El resultado del referéndum del Estatuto de autonomía de Cataluña representa un clamoroso fracaso de Zapatero en uno de los ejes esenciales de su agenda política.
Sólo uno de cada tres catalanes ha votado a favor del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Más de la mitad de los catalanes han respondido con la indiferencia a un texto estatutario que sus impulsores justificaban por su amplia demanda social. El nuevo Estatuto fue aprobado inicialmente en el Parlamento de Cataluña por el 90% de los representantes políticos de los ciudadanos. Sólo el 36,5% de los representados votaron ayer a favor del texto estatutario.
En 1979, el 60% de los ciudadanos participaron en el referéndum en el que se aprobó el vigente Estatuto de Cataluña. En aquella ocasión, la mayoría absoluta de los catalanes (53% del censo) aprobaron el texto estatutario que habían pactado el conjunto de las fuerzas políticas. Es una lástima el importantísimo retroceso que ha sufrido el respaldo ciudadano al Estatuto de Cataluña.
El Estatuto de 1979 es el de todos los catalanes. Nadie podrá decir eso nunca del nuevo Estatuto que acaba de ser sometido a referéndum. Desde el primer momento, las fuerzas políticas que han impulsado la reforma del Estatuto hicieron todo lo posible por marginar a una parte importante de la sociedad catalana, la misma que no ha apoyado con su voto el Estatuto.
La suma de votos de los partidos que defendían el SÍ al Estatuto –PSC, CiU e IC-en las últimas elecciones autonómicas catalanas representó más del 43% del censo electoral. Un porcentaje muy superior al 36,5% del censo que ha votado SÍ en el referéndum.
La mayoría de los catalanes han dado la espalda a este Estatuto y a los que lo han impulsado. Los ciudadanos de Cataluña han enviado un clarísimo mensaje a Zapatero.
Es el momento de retomar el consenso que ha presidido la reciente historia de España y de que Zapatero abandone definitivamente su proyecto de modificación a plazos de la Constitución a través de las reformas estatutarias.
El Partido Popular cree en el consenso y en que las reformas institucionales se han de hacer contando con el conjunto de las fuerzas políticas. Así actuamos cuando estamos en el gobierno y también cuando estamos en la oposición. No todos pueden decir lo mismo. No todos somos iguales.
Las reformas de los Estatutos de Autonomía en las Comunidades Autónomas en las que gobiernan los socialistas se han llevado a cabo sin consenso y excluyendo a una parte importante de la sociedad (Cataluña y Andalucía) En cambio donde el Partido Popular tiene responsabilidades de gobierno, esas reformas estatutarias están contando con un altísimo apoyo político (Comunidad Valenciana y Baleares).
Cuando se abandona el consenso, la convivencia se debilita. Lo hemos visto durante esta campaña electoral. Con los continuos ataques al Partido Popular. Con los miserables lemas electorales del Partido Socialista. Con las agresiones verbales y con el aplauso y la justificación del uso de la violencia contra los que pensamos diferente.
Ya sabemos lo que ocurre cuando los políticos abandonan los argumentos para decantarse por el radicalismo verbal contra los que pensamos de forma diferente.
La abstención se dispara y los violentos se crecen.
El Partido Popular presentará un recurso de inconstitucionalidad para garantizar la seguridad jurídica de los catalanes y del conjunto de los españoles. No es un
recurso contra la opinión de los ciudadanos de Cataluña sino contra el intento de unos cuantos políticos de poner en marcha una reforma encubierta de la Constitución.
Durante los últimos meses, CiU y PSC han presentado ante la opinión pública interpretaciones absolutamente contradictorias sobre los mismos artículos del
Estatuto de Cataluña. Alguien debería aclarar si lo que dice Mas o lo que nos explica Maragall sobre determinados artículos del Estatuto es lo correcto o si, como
seguramente sucede, ninguno de los dos tiene toda la razón. Ese alguien, en nuestro ordenamiento jurídico, es el Tribunal Constitucional.
¿Por qué tenemos que dejar en manos de socialistas y convergentes la interpretación de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas, teniendo, como tenemos, el Tribunal Constitucional?
Sólo uno de cada tres catalanes ha votado a favor del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Más de la mitad de los catalanes han respondido con la indiferencia a un texto estatutario que sus impulsores justificaban por su amplia demanda social. El nuevo Estatuto fue aprobado inicialmente en el Parlamento de Cataluña por el 90% de los representantes políticos de los ciudadanos. Sólo el 36,5% de los representados votaron ayer a favor del texto estatutario.
En 1979, el 60% de los ciudadanos participaron en el referéndum en el que se aprobó el vigente Estatuto de Cataluña. En aquella ocasión, la mayoría absoluta de los catalanes (53% del censo) aprobaron el texto estatutario que habían pactado el conjunto de las fuerzas políticas. Es una lástima el importantísimo retroceso que ha sufrido el respaldo ciudadano al Estatuto de Cataluña.
El Estatuto de 1979 es el de todos los catalanes. Nadie podrá decir eso nunca del nuevo Estatuto que acaba de ser sometido a referéndum. Desde el primer momento, las fuerzas políticas que han impulsado la reforma del Estatuto hicieron todo lo posible por marginar a una parte importante de la sociedad catalana, la misma que no ha apoyado con su voto el Estatuto.
La suma de votos de los partidos que defendían el SÍ al Estatuto –PSC, CiU e IC-en las últimas elecciones autonómicas catalanas representó más del 43% del censo electoral. Un porcentaje muy superior al 36,5% del censo que ha votado SÍ en el referéndum.
La mayoría de los catalanes han dado la espalda a este Estatuto y a los que lo han impulsado. Los ciudadanos de Cataluña han enviado un clarísimo mensaje a Zapatero.
Es el momento de retomar el consenso que ha presidido la reciente historia de España y de que Zapatero abandone definitivamente su proyecto de modificación a plazos de la Constitución a través de las reformas estatutarias.
El Partido Popular cree en el consenso y en que las reformas institucionales se han de hacer contando con el conjunto de las fuerzas políticas. Así actuamos cuando estamos en el gobierno y también cuando estamos en la oposición. No todos pueden decir lo mismo. No todos somos iguales.
Las reformas de los Estatutos de Autonomía en las Comunidades Autónomas en las que gobiernan los socialistas se han llevado a cabo sin consenso y excluyendo a una parte importante de la sociedad (Cataluña y Andalucía) En cambio donde el Partido Popular tiene responsabilidades de gobierno, esas reformas estatutarias están contando con un altísimo apoyo político (Comunidad Valenciana y Baleares).
Cuando se abandona el consenso, la convivencia se debilita. Lo hemos visto durante esta campaña electoral. Con los continuos ataques al Partido Popular. Con los miserables lemas electorales del Partido Socialista. Con las agresiones verbales y con el aplauso y la justificación del uso de la violencia contra los que pensamos diferente.
Ya sabemos lo que ocurre cuando los políticos abandonan los argumentos para decantarse por el radicalismo verbal contra los que pensamos de forma diferente.
La abstención se dispara y los violentos se crecen.
El Partido Popular presentará un recurso de inconstitucionalidad para garantizar la seguridad jurídica de los catalanes y del conjunto de los españoles. No es un
recurso contra la opinión de los ciudadanos de Cataluña sino contra el intento de unos cuantos políticos de poner en marcha una reforma encubierta de la Constitución.
Durante los últimos meses, CiU y PSC han presentado ante la opinión pública interpretaciones absolutamente contradictorias sobre los mismos artículos del
Estatuto de Cataluña. Alguien debería aclarar si lo que dice Mas o lo que nos explica Maragall sobre determinados artículos del Estatuto es lo correcto o si, como
seguramente sucede, ninguno de los dos tiene toda la razón. Ese alguien, en nuestro ordenamiento jurídico, es el Tribunal Constitucional.
¿Por qué tenemos que dejar en manos de socialistas y convergentes la interpretación de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas, teniendo, como tenemos, el Tribunal Constitucional?
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