Ángel Escolano
ULD - Univesitarios Liberal Demócratas
En Cataluña, el nacionalismo catalán de corte conservador, representado fundamentalmente por ciertos sectores de Convergencia Democrática de Cataluña y por Unió Democrática, así como por grupos católicos catalanes de diversa índole, se ha pasado, durante los años en que ha tenido en el Gobierno Autonómico y en el Parlamento Catalán una influyente y en cierta medida preponderante capacidad decisoria, durante todo el Gobierno de Pujol, apoyando -cuando no inspirando y ejecutando- las políticas de inmersión lingüística en la enseñanza catalana.
El resultado de todos los decretos de inmersión lingüística que estos grupos -a los que en otra ocasión podemos poner nombres y apellidos- es que se ha privado a los padres catalanes de un importante derecho: el de poder elegir la lengua vehicular en la que estudia su hijo en Cataluña. La imposición "a golpe de reglamento" del catalán en el sistema educativo catalán ha culminado este 30 de junio, con una resolución del Secretario General del Departamento de Educación (ya del tripartito, pero en este caso con una gestión heredada de sus predecesores en el departamento) que impone a las escuelas privadas (si, privadas, que no reciben un duro de las generosas y deficitarias arcas del estado) el uso del catalán en todos los ámbitos de la educación, en las actividades internas y externas. Ya es imposible estudiar en castellano en Cataluña, aunque los padres se lo quieran pagar de su bolsillo.
Evidentemente, esta gesta del nacionalismo de corte católico, de la que muchos seguro se sienten orgullosos, se ha convertido, quiero creer que a su pesar y sin conducta dolosa por su parte, en un golpe que se han dado a ellos mismos. Aunque las huestes convergentes, filoconvergentes y pseudoconvergentes pensasen que su enseñoramiento sobre Cataluña iba a durar mil años, finalmente el Tripartito los ha desalojado (y posiblemente por mucho tiempo) de sus cómodas poltronas. Y no hay nada más fácil que caer del trono para caer en el lodo.
Pero ahora, este nacionalismo de corte cristiano, empieza a lamentarse de que el tripartido empiece a coartar la libertad de los padres, poniendo trabas a la enseñanza de la religión. Aunque los prohombres de Unió y los prelados garantes de las esencias patrias catalanas aun no hayan salido a batallar, es evidente su malestar, que ya expresaron en la elaboración del Estatuto. De hecho, no pocas entidades cristianas con fuertes vinculaciones con sectores de CiU, como E-Cristians, pidieron el no en el referéndum sobre la reforma estatutaria.
Pero esta decisión del tripartito no es más que la penitencia que llevan en su pecado: el hecho de coartar la libertad de los padres para elegir la lengua materna en que estudian sus hijos, el hecho de dar a la Administración la facultad de decidir por los padres aquello que considera que es lo adecuado para sus intereses en la educación de sus hijos, el haber querido convertir el Sistema Educativo Catalán en una especie de reformatorio lingüístico en el que cambiar la lengua materna del niño, todo eso, redunda ahora en su contra.
Porque, es evidente, que si es legítimo sustituir la voluntad de los padres e imponer la enseñanza en catalán es igual de legítimo imponer la enseñanza laica sustituyendo la voluntad de los padres. Es igual de legítimo que Convergencia imponga el catalán desterrando el castellano, que pretendía suprimir como lengua habitual en Cataluña a largo plazo, que imponer el laicismo desterrando los valores cristianos, para tener la sociedad perfecta para las proclamas e intereses electorales de la izquierda.
El nacionalismo conservador está probando el aceite de ricino, aunque también nos lo hagan beber a los demás, que ellos han hecho catar a muchos catalanes castellanohablantes durante casi dos décadas. Esperemos que al menos hayan aprendido que no hay nada mejor que potenciar el criterio y la libertad de elección de los padres en la educación, y que el hacer de ello un principio del sistema educativo evita que éste se convierta en un instrumento de ingeniería social del poder público.
ULD - Univesitarios Liberal Demócratas
En Cataluña, el nacionalismo catalán de corte conservador, representado fundamentalmente por ciertos sectores de Convergencia Democrática de Cataluña y por Unió Democrática, así como por grupos católicos catalanes de diversa índole, se ha pasado, durante los años en que ha tenido en el Gobierno Autonómico y en el Parlamento Catalán una influyente y en cierta medida preponderante capacidad decisoria, durante todo el Gobierno de Pujol, apoyando -cuando no inspirando y ejecutando- las políticas de inmersión lingüística en la enseñanza catalana.
El resultado de todos los decretos de inmersión lingüística que estos grupos -a los que en otra ocasión podemos poner nombres y apellidos- es que se ha privado a los padres catalanes de un importante derecho: el de poder elegir la lengua vehicular en la que estudia su hijo en Cataluña. La imposición "a golpe de reglamento" del catalán en el sistema educativo catalán ha culminado este 30 de junio, con una resolución del Secretario General del Departamento de Educación (ya del tripartito, pero en este caso con una gestión heredada de sus predecesores en el departamento) que impone a las escuelas privadas (si, privadas, que no reciben un duro de las generosas y deficitarias arcas del estado) el uso del catalán en todos los ámbitos de la educación, en las actividades internas y externas. Ya es imposible estudiar en castellano en Cataluña, aunque los padres se lo quieran pagar de su bolsillo.
Evidentemente, esta gesta del nacionalismo de corte católico, de la que muchos seguro se sienten orgullosos, se ha convertido, quiero creer que a su pesar y sin conducta dolosa por su parte, en un golpe que se han dado a ellos mismos. Aunque las huestes convergentes, filoconvergentes y pseudoconvergentes pensasen que su enseñoramiento sobre Cataluña iba a durar mil años, finalmente el Tripartito los ha desalojado (y posiblemente por mucho tiempo) de sus cómodas poltronas. Y no hay nada más fácil que caer del trono para caer en el lodo.
Pero ahora, este nacionalismo de corte cristiano, empieza a lamentarse de que el tripartido empiece a coartar la libertad de los padres, poniendo trabas a la enseñanza de la religión. Aunque los prohombres de Unió y los prelados garantes de las esencias patrias catalanas aun no hayan salido a batallar, es evidente su malestar, que ya expresaron en la elaboración del Estatuto. De hecho, no pocas entidades cristianas con fuertes vinculaciones con sectores de CiU, como E-Cristians, pidieron el no en el referéndum sobre la reforma estatutaria.
Pero esta decisión del tripartito no es más que la penitencia que llevan en su pecado: el hecho de coartar la libertad de los padres para elegir la lengua materna en que estudian sus hijos, el hecho de dar a la Administración la facultad de decidir por los padres aquello que considera que es lo adecuado para sus intereses en la educación de sus hijos, el haber querido convertir el Sistema Educativo Catalán en una especie de reformatorio lingüístico en el que cambiar la lengua materna del niño, todo eso, redunda ahora en su contra.
Porque, es evidente, que si es legítimo sustituir la voluntad de los padres e imponer la enseñanza en catalán es igual de legítimo imponer la enseñanza laica sustituyendo la voluntad de los padres. Es igual de legítimo que Convergencia imponga el catalán desterrando el castellano, que pretendía suprimir como lengua habitual en Cataluña a largo plazo, que imponer el laicismo desterrando los valores cristianos, para tener la sociedad perfecta para las proclamas e intereses electorales de la izquierda.
El nacionalismo conservador está probando el aceite de ricino, aunque también nos lo hagan beber a los demás, que ellos han hecho catar a muchos catalanes castellanohablantes durante casi dos décadas. Esperemos que al menos hayan aprendido que no hay nada mejor que potenciar el criterio y la libertad de elección de los padres en la educación, y que el hacer de ello un principio del sistema educativo evita que éste se convierta en un instrumento de ingeniería social del poder público.
