Cualquiera que se asomara el jueves a la portada de EL MUNDO pudo intuir que la extrema gravedad de los hechos que en ella se relataban iba a originar una cascada de interrogatorios en la trastienda del Ministerio del Interior. Lo que quizá los más cándidos no pensaron es que el dedo acusador no iba a apuntar a quienes habían perpetrado la falsificación sino justo contra quienes la habían denunciado.
Uno de nuestros competidores desvelaba ayer sin rubor que el comisario general de la Policía Científica, Miguel Angel Santano, había abierto una investigación con un doble objetivo: revisar la labor de los tres peritos que firmaron el primer -y verdadero- informe y averiguar quién se lo filtró a la prensa. De este modo, en vez de indagar en los autores y en los motivos de la falsificación, la cúpula de Interior trata de desacreditar a sus víctimas y de amedrentar a todos aquellos agentes que conozcan otros datos sobre la manipulación de la investigación del 11-M.
Esta iniciativa no es más que un nuevo episodio de la campaña de desprestigio que desde el jueves sufren unos peritos cuyo único delito ha sido cumplir con la petición de sus superiores. ¿Por qué Rubalcaba y sus colaboradores no investigan a quien se prestó a firmar al día siguiente un informe mutilado y sí en cambio a quien se limitó a hacer bien su trabajo? ¿Acaso porque saben perfectamente quién y por qué le dio la orden de hacerlo?
Lo que en todo momento soslaya la ofensiva policial y mediática contra los peritos es que se circunscribieron a hacer lo que demandaba el juez, elaborando un informe policial y científicamente intachable. Aun cuando sus jefes hubieran considerado que su hipótesis sobre la relación entre Haski y ETA era una mera «elucubración» y les hubieran pedido que la suprimieran, en ningún caso deberían haberle ocultado al juez que los dos precedentes de incautación de ácido bórico estaban relacionados con ETA. Eso eran simplemente hechos.
Muchas de las insidias que se han arrojado estos días contra los agentes se han centrado precisamente en la supuesta inocuidad del ácido bórico. Es muy similar a lo que hicieron los diputados socialistas llamando comando Dixan a aquéllos para los que el fiscal pide hoy 142 años de cárcel. No vamos a caer en la trampa de desviar la atención de la naturaleza de la manipulación, que es aquí lo esencial, pero cualquiera que lea el artículo que hoy publicamos sobre los usos de esta sustancia -que incluyen enmascarar el olor de los explosivos o conservar los materiales orgánicos que los componen- percibirá la frivolidad de quienes lo han degradado estos días a la condición de insecticida.
A la luz de las zancadillas y falsedades que se han desencadenado en su ministerio a raíz de lo que reveló EL MUNDO, no es de extrañar que sean cada vez más los ciudadanos que piensen, con Angel Acebes, no sólo que «Rubalcaba utilizó el 11-M para ganar las elecciones» sino que «ahora lo utiliza para intentar no perderlas».
Uno de nuestros competidores desvelaba ayer sin rubor que el comisario general de la Policía Científica, Miguel Angel Santano, había abierto una investigación con un doble objetivo: revisar la labor de los tres peritos que firmaron el primer -y verdadero- informe y averiguar quién se lo filtró a la prensa. De este modo, en vez de indagar en los autores y en los motivos de la falsificación, la cúpula de Interior trata de desacreditar a sus víctimas y de amedrentar a todos aquellos agentes que conozcan otros datos sobre la manipulación de la investigación del 11-M.
Esta iniciativa no es más que un nuevo episodio de la campaña de desprestigio que desde el jueves sufren unos peritos cuyo único delito ha sido cumplir con la petición de sus superiores. ¿Por qué Rubalcaba y sus colaboradores no investigan a quien se prestó a firmar al día siguiente un informe mutilado y sí en cambio a quien se limitó a hacer bien su trabajo? ¿Acaso porque saben perfectamente quién y por qué le dio la orden de hacerlo?
Lo que en todo momento soslaya la ofensiva policial y mediática contra los peritos es que se circunscribieron a hacer lo que demandaba el juez, elaborando un informe policial y científicamente intachable. Aun cuando sus jefes hubieran considerado que su hipótesis sobre la relación entre Haski y ETA era una mera «elucubración» y les hubieran pedido que la suprimieran, en ningún caso deberían haberle ocultado al juez que los dos precedentes de incautación de ácido bórico estaban relacionados con ETA. Eso eran simplemente hechos.
Muchas de las insidias que se han arrojado estos días contra los agentes se han centrado precisamente en la supuesta inocuidad del ácido bórico. Es muy similar a lo que hicieron los diputados socialistas llamando comando Dixan a aquéllos para los que el fiscal pide hoy 142 años de cárcel. No vamos a caer en la trampa de desviar la atención de la naturaleza de la manipulación, que es aquí lo esencial, pero cualquiera que lea el artículo que hoy publicamos sobre los usos de esta sustancia -que incluyen enmascarar el olor de los explosivos o conservar los materiales orgánicos que los componen- percibirá la frivolidad de quienes lo han degradado estos días a la condición de insecticida.
A la luz de las zancadillas y falsedades que se han desencadenado en su ministerio a raíz de lo que reveló EL MUNDO, no es de extrañar que sean cada vez más los ciudadanos que piensen, con Angel Acebes, no sólo que «Rubalcaba utilizó el 11-M para ganar las elecciones» sino que «ahora lo utiliza para intentar no perderlas».
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