ASALTO A LAS ARCAS DEL ESTADO

Jaime Ignacio del Burgo
Revista Trámite Parlamentario
Sobre la nueva Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos.

Si Dios no lo remedia, antes de que termine el actual período de sesiones, S.M. el Rey deberá sancionar la nueva Ley Orgánica de Financiación de los partidos políticos, una ley básica del sistema democrático. El PSOE podrá expresar su satisfacción por haber conseguido un gran consenso... con los nacionalistas, dejando bien claro que el pacto del Tinell sigue vivo en su letra y en su espíritu.

La supresión de las donaciones anónimas es el único punto positivo de la nueva regulación. La mayoría parlamentaria afirma que la ley garantiza la transparencia de los partidos y refuerza el control de su actividad financiera por el Tribunal de Cuentas. Pero no es verdad. Veamos algunos ejemplos.

La ley consagra una mayor opacidad, pues se priva al Tribunal de Cuentas de la facultad de fiscalizar la actividad de los partidos en el ámbito municipal, pues la contabilidad sólo debe integrar los gastos e ingresos de las organizaciones estatales, autonómicas y provinciales. También se excluye de la formulación de las cuentas anuales a los grupos parlamentarios.

Se dirá que la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas queda reforzada en la nueva ley al regular el procedimiento sancionador cuya inexistencia ha impedido hasta ahora sancionar a los partidos que infringieran la legalidad. Pero la actuación sancionadora puede convertirse en papel mojado al atribuir a los partidos la posibilidad de eludir la fiscalización si aquéllos alegan que la intervención fiscalizadora del Tribunal no asegura a su juicio el respeto a la intimidad de las personas. Asombroso.

La mayoría progubernamental se ha opuesto también como gato panza arriba a prohibir que las entidades bancarias puedan condonar los créditos concedidos a los partidos. Bajo la cobertura de una supuesta invocación a los usos y costumbres mercantiles, las entidades financieras podrán pulverizar los límites establecidos en la ley para las donaciones nominativas (100.000 euros anuales) mediante el otorgamiento de condonaciones multimillonarias. El llamado "montillazo" recibe así la bendición del Congreso.

Es bien sabido que en los últimos tiempos los grandes escándalos de corrupción han estallado en el ámbito municipal, al menos hasta las revelaciones del ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pues bien, la mayoría social-nacionalista se niega a prohibir que los partidos puedan recibir donaciones de promotores y/o constructores de viviendas.

El año 2003 se introdujo en la ley de financiación de los partidos un precepto destinado a evitar el trasvase de fondos públicos a los partidos ilegalizados o que están dentro del entramado terrorista. Buena parte de las previsiones de este precepto quedan suprimidas en la nueva ley como una contribución más al buen fin del proceso de negociación con ETA:

Hay más cosas escandalosas, como el régimen fiscal privilegiado de las actividades mercantiles de los partidos, aunque el Grupo Popular consiguió eliminar la exención prevista en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. O la negativa a prohibir que los partidos puedan tener acciones y participaciones en sociedades mercantiles. O la legalización de la práctica denunciada por el Tribunal de Cuentas de algunas comunidades autónomas que venían concediendo subvenciones al funcionamiento no sólo de los grupos institucionales sino de los propios partidos políticos.

Por último, la ley prevé que a partir de 2008 las asignaciones a los partidos para subvencionar sus gastos de funcionamiento se eleven en un 20 por ciento. Si se tiene en cuenta que para entonces se habrá aprobado la ley que reabre la Ley de devolución del patrimonio incautado a los partidos con motivo de la guerra civil, eliminando la exigencia de prueba fehaciente, por los medios comúnmente admitidos en Derecho, de la titularidad de los bienes expoliados, nos encontramos ante una acción concertada de socialistas, comunistas y nacionalistas históricos para promover un asalto a las arcas de Estado. Eso sí, haciendo una falsa invocación de los principios de transparencia y de control.