Por GEES
1 de Marzo de 2006
En España viven actualmente casi cuatro millones de extranjeros. La gran mayoría de esta cifra la componen inmigrantes extracomunitarios que han llegado a nuestro país en los últimos años procedentes de África, Iberoamérica y Europa del Este. En los últimos tres años la afluencia de inmigrantes ilegales a nuestro territorio ha crecido de hecho espectacularmente. Así, mientas que en el año 2003 se estima que llegaron a España 370 mil inmigrantes, en 2004 esa cantidad ascendió a 650 mil y en 2005 la cifraría sería aún superior según Euroestar. Este auténtico “boom” migratorio, alentado por una irresponsable política de “papeles para todos” que practica el actual Gobierno, amenaza con desbordar la capacidad de asimilación de la sociedad española y generar una profunda crisis social en nuestro país.
Los acontecimiento vividos recientemente en Francia, con continuos disturbios callejeros en las barriadas de sus principales ciudades protagonizados por jóvenes se segunda y tercera generación de inmigrantes, nos alerta sobre los riesgos a largo plazo de una inmigración descontrolada incapaz de asumir nuestros valores democráticos e integrarse de forma adecuada en nuestra sociedad. En este sentido, la progresiva radicalización de las comunidades islámicas en toda Europa constituye un factor de especial preocupación.
En el año 2004 el porcentaje de inmigrantes sobre el total de la población española era, según datos de la OCDE, del 8,4 por ciento. En la actualidad es posible que ese porcentaje se haya situado ya entorno al 10 por ciento, muy cerca de las tasas de países europeos cómo Francia, Países Bajos o Alemania que han sido desde hace décadas países receptores de flujos migratorios. La peculiaridad española estriba en el carácter explosivo del fenómeno. España es de hecho el país Europeo que más inmigrantes recibe actualmente, absorbiendo ella sola más de una cuarta parte del total de la inmigración llegada a la Unión Europea en el último año.
En esta situación de desbordamiento del flujo de inmigrantes que llegan a nuestro país, el gobierno español ha adoptado una política de regularización masiva de los inmigrantes ilegales que está generando un poderoso efecto llamada. Por un lado, se ha puesto en marcha el mayor proceso de regularización de inmigrantes ilegales de toda la historia mundial, un proceso que puede saldarse con una cifra de más de un millón doscientas mil personas regularizadas, considerando las posibilidades de reagrupación familiar. Por otro, se ha aprobado un reglamento de extranjería que facilita en gran medida el acceso a la legalidad de los inmigrantes ilegales que logren acceder a nuestro territorio, reduciendo a un año el periodo exigible para obtener un permiso de residencia por arraigo.
Las consecuencias de esta política no se han hecho esperar. La entrada de menores no acompañados procedentes del Norte de África ha aumentado un 146 por ciento en el primer semestre de 2005. Los inmigrantes ilegales rechazados en los puestos fronterizos han aumentado un 66 por ciento en ese mismo periodo. En Ceuta y Melilla se han producido más de veinte avalanchas de inmigrantes ilegales en las que han participado, según fuentes de la Guardia Civil, más de 11.000 inmigrantes.
Esta política de “papeles para todos” ha generado una gran alarma no sólo en nuestro propio país, rompiendo el consenso político sobre inmigración alcanzado en la Legislatura anterior y situando la inmigración como el segundo problema que más preocupa a los españoles, sino que ha generado también indignación en nuestros socios europeos. Así, el ministro del interior francés, Nicolás Sarcozy, ha calificado al Gobierno español ante su propia Asamblea Nacional de “aprendices de brujos” cuyas regularizaciones masivas tienen consecuencias que Francia considera desastrosas para el resto de Europa, precipitando crisis como las de Ceuta y Melilla, de inflamable alcance. Por su parte, el responsable de interior de Alemania, el ministro Otto Schilly, había acusado previamente al gobierno español en el prestigioso Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitung de “haber creado un precedente inflamable para toda Europa” y advirtiéndole de que el “efecto llamada” tiene consecuencias catastróficas convirtiendo Ceuta y Melilla en un peligroso polvorín.
Una segunda característica del fenómeno inmigratorio español es su naturaleza ilegal. El 98 por ciento de los extranjeros que han llegado a España en los últimos años lo han hecho ilegalmente o han incurrido en la ilegalidad una vez excedido el plazo para el que estaban autorizados a permanecer en nuestro país. Por el contrario, la inmigración legal, es decir, aquellos que han llegado a España con los permisos requeridos de residencia y trabajo ha sido prácticamente irrelevante, poco más de 20 mil o 30 mil personas anuales fijadas por un cupo.
El hecho de que la inmigración en nuestro país haya sido y sea aún hoy prácticamente en su totalidad ilegal hace crecer exponencialmente los riesgos sociales derivados de la misma. Por un lado, la entrada de muchos inmigrantes se hace a través de mafias dedicadas a traficar con seres humanos produciéndose múltiples casos de explotación, violación de los derechos humanos, prostitución forzada e incitación a la delincuencia. En segundo término, la situación inicial o transitoria de ilegalidad dificulta en gran medida la integración social del inmigrante, da lugar a abusos laborales y provoca una propensión en el inmigrante a incumplir las normas de la sociedad receptora.
La entrada masiva de inmigrantes en España se produce tanto por las fronteras marítimas como por las aéreas y las terrestres. La llegada de pateras a nuestras costas constituye sin duda la forma más dramática de entrada de inmigrantes ilegales a nuestro territorio. Según los datos oficiales, en 2004 un total de 81 inmigrantes perdieron la vida intentando la travesía desde Marruecos hacia la Península o el archipiélago Canario y otros 60 resultaron desaparecidos. Según otras ONG la cifra de muertos ascendió a 289 en ese año y a 163 en el primer semestre de 2005.
Hay que reconocer que el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, el famosos SIVE impulsado y desplegado por los anteriores gobiernos del Partido Popular, ha tenido cierto éxito en la contención de esta forma de entrada ilegal, sin duda la que mayor coste humano provoca para los propios inmigrantes. Así, llama la atención que a pesar de una disminución del 37 por ciento en el cómputo global en el número de pateras que han llegado a nuestras costas, sin embargo, el flujo de inmigrantes en aquellas provincias o islas donde aún no está operativo el SIVE aumento de forma considerable: Málaga ha experimentado este año en la llegada de inmigrantes por mar un incremento del 24 por ciento, Gran Canaria un 371 por ciento o Tenerife un 239. Estas cifras demuestran que la disminución del número de pateras se debe en mucha mayor medida al funcionamiento del SIVE que a una posible colaboración de las autoridades de Marruecos.
Una segunda vía de entrada, mucho más importante en términos cuantitativos, se produce en los puntos habilitados en las fronteras para la entrada de extranjeros provenientes de países no comunitarios. En todas estas fronteras se ha producido un aumento del número de devoluciones del 66 por ciento, lo que muestra el aumento de la presión migratoria a la que estamos sometidos.
Una gran parte de los inmigrantes que se encuentran en nuestro país han entrado de hecho de forma legal a través de estos puntos habilitados en la frontera. El problema es que una vez expirados sus visados o permisos de residencia han decido prolongar su estancia en España de forma ilegal. Luchar contra este fenómeno exigiría una política más restrictita en la concesión de visados, así como un mayor control de las entradas, salidas y estancias de estos extranjeros.
Un segundo grupo penetra en España provisto de documentos falsos facilitados por mafias o grupos organizados de tráfico de personas. Nuestras fronteras carecen en la mayoría de los casos de los medios técnicos y humanos necesarios para detectar estos fraudes.
El aeropuerto madrileño de Barajas es de hecho la principal puerta de entrada para la inmigración en nuestro país. Así, de los 7.716 rechazados en frontera en los primeros seis meses de 2005 nada menos que 4.489 lo fueron en este aeropuerto. En segundo lugar, los puertos de mar abiertos al tráfico internacional de viajeros son otra puerta creciente de entrada de ilegales. Sólo en el marco de la reciente operación “paso del estrecho”, el tránsito veraniego de los millones de magrebíes que residen en toda Europa, fueron rechazados en el Puerto de Algeciras 1.334 personas que pretendían entrar ilegalmente en España. Esta cantidad triplica la del año anterior.
La falta de garantías requerido en el reciente proceso de regularización masiva de inmigrantes, se termino eximiendo hasta de un certificado de empadronamiento, generó a su vez un poderoso efecto llamada de residentes ilegales en otros países de la Unión Europea, así como para inmigrantes procedentes de Europa del Este que llegaron a nuestro país con el ánimo de acceder a un estatus legal. Muchos de estos inmigrantes ilegales pudieron haber entrado en España a través de los Pirineos. No existen datos oficiales sobre posibles flujos de inmigrantes ilegales en nuestra frontera con Francia, en realidad estas fronteras no existen en la práctica por encontrarse dentro del denominado territorio Schengen que eliminó los controles internos. Sin embargo, los sindicatos policiales han denunciado la intensidad de este flujo de inmigración ilegal que podría haber alcanzado una cifra superior a los 300 mil inmigrantes durante los meses que duró el proceso de regularización.
Mención especial merece el caso de nuestra frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos. En estas dos ciudades españoles se ha producido durante los dos últimos meses una situación de práctico asedio con más de 20 avalanchas en las que han participado al menos un total de 11 mil inmigrantes subsaharianos. Al parecer, en torno a 2 mil de ellos lograron acceder a territorio español. Fuentes de la Unión Europea señalan la existencia de otros 30 mil inmigrantes subsaharianos que esperan en Marruecos y Argelia poder dar el salto hacia España.
Es necesario destacar la gravedad de la situación creada en estas dos ciudades, una crisis que ha costado la vida al menos a ocho de estos inmigrantes subsaharianos en su desesperado intento por entrar en territorio español. Así, las fronteras españolas han sido repetidamente violadas y se ha generado una auténtica crisis humanitaria tras la desproporcionada intervención del Ejército de Marruecos para deportar a estas miles de personas, algunas de ellas abandonadas al parecer en el desierto en condiciones inhumanas. Todo ello con la complacencia y posterior complicidad de un Gobierno español incapaz de garantizar la seguridad de sus fronteras y responsable en última instancia de estas avalanchas por el efecto llamada que ha ocasionado.
Las previsiones oficiales del Gobierno sobre la evolución de la inmigración en España se pueden encontrar en las últimas proyecciones elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la proyección de la población española hasta el año 2050. En esta prospectiva el INE sostiene que el número de inmigrantes previsible para los próximos cuarenta años se situará en torno a los 250 mil anuales. Esta previsión significa que nuestro país recibirá entre hoy y el año 2050 nada menos que 14 millones de nuevos inmigrantes. Esta cantidad de inmigrantes implica que en ese año casi un tercio de la población española sería extranjera, en comparación con el 10 por ciento actual. España se convertiría, de cumplirse esta previsión, en el país con mayor población extranjera de toda Europa tanto en términos absolutos como relativos.
Este escenario sería aún más inquietante si se mantuviera el ritmo de llegada de inmigrantes experimentado por nuestro país en los últimos cinco años y que se sitúa en una media superior a los 500 mil anuales. De hecho, la predicción elaborada por el INE respecto al número de extranjeros residentes en nuestro país se quedo ya corta en 2004 en un millón de personas. Mantener el flujo sufrido en los últimos años significaría que España alcanzase los quince millones de extranjeros, un tercio de su población actual, en poco más de dos décadas. Los efectos de mantener un boom migratorio de esta dimensión son difíciles de calibrar, pero no sería descartable que se produjera un colapso social en nuestro país del tipo al que se ha vivido en Francia. La política actual del Gobierno parece avocarnos a ello.
Los riesgos de una inmigración descontrolada
Los riesgos de un “boom” migratorio sostenido como el que está experimentando España son múltiples y complejos. En este análisis deberemos limitarnos, por razones de espacio, a definir de forma muy sintética tan solo algunos de los que resultan más peligrosos. Entre ellos conviene destacar el previsible aumento de la criminalidad, el deterioro de los servicios públicos, la incapacidad para integrar estas comunidades cada vez más numerosas, la aparición de sentimientos racistas en nuestra sociedad y el aumento de la amenaza terrorista.
La relación entre la inmigración ilegal y el aumento de la inseguridad ciudadana es un hecho científicamente probado, aunque políticamente controvertido (Aviles, Juan, Inmigración y Seguridad Ciudadana, IUISI, 2004). En primer lugar, es un hecho objetivo que en los últimos años se ha producido en nuestro país un espectacular incremento del número de delitos cometidos por ciudadanos extranjeros. En segundo término, es también incuestionable que la tasa de criminalidad de los extranjeros en España es varias veces superior al de la población española.
La cifra de detenidos extranjeros detenidos por presunta comisión de delitos se ha más que duplicado en los últimos cuatro años, de forma que sólo los detenidos por el Cuerpo Nacional de Policía han pasado de 60 mil en el año 2000 a 144 mil en 2004. Esta cifra significa que más de un tercio de los detenidos por presunta comisión de delito en nuestro país era extranjero y la proporción sube cuando se trata de delitos contra la libertad sexual o el tráfico de drogas. Así, el 40 por ciento de detenidos por el Cuerpo Nacional de Policía por homicidio en la Comunidad de Madrid en 2003 eran extranjeros. En segundo término, el 36 por ciento de los detenidos por violencia doméstica en 2002 fueron también extranjeros. Estas tasas sobre delitos particularmente graves cuadruplican el porcentaje de extranjeros residentes en nuestro país.
Respecto a la nacionalidad de los detenidos, los más números fueron los marroquíes, seguidos por argelinos, rumanos y colombianos. Sin embargo, en términos relativos, los que presentaban un mayor índice de delincuencia eran los argelinos, con casi 283 detenidos por cada mil residentes de esa nacionalidad, seguida por rumanos con 67 y marroquíes con 63. Es importante también reflejar que a pesar de lo que muchas veces se piensa no existe gran diferencia en las tasas de delincuencia entre los inmigrantes legales y los ilegales.
Todos los datos anteriores demuestran que en aquellas zonas en las que se produce una mayor concentración de inmigrantes se genera un deterioro de la seguridad ciudadana como consecuencia de las mayores tasas delictivas y también las superiores tasas de victimización de esta población. Ese es un hecho no sólo objetivo, sino también una percepción subjetiva que queda claramente reflejada en distintos sondeos de opinión. No se trata de criminalizar la inmigración, ni de pensar que todos los inmigrantes son unos delincuentes, pero tampoco debe ocultarse que la prolongación de una llegada incontrolada de inmigrantes ilegales a nuestro país puede tener, lo está teniendo ya, un efecto muy negativo sobre la seguridad ciudadana.
El deterioro de servicios públicos tan esenciales como la educación o la sanidad es otra consecuencia indeseada del incontrolado “boom” migratorio. La razón es simple, en solo cinco años hemos introducido cerca de dos millones más de usuarios del sistema público sanitario y más de 200 mil niños en nuestro sistema educativo. Como los recursos financieros se han mantenido prácticamente estables y tampoco ha existido un aumento de medios humanos o materiales, la consecuencia lógica es que el sistema pierda calidad y las administraciones acumulen importantes déficit. Las ayudas prestadas desde el Gobierno central para paliar esta situación resultan irrisorias.
La integración de los alumnos extranjeros plantea problemas a los propios niños, a sus padres y los profesores. El desconocimiento del idioma de una parte importante de los inmigrantes es probablemente el más inmediato. También es problemática la falta de conocimientos de muchos padres con un nivel educativo bajo, lo que impide un apoyo familiar a las tareas escolares. Los estudiantes adolescentes de origen musulmán tienen problemas además para aceptar la autoridad de las profesoras y algunos sudamericanos son captados por las distintas bandas juveniles que se deslizan hacia el vandalismo y la delincuencia.
Los alumnos inmigrantes tienden además a concentrarse en un número reducido de centros, normalmente de titularidad pública. Por otro lado, la concentración de los inmigrantes en determinados municipios o barrios reúne a sus hijos en los mismos centros. Este proceso se refuerza cuando los padres de los alumnos españoles prefieren cambiar a sus hijos para evitar un retraso en su aprendizaje o problemas de convivencia en las aulas. Todo ello dificulta la integración de estos niños y jóvenes inmigrantes en la sociedad a través de la escuela.
La competencia de los inmigrantes en el acceso a determinados servicios sociales, incluyendo el acceso a la vivienda, es cada vez mayor. Incluso aunque no exista discriminación positiva hacia el extranjero, como a veces ocurre, lo cierto es que los inmigrantes suelen tener rentas más bajas y mayor número de hijos, por lo que tienen prioridad en la mayoría de las ayudas públicas. En ocasiones esta situación crea un sentimiento de marginación en la población autóctona.
Un “boom” migratorio de la dimensión del experimentado por España genera además un casi inevitable choque cultural. La preocupación de los españoles por la inmigración no ha dejado de crecer en los últimos años. Hoy un 54 por ciento de los españoles piensa que este es uno de los principales problemas que afronta nuestro país. Las encuestas muestran además una cierta ambivalencia. La mayor parte de los encuestados muestra posiciones personales aún favorables y tolerantes con la inmigración, pero la mayoría piensa ya que la sociedad en su conjunto trata con desprecio o indiferencia a los inmigrantes.
La disposición de los españoles hacia los inmigrantes mejoró durante la primera mitad de los años 90, pero en 2003 había descendido en 9 puntos porcentuales los españoles dispuestos a que su hija se pudiera casar con un marroquí y un 6 por ciento menos los que aceptarían a estos inmigrantes como vecinos o compañeros de trabajo. En general las encuestas comienzan a reflejar la opinión mayoritaria de que el flujo de inmigrantes ha alcanzado ya un nivel suficiente e incluso excesivo en España.
Estudios sociológicos recientes sobre el fenómeno de la inmigración (Perez Diaz y otros, La inmigración Musulmana en Europa, Fundación La Caixa 2004) reconocen que los roces en la convivencia tienen mucho que ver con la densidad. Con especial desazón se vive la condensación de los extranjeros en determinados barrios. La percepción de los vecinos de estos barrios con tasas altas de extranjeros es que la inmigración venía a reforzar la desigualdad social. Hay numerosas quejas de incremento de la delincuencia de la que se culpa a jóvenes inmigrantes con una actitud prepotente y amenazante derivada de de su sensación de impunidad.
En relación con los inmigrantes magrebíes hay también un creciente rechazo social al exceso de religiosidad de estas comunidades que constituye un obstáculo a la convivencia. Hay también un rechazo muy mayoritario a la subyugación en la que viven la mayor parte de las mujeres musulmanas en nuestro país.
El choque cultural no parece ser en todo caso un conflicto entre dos religiones enfrentadas, sino más bien entre una sociedad muy securalizada y unos colectivos que hacen de la religión la guía fundamental de su vida política y social. La comunidad musulmana constituye la principal referencia identitaria para los inmigrantes magrebíes en España, en mucha mayor medida que su procedencia nacional. En todo caso, tampoco hay que despreciar el potencial de conflicto entre un Estado laico, pero que reconoce a una mayoría social católica, y una creciente minoría musulmana que encuentra numerosas contradicciones entre la práctica del Islam el modo de vida, las costumbres e incluso las normas legales de la nación de acogida. En todo este conflicto, el papel antagónico de la mujer en una y otra cultura ocupa un merecido protagonismo.
Un último factor que resulta inquietante es la creciente radicalidad de las comunidades islámicas que residen en España. Estudios realizados en otros países muestran una creciente penetración del pensamiento yihadista en muchos jóvenes europeos islámicos de segunda e incluso de tercera generación de inmigrantes. Muchos de ellos llegan incluso a justificar y apoyar atentados terroristas tan terribles como el del 11 de marzo en Madrid o los más recientes en el metro de Londres. Es evidente que en estas condiciones, cuanto mayores sean las comunidades islámicas mayor será el apoyo potencial a posibles redes yihadistas que se formen en su seno y mayores las dificultades para tendrán las comunidades de inteligencia para controlarlas. La amenaza terrorista es por tanto un factor más que llama a la necesidad de controlar con mayor rigor y eficacia los flujos migratorios que vienen a nuestro país, de forma muy especial los que provienen del norte de África.
Conclusión
La inmigración ha sido un fenómeno que ha contribuido en los últimos años de forma decisiva al crecimiento económico de nuestro país y que puede contribuir de forma muy positiva a paliar el acelerado envejecimiento al que estará sometida la sociedad española en las próximas décadas. Sin embargo, el carácter explosivo con el que se ha producido el fenómeno en nuestro país, la naturaleza ilegal de la practica totalidad de los inmigrantes que han llegado a España en los últimos años y el descontrol y la improvisación que caracteriza actualmente la política inmigratoria española, hace que el problema de la inmigración pueda estallar pronto en nuestro país con efectos sumamente negativos para la paz social y la convivencia democrática.
Resulta por ello urgente una reforma radical en la irresponsable política de inmigración practicada hasta ahora por el gobierno socialista. Los ejes de esta nueva política inmigratoria deben ser un control estricto y efectivo de la inmigración ilegal que llega de forma masiva a nuestro país; una política migratoria mucho más proactiva y selectiva que permita definir el perfil y la procedencia de los nuevos inmigrantes; un mayor equilibrio y gradualidad en el reconocimiento de derechos y en la imposición de obligaciones a los inmigrantes; una adecuación del estado del bienestar a la nueva realidad demográfica y social provocada por la inmigración; y una defensa más activa de nuestra identidad cultural frente a la amenaza de una multiculturalidad que en aras a una falsa tolerancia termine conduciendo a una claudicación de nuestros principios democráticos.
La crisis de violencia vivida por Francia en las últimas semanas pone de manifiesto que la amenaza de un colapso social motivado por la incapacidad de integración de las comunidades de inmigrantes es un riego cierto. La experiencia del país vecino demuestra además que el problema tiende a agravarse con el cambio generacional más que a solucionarse. El riesgo de radicalización de las comunidades islámicas en Europa supone probablemente la más seria amenaza a nuestra convivencia y a nuestra seguridad a largo plazo y como tal debe ser combatida.
1 de Marzo de 2006
En España viven actualmente casi cuatro millones de extranjeros. La gran mayoría de esta cifra la componen inmigrantes extracomunitarios que han llegado a nuestro país en los últimos años procedentes de África, Iberoamérica y Europa del Este. En los últimos tres años la afluencia de inmigrantes ilegales a nuestro territorio ha crecido de hecho espectacularmente. Así, mientas que en el año 2003 se estima que llegaron a España 370 mil inmigrantes, en 2004 esa cantidad ascendió a 650 mil y en 2005 la cifraría sería aún superior según Euroestar. Este auténtico “boom” migratorio, alentado por una irresponsable política de “papeles para todos” que practica el actual Gobierno, amenaza con desbordar la capacidad de asimilación de la sociedad española y generar una profunda crisis social en nuestro país.
Los acontecimiento vividos recientemente en Francia, con continuos disturbios callejeros en las barriadas de sus principales ciudades protagonizados por jóvenes se segunda y tercera generación de inmigrantes, nos alerta sobre los riesgos a largo plazo de una inmigración descontrolada incapaz de asumir nuestros valores democráticos e integrarse de forma adecuada en nuestra sociedad. En este sentido, la progresiva radicalización de las comunidades islámicas en toda Europa constituye un factor de especial preocupación.
En el año 2004 el porcentaje de inmigrantes sobre el total de la población española era, según datos de la OCDE, del 8,4 por ciento. En la actualidad es posible que ese porcentaje se haya situado ya entorno al 10 por ciento, muy cerca de las tasas de países europeos cómo Francia, Países Bajos o Alemania que han sido desde hace décadas países receptores de flujos migratorios. La peculiaridad española estriba en el carácter explosivo del fenómeno. España es de hecho el país Europeo que más inmigrantes recibe actualmente, absorbiendo ella sola más de una cuarta parte del total de la inmigración llegada a la Unión Europea en el último año.
En esta situación de desbordamiento del flujo de inmigrantes que llegan a nuestro país, el gobierno español ha adoptado una política de regularización masiva de los inmigrantes ilegales que está generando un poderoso efecto llamada. Por un lado, se ha puesto en marcha el mayor proceso de regularización de inmigrantes ilegales de toda la historia mundial, un proceso que puede saldarse con una cifra de más de un millón doscientas mil personas regularizadas, considerando las posibilidades de reagrupación familiar. Por otro, se ha aprobado un reglamento de extranjería que facilita en gran medida el acceso a la legalidad de los inmigrantes ilegales que logren acceder a nuestro territorio, reduciendo a un año el periodo exigible para obtener un permiso de residencia por arraigo.
Las consecuencias de esta política no se han hecho esperar. La entrada de menores no acompañados procedentes del Norte de África ha aumentado un 146 por ciento en el primer semestre de 2005. Los inmigrantes ilegales rechazados en los puestos fronterizos han aumentado un 66 por ciento en ese mismo periodo. En Ceuta y Melilla se han producido más de veinte avalanchas de inmigrantes ilegales en las que han participado, según fuentes de la Guardia Civil, más de 11.000 inmigrantes.
Esta política de “papeles para todos” ha generado una gran alarma no sólo en nuestro propio país, rompiendo el consenso político sobre inmigración alcanzado en la Legislatura anterior y situando la inmigración como el segundo problema que más preocupa a los españoles, sino que ha generado también indignación en nuestros socios europeos. Así, el ministro del interior francés, Nicolás Sarcozy, ha calificado al Gobierno español ante su propia Asamblea Nacional de “aprendices de brujos” cuyas regularizaciones masivas tienen consecuencias que Francia considera desastrosas para el resto de Europa, precipitando crisis como las de Ceuta y Melilla, de inflamable alcance. Por su parte, el responsable de interior de Alemania, el ministro Otto Schilly, había acusado previamente al gobierno español en el prestigioso Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitung de “haber creado un precedente inflamable para toda Europa” y advirtiéndole de que el “efecto llamada” tiene consecuencias catastróficas convirtiendo Ceuta y Melilla en un peligroso polvorín.
Una segunda característica del fenómeno inmigratorio español es su naturaleza ilegal. El 98 por ciento de los extranjeros que han llegado a España en los últimos años lo han hecho ilegalmente o han incurrido en la ilegalidad una vez excedido el plazo para el que estaban autorizados a permanecer en nuestro país. Por el contrario, la inmigración legal, es decir, aquellos que han llegado a España con los permisos requeridos de residencia y trabajo ha sido prácticamente irrelevante, poco más de 20 mil o 30 mil personas anuales fijadas por un cupo.
El hecho de que la inmigración en nuestro país haya sido y sea aún hoy prácticamente en su totalidad ilegal hace crecer exponencialmente los riesgos sociales derivados de la misma. Por un lado, la entrada de muchos inmigrantes se hace a través de mafias dedicadas a traficar con seres humanos produciéndose múltiples casos de explotación, violación de los derechos humanos, prostitución forzada e incitación a la delincuencia. En segundo término, la situación inicial o transitoria de ilegalidad dificulta en gran medida la integración social del inmigrante, da lugar a abusos laborales y provoca una propensión en el inmigrante a incumplir las normas de la sociedad receptora.
La entrada masiva de inmigrantes en España se produce tanto por las fronteras marítimas como por las aéreas y las terrestres. La llegada de pateras a nuestras costas constituye sin duda la forma más dramática de entrada de inmigrantes ilegales a nuestro territorio. Según los datos oficiales, en 2004 un total de 81 inmigrantes perdieron la vida intentando la travesía desde Marruecos hacia la Península o el archipiélago Canario y otros 60 resultaron desaparecidos. Según otras ONG la cifra de muertos ascendió a 289 en ese año y a 163 en el primer semestre de 2005.
Hay que reconocer que el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, el famosos SIVE impulsado y desplegado por los anteriores gobiernos del Partido Popular, ha tenido cierto éxito en la contención de esta forma de entrada ilegal, sin duda la que mayor coste humano provoca para los propios inmigrantes. Así, llama la atención que a pesar de una disminución del 37 por ciento en el cómputo global en el número de pateras que han llegado a nuestras costas, sin embargo, el flujo de inmigrantes en aquellas provincias o islas donde aún no está operativo el SIVE aumento de forma considerable: Málaga ha experimentado este año en la llegada de inmigrantes por mar un incremento del 24 por ciento, Gran Canaria un 371 por ciento o Tenerife un 239. Estas cifras demuestran que la disminución del número de pateras se debe en mucha mayor medida al funcionamiento del SIVE que a una posible colaboración de las autoridades de Marruecos.
Una segunda vía de entrada, mucho más importante en términos cuantitativos, se produce en los puntos habilitados en las fronteras para la entrada de extranjeros provenientes de países no comunitarios. En todas estas fronteras se ha producido un aumento del número de devoluciones del 66 por ciento, lo que muestra el aumento de la presión migratoria a la que estamos sometidos.
Una gran parte de los inmigrantes que se encuentran en nuestro país han entrado de hecho de forma legal a través de estos puntos habilitados en la frontera. El problema es que una vez expirados sus visados o permisos de residencia han decido prolongar su estancia en España de forma ilegal. Luchar contra este fenómeno exigiría una política más restrictita en la concesión de visados, así como un mayor control de las entradas, salidas y estancias de estos extranjeros.
Un segundo grupo penetra en España provisto de documentos falsos facilitados por mafias o grupos organizados de tráfico de personas. Nuestras fronteras carecen en la mayoría de los casos de los medios técnicos y humanos necesarios para detectar estos fraudes.
El aeropuerto madrileño de Barajas es de hecho la principal puerta de entrada para la inmigración en nuestro país. Así, de los 7.716 rechazados en frontera en los primeros seis meses de 2005 nada menos que 4.489 lo fueron en este aeropuerto. En segundo lugar, los puertos de mar abiertos al tráfico internacional de viajeros son otra puerta creciente de entrada de ilegales. Sólo en el marco de la reciente operación “paso del estrecho”, el tránsito veraniego de los millones de magrebíes que residen en toda Europa, fueron rechazados en el Puerto de Algeciras 1.334 personas que pretendían entrar ilegalmente en España. Esta cantidad triplica la del año anterior.
La falta de garantías requerido en el reciente proceso de regularización masiva de inmigrantes, se termino eximiendo hasta de un certificado de empadronamiento, generó a su vez un poderoso efecto llamada de residentes ilegales en otros países de la Unión Europea, así como para inmigrantes procedentes de Europa del Este que llegaron a nuestro país con el ánimo de acceder a un estatus legal. Muchos de estos inmigrantes ilegales pudieron haber entrado en España a través de los Pirineos. No existen datos oficiales sobre posibles flujos de inmigrantes ilegales en nuestra frontera con Francia, en realidad estas fronteras no existen en la práctica por encontrarse dentro del denominado territorio Schengen que eliminó los controles internos. Sin embargo, los sindicatos policiales han denunciado la intensidad de este flujo de inmigración ilegal que podría haber alcanzado una cifra superior a los 300 mil inmigrantes durante los meses que duró el proceso de regularización.
Mención especial merece el caso de nuestra frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos. En estas dos ciudades españoles se ha producido durante los dos últimos meses una situación de práctico asedio con más de 20 avalanchas en las que han participado al menos un total de 11 mil inmigrantes subsaharianos. Al parecer, en torno a 2 mil de ellos lograron acceder a territorio español. Fuentes de la Unión Europea señalan la existencia de otros 30 mil inmigrantes subsaharianos que esperan en Marruecos y Argelia poder dar el salto hacia España.
Es necesario destacar la gravedad de la situación creada en estas dos ciudades, una crisis que ha costado la vida al menos a ocho de estos inmigrantes subsaharianos en su desesperado intento por entrar en territorio español. Así, las fronteras españolas han sido repetidamente violadas y se ha generado una auténtica crisis humanitaria tras la desproporcionada intervención del Ejército de Marruecos para deportar a estas miles de personas, algunas de ellas abandonadas al parecer en el desierto en condiciones inhumanas. Todo ello con la complacencia y posterior complicidad de un Gobierno español incapaz de garantizar la seguridad de sus fronteras y responsable en última instancia de estas avalanchas por el efecto llamada que ha ocasionado.
Las previsiones oficiales del Gobierno sobre la evolución de la inmigración en España se pueden encontrar en las últimas proyecciones elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la proyección de la población española hasta el año 2050. En esta prospectiva el INE sostiene que el número de inmigrantes previsible para los próximos cuarenta años se situará en torno a los 250 mil anuales. Esta previsión significa que nuestro país recibirá entre hoy y el año 2050 nada menos que 14 millones de nuevos inmigrantes. Esta cantidad de inmigrantes implica que en ese año casi un tercio de la población española sería extranjera, en comparación con el 10 por ciento actual. España se convertiría, de cumplirse esta previsión, en el país con mayor población extranjera de toda Europa tanto en términos absolutos como relativos.
Este escenario sería aún más inquietante si se mantuviera el ritmo de llegada de inmigrantes experimentado por nuestro país en los últimos cinco años y que se sitúa en una media superior a los 500 mil anuales. De hecho, la predicción elaborada por el INE respecto al número de extranjeros residentes en nuestro país se quedo ya corta en 2004 en un millón de personas. Mantener el flujo sufrido en los últimos años significaría que España alcanzase los quince millones de extranjeros, un tercio de su población actual, en poco más de dos décadas. Los efectos de mantener un boom migratorio de esta dimensión son difíciles de calibrar, pero no sería descartable que se produjera un colapso social en nuestro país del tipo al que se ha vivido en Francia. La política actual del Gobierno parece avocarnos a ello.
Los riesgos de una inmigración descontrolada
Los riesgos de un “boom” migratorio sostenido como el que está experimentando España son múltiples y complejos. En este análisis deberemos limitarnos, por razones de espacio, a definir de forma muy sintética tan solo algunos de los que resultan más peligrosos. Entre ellos conviene destacar el previsible aumento de la criminalidad, el deterioro de los servicios públicos, la incapacidad para integrar estas comunidades cada vez más numerosas, la aparición de sentimientos racistas en nuestra sociedad y el aumento de la amenaza terrorista.
La relación entre la inmigración ilegal y el aumento de la inseguridad ciudadana es un hecho científicamente probado, aunque políticamente controvertido (Aviles, Juan, Inmigración y Seguridad Ciudadana, IUISI, 2004). En primer lugar, es un hecho objetivo que en los últimos años se ha producido en nuestro país un espectacular incremento del número de delitos cometidos por ciudadanos extranjeros. En segundo término, es también incuestionable que la tasa de criminalidad de los extranjeros en España es varias veces superior al de la población española.
La cifra de detenidos extranjeros detenidos por presunta comisión de delitos se ha más que duplicado en los últimos cuatro años, de forma que sólo los detenidos por el Cuerpo Nacional de Policía han pasado de 60 mil en el año 2000 a 144 mil en 2004. Esta cifra significa que más de un tercio de los detenidos por presunta comisión de delito en nuestro país era extranjero y la proporción sube cuando se trata de delitos contra la libertad sexual o el tráfico de drogas. Así, el 40 por ciento de detenidos por el Cuerpo Nacional de Policía por homicidio en la Comunidad de Madrid en 2003 eran extranjeros. En segundo término, el 36 por ciento de los detenidos por violencia doméstica en 2002 fueron también extranjeros. Estas tasas sobre delitos particularmente graves cuadruplican el porcentaje de extranjeros residentes en nuestro país.
Respecto a la nacionalidad de los detenidos, los más números fueron los marroquíes, seguidos por argelinos, rumanos y colombianos. Sin embargo, en términos relativos, los que presentaban un mayor índice de delincuencia eran los argelinos, con casi 283 detenidos por cada mil residentes de esa nacionalidad, seguida por rumanos con 67 y marroquíes con 63. Es importante también reflejar que a pesar de lo que muchas veces se piensa no existe gran diferencia en las tasas de delincuencia entre los inmigrantes legales y los ilegales.
Todos los datos anteriores demuestran que en aquellas zonas en las que se produce una mayor concentración de inmigrantes se genera un deterioro de la seguridad ciudadana como consecuencia de las mayores tasas delictivas y también las superiores tasas de victimización de esta población. Ese es un hecho no sólo objetivo, sino también una percepción subjetiva que queda claramente reflejada en distintos sondeos de opinión. No se trata de criminalizar la inmigración, ni de pensar que todos los inmigrantes son unos delincuentes, pero tampoco debe ocultarse que la prolongación de una llegada incontrolada de inmigrantes ilegales a nuestro país puede tener, lo está teniendo ya, un efecto muy negativo sobre la seguridad ciudadana.
El deterioro de servicios públicos tan esenciales como la educación o la sanidad es otra consecuencia indeseada del incontrolado “boom” migratorio. La razón es simple, en solo cinco años hemos introducido cerca de dos millones más de usuarios del sistema público sanitario y más de 200 mil niños en nuestro sistema educativo. Como los recursos financieros se han mantenido prácticamente estables y tampoco ha existido un aumento de medios humanos o materiales, la consecuencia lógica es que el sistema pierda calidad y las administraciones acumulen importantes déficit. Las ayudas prestadas desde el Gobierno central para paliar esta situación resultan irrisorias.
La integración de los alumnos extranjeros plantea problemas a los propios niños, a sus padres y los profesores. El desconocimiento del idioma de una parte importante de los inmigrantes es probablemente el más inmediato. También es problemática la falta de conocimientos de muchos padres con un nivel educativo bajo, lo que impide un apoyo familiar a las tareas escolares. Los estudiantes adolescentes de origen musulmán tienen problemas además para aceptar la autoridad de las profesoras y algunos sudamericanos son captados por las distintas bandas juveniles que se deslizan hacia el vandalismo y la delincuencia.
Los alumnos inmigrantes tienden además a concentrarse en un número reducido de centros, normalmente de titularidad pública. Por otro lado, la concentración de los inmigrantes en determinados municipios o barrios reúne a sus hijos en los mismos centros. Este proceso se refuerza cuando los padres de los alumnos españoles prefieren cambiar a sus hijos para evitar un retraso en su aprendizaje o problemas de convivencia en las aulas. Todo ello dificulta la integración de estos niños y jóvenes inmigrantes en la sociedad a través de la escuela.
La competencia de los inmigrantes en el acceso a determinados servicios sociales, incluyendo el acceso a la vivienda, es cada vez mayor. Incluso aunque no exista discriminación positiva hacia el extranjero, como a veces ocurre, lo cierto es que los inmigrantes suelen tener rentas más bajas y mayor número de hijos, por lo que tienen prioridad en la mayoría de las ayudas públicas. En ocasiones esta situación crea un sentimiento de marginación en la población autóctona.
Un “boom” migratorio de la dimensión del experimentado por España genera además un casi inevitable choque cultural. La preocupación de los españoles por la inmigración no ha dejado de crecer en los últimos años. Hoy un 54 por ciento de los españoles piensa que este es uno de los principales problemas que afronta nuestro país. Las encuestas muestran además una cierta ambivalencia. La mayor parte de los encuestados muestra posiciones personales aún favorables y tolerantes con la inmigración, pero la mayoría piensa ya que la sociedad en su conjunto trata con desprecio o indiferencia a los inmigrantes.
La disposición de los españoles hacia los inmigrantes mejoró durante la primera mitad de los años 90, pero en 2003 había descendido en 9 puntos porcentuales los españoles dispuestos a que su hija se pudiera casar con un marroquí y un 6 por ciento menos los que aceptarían a estos inmigrantes como vecinos o compañeros de trabajo. En general las encuestas comienzan a reflejar la opinión mayoritaria de que el flujo de inmigrantes ha alcanzado ya un nivel suficiente e incluso excesivo en España.
Estudios sociológicos recientes sobre el fenómeno de la inmigración (Perez Diaz y otros, La inmigración Musulmana en Europa, Fundación La Caixa 2004) reconocen que los roces en la convivencia tienen mucho que ver con la densidad. Con especial desazón se vive la condensación de los extranjeros en determinados barrios. La percepción de los vecinos de estos barrios con tasas altas de extranjeros es que la inmigración venía a reforzar la desigualdad social. Hay numerosas quejas de incremento de la delincuencia de la que se culpa a jóvenes inmigrantes con una actitud prepotente y amenazante derivada de de su sensación de impunidad.
En relación con los inmigrantes magrebíes hay también un creciente rechazo social al exceso de religiosidad de estas comunidades que constituye un obstáculo a la convivencia. Hay también un rechazo muy mayoritario a la subyugación en la que viven la mayor parte de las mujeres musulmanas en nuestro país.
El choque cultural no parece ser en todo caso un conflicto entre dos religiones enfrentadas, sino más bien entre una sociedad muy securalizada y unos colectivos que hacen de la religión la guía fundamental de su vida política y social. La comunidad musulmana constituye la principal referencia identitaria para los inmigrantes magrebíes en España, en mucha mayor medida que su procedencia nacional. En todo caso, tampoco hay que despreciar el potencial de conflicto entre un Estado laico, pero que reconoce a una mayoría social católica, y una creciente minoría musulmana que encuentra numerosas contradicciones entre la práctica del Islam el modo de vida, las costumbres e incluso las normas legales de la nación de acogida. En todo este conflicto, el papel antagónico de la mujer en una y otra cultura ocupa un merecido protagonismo.
Un último factor que resulta inquietante es la creciente radicalidad de las comunidades islámicas que residen en España. Estudios realizados en otros países muestran una creciente penetración del pensamiento yihadista en muchos jóvenes europeos islámicos de segunda e incluso de tercera generación de inmigrantes. Muchos de ellos llegan incluso a justificar y apoyar atentados terroristas tan terribles como el del 11 de marzo en Madrid o los más recientes en el metro de Londres. Es evidente que en estas condiciones, cuanto mayores sean las comunidades islámicas mayor será el apoyo potencial a posibles redes yihadistas que se formen en su seno y mayores las dificultades para tendrán las comunidades de inteligencia para controlarlas. La amenaza terrorista es por tanto un factor más que llama a la necesidad de controlar con mayor rigor y eficacia los flujos migratorios que vienen a nuestro país, de forma muy especial los que provienen del norte de África.
Conclusión
La inmigración ha sido un fenómeno que ha contribuido en los últimos años de forma decisiva al crecimiento económico de nuestro país y que puede contribuir de forma muy positiva a paliar el acelerado envejecimiento al que estará sometida la sociedad española en las próximas décadas. Sin embargo, el carácter explosivo con el que se ha producido el fenómeno en nuestro país, la naturaleza ilegal de la practica totalidad de los inmigrantes que han llegado a España en los últimos años y el descontrol y la improvisación que caracteriza actualmente la política inmigratoria española, hace que el problema de la inmigración pueda estallar pronto en nuestro país con efectos sumamente negativos para la paz social y la convivencia democrática.
Resulta por ello urgente una reforma radical en la irresponsable política de inmigración practicada hasta ahora por el gobierno socialista. Los ejes de esta nueva política inmigratoria deben ser un control estricto y efectivo de la inmigración ilegal que llega de forma masiva a nuestro país; una política migratoria mucho más proactiva y selectiva que permita definir el perfil y la procedencia de los nuevos inmigrantes; un mayor equilibrio y gradualidad en el reconocimiento de derechos y en la imposición de obligaciones a los inmigrantes; una adecuación del estado del bienestar a la nueva realidad demográfica y social provocada por la inmigración; y una defensa más activa de nuestra identidad cultural frente a la amenaza de una multiculturalidad que en aras a una falsa tolerancia termine conduciendo a una claudicación de nuestros principios democráticos.
La crisis de violencia vivida por Francia en las últimas semanas pone de manifiesto que la amenaza de un colapso social motivado por la incapacidad de integración de las comunidades de inmigrantes es un riego cierto. La experiencia del país vecino demuestra además que el problema tiende a agravarse con el cambio generacional más que a solucionarse. El riesgo de radicalización de las comunidades islámicas en Europa supone probablemente la más seria amenaza a nuestra convivencia y a nuestra seguridad a largo plazo y como tal debe ser combatida.
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