en catalán, pero según denuncia José Domingo, vicepresidente de la Asociación por la Tolerancia, su cometido principal es «facilitar al máximo los mecanismos para denunciar a los establecimientos que no tienen sus rótulos en catalán o cuyo personal no atiende a los clientes en esa lengua». Según los datos de la propia Generalitat, en el primer semestre de 2005 las oficinas tramitaron casi mil quejas por este motivo, sancionando a numerosos locales por no cumplir la normativa de emplear en sus rótulos, al menos, el catalán. De hecho, la página web de las oficinas detalla todos los pasos para elevar una denuncia -incluida la descarga de los formularios necesarios- , y además relata un caso práctico de «falta de respeto a los derechos del consumidor»: el de una agencia de viajes que no facilita una copia del contrato en catalán.
A raíz de las «cada vez más frecuentes y numerosas quejas» que recibió el Defensor del Pueblo a lo largo del pasado año por la «progresiva minoración de las libertades y derechos lingüísticos de quienes optan por el uso del castellano», Enrique Múgica redactó hace meses una carta a la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, en la que expresó su «grave preocupación» por el «desamparo que manifiestan muchos ciudadanos». Su homólogo en Cataluña, el Sindic de Greuges Rafael Ribó, también ha recibido en los últimos meses una cuarentena de quejas por temas lingüísticos. Eso sí, de todas ellas apenas una decena corresponde a casos de discriminación del castellano.
La razón
310106
En apenas tres meses se han recibido 420 denuncias por problemas en la escolarización y en los rótulos de establecimientos
Madrid/Barcelona- La política de inmersión lingüística emprendida por el tripartito catalán ha hecho saltar las alarmas entre todos aquellos que aspiran a utilizar el castellano con normalidad en Cataluña. A la percepción generalizada de que el Gobierno presidido por Pasqual Maragall, lejos de conformarse con la normal utilización de ambas lenguas, aplica todos los medios a su alcance para multiplicar las «zancadillas» a los castellanohablantes, se unen ahora las frías cifras estadísticas, que reflejan un imparable crecimiento de las protestas de ciudadanos ahogados por esta «inmersión».
Según los datos que maneja el Defensor del Pueblo, en los últimos tres meses se han recibido alrededor de 420 quejas relacionadas con la «discriminación» del castellano en Cataluña. Un número que adquiere toda su relevancia si se tiene en cuenta que, hace un año, en ese mismo periodo apenas llegaron una decena de reclamaciones al organismo que preside Enrique Múgica. Las protestas de los ciudadanos catalanes se dividen en dos grandes bloques: el educativo, encabezado por padres que no pueden escolarizar a sus hijos en castellano, y el de consumo, monopolizado por las Oficinas de Garantías Lingüísticas que utiliza la Generalitat para «perseguir» a los establecimientos que no usan el catalán en sus rótulos.
Respecto al primer apartado, la batalla para conseguir que los niños puedan optar a recibir sus clases en castellano viene de lejos, pero al calor de las concesiones logradas por los partidos catalanes en el nuevo Estatut el problema se ha recrudecido, provocando alrededor de medio centenar de quejas en apenas unas semanas. En concreto, los padres se han dirigido al Defensor del Pueblo para explicar que los impresos de preinscripción de los centros docentes públicos y concertados de Cataluña no tienen ningún espacio en el que los progenitores puedan consignar cuál es la lengua materna de sus hijos para escolarizarlos en ella en su primera enseñanza. Además, estos formularios tampoco informan del derecho de los alumnos a recibir esta primera enseñanza en su lengua habitual, según establece la Ley de Política Lingüística de 1998. Oídas las quejas, Múgica solicitó un informe a la Generalitat, que el pasado 7 de diciembre confirmó y asumió por escrito la ausencia de esta información, aludiendo a su derecho a decidir sobre la mejor manera para dar cumplimiento a esa ley. Vamos, que respeta la norma pero no la cumple por falta de peticiones... que los padres no tienen manera de realizar.
Así las cosas, el pasado 23 de enero el Defensor del Pueblo dirigió una carta a la Consejería de Educación de Cataluña recomendando una vez más a su titular, Marta Cid, que respete el derecho a la educación en castellano en Cataluña y modifique por fin los formularios de preinscripción. Aún no ha obtenido respuesta.
Aparte de la enseñanza, el grueso de las quejas provocadas por la política de la Generalitat en este campo se refieren a la actividad de las Oficinas de Garantías Lingüísticas que el Gobierno de Maragall ha abierto en Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona y Tortosa. Su objetivo oficial es proteger el derecho a vivir «plenamente» en catalán, pero según denuncia José Domingo, vicepresidente de la Asociación por la Tolerancia, su cometido principal es «facilitar al máximo los mecanismos para denunciar a los establecimientos que no tienen sus rótulos en catalán o cuyo personal no atiende a los clientes en esa lengua». Según los datos de la propia Generalitat, en el primer semestre de 2005 las oficinas tramitaron casi mil quejas por este motivo, sancionando a numerosos locales por no cumplir la normativa de emplear en sus rótulos, al menos, el catalán. De hecho, la página web de las oficinas detalla todos los pasos para elevar una denuncia -incluida la descarga de los formularios necesarios- , y además relata un caso práctico de «falta de respeto a los derechos del consumidor»: el de una agencia de viajes que no facilita una copia del contrato en catalán.
A raíz de las «cada vez más frecuentes y numerosas quejas» que recibió el Defensor del Pueblo a lo largo del pasado año por la «progresiva minoración de las libertades y derechos lingüísticos de quienes optan por el uso del castellano», Enrique Múgica redactó hace meses una carta a la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, en la que expresó su «grave preocupación» por el «desamparo que manifiestan muchos ciudadanos». Su homólogo en Cataluña, el Sindic de Greuges Rafael Ribó, también ha recibido en los últimos meses una cuarentena de quejas por temas lingüísticos. Eso sí, de todas ellas apenas una decena corresponde a casos de discriminación del castellano.
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