Ignacio CAMACHO
ABC 180206
SETECIENTAS mil firmas. Con ese equipaje popular en sus alforjas, la izquierda en bloque, desde la moderada a la más radical, ha solicitado ante las instituciones competentes un referéndum que anule la reforma federalista promovida por el primer ministro. Se trata, según los líderes de la alianza izquierdista, de evitar la ruptura de la unidad nacional, preservar el equilibrio de las regiones y evitar que se quiebre la solidaridad entre los territorios más ricos y los más pobres.
Catorce autonomías, las más perjudicadas por el nuevo reparto de poderes, se han mostrado asimismo en contra de la federalización del país y han solicitado también la consulta popular para tumbarla, así como más de un quinto de los diputados y senadores que prevé la ley para convocar el referéndum. Tanto la izquierda como las asambleas regionales destacan en su irritada protesta que la cesión de competencias exclusivas en sanidad, educación y policía vulnera la solidaridad y establece privilegios financieros para las poderosas y desarrolladas comunidades del Norte. Los críticos de la reforma defienden la vigencia de la actual Constitución, para lo que han creado una plataforma específica apoyada por algunos antiguos dirigentes nacionales, entre ellos un ex presidente, así como numerosas organizaciones de sociedad civil y el principal sindicato de trabajadores. Todos juntos han recogido firmas durante dos meses.
Los partidos y organizaciones de izquierda esgrimen contra la reforma el papel histórico que la unidad nacional ha desempeñado en la cohesión territorial de un país tradicionalmente fragmentado, y sostienen que la estructura federalista puede partir el Estado en dos y crear una brecha entre las regiones más desarrolladas y el resto. En la actualidad, la mitad de las comunidades superan el PIB per cápita medio de la nación, compensando el déficit de la otra mitad a través de mecanismos (insuficientes) de solidaridad financiera. El PIB per cápita de la región norteña más desarrollada supera en más del doble al de la última clasificada del ranking, que naturalmente es una zona del Sur.
Todo lo que acaban de leer es estrictamente cierto. Sólo que sucede en Italia, donde la alianza de centroizquierda, que abarca desde los moderados hasta los excomunistas, entregó ayer al Tribunal Supremo los pliegos de firmas en solicitud de un referéndum sobre la reforma constitucional aprobada por el Gobierno de Silvio Berlusconi. Dato a tener en cuenta: las competencias concedidas allí a las comunidades autónomas bajo el concepto llamado devoluzione, en un proyecto considerado abiertamente federal, son cualitativa y cuantitativamente inferiores a las ya establecidas en el sistema de reparto territorial español. Y además, el Gobierno se reserva el derecho de veto a las leyes regionales si lesionan intereses comunes. Que cada cual saque las conclusiones que estime convenientes al respecto.
ABC 180206
SETECIENTAS mil firmas. Con ese equipaje popular en sus alforjas, la izquierda en bloque, desde la moderada a la más radical, ha solicitado ante las instituciones competentes un referéndum que anule la reforma federalista promovida por el primer ministro. Se trata, según los líderes de la alianza izquierdista, de evitar la ruptura de la unidad nacional, preservar el equilibrio de las regiones y evitar que se quiebre la solidaridad entre los territorios más ricos y los más pobres.
Catorce autonomías, las más perjudicadas por el nuevo reparto de poderes, se han mostrado asimismo en contra de la federalización del país y han solicitado también la consulta popular para tumbarla, así como más de un quinto de los diputados y senadores que prevé la ley para convocar el referéndum. Tanto la izquierda como las asambleas regionales destacan en su irritada protesta que la cesión de competencias exclusivas en sanidad, educación y policía vulnera la solidaridad y establece privilegios financieros para las poderosas y desarrolladas comunidades del Norte. Los críticos de la reforma defienden la vigencia de la actual Constitución, para lo que han creado una plataforma específica apoyada por algunos antiguos dirigentes nacionales, entre ellos un ex presidente, así como numerosas organizaciones de sociedad civil y el principal sindicato de trabajadores. Todos juntos han recogido firmas durante dos meses.
Los partidos y organizaciones de izquierda esgrimen contra la reforma el papel histórico que la unidad nacional ha desempeñado en la cohesión territorial de un país tradicionalmente fragmentado, y sostienen que la estructura federalista puede partir el Estado en dos y crear una brecha entre las regiones más desarrolladas y el resto. En la actualidad, la mitad de las comunidades superan el PIB per cápita medio de la nación, compensando el déficit de la otra mitad a través de mecanismos (insuficientes) de solidaridad financiera. El PIB per cápita de la región norteña más desarrollada supera en más del doble al de la última clasificada del ranking, que naturalmente es una zona del Sur.
Todo lo que acaban de leer es estrictamente cierto. Sólo que sucede en Italia, donde la alianza de centroizquierda, que abarca desde los moderados hasta los excomunistas, entregó ayer al Tribunal Supremo los pliegos de firmas en solicitud de un referéndum sobre la reforma constitucional aprobada por el Gobierno de Silvio Berlusconi. Dato a tener en cuenta: las competencias concedidas allí a las comunidades autónomas bajo el concepto llamado devoluzione, en un proyecto considerado abiertamente federal, son cualitativa y cuantitativamente inferiores a las ya establecidas en el sistema de reparto territorial español. Y además, el Gobierno se reserva el derecho de veto a las leyes regionales si lesionan intereses comunes. Que cada cual saque las conclusiones que estime convenientes al respecto.
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